T.H.E.
TALLER DE HISTORIA ECONÓMICA
Facultad de Economía - PUCE
BOLETÍN ELECTRÓNICO
Coordinador: Dr. Juan J. Paz y Miño Cepeda
jpazymino@puce.edu.ec
Asistente de coordinación: Eduardo Urgilés
edu82@gmx.net
Quito, abril de 2003 - Año IV - No. 06
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El BOLETÍN ELECTRÓNICO del T.H.E. (mensual) es un sistema de información orientado a la economía y la historia económica del Ecuador en el contexto Latinoamericano. Tiene el objetivo de contribuir al conocimiento y a la discusión académica universitaria. En ese marco serán apreciadas las sugerencias y difundidas las colaboraciones.
(Queda autorizada la difusión del Boletín, citando la fuente).
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Sumario:
1. HACIENDA PÚBLICA: ASÍ COMENZAMOS. Juan J. Paz y Miño Cepeda. 2. COLOMBIA–IRAQ: GUERRAS DE RECOLONIZACIÓN. René Báez. 3. IMPACTO DISTRIBUTIVO DEL GASTO PÚBLICO VÍA SUBSIDIO DIRECTO A LA EDUCACIÓN Y SALUD BÁSICA EN EL ECUADOR, EN EL PERÍODO 1994-2001. Irma Verónica Garcés Fuentes. Abstract de Disertación de Grado. 4. “LA ECONOMÍA EN LOS GOBIERNOS DE LEÓN, EGUIGUREN Y BORRERO (1875-1876) ” – T.H.E. MONOGRAFÍAS. Archivo Histórico del THE. 5. DOCUMENTOS FUNDAMENTALES: 1) Resolución No. 1441 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Irak; 2) Estrategia de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos de América.
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1. HACIENDA PÚBLICA: ASÍ COMENZAMOS
Juan J. Paz y Miño Cepeda
Revista GESTIÓN – Quito, marzo de 2003, No. 105
El 13 de mayo de 1830 el otrora Departamento del Sur se separó de la Gran Colombia. La Asamblea de Riobamba, reunida en agosto con delegados de los departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, además de dictar la primera Constitución de la naciente República, que adoptó el nombre de Ecuador, nombró como Presidente al General Juan José Flores, para el período 1830-1834 y como Vicepresidente al guayaquileño José Joaquín de Olmedo.
El naciente Estado proclamó la confederación con Colombia, pero se organizó con un sistema presidencial de elección indirecta (por el Congreso), voto censitario (restricción electoral por condiciones económicas y de educación), dominio de una elite garantizada por su posición económica (para ser Presidente, por ejemplo, se exigió “que tenga una propiedad raíz valor de treinta mil pesos”), congreso unicameral (10 Diputados por cada uno de los Departamentos de Azuay, Guayas y Quito), poder judicial, fuerza armada y prefectos, gobernadores y corregidores para la administración interior. La Constitución creó el “Ministerio de Estado”, a cargo de un Ministro (Flores nombró a Esteban Febres Cordero), para atender dos secciones: 1. gobierno interior y exterior; 2. hacienda, disponiendo, además, que el negocio de guerra y marina esté a cargo del Jefe de Estado Mayor General.
El mayor problema que enfrentó el primer régimen gubernamental del Ecuador fue el de la organización de la economía y particularmente el de la hacienda pública (el fisco, erario, tesoro nacional o finanzas públicas, según la terminología de la época). El caos, la desorganización, la ineficacia y la corrupción eran su fundamento. El primer informe escrito sobre la situación fue la “Memoria” ante el Congreso Constitucional de 1833, presentada por el Ministro de Hacienda, J. García del Río, nombrado para tal cargo, el año anterior, por el Presidente Flores.
