Informe preliminar




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rafting no es costo efectivo, la inculcación de un perfil verde lo es. En la medida en que inculcar es un bien de in­formación con altos costos fijos y bajos costos marginales, la intervención del gobierno tiene un tremendo sentido económico (véase, Agricultura Sustentable [Caso 4], para un argumento similar res­pecto a la generación de conocimiento).
Si bien la decisión de cambiar el precio de entrada de los parques es básicamente el resultado de un proceso político, la decisión de en cuánto cambiar ese precio no puede ser resuelto por la retórica. Debe ser re­suelto por una cuidadosa recolección de información, análisis estadístico, y razo­namiento microeconómico. Desde 1994, el gobierno de Costa Rica ha continuado rea­lizando estudios científicamente rigurosos en los parques para entender la función de demanda para cada parque y cómo generar más ingresos. Por ejemplo, en 1996, el Programa Ambiental de la Universidad de Costa Rica (ProAmbi) publicó una pequeña sinopsis de los resultados de una encuesta titulada “Aspectos más Relevantes de los Resultados del Proyecto de Manejo de Visi­tación”, patrocinado por el Banco InterAmericano de Desarrollo y el Ministerio de Ambiente y Energía (BID-MINAE). Entre los resultados se encuentran los si­guientes: Los modos más comunes para llegar a un parque nacional fueron 51% en carros privados, 18% en transporte público, y 11% en tours. Para los extranjeros, la com­posición varía en 33% en tours, 29% en carros rentados, y 15% en transporte pú­blico. Con el uso de estas estadísticas, el razonamiento micro-económico puede ser desplegado para incrementar los ingresos. Por ejemplo, el método de llegada es muy importante para determinar la disposición a pagar por la entrada. Supongamos que el promedio de extranje­ros pase 8 días en Costa Rica y el precio de su boleto aéreo y del hotel es USD 1.000. Recordemos que el principal im­pulso hacia Costa Rica es la belleza natural del país. En un precio hipotético de entrada al parque de USD 15, con tres parques visi­tados, el precio por un paquete turístico que incluya la entrada a los tres parques, hotel y vuelo aéreo aumentará de USD 1.000 a 1.045. El turista no sentiría dolor y proba­blemente estaría dispuesto a pagar los extra 45 USD (en terminología económica, su demanda es inelástica). Este mismo turista debería también estar dispuesto a pagar los USD 15 de diferencia a la entrada de cada parque si su paquete turístico fuera de apenas USD 1.000, generando el mismo presupuesto para el viaje, USD 1.045. Sin embargo, la gente no demuestra dicha racionalidad ma­temática. Los turistas dudarían más en pagar los extra USD 15 una vez que estén en Costa Rica que si el precio ya hubiera sido incorporado en su paquete antes de su lle­gada. Aunque este comportamiento sea una anomalía para los economistas neoclásicos, es totalmente previsible por un acerca­miento psicológico de Skinner sobre el comportamiento del consumidor (véase Alhadef, 1982). Se debería esperar seme­jante elasticidad tanto en el paquete preparado como en el del turista individual que llega por transporte público (una vez en la puerta, entrarán de todas maneras) pero esto no sucederá con las personas que arriendan autos. La encuesta permite tomar ventajosas decisiones de mercadeo conside­rando precios diferenciales y descuentos.
Otra estadística útil para propósitos de planificación es la percepción de que hay mucha gente en esos parques. Las encuestas en­cuentran que el 82% de los extranjeros y el 71% de los nacionales consideran que ellos encuentran los parques con poca gente o casi sin ella. La mayor incidencia de esta percepción entre extranjeros probablemente refleja las diferentes densidades poblacio­nales entre, por ejemplo, Costa Rica y los países de origen de los turistas (Nueva York, Lon­dres, Amsterdam). ¿En qué punto las multitudes de turistas privan a cada uno de la experiencia de la vida silvestre? Se sospecha que con bastante frecuencia la capacidad de carga social precederá a la capacidad de carga ecológica del parque. Armado con esta información, el gobierno puede adaptar publicidad hacia extranjeros y cos­tarricenses de cuándo es el mejor tiempo para visitar ciertos parques, distribu­yendo así la demanda e incrementando tanto la utilización del capital, como el disfrute del parque.
Todavía hay mucho trabajo que puede hacerse basado en los resultados de la encuesta. Por ejemplo, ProAmbi debe hacer una encuesta de seguimiento para analizar cualquier divergencia entre expectativas y realidad con respecto a las visitas programadas al parque. La encuesta de 1996 relata que el 38% de los turistas extranjeros dijeron que ellos estaban decididos a visitar sólo un parque, el 62% restante estaba pensando en visitar 2 parques o más; de éstos, el 39% visitará más de tres parques, y el 28% visitará más de cuatro parques. Dicha información debería ser mejorada mediante una muestra de turistas escogidas al azar saliendo del país para establecer cuántos parques realmente visitaron durante su estadía. Cuando la cantidad esperada no concuerda con el verdadero número de visitas, se deben buscar las causas y deter­minar si el problema puede ser arreglado en una forma costo-efectiva. Por ejemplo, si se descubre que la causa por menos visitas con relación a las esperadas es tiempo per­dido en buscar horarios de salidas o paradas del transporte público, el remedio es obvio. A un costo bajo, el Ministerio de Ambiente y Energía puede publicar dichos horarios y rutas de transporte, distribuyéndolos en los hoteles.
Los datos de la encuesta proporcionan no solamente implicaciones de políticas para el mercadeo de los parques existentes sino también implicaciones políticas de cómo el parque debería ser mejorado. Figeroa et. al. (1996) presentaron un análisis econométrico sofisticado de la función de demanda para cada uno de los parques en su informe titu­lado “Evaluación Económica del Proyecto de Inversión para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica” (auspiciado por ProAmbi y el Banco InterAmericano de Desarrollo). La línea base para el análisis fue la demanda del estado actual del parque y lo que hu­biera tenido si se hubieran hecho ciertas mejoras. Los econometristas usaron variables “dummy” para permitirse la com­paración de las funciones de demanda donde los parques eran distintos. Los estu­dios econométricos separaron la demanda privada (disposición a pagar) e incorpora­ron todos los beneficios sociales para ver si, incrementalmente, esa mejora sería provechosa, es decir, TMS >TMT. Un punto importante de resaltar es que los estudios fueron hechos antes que existiera un compromiso de las agencias multilaterales en financiar las mejoras. Sin embargo, si dicho financia­miento se viabilizara repentinamente, el Sistema de Parques podría sacar del porta­folio un proyecto con análisis de apoyo, listo para realizarse. Dicha preparación puede ser también proactiva. Con un porta­folio en la mano, el gobierno puede también vender mejor Costa Rica como destino para dineros internacionales dirigi­dos al desarrollo sustentable.
Volviendo al tema central de este caso, el economista ortodoxo podría preguntarse: ¿Cuál sería el cambio en el ingreso con el cambio en el precio de entrada? Desde el precio inicial de USD 15 para extranjeros, ha sido rea­justado hacia la baja y ahora es USD 5 para extranjeros y se quedó en USD 1 para cos­tarricenses. Para ver cómo este precio incrementado generó más ingresos, sólo se necesita comparar las estadísticas de ingre­sos al Sistema de Parques Nacionales desde que la política se puso en vigencia. Los ingresos por entrada en 1994 fue de 200 millones de colones (casi 1 millón de USD); en 1995 éste se incrementó a 500 millones (2.5 millones de USD); y en 1996 se estima que alcanzará los 600 millones de colones ( 3 millones de USD). Sin em­bargo, dado el incremento del precio, algunos casos aislados de secuestros, y la contracción del mercado de turismo dada la apertura de Cuba y otros destinos más bara­tos, las visitas en los parques declinaron en un 50% en 1995-96. Entonces se puede ver que a pesar de la caída en la asistencia al Parque del 50%, los ingresos se han incre­mentado, de todas maneras, ¡tres veces! Desde el punto de vista del incremento de ingresos, éste es un éxito rotundo.
Para más información acerca del Sistema Nacional de Parques, favor ponerse en contacto con:

Karla Ceciliano, Gerente, Fundación de Parques Nacionales y Asesora

Ministro de Ambiente y Energía.