LA DESCRIPCIÓN OFICIAL
A los nueve meses de haberse posesionado, el Ministro García del Río presentó ante los Diputados una cadena de males, que la resumimos a continuación:
la hacienda está “en ruina”: los “caudales” con los que se podía contar, “estaban gastados con anticipación”;
consumido el ramo de “alcabala”;
no arreglado el de “aguardientes”, incluso perdidos los ingresos que debían llegar de Ambato, Alausí y Guaranda por no haberse designado las cuotas correspondientes a los alambiques y estanquillos; en Latacunga, los trapicheros habían evadido el impuesto sobre alambiques;
en Ambato y Latacunga, la “contribución de indígenas” estaba gastada;
en Ibarra y Otavalo, gastadas las rentas, pues se las requirió para sostener la campaña sobre Pasto;
se debían pagos por sueldos atrasados a los empleados del estado tanto como al Ejército, así como otras rentas por préstamos de particulares; se les pagaba con certificados que luego se canjeaban en aduanas o por intermedio de comerciantes inescrupulosos;
el contrabando estaba extendido, los comerciantes introducían productos para ocultarlos en las haciendas, presentando únicamente ciertas listas;
en Guayaquil el erario estaba afectado con empréstitos forzosos para sostener la campaña contra el levantamiento del General Urdaneta; sobre créditos se cobraba el 3% mensual; aduanas, sales, contribución de indígenas, alcabala, contribución personal, tabacos, harinas, renta de diezmos estaban malgastados o sin recaudación o conocimiento; “todo era difícil e intrincado en Guayaquil”; “Las rentas estaban entregadas al desorden”;
las rentas en el Azuay “se hallaban todas ellas consumidas”;
“En todo el país, la pobreza general, la escasez de numerario, la apatía de ciertas autoridades, quizá la corrupción de algunos agentes del Poder Ejecutivo, y lo vicioso del sistema tributario hacían dificilísima la percepción de los caudales públicos. Las cuentas de los colectores y administradores o no se presentaban, o venían sin el libro de cobranza, o sin el plan de rezagos, o no se giraban, o no se fenecían con notable detrimento del fisco… En las oficinas de cuenta y razón, no se guardaba uniformidad, ni tampoco suficiente precisión en el modo de presentar las partidas de cargo y data.” El gobierno estaba “rodeado de acreedores”, a tal punto que el Estado “casi se veía precisado a declararse insolvente”.
LAS PRIMERAS ACCIONES
Para intentar la solución de semejantes “males”, el Ministro informó al Congreso haber adoptado varias medidas, que también se las presenta así:
“suspender todo pago por deudas atrasadas”: pidiendo razón de los libramientos girados contra los colectores o administradores de rentas; disponiendo la formación de un cuadro de todos los créditos contra el Estado; exigiendo la relación de los diferentes ramos que componen el tesoro nacional; reconociéndose que “se han presentado como deuda partidas que ya estaban cobradas”. La Memoria sostiene, sin embargo, que el Estado continúa adeudando a empleados públicos y miembros del Ejército;
establecimiento claro de los gastos fijos y ordinario; que todos los recaudadores hiciesen sus declaraciones en las tesorerías con dinero efectivo y no con documentos ni traspasos;
que no se rematen los diezmos por gruesas, sino por parroquias;
arreglo de las alcabalas, del ramo de aguardientes, del de correos; de la producción de pólvora en la fábrica de Latacunga, rescisión de los contratos de harina; la contabilidad (enviándose “modelos” de cómo realizar los documentos), organización de las juntas de hacienda, formación de padrones para poder fijar las contribuciones personales; cobro de las imposiciones ordinarias; cobranza del papel sellado y de otros ramos. El Ministro sostiene que no ha llegado a obtener todas las noticias pedidas, ni la formación del catastro para establecer la contribución personal;
venta de la fragata “Colombia”; remate del ramo de tabaco en los departamentos de Quito y Azuay; subasta de las propiedades públicas urbanas en los departamentos de Quito y Guayaquil; enajenación de tierras baldías; es decir medidas de aquellas que hoy se interpretarían como “privatización” de bienes y servicios estatales;
cobro de los distintos rezagos, con nombramiento de una comisión especial para la recuperación “de las cuantiosas deudas que había a favor del tesoro en los cantones de Quito, Otavalo, Latacunga, Riobamba, Guaranda y Alausí, correspondientes a los ramos de la contribución de indígenas, diezmos y temporalidades”; arreglo con los acreedores del Estado, “que son, por otra parte, sus deudores”;
retiro de la moneda falsa y persecución a los “falsarios”; fijación del tipo y ley del cuño; compra de un cuño oficial. Pero se admite, en otra parte de la Memoria, que “ni uno solo (de los falsificadores) ha sido castigado”;
emisión de “certificados por valor de 31.109 pesos a que ascendían las cantidades que ganaban el interés del tres por ciento mensual, ordenando que estos se admitiesen por mitad en pago de derechos de aduana; y procurando conciliar así el alivio del tesoro con lo que demandaba la fe empeñada en la autoridad”. Sin embargo, la Memoria señala, más adelante, que la medida de emisión de certificados “no se llevó a efecto por no comprometer el honor y buena fe de la autoridad”;
se acudió a levantar algunos empréstitos, expidiendo certificados contra el Estado.
El Ministro García del Río concluía su apreciación así: “Apenas es posible formar idea de las dificultades de todo género que este ministerio ha encontrado para todo. Prácticas envejecidas, abusos arraigados, indolencia habitual, alguna corrupción, el patriotismo casi yerto, el egoísmo reemplazándolo casi en todas partes; tales son los obstáculos que se me han presentado, y que no he podido aún vencer, porque para ello se necesita no solo una paciencia ilimitada, una impasibilidad asombrosa, una constancia sobrehumana, sino también el auxilio del tiempo… Mas, por desgracia, no hay todo el celo suficiente, no hay todo el espíritu público necesario donde debiera existir: las leyes y las órdenes se quedan escritas, y duermen, porque la mayor parte de los ciudadanos no las leen, y otros tienen interés en que no se ejecuten: a todo se opone una resistencia sorda, una inercia invencible”.
LA POBREZA DEL ERARIO
Como puede apreciarse, el problema central de la hacienda pública consistió, en definitiva, en la falta de recursos públicos, debida a múltiples factores. Contar con fondos para el ejercicio gubernamental se convirtió en el eje de las políticas fiscales, en una situación en la cual el peso de los gastos estatales y de las deudas del Estado conspiraron contra los intentos por una “buena” administración. Y, además, el gobierno de Flores demostró completa ineptitud para afrontar el problema del erario nacional. El Ecuador, pues, inició su vida republicana con una situación caótica. Así comenzamos… ¿y cómo seguimos?.
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2. COLOMBIA–IRAQ: GUERRAS DE RECOLONIZACIÓN
René Báez
Exdecano Facultad de Economía – PUCE Abril de 2003
La lógica de la agresividad
En La cuarta vía al poder (Abya Yala, Quito, 2000), el investigador Heinz Dieterich provee de algunas claves para comprender la lógica del Plan Colombia. Y, por extensión, del crimen contra Iraq que acaba de desatar la alianza angloestadounidense.
En el citado libro, el autor explica el capitalismo como un sistema basado en la “destrucción creativa”, concepto que describe el proceso por el cual la tecnología existente va siendo desplazada por tecnologías más productivas. La “destrucción creativa” –el proceso de la plusvalía relativa, si se quiere utilizar la terminología marxista- constituiría la causa íntima del terrorismo de Estado. Dieterich sustenta su teoría en un argumento de gran espesor histórico: “Para apropiarse de los terrenos de los araucanos en el sur de América, la oligarquía argentina empleó la operación de ´limpieza étnica´, conocida como ´Operación Desierto´, a finales del siglo XIX; con el mismo fin –y para tener esclavos para el trabajo en su proyecto neoliberal exportador en Yucatán- el dictador mexicano Porfirio Díaz asoló las tierras de los Yaquis en el norte; los puritanos anglosajones hicieron lo mismo desde su llegada a América del Norte, asestando el último golpe de destrucción a los Dakota, los Apaches, los Cheyenne, etc., en las campañas de exterminio de l865 a l890, y Adolfo Hitler utilizó la misma lógica y política en los territorios europeos conquistados de l939 a l945”.