Apartado Postal 1108-1002

Paseo de los Estudiantes

Telf 506 381 6248 ó al 257-2239

FAX 506 222 4732

email: mcabezas@cariari.ucr.ac.cr


Ecoturismo (Caso 2): El Parque Marino Saba, Saba, Antillas Holandesas.
La economía de la preservación de arrecifes se presta bien al marco teórico presentado en la introducción. Los arrecifes generan múltiples externalidades pocas de las cuales tienen la capacidad de ser inter­nalizadas. La más sobresaliente de éstas es también la más difícil de internalizar: el valor de existencia de su infinita belleza y el servicio de criadero para pesquerías más allá del arrecife. Para calcular el valor de existencia de los arrecifes, se debería medir la disposición a pagar en el contexto de las fronteras internacionales a través de la téc­nica conocida como valoración contingente (véase Hanemann, 1994) y después proyec­tar mecanismos para fijar pagos y distribuir ingresos. Dada la infancia teórica de tales técnicas y de la tendencia al estancamiento o disminución de la ayuda extranjera por los gobiernos del Primer Mundo, los pros­pectos no parecen muy promisorios para institucionalizar los valores de existencia. No es más prometedor internalizar el ser­vicio de incubación de los arrecifes. Éso requerirá investigar el origen del pez y coordinar las compensaciones con aquellos quienes se beneficien en otras jurisdiccio­nes o en aguas internacionales. Debido a que las corrientes oceánicas dispersan la larva del pez, no es predecible en qué arrecife la larva se fijaría. Una vez que se ha alcanzado cierto nivel de desarrollo, el pez tiende a alojarse y que­darse en el arrecife por el resto de su vida. Teóricamente, asumiendo que existe algún tipo de acuerdo internacional, si se pudiera conocer la historia de vida de cada pez capturado, entonces se podría cobrar por el servicio de incubación que proveen los arrecifes corriente arriba. Tal vez en el futuro, pruebas genéticas en muestras alea­torias de larvas y peces se habrán abaratado lo suficiente como para hacer dicha inter­nalización factible. Sin embargo, todavía existirá la posibilidad de que cualquier arrecife no contribuya más significa­tivamente que cualquier otro para justificar los costos de transacción de dicha internalización. En tal situación, la inter­nalización es menos deseable que un simple impuesto sobre el pez pasando los ingresos a las autoridades que protegen los arrecifes.
Debido a que los organismos del arrecife son sedentarios (p.ej., esponjas), ellos con frecuencia han desarrollado estrategias de defensa química (toxinas) no muy diferen­tes que en el mundo vegetal. Estas toxinas son de extremo interés para la bioprospec­ción médica. Inclusive, uno de los nuevos fungicidas más promisorios proviene de una esponja endémica de un arrecife de Papúa Nueva Guinea y el compuesto patentado ha sido llamado papuamine en homenaje al país de origen (Emsley, 1994). Desafortunadamente, la esperanza de inter­nalizar el valor de dicha bioprospección no es alta. Parecido al beneficio externo de un criadero de peces, los beneficiarios de la bioprospección generalmente se encuentran fuera de la jurisdicción del país el cual generó el beneficio. La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) procura dar fin a dicho aprovechamiento exigiendo beneficios compartidos con los países de origen. Sin embargo, las muestras de orga­nismos recolectados antes de la ratificación de la CDB son considerados de dominio público como es el caso de papuamine. Aún más preocupante es el hecho de que el país que más busca muestras biológicas, los Estados Unidos, no ha ratificado el CDB y puede hacer bioprospección sobre los mismos organismos en arrecifes dentro de sus fronteras (p.ej., Las Islas Vírge­nes, Puerto Rico y los Cayos de la Florida; o en el ejemplo de Papúa Nueva Guinea, Guam y Samoa). En el largo plazo, probablemente surgirán acuerdos multilaterales que reconozcan los derechos de los países de origen en partici­par de las rentas económicas cuando ellos puedan abastecer el mismo organismo (véase Bioprospección [Caso 6] para un argumento similar en plantas medicinales). La cooperación hacia dichos acuerdos multilaterales es extremadamente importante ya que un cuarto de la diversidad biológica marina vive en los arrecifes (Myers, 1979).
Los arrecifes vivientes también proporcio­nan otra externalidad muy valiosa pero igualmente difícil de internalizar: la pro­tección del litoral (Norse, 1993). Aquí la dificultad surge no debido a los altos costos de transacción o por jurisdicciones extran­jeras, sino por un sesgo cognitivo en la percepción del riesgo. A un costo relativa­mente bajo, los meteorólogos pueden estimar la probabilidad de huracanes y los actuarios pueden calcular cuales son los daños típicos al litoral, con y sin la exis­tencia del arrecife. Entonces se puede establecer una tasa para aquellos entes comerciales que son protegidos por un arrecife vivo (cuando el arrecife muere, este se desintegra dejando el litoral des­provisto de protección contra el oleaje). Se sospecha que las entidades comerciales se resistirán a dicha internalización no sólo porque esas entidades querrán aprovecharse del arrecife, sino debido a un sesgo cogni­tivo bien documentado para subestimar la expectativa de eventos de baja probabili­dad-alto valor (véase Tversky y Kahneman, 1974). La persona racional con una apre­ciación neutral hacia el riesgo estará dispuesta a pagar una prima que iguale las pérdidas esperadas del evento, o sea, la pro­babilidad del evento multiplicada por la pérdida incurrida debido al evento. Sin embargo, cuando las probabilidades son extremadamente bajas, existe la tendencia en el comportamiento humano de confundir la baja probabilidad como si la expectativa fuera también baja. De ahí que la gente invierte en infraestructura en zonas física­mente riesgosas (zonas de terremotos, bosques secos que sufren de incendios, y litorales susceptibles a huracanes) aceptando expectativas de pérdidas que normalmente no lo harían. El gobierno puede obligar a todos los entes comer­ciales que se benefician de la protección proporcionada por el arrecife, a con­tribuir el valor de ese beneficio esperado para el mantenimiento del mismo. Sin embargo, por el ya antes mencionado sesgo cognitivo, esta solución será la más impo­pular y tendrá que ser acompañada por una rigurosa campaña educativa.
Se puede ver por la discusión previa que los arrecifes tienen tremendos valores eco­nómicos agregados (TMS) aunque las externalidades más valiosas no puedan ser fácilmente internalizadas. Afortunada-mente, el costo de oportunidad de preservar los arrecifes (TMT) no es tan alto como, por ej., preservar bosques primarios. Por eso, la imposición de un “patrón seguro mínimo” a través de la creación de parques marinos no recibirá la misma resistencia que la creación de una reserva forestal (comparemos la presión política que puede ser ejercida por los ma­dereros grandes y ricos y por pescadores pequeños y pobres). En la medida que los ciudadanos respetan la ley, el mero estatus de “parque” es un mecanismo barato para proteger arrecifes en contra de amenazas inmediatas como daños por anclaje, sobre­pesca, buceo irresponsable, pesca de coral durante la veda, pesca con dinamita y en­venenamiento de peces con cianuro. En la medida que los ciudadanos no son respe­tuosos de la ley, dicha protección legal tendrá que ser apoyada por vigilancia y por una estructura penal racional (el precio de la sanción debe ser establecido de tal manera que la expectativa de ser multado, es decir, atrapado cometiendo delito multiplicado por el precio de la sanción, sería mayor que el beneficio de la actividad furtiva). Dada la restricción fiscal de los gobiernos alre­dedor del mundo, ¿cómo se puede financiar la institucionalización y ejecución de la protección legal? La solución obvia y legí­tima es insistir en que los arrecifes son un bien público fundamental, que justifica subvención a través de la imposición de impuestos (la solución Pigouviana). El caso de Saba es de importancia debido a que el Saba Marine Park (Parque Marino Saba [SMP]) fue capaz de hacerse financieramente indepen­diente sin basarse en la solución obvia y legítima de la gravación de impuestos.
El SMP fue establecido en Junio de 1987 y es administrado por la ONG Fundación para la Conservación del Saba la cual promueve la preservación medioambiental y de recursos culturales de la isla. Ya existen parques similares en algunas partes del Caribe y también hay una sustancial literatura con respecto al manejo (véase Dixon et al., 1993 y 1995). El SMP, inspirado en la experiencia de otros, fue trazado usando los mejores principios de manejo costero, los cuales incluyen la creación y ejecución de zonificación para diferentes actividades. La racionalidad para la zonificación es que muchos usos son mutuamente excluyentes, y la zonificación reduce los conflictos de usuarios mientras realza la captura del mayor valor por cada uso. Por ejemplo, el buceo es mutuamente excluyente con la pesca en vista de que a los buceadores les disgusta verse enredados en sedal transparente o punzados por un anzuelo puntiagudo. Los buceadores expertos también van a Saba para ver peces grandes como cabrillas y pargos los cuales son el mismo tipo de pez buscado por los pescadores. El valor de observar una cabrilla o un pargo es mucho mayor que el valor de atraparlos para comerlos. Si bien la zonificación puede ser la principal causa para el mayor tamaño de peces, otros factores también han contribuido. Por ejemplo, un proyecto reciente de construcción generó empleo que fue más beneficioso que la pesca, aliviando de ese modo la presión sobre los bancos de peces en zonas pesqueras así como en zonas no pesqueras (Roberts et al, 1993, Polunin y Roberts, 1993). Ésto es un signo muy espe­ranzador y significa que la pesca en arrecifes es un bien inferior: mientras pre­valezcan los altos ingresos, la presión sobre las existencias de peces se verá disminuida.
Desde el establecimiento en 1987 hasta que se convirtiera en autofinanciable totalmente en 1993, el SMP ha gastado apenas USD 345.000.5 El SMP logró esta hazaña in­ternalizando las externalidades que pudo. Al principio de esa lista estaba el ecoturismo, donaciones, una cámara de recompresión, y un pequeño crucero para turistas (200-300 pasajeros). Este éxito es más in­creíble cuando se considera el precio bajo de tarifa de buceo, sólo USD 2, y por el hecho que la tarifa de buceo constituye un tercio de los ingresos generados en 1994, USD 50.000 de 153.000. Cuando también se considera que el gasto promedio diario por turista es de USD 122, se puede aprovechar del comentario del Presidente Fi­gueres citado en el Caso 1 (Precio Óptimo de Entrada a Parques, Costa Rica) parafra­seado para la realidad de Saba: “Para el turismo internacional que paga USD 122 diarios por bucear en los arrecifes de Saba, no tiene ningún sentido cobrar USD 2 para entrar al parque marino”. Inclusive, encuestas realizadas en 1994 muestran una disposición a pagar USD 5,5 por persona para bucear. Hubo 25.000 buceadores en el SMP en 1994 y si se hubiera ajustado la tarifa de buceo a la disposición a pagar (suponiendo inelasticidad perfecta), el SMP hubiera generado otros USD 87.500.
Además de las externalidades directas de existencia, servicio de criadero, biopros­pección, protección del litoral, etc., también existen las externalidades fiducia­rias de toda la economía de Saba. En un estudio comprensivo, Rainald Framhein supone que el multiplicador de Saba es 1.6 y documenta que el SMP ha traído a Saba aproximadamente USD 1.8 millones de dólares por año, de los cuales 86% viene del buceo de turis­tas. Con un ingreso inicial de sólo USD 325 mil, se puede calcular que el punto de equilibrio (suponiendo una relación lineal en el tiempo) del Parque Marino ocurre dentro de los primeros meses de creación. El SMP es un éxito notable y ha sido bien estudiado y documentado. Por estas razo­nes es ideal para su replicación en cualquier parte.
El problema con el éxito es que puede in­ducir a la complacencia y puede creerse que no hay espacio para una mejora. El SMP da cuenta por la generación de más del 10% del PIB de Saba (USD 14 millones en 1994) y si imaginamos que el arrecife se degradará, los turistas escogerán otros des­tinos (por ej., Australia, Belice, las Galápagos, y el Pacífico Sur). Aunque el SMP ha ins­taurado programas que garantizan que la degradación no se dará por el uso del arrecife, hay otras amenazas que están fuera de control de la administración del parque. Quizás la mayor sea los huracanes.6 El fe­nómeno del Niño destruyó los arrecifes de la costa Pacífico del Ecuador en principios de los años 80 y virtualmente dio fin con el buceo allí. El Huracán Hugo destruyó mu­chos de los arrecifes en Jamaica en 1989 los cuales hasta la fecha no han logrado recuperarse. Si algo similar llegara a pasar en Saba, no sólo sería una tragedia me­dioambiental sino también una tragedia económica. La solución racional es asegurar el arrecife por su valor pecuniario para la economía de Saba de USD 1.8 millones al año. Suponiendo una tasa de interés del mercado de 10% anual, dicha protección económica puede ser obtenida a través de una póliza de seguro con un valor de USD 18 millones. Como mera ilustración, supongamos que un devastador huracán ocurre una vez cada 200 años, 1/200, entonces la pérdida esperada anual para el PIB es 1/200x18 millones o USD 90.000. Supongamos también que el costo de suscribir dicho seguro está un 100% por encima del precio de la pérdida esperada, y por eso, la prima costaría USD 180.000 por año. Dada la miseria fiscal de los gobiernos alrededor del mundo, ¿quién pagará para asegurar el arrecife en contra de un devastador huracán? La solución óptima y legítima es insistir en que los arrecifes no sólo son un bien público, sino también un activo nacional que debe ser asegurado a través de impuestos (la solución Pigouviana). Sin embargo, quizás el SMP puede desafiar esta lógica y conseguir su propio financiamiento para el seguro a través de un ajuste sensato a los precios de sus ya internalizadas externalidades.
El ajuste más fácil y de mayor costoeficiencia es elevar la tarifa de buceo. La “Saba Conservation Foundation” (Fundación para la Conservación del Saba) deberá diseñar ingeniosos instrumentos de encuesta que permitan revelar la disposición a pagar por el parque a través de los distintos usuarios (buceadores, viajeros diarios, gente de crucero), estimar la función de demanda, y calcular el precio de entrada que maximice el ingreso por tarifas de buceo. Debido a que el costo marginal de cada turista es justamente constante en USD 1 (buceadores van en grupos de tamaño fijo con guías), el problema económico es escoger la tarifa de buceo que maximice los ingresos para el SMP. Ésto es ilustrado en la Figura. Digamos que la tarifa de buceo que maximiza las ganancias es USD 15 y que la cantidad de buceadores interesados disminuye en un 50%. El incremento en el ingreso total por la tarifas de buceo proveniente del alza del precio sería [(15-1)x 25.000 x 0.5] - [(2-1) x 25.000] o USD 150.000. El saldo a pagar por la prima del seguro (USD 180.000 - 150.000 = 30.000) puede igualmente ser obtenida por el incremento de otras tarifas (cámara de recompresión, tarifa de anclaje, etc.).
Debido a la irracionalidad en el comportamiento del consumidor, podría ser prudente esconder la tarifa incrementada de buceo en los precios de los paquetes turísti­cos. Aún si esto puede ser poco agradable, se debe recordar que el riesgo de un huracán devastador también permanece escondido de la percepción humana a través del sesgo cognitivo de confundir la baja probabilidad como si la expectativa fuera también baja. Así como la irracionalidad puede frustrar asignaciones óptimas, también puede ser aprovechada para corregir dichas distorsiones.