Experiencias latinoamericanas recientes
La historia contemporánea de América Latina aporta con múltiples pruebas a la interpretación del investigador alemán-latinoamericano. En los años 60 y 70, el desafío al poder de Estados Unidos en la región, localizado en el Cono Sur –es decir, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia-, fue respondido por Washington apoyando a dictaduras fascistas para destruir a los partidos y organizaciones izquierdistas, nacionalistas y populares e instrumentar políticas favorables al capital monopolista mediante la desprotección de los recursos y la fuerza laboral. El Plan Cóndor, la picana y los programas monetaristas impuestos manu militari simbolizan esa reciente y oscura época.
En la década de los 80, cuando América Central se convierte en la pieza central de la resistencia al poder estadounidense, aconteció algo similar. Washington enfrentó el reto de la revolución sandinista y de las guerrillas populares de El Salvador y Guatemala a través de la militarización, la guerra de desgaste y el “terror blanco” sembrado por bandas paramilitares. La estrategia dio origen a la entronización de regímenes clientelares y funcionales a la Casa Blanca. La violencia del establecimiento se calcula en un costo humano de más de 200 mil muertos en Guatemala, 75 mil en El Salvador y 50 mil en Nicaragua. Años después, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sancionó moralmente a Estados Unidos declarándole “Estado terrorista”, por el minado del puerto nicaragüense de Corinto en tiempos de la administración de Ronald Reagan.
Desde fines de los 90, el terrorismo estatal -“terrorismo primario”, según Noam Chomsky- se ha venido desplazando al norte de Sudamérica: Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Cuáles las razones? James Petras las explica del siguiente modo: “En Colombia, las fuerzas combinadas de la guerrilla controlan o tienen influencia sobre una amplia banda de territorio al sur de Bogotá hacia la frontera ecuatoriana, en el noroeste hacia Panamá y en varios bolsillos hacia el este y el oeste de la capital, además de unidades de milicia urbana. Paralelamente al movimiento guerrillero, las movilizaciones de campesinos y sindicatos convocaron a huelgas generales que sacudieron al régimen de Pastrana. En Venezuela el liderazgo de Hugo Chávez ganó varias elecciones, reformó las instituciones del Estado y ha tomado una posición independiente en política externa –llevando a que la OPEP aumente el precio del petróleo, desarrollando lazos con Irak, extendiendo lazos diplomáticos y comerciales con Cuba, etc… En Ecuador un poderoso movimiento indígena-campesino (CONAIE) en unión con oficiales militares de bajo rango y con sindicalistas, tumbó al régimen neoliberal de Jamil Mahuad en enero del 2000”. (Colombia de Vietnam al Amazonas, FICA, Bogotá, 2002)
Estos procesos y sucesos habrían llevado a la potencia mundial a tipificar a nuestros países como el Triángulo Radical, es decir, infuncional a la globalización corporativa. La molestia de Washington sería tanto mayor cuanto que los disidentes andinos –llámense organizaciones indígenas o frentes guerrilleros- estarían limitando su acceso al petróleo, los minerales, el agua y la riqueza biogenética de la Amazonía. Liquidar a como dé lugar a los sujetos sociales que se oponen a la estrategia económica y geopolítica norteamericana llevó a que Clinton respaldara financiera y militarmente al Plan Colombia y a que George W. Bush –representante del complejo industrial/militar norteamericano- lo complementara con la Iniciativa Regional Andina, encaminada a la internacionalización de la guerra civil que desgarra a nuestro vecino norteño desde la muerte del caudillo popular Jorge Eliécer Gaytán en l948.