Para más información en el Parque Marino Saba, favor ponerse en contacto con:

Kenneth C. Buchan, M. Sc.

Saba Marine Park

Saba, Antillas Holandesas

Telf 599 4 63245

FAX 599 4 63435






Función de demanda hipotética para buceo y determinación del precio maximizador de ingresos. Compárese los ingresos en los niveles de precios USD 2 y 15.


III. Servicios Ambientales (Caso 3): Im­puesto Ecológico sobre el Valor Agregado, IVA (O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Ecológico [ICMS Ecológico]) Paraná Brasil.

La transformación de impuestos en tarifas a usuarios permite que la incidencia del im­puesto caiga sobre el beneficiario del bien público y que su financiamiento sea sacado de la suma de aquellas tarifas.7 Se puede ilustrar la eficiencia y equidad de la tarifa a usuarios versus dife­rentes tipos de impuestos a través del ejemplo de la construcción de una carre­tera. El prorrateo de, digamos, impuestos a la renta para financiar la construcción de ca­rreteras es más distorsionante que recaudar los fondos a través de un impuesto en la matriculación de automóviles: mucha gente que paga impuestos a la renta no poseen automóviles y estarán subvencionando a aquellos que sí lo tienen. Más aún, los due­ños de los automóviles pueden no valorar un dólar gastado en carretera tanto como un dólar gastado en otro tipo de consumo. De ahí que el impuesto a la renta para financiar carreteras no es equitativo (los que no po­seen automóvil subvencionan a los que poseen automóvil) y es ineficiente (se gas­tan dólares donde son menos valorados). Aunque un impuesto a la matriculación es más equitativo y eficiente que un impuesto a la renta, no se debe concluir que dicho impuesto es óptimo ya que cobrará demás a las personas que relativamente no usan mucho la carretera, subvencionando a otros que la usan intensamente. Teóricamente, un peaje en la carretera parece la solución óptima. Un peaje es una tarifa al usuario: se paga en proporción al uso de ese bien. Sin embargo, en la práctica, hay costos de tran­sacción asociados con la tarifa a usuarios. En el caso de los peajes en la carretera, hay un sentimiento creciente en los Estados Unidos de que estos costos de transacción (recolección del peaje, incremento del trá­fico y todos los costos asociados, incluyendo muertes) justifican la eliminación de las casetas de peaje y la adopción de impuestos a la gasolina para financiar la construcción y mantenimiento de carreteras. Un resultado general surge de este ejemplo: el mejor instrumento económico para financiar un bien público depende, en gran medida, del costo de transacción singular de este bien (véase Barzel, 1989).
Las mismas complejidades que ocurren en el financiamiento de las carreteras suceden en la financiación de servicios ambientales. Las áreas urbanas reciben múltiples servi­cios ambientales de las áreas rurales próximas. Un ejemplo sobresaliente es la provisión de agua limpia a través del man­tenimiento de cuencas hidrográficas. Igual que en el ejemplo previo de la construcción de carreteras, el prorrateo de, digamos, el impuesto a la renta, para financiar el man­tenimiento de las cuencas es más distorsionante que una tarifa basada en el uso del agua. En vista de que algunos indi­viduos pueden tener bajos ingresos para ser sujetos a impuestos, sin embargo consumen mucha agua (por ej., personas jurídicas como fábricas de queso, granjas de cerdos o lavadoras de autos), dichos individuos estarían pagando un monto por el agua que no refleja el costo asociado con la proporción de agua consu­mida. En términos tanto de eficiencia como equidad, el individuo debe pagar una tarifa que no sólo refleje el costo de extracción y manejo del agua consumida por ese indivi­duo, sino también parte del costo de oportunidad del hábitat. Debido a que los hábitats proveen otros valores (Existencia, Ecoturismo, Agricultura Sustentable, Ex­tractivismo, Bioprospección) no se deseará asignar el costo de oportunidad del hábitat entero a apenas uno de dichos valores. En lugar de eso, se debería asignar una porción del costo de oportunidad a cada uno de los valores generados. Esa porción debería igualar el porcentaje de contribución de ese valor al valor total del hábitat, o sea, TMS/TMS. Por lo tanto, la tarifa ideal al usuario, por unidad de servicio ambiental, cobrará al beneficiario el costo promedio de cada valor.8
Probablemente no existe ningún gobierno en el mundo que haya tenido éxito en inter­nalizar los valores de un hábitat y en incorporar el costo de oportunidad pro rata a la tarifa a usuarios. Sin embargo, entre los mecanismos existentes para financiar los usos múltiples de hábitats, hay varios gra­dos de ineficiencia e inequidad. Muchos gobiernos se están moviendo en el rumbo correcto. Un ejemplo es el Estado de Paraná en el Sur de Brasil. El Instituto Ambiental de Paraná (Instituto Ambiental do Paraná IAP), un organismo del estado, ha logrado cambiar el criterio para la distribución de los réditos del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Ecológico [ICMS Ecológico]) de tal manera que los proveedores de servicios ambienta­les puedan recibir compensación.9 El IVA responde por más del 90% de los impuestos recaudados por el estado y, bajo el nuevo criterio, el 5% es ahora asignado al medio ambiente. De esa suma, el 50% va a los municipios que mantienen cuencas y el otro 50% a los municipios que mantienen Unidades de Conservação Ambiental (Unidades de Conservación del Medio Ambiente) las cuales pueden estar en las afueras de la cuenca . Esta redistribución de los ingresos fue legalizada en la Ley Estatal Complementaria no. 59, conocida como la Ley del IVA Ecológico. En 1993 la ley fue enmendada en la Ley Complementaria 67/93 [anexo] para incluir a las áreas indígenas como una Unidad de Conservación.
En términos de la discusión teórica previa, el IVA Ecológico no discrimina la intensi­dad del uso por los individuos. Cada pagador de impuesto contribuye un IVA de acuerdo a su consumo general, el cual pro­bablemente no es proporcional a su consumo de servicios ambientales. Por lo tanto el IVA Ecológico no corrige esta ineficiencia e inequidad. La eficiencia y equidad del IVA Ecológico es conseguido en el LDE de la condición de Samuelson (Ecuación [1]). Aquellos que están dando servicios ambientales están siendo ahora compensados por una parte del costo de oportunidad de la protección del hábitat y aquellos que se desempeñan mejor son más compensados. Muy acertadamente, las fórmulas para los índices de desempeño están escritas en la misma ley y están más allá de manipulaciones políticas.
El mecanismo para la implementación de un IVA Ecológico entiende 4 etapas:


  1. recolección y procesamiento de datos respecto a las áreas de conservación para cada municipio

  2. cálculo de los índices para compensa­ción fiscal con referencia a las cuencas y a las unidades de conservación

  3. publicación de resultados

  4. evaluación periódica del proceso


Cualquier municipio que mantiene áreas de conservación a través de ordenanzas para el uso de la tierra, puede beneficiarse por la ley. Primero, el municipio debe registrar sus áreas en el Catastro Estatal de Unidades de Conservación administrado por el IAP, el cual es también responsable de todos los detalles técnicos de su implementación. Por ejemplo, el IAP realizará análisis científi­cos para determinar los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos de las muestras de agua y luego calculará el índice para el municipio. A través de dicha indexación, el municipio tiene un incentivo para invertir en actividades que mejorarán la calidad del agua y de ahí mejorará el índice. De la misma manera si el municipio dejara que la calidad del agua se deteriorara, el índice caería y también lo haría la porción del IVA Ecológico que recibiría. Los incenti­vos están funcionando como lo evidencia el 68% de mejoramiento en la calidad del agua en 1995 mientras los municipios to­maron medidas que costaron menos que el ingreso incremental obtenido vía un índice más alto. Los datos para calcular los índi­ces son recolectados anualmente y los resultados son publicados. Se mantiene transparencia en todo momento.
El éxito del IVA Ecológico puede también ser visto en el nivel de participación y de reparto de los ingresos. En 1995 hubo 170 unidades registradas en el Catastro y el estimado para 1996 es 190 unidades. La reforma ha tenido un gran impacto en mu­nicipios rurales situados en las cuencas de áreas urbanas. Algunas de estas cuencas son tan grandes como 1.500 km2 y su ta­maño físico figura dentro del cálculo del índice de compensación. En total hay 38 represas hidrográficas contempladas por la ley abarcando un área de 8.000 km2. Cerca de 71 comunidades rurales ya se han bene­ficiado. Un ejemplo sobresaliente es el Municipio de Piraquara el cual sirve como cuenca para la región metropolitana de Curitiba, una ciudad de cerca de 1.5 millo­nes de personas. Los réditos provenientes del IVA Ecológico ahora responden por el 85% del presupuesto del Munici­pio, haciendo el agua el activo más grande de Piraquara. Otros impactos exitosos pueden ser observados en el Municipio de Céu Azul. Aproximadamente 80% de los Municipios reposan dentro del Parque Na­cional de Iguaçu, y el IVA Ecológico ha aliviado presiones económicas. Otro muni­cipio que se ha beneficiado grandemente es el de Guaraqueçaba localizado en la costa de Paraná. Guaraqueçaba tiene extensos bosques de manglar y desde la instituciona-lización del IVA Ecológico, los impuestos obtenidos por municipio se han multiplicado seis veces permitiendo el lanzamiento de varios pro­yectos de asistencia social.
En vista de que la suma total de IVA Eco­lógico es del 5% fijo del IVA, las recompensas por desempeño están subordi­nadas hacia mejoras relativas y no a mejoras absolutas. Por ejemplo, si todos los municipios mejoran la calidad del agua igualmente, ninguno recibirá mayor com­pensación debido a que el índice de cada uno se habrá incrementado proporcional­mente. Si bien tal compensación puede ser buena para fomentar mejoras, en cierto punto, los municipios pueden frustrarse de que se haya hecho una inversión, de que se haya obtenido resultados, pero que no haya más fondos en camino. Un año base debería ser establecido, y si la calidad ambiental mejora en todos los municipios, entonces el porcentaje del IVA total debería, o bien aumentar o, se deberían imponer tarifas adicionales a los usuarios de agua más intensos (por ej., fábricas de queso, granjas de cerdos, o lavadoras de automóviles). Desa­fortunadamente, se sospecha que cualquier intento de institucionalizar las tarifas al usuario más intenso y cualquier intento en compensar a los proveedores, encontrará una fuerte resistencia. La razón se debe a una falla intrínseca en toda democracia: los intereses de la industria están concentrados y pueden organizarse formando grupos de presión política contra la reforma en contraste a los intereses de los proveedores quienes no pueden formar grupos de presión para que se acepte la reforma porque están esparcidos (véase, Olson, 1965 para una mayor expli­cación teórica de este argumento). Si bien la tarifa a usuarios es otro avance en rumbo correcto, el reto para el IAP será de reducir los costos de transacción, tanto técnicos como políticos, para poder imple­mentarlo.
Se debe recordar que el mejor instrumento para el financiamiento de un bien público depende en última instancia de las peculia­ridades de los costos de transacción del mismo. En el ejemplo de la construc­ción de carreteras, los peajes parecen ser el mecanismo más eficiente y equitativo pero los costos de transacción son tan altos que se prefieren los impuestos a la gasolina. Quizás lo mismo sea verdad en la comparación del IVA Ecológico versus la tarifa usuario. En 1995, el Estado de Paraná distribuyó 30 millones de dólares a los municipios a través de la implementación del IVA Ecológico en un costo administrativo incremental de apenas 32 mil dólares. Tal éxito es verdaderamente fenomenal.
Para más información en el IVA Ecológico, favor ponerse en contacto con:

Wilson Loureiro

Cabeza del Departamento de Unidades de Conservación

Instituto Ambiental do Paraná

Rua Pedro Rolim de Moura, 45

CEP: 80.030-250 Ä Curitiba Ä PR Ä Brasil

Telf: 55 41 253 036/322-6163

FAX: 55 41 222 2850

IV. Agricultura Sustentable. (Caso 4): Centro Fátima, Pastaza, Ecuador.
Una de las más grandes tragedias de finales del siglo 20 ha sido la expansión de la ga­nadería a los trópicos. Bosques primarios fueron deforestados para convertirlos en pastos a pesar de los suelos poco profundos y de las fuertes lluvias. La erosión resultante garan­tizó que el ganado sería una empresa de muy corta vida. Los hacendados tuvieron que abandonar sus pastos y reubicarse en el bosque virgen a medida que la fertilidad de sus pastos terminaba rápidamente. Inversionistas extranjeros y agencias del gobierno ignoraron los costos sociales de la deforestación, la cual, combinada con las altas tasas de interés, hicieron ver atractivo al ganado vacuno en los cálculos del valor presente neto. Desde luego, el ímpetu de adoptar al desarrollo sustentable en el Ter­cer Mundo se debe en gran medida a la escala de ganado en la cuenca ama­zonica y a su evidente insustentabilidad (Hecht and Cockburn, 1990). La demanda por ganado fue impulsada por un cambio en la dieta mundial desde proteínas vegetales hacia la carne. Se puede cuestionar si la perversa “cultura de la hamburguesa” per­sistirá a lo largo del tiempo mientras más y más personas comienzan a entender y a padecer los efectos insalubres de una dieta cargada en grasa animal. Dada la inestabilidad esperada de esta extendida preferencia por carne y la magnitud de las externalidades negativas de la deforesta­ción, parece casi cierto que el valor agregado de los servicios del bosque pri­mario hubieran sido de mayor valor que la del ganado que lo reemplazó. En términos de la Ecuación (1) elaborada en la intro­ducción teórica de este informe, el LIZ>>LDE. La alternativa racional para pastizales no es sólo preservar los fragmen­tos de bosque primario restante en la Amazonia, sino también dar algo de lebensraum (en alemán: espacio vital, gene­ralmente de una nación) a especies que puedan haber sido arrinconadas en esos fragmentos (véase discusión de los “muertos vivos” en Extractivismo, [Caso 5]). A pesar de la desaparición de bastante bosque primario, todavía hay una razón para mantener esperanza. Los bosques pueden recuperarse, y la flora y fauna adaptada al bosque secundario encon­trará un nicho en expansión. En lenguaje económico, el reto es internalizar las exter­nalidades de la diversidad biológica en estas zonas de amortiguamiento reciente­mente creadas para el bosque primario existente.
Un beneficio externo que puede ser inter­nalizado es el manejo y la cosecha de la flora y fauna nativa. En la medida en que dicho manejo y cosecha no degrada perma­nentemente, el ecosistema local no homogeniza la base biológica, las actividades pueden ser clasificadas como de agricultura sustentable. Sin embargo, el término debe ser diferenciado de la jardinería forestal o del manejo de vida silvestre, los cuales están asociados más con el ex­tractivismo. La agricultura sustentable cambia la distribución de la flora y fauna hacia una mayor representación de especies comercialmente viables que aquellas que serían encontradas en condiciones natura­les. Sin embargo, muchas especies útiles no pueden ser semidomésticas y se deben desplegar técnicas de manejo silvestre y de extractivismo sustentable.
Un concepto clave para la agricultura sustentable es la aceptación de una multi­plicidad de especies útiles y un rechazo del monocultivo. En el caso de la flora, dicho tipo de agricultura requiere de un análisis cuidadoso de la fisiología y ecología de la vegetación. En el caso de la fauna, dicho tipo de agricultura también requiere de estudios cuidadosos de la sociobiología de los animales nativos. Desafortunadamente, los defensores urbanos de la agricultura susten­table tienden a creer una fantasía romántica de individualismo austero; familias pione­ras que están en la frontera del bosque, cosechan la flora y fauna nativa sin ninguna asistencia externa. La realidad es bastante diferente. Para que la agricultura sustenta­ble produzca aunque sea modestos ingresos para la subsistencia, los mismos principios científicos que apuntan a la Revolución Verde de monocultores y de zootecnologías de ganadería deberían ahora ser dirigidos hacia el establecimiento de una ciencia de agricul­tura sustentable. El fracaso de la Revolu­ción Verde y de la zootecnología no es una condenación en contra de la misma ciencia pero sí una condenación en contra de su equivocada aplicación a, respectivamente, monoculti­vos y ganaderos. Tanto el rigor como la precisión de este método científico son necesarios ahora para acertar en los mejo­res métodos para la producción óptima sustentable de organismos nativos.10
El establecimiento de una base científica para la agricultura sustentable es un ejem­plo de un bien público puro: el consumo por dicho conocimiento de una persona no previene a otros de que consuman simultáneamente el mismo conocimiento. Comparemos por ejemplo, el estado físico de una publicación técnica sobre la repro­ducción de una especie nativa después del consumo de dicha publicación (leyéndola) y el estado físico de una manzana después de su consumo (comiéndola): en el primero el producto todavía existe para el consumo de otros, en el último el producto está siendo literalmente digerido. Debido a que el conocimiento tiene característica de bien público, cada consumidor potencial del conocimiento tiene un incentivo para dejar que alguien más lo genere y luego aprove­char el mismo sin pagar. Sin que deba sorprendernos, la cantidad total de cono­cimiento generado en la sociedad es menor que lo que se justificaría por su valor. En términos de la Ecuación (1), la condición de Samuelson, el mercado tiende a generar una distribución subóptima del conoci­miento y el LIZ>>LDE. La pregunta económica se genera: ¿Podría dicho cono­cimiento ser internalizado a través del establecimiento de los derechos de propie­dad intelectual (la solución de Coase) o debería ser subsidiado por el gobierno (solución Pigouviana) y lanzarlo al cono­cimiento público?
En el caso de la generación del conocimiento en agricultura sustentable, probablemente la solución más eficiente es la Pigouviana: el subsidio del gobierno a la sistematización y difusión de esta información dentro del conocimiento público. Por ejemplo, los costos de tran­sacción de negociar cada detalle de la crianza de los animales, aprendido en una estación experimental, sería enorme, consi­derando que existen miles de agricultores regados sobre la cuenca de la Amazonia; probablemente este valor es mucho más grande que el valor del mismo conocimiento. Tiene más sentido para el gobierno subsi­diar dicha estación experimental y difundir sin cobrar por el conocimiento adquirido en la estación para estos miles de agricultores a quienes eso les puede beneficiar. Sin embargo, la misma estrategia no sería óptima para plantas medicinales. Como se verá en Bioprospección, Caso (6), la demanda po­tencial por plantas medicinales es mucho mayor que, digamos, el conocimiento en cómo alimentar a un tapir sin ser mordido; los costos de transacción son menores para éste último pero no para el anterior. Pensar que se debe adoptar o bien la solución Pi­gouviana o la de Coase para todo conocimiento sobre flora y fauna es come­ter la falacia de la composición: creer que lo que es cierto para la parte también lo es para el todo.
El Centro Fátima en Pastaza Ecuador, es una estación experimental de la Organiza­ción de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) dedicada al estudio y eventual co­mercialización de especies naturales de bosque secundario: debe ser vista como un antecedente para futuras haciendas peque­ñas que predican la ciencia de la agricultura sustentable. El Centro está localizado en las tierras altas del Oeste de la Amazonia (900m) la cual fue una de las primeras áreas en toda la Amazonia en sufrir la colonización a finales de los años 40. La estación es minúscula cuando se mide en la escala de la Amazonia, y abarca apenas 28 ha. La vegetación es de bosque secundario y fue naturalmente resembrado por pequeñas remanentes de vegetación existente en las pendientes más empinadas de la propiedad y, por las todavía intocadas “Montañas Azules”, como 50 km. al oeste de las colinas al pie de Los Andes. Hay arroyos que cruzan la hacienda y que han sido represados para crear hábitats favorables para lagartos y tortugas. Evidencia del fracaso del pastoreo de ganado puede ser visto a través del precio de la tierra de la comunidad aledaña. Una hectárea de pasto degradado puede venderse por tan poco como USD 160 y el Centro espera incorporar 100 ha. colindan­tes si el presupuesto permite dicha expansión.
El Centro es dirigido por el agrónomo Me­dardo Tapia, graduado de la universidad. Ambos el Sr. Tapia y su esposa, Ruth Arias, se han dedicado al es­tudio sistemático de tapir, capibaras, puercos sahinos, guantas, guatusas, paujiles y pavas de monte. Los Tapia están bien educados y reflejan una generación de agrónomos y educadores, quienes después de graduarse en universidades latinoameri­canas, no encontraron trabajos estimulantes en sus profesiones. Ambos comparten la característica empresarial conocida como foco de control (en inglés: Locus of Con­trol), la orientación psicológica de que uno puede marcar la diferencia en el mundo (véase, por ejemplo, Brockhaus y Nord, 1979, 1982). El Centro empezó en 1986 en colaboración con OPIP, la Escuela Poli­técnica de Chimborazo (ESPOCH) y el Consejo Provincial de Pastaza. Actual­mente, OPIP es el único responsable del Centro. Los Tapias formaron el centro con la intención de cultivar flora nativa pero se encontraron que la fauna era más interesante. A través de los años, los Tapia han experimentado tremendos problemas fi­nancieros y fueron vistos por los agricultores vecinos más bien como excén­tricos. Sin embargo, mientras la Estación recibía más atención del exterior se dio mayor aceptación en la comunidad local. Aunque los Tapias son de tez blanca y son originarios de Riobamba, ellos han ganado aceptación por los indígenas y sus represen­tantes. Ambos ven el Centro como un modelo emergente de agricultura susten­table y como un punto focal local para la educación y para acciones políticas de la comunidad. El éxito del Centro de Fátima fue nacionalmente reconocido en 1994 cuando el Sr. Tapia recibió el Premio Pla­neta Azul, premio ecuatoriano por mérito ecológico dado sólo a un solo individuo ese año.