¿Cómo entender al Plan Colombia?
No se puede comprender objetivamente al aludido Plan al margen de premisas como las siguientes:
Primera. El relajamiento del dominio geopolítico estadounidense de América del Sur como consecuencia del retiro de la Base Howard de Panamá.
Segunda. La necesidad de dar continuidad a una estrategia orientada al control social y de los recursos naturales –particularmente el petróleo- de nuestros países. Si en tiempos de la Guerra Fría ese control se cumplió bajo la consigna de la “contención del comunismo”, después de l989 viene realizándose como una “cruzada contra las drogas” y, a partir del ll-S, como guerra al “narcoterrorismo” y la “narcoguerrilla”. Cabe destacar a este respecto que, conforme explica el propio Chomsky, los términos “comunista” o “terrorista” engloban a una amplia gama de disidentes del establecimiento: líderes campesinos y sindicales, organizaciones indígenas, activistas de los derechos humanos, religiosos, intelectuales no alineados, dirigentes políticos… En suma, a cualquier organización real o potencialmente crítica del “fascismo liberal” (Ignacio Ramonet).
Tercera. El Plan Colombia pretende extrapolar al área andina la experiencia de la Casa Blanca y el Pentágono en la “pacificación” de Centroamérica, que culminó con la participación de los comandantes guerrilleros en lides electorales ceñidas a las pautas de la democracia representativa. Lo cual, en la práctica, habría significado la renuncia a una democracia profunda.
Cuarta. El Plan pretende persuadir sobre la invencibilidad del poder militar de EE. UU. y la inevitabilidad del fundamentalismo liberal, así como sobre la futilidad de cualquier intento de cambio.
Adviértase que ninguna de las premisas señaladas se sustenta en una explicación de las raíces endógenas de los conflictos políticos de nuestras naciones.
Los ejes comunes del Plan Colombia y la Operación Libertad
Mutatis mutandis los elementos que hemos identificado como determinantes del Plan Colombia se puede encontrar detrás de la invasión al Iraq de Saddam Hussein. Basta precisar tres de ellos: control social, petróleo y reterritorialización de las respectivas áreas geográficas.
Para el caso específico de Iraq, estos objetivos estarían determinados por las urgencias de la Casa Blanca por mejorar las condiciones de competencia de la economía estadounidense frente a la Unión Europea, Japón y China mediante el control neocolonial de las reservas petrolíferas del Medio Oriente y el rompimiento de la OPEP.
Como podrá colegirse a la luz del Plan Colombia y la Operación Libertad, la vieja dialéctica destrucción/recreación mantiene su plena y ominosa vigencia.
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3. IMPACTO DICTRIBUTIVO DEL GASTO PÚBLICO VÍA SUBSIDIO DIRECTO A LA EDUCACIÓN Y SALUD BÁSICA EN EL ECUADOR, EN EL PERÍODO 1994-2001. Irma Verónica Garcés Fuentes. Abstract de Disertación de Grado.
Esta investigación se centra en el análisis del impacto distributivo generado por el gasto público mediante el cálculo del subsidio directo a los sectores de la educación y salud básica provistas por el estado ecuatoriano durante el periodo 1994-2001 como una herramienta importante dentro de la política social. Para el desarrollo de este trabajo se han planteado las siguientes preguntas:
¿ Cuál ha sido el comportamiento de los subsidios públicos directos en los sectores de la educación y salud básica en el Ecuador en el período 1994-2001?
¿ Cuál fue el efecto de éstos subsidios sobre la distribución del ingreso?
¿ Cómo se puede mejorar la organización de la educación y salud básica para lograr una mayor eficiencia en la entrega de los subsidios directos?
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