Se debería enfatizar que el Centro no es todavía una hacienda financieramente sus­tentable. Es una estación experimental que permitirá el surgimiento de futuras hacien­das comerciales. Este punto elude muchos economistas quienes visitan la hacienda y de alguna manera están ansiosos por cono­cer la rentabilidad de la operación. El Sr. Tapia se mofa de un economista visitante alemán quien postula que la hacienda es fascinante, pero insiste en cuestionarlo, una y otra vez, en cuanto a su rentabilidad. El Sr. Tapia no está obsesionado en si la ha­cienda es o no rentable. Las ganancias no son su principal objetivo. Él busca un modo de vida que le satisfaga y que pueda mantener una familia. En un lenguaje teó­rico microeconómico, el comportamiento que él y su esposa exhiben puede ser mode­lado por el supuesto de “satisfacción” en vez de “maximización” (véase Simon, 1959). Esta distinción es de extrema impor­tancia: aunque si sólo un pequeño porcentaje de jóvenes agrónomos latinoa­mericanos busquen “satisfacción”, el número total puede ser suficiente para inaugurar haciendas sustentables en toda la cuenca de la Amazonia. No se debe con­cluir además que dichos individuos están destinados a ingresos de subsistencia. En la literatura académica de empresarios exito­sos del Norte, cuyo éxito es medido en cientos de millones de dólares, muy pocos declaran que su objetivo inicial fue el de hacer dinero (véase Casson, 1982). Al con­trario era una obsesión hacer lo que sea que estaban haciendo extremadamente bien. El éxito financiero es frecuentemente un bi­producto de la excelencia. Los Tapias comparten dicha pasión y para ellos no hay dicotomía entre trabajo y ocio. Ellos consi­guen lo que E. F. Schumacher (1973, p.47) imaginó en su famoso libro Lo Pequeño es hermoso: La economía como si la gente importara: “el trabajo y el ocio son partes complementarias de un mismo proceso vital y no pueden ser separados sin destruir el gozo del trabajo y la felicidad del ocio”.
Restricciones de espacio en este informe no permiten al autor exponer el abundante detalle de la investigación con­ducida en el Centro Fátima sobre las siete especies que se estudian ni sobre el sofisti­cado sistema de análisis del flujo de la materia-energía de la estación. El lector interesado debería referirse al documento científico de 100 páginas disponible a tra­vés del Centro Fátima titulado Sistematiza­ción del Proyecto de Domesticación, Manejo y Producción de Cinco Especies de Mamíferos Silvestres y dos Especies de Aves de la Amazonia Ecuatoriana, (Tapia, Arias y Schultz, 1996). Sin embargo, para vislumbrar un poco el trabajo llevado a cabo en el Centro, se esbozará brevemente la especie más importante estudiada, en términos de su potencial financiero en agri­cultura sustentable: el tapir (Tapirus terrestris).
En el libro La Diversidad de la Vida, Wilson (1993) hace una broma diciendo que los animales que son lentos, largos y sabrosos son los primeros en la lista para extinguirse. Quizás haya una contraparte a este chiste: si no se ha extinguido todavía, entonces su característica de lento, largo y sabroso les permite ser excelentes candidatos para la agricultura sostenible. Con excepción de la característica de lento, el tapir parece encajar dentro de estos parámetros (quizás su velocidad le permite escapar de la extinción). El tapir se asemeja a un cerdo aunque filogenéticamente se acerca más a un caballo o a un rinoceronte. Un tapir adulto mide 0.8-1.1 m de altura, y 1.7-2.01 m de largo y pesa entre 227-250 kg. Con la ayuda de estudiantes graduados en la ESPOCH, el Centro ha recolectado cuanti­tativos detalles sobre el tapir (por ej., frecuencia cardíaca y respiratoria, tempera­tura del cuerpo, número de glóbulos blancos y rojos, porcentaje promedio de hemoglobina) así como características cua­litativas respecto a su ecología y sociobiología. El tapir ramonea primeramente en sotobos­que de hasta 1.5 m de altura y no extrae la vegetación de raíz. Cuando sufren de parásitos, se cree que el tapir escoge ciertas especies de vegetales. En el Centro Fátima, se ha observado al tapir comiendo más de cien diferentes especies, consu­miendo por año un estimado de 3.140 kg. por animal. La capacidad de carga de la tierra por tapir está estimada entre 1.1-1.6 ha. y sobre los 7 individuos que vagan en las 22 has. de bosque secundario en el Centro Fátima, no hay evidencia de sobrepastoreo.
La sociobiología de los tapires es de igual manera fascinante. El tapir es solitario ex­cepto durante la época de celo y de lactancia de las crías. La hembra es se­xualmente receptiva cada dos meses y el alumbramiento parece ser sincronizado con el periodo de fructificación de muchas es­pecies vegetales. La hembra está en ciclo estral por aproximadamente 15 días durante los cuales ella se vuelve muy inquieta. Du­rante el celo, ella mordisquea las orejas y las patas de los machos y corre en círculos con creciente rapidez. El celo es evidente por una amarillenta secreción vaginal. Los tapires se comunican por silbidos que casi suenan como el de un pájaro y el silbido de las hembras es más fuerte durante la época de celo. El período de gestación es de 390-400 días. Contrario a reportes en la litera­tura que establece que los tapires sólo paren en agua, un tapir en el Centro fue obser­vado dando a luz a su cría en un fragmento de bosque a pesar de que en la cer­canía había agua. Los tapires pueden parir gemelos. La cría se comunicará con su madre mediante silbidos muy leves; ésta es amamantada en la noche y son destetadas después de cinco meses. A pesar de su forma redonda, el tapir es muy veloz y es un buen nadador especialmente cuando está siendo atacado por uno de sus depredado­res, sea éste, el hombre, el jaguar, la boa o la anaconda. El agua es también el lugar favorito para defecar.
El tapir es dócil hacia el hombre y por esto el manejo del animal es relativamente fácil. Según lo reportado por un indígena: “Es un animal muy sociable. Cogida una cría, se lo puede amansar fácilmente; sabe quedar mansita cerca de las casas; va a comer en el monte y luego regresa a dormir cerca de las casas” (Bianchi, 1981, citado en Tapia Arias y Schultz, 1996, p. 20). Sin embargo entre las dos variedades de tapir, la café y la negra, la negra parece la ser más agre­siva. Miembros de grupos étnicos Quichua en la región han clasificado al tapir en cua­tro variedades: el grande, el pequeño negro, el colorado y el color café-rojizo. Desafortunadamente, estudios genéticos (electrofóresis) no han sido conducidos, y estos serían de gran utilidad para saber las relaciones filogenéticas entre las varieda­des.
Así como es fascinante la biología del tapir, muchos lectores compartirán la fijación de un economista alemán respecto a la renta­bilidad. ¿Es rentable la “cultura del tapir”? La respuesta reposa en la aplicación de la biología antes mencionada. El tapir no re­quiere insumos en términos de compra de comida, medicina o parasiticidas y requiere de muy poco trabajo (el Centro Fátima sólo tiene un trabajador manual). Una vez que se conoce su fisiología, el manejo es muy fácil. La carne del tapir es considerada deliciosa y un tapir adulto puede actualmente estar por los USD 330 en el mercado local. Dado que la capacidad de carga del tapir es 1.1-1.6 ha. y que la cría alcanza madurez de 2 a 3 años, el ingreso generado por hectárea anualmente por el tapir es de aproximadamente USD 100. Se debe recordar que hay otras especies útiles que coexisten en el mismo ambiente, y cada una tiene su respectiva utilidad co­mercial así como los otros valores de las reservas sustentables, por ej., existencia, ecoturismo, etc. También, el valor del pasto degradado en las propie­dades colindantes al Centro es menos de USD 160 por ha.. Para hacer el cálculo económico de beneficio, se deberían agre­gar todos estos valores y restar el costo del capital (básicamente la tierra e infraestructura rudimentaria), los insumos (suministros mínimos y la porción prorra­teada de un trabajador manual), y el costo de oportunidad de los Tapia. Si se asignan los menores costos a las dos primeras par­tidas, es la última partida la que determina la “rentabilidad” del Centro como una ha­cienda comercial. De cualquier manera como se menciona previamente, los Tapia no ven al Centro como un “trabajo” pero si como una manera de vida que ellos han escogido. De ahí que el frío análisis costo-beneficio no es realmente significativo.
Los Tapia deben continuar la publicación del trabajo en el Centro y lanzar sus resul­tados al conocimiento público. La rentabilidad de la agricultura sustentable en toda la cuenca de la Amazonia dependerá mucho de los datos que ellos y centros simila­res acumulen, considerando detalles aparentemente esotéricos sobre la fisiología, ecología y sociobiología de la fauna nativa del bosque secundario. Dichos centros de­ben existir en cada país en la cuenca de la Amazonia y las redes de comunicación deben establecerse para compartir el conocimiento generado y coordinar esfuerzos para evitar duplicaciones. El gobierno de cada país de la región así como las agencias interna-cionales deben ayudar financieramente para la generación de esta tan valiosa infor-maciónun bien público puro.
Para más información en, favor ponerse en contacto con:

Medardo Tapia y Ruth Arias

Centro Fátima, Casilla Postal 16-01-800

Puyo, Pastaza, Ecuador

Telf: 593 3 883 765

FAX: 593 3 883 787

(Atención: dirección anterior)

V. Extractivismo (Caso 5): El Programa de Conservación de Tortugas Marinas Reserva de Usos Múltiples en Barra de Santiago, El Salvador.
El principio teórico para el extractivismo está fundamentado en la biología evolu­cionaria. Miembros de cualquier especie pueden producir muchos más descendientes de los que pueden ser mantenidos por el ecosistema. A través tanto de las presiones selectivas del medio ambiente como las originadas por la competencia por recursos entre los mismos miembros de una especie (coespecíficos), muchos de los descendien­tes no llegan a la madurez. Esta simple observación es la médula espinal de la evolución. En un pasaje famoso en El Ori­gen de las Especies, Charles Darwin (fasc. de la edición de 1859, Adler [ed.], 1952, p. 33) comenta que si el promedio de descendientes nacidos de una madre elefante a lo largo de su vida reproductiva, o sea, apenas seis, sobrevivirían y tuvieran también seis descendientes, el par original de elefantes engendradores se convertirían en 19 millo­nes en sólo 750 años. Obviamente existe algún mecanismo que ablanda este potencial. Darwin observó que algunos descendientes evidencian características que les permitirán capturar menos recursos que sus coespecíficos y que estos indivi­duos serán seleccionados contra “en la lucha por la existencia”. Las características de los sobrevivientes no son seleccionadas para por más simple que sean las caracte­rísticas que permanezcan hasta que los coespecíficos sean eliminados. Darwin llamó a este mecanismo “descendencia con modificación por medio de selección natural”. Los elefantes tienen pocos descen­dientes y, comparado a las tortugas marinas, una fracción relativamente grande de descendientes de elefantes sobreviven hasta llegar a la edad adulta (aproximadamente 30%); los ecologistas cla­sifican esta estrategia reproductiva como de selección-k. Las tortugas marinas tienen muchos más descendientes (miles a lo largo de su vida reproductiva) y muy pocas so­breviven a la madurez (menos del 1% de cualquier nido); las tortugas marinas son consideradas como de selección-r.
El límite superior de población en un eco­sistema para especies dadas es conocido como su capacidad de carga y es represen­tada en la literatura científica con la letra mayúscula K. Si se cosecha una porción de una población adulta, entonces se puede esperar que los descendientes que todavía no han alcanzado la madurez compitan por recursos con los pocos coespecíficos
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