Responsabilidad del estado por la prestacion del servicio de salud precisión jurisprudencial / teoria de la falla presunta del servicio medico regla general y excepciones




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SALVAMENTO DE VOTO


 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD - Inexistencia / DAÑO ANTIJURÍDICO - Inexistencia / PERJUICIOS MORALES - Hermanos de 18 años / DIAGNOSTICO MEDICO - Caso de difícil diagnóstico

 

 

Me aparto de la decisión mayoritaria por lo siguiente: Si bien es cierto que según la jurisprudencia tradicional de la Corporación al caso se le aplica el régimen de responsabilidad por falla presunta, encuentro lo siguiente: A. El demandante probó el hecho del cual se beneficia con la inferencia legal, de presunción de falla, pero el demandado probó su diligencia y cuidado, al demostrar la atención que le prestó al paciente. Advierto que en la sentencia, de la cual discrepo no tuvo en cuenta dos hechos fundamentales. Uno relativo a que a pesar de la diligencia y cuidado, desplegado sobre el paciente, las condiciones particulares del cuerpo de éste eran de diagnóstico difícil (apéndice retrocecal), circunstancia no imputable a la Administración y Otro concerniente a que para concluir falla, sobre un punto científico técnico, acudió a citación de textos médicos, cuando se sabe que los puntos, científicos técnicos, son sólo de demostración pericial. ¿Son los textos médicos prueba técnica?. La prueba médico científica para efectos procesales requiere de una solicitud de prueba, del decreto de la pedida o de oficio por el juzgador, de la práctica con la participación de los sujetos procesales y del tiempo necesario para su contradicción. ¿Podrá entenderse probada una falla Administrativa científica o técnica con la referencia doctrinaria a textos médicos?. La parte demandante debió demostrar científicamente, mediante dictamen pericial o informe técnico, que el diagnóstico del paciente Durán Gómez era fácil, o que la enfermedad era curable. Y debió demostrarlo porque como el Estado probó diligencia y cuidado rompió la presunción de anomalía que pesaba en su contra. B. Los demandantes padecieron daño pero no se demostró que éste fue antijurídico. C. Se demostraron unas negligencias y falencias administrativas pero que no tienen relación de causalidad con la muerte de Javier Durán Gómez, a más, como ya se dijo, que éste no fue antijurídico. D. En el evento hipotético de que procediese la declaratoria de responsabilidad y de condena no comparto la afirmación de que no hay lugar a indemnización de perjuicios morales para hermanos mayores de 18 años porque no probaron otros hechos distintos al parentesco que dan lugar a la demostración del perjuicio moral. En los anteriores términos salvo el voto a la sentencia que precede.

 

Salvamento de Voto de la Doctora María Elena Giraldo Gómez


 

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION TERCERA

 

Consejero Ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ

 

Santa Fe de Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil (2000)

 

Radicación número: 11878

 

Actor: JOSUE REINALDO DURAN SERRANO

 

Demandados: Hospital Universitario Ramón González Valencia - Universidad Industrial De Santander “UIS

 

 

Salvamento de Voto de la Doctora María Elena Giraldo Gómez

 

 

  1. I.    Sentencia:

 

A consecuencia de que el proyecto que presenté a la Sala fue derrotado el expediente pasó al Magistrado que me sigue en turno.

 

En providencia presentada por el nuevo ponente, la Sala confirmó, mediante la sentencia de la referencia, en lo esencial, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 2 de febrero de 1996, que declaró responsables a la Universidad Industrial de Santander y al Hospital Universitario Ramón González Valencia de los perjuicios ocasionados con la muerte del joven Javier Durán Gómez. Modificó lo relativo a la condena por concepto de perjuicios morales.

 

Consideró que los demandados no utilizaron debidamente todos los medios que estaban a su alcance para esclarecer el diagnóstico de Javier Durán Gómez, lo que a su vez, impidió realizar oportunamente el tratamiento indicado, lo que produjo la muerte del joven estudiante.

 

II. Salvamento

 

Me aparto de la decisión mayoritaria por lo siguiente:

 

Si bien es cierto que según la jurisprudencia tradicional de la Corporación al caso se le aplica el régimen de responsabilidad por falla presunta, encuentro lo siguiente:

 

A. El demandante probó el hecho del cual se beneficia con la inferencia legal, de presunción de falla, pero el demandado probó su diligencia y cuidado, al demostrar la atención que le prestó al paciente.

 

Advierto que en la sentencia, de la cual discrepo no tuvo en cuenta dos hechos fundamentales.

 

Uno relativo a que a pesar de la diligencia y cuidado, desplegado sobre el paciente, las condiciones particulares del cuerpo de éste eran de diagnóstico difícil (apéndice retrocecal), circunstancia no imputable a la Administración y

 

Otro concerniente a que para concluir falla, sobre un punto científico técnico, acudió a citación de textos médicos, cuando se sabe que los puntos, científicos técnicos, son sólo de demostración pericial. ¿Son los textos médicos prueba técnica?.

 

La prueba médico científica para efectos procesales requiere de una solicitud de prueba, del decreto de la pedida o de oficio por el juzgador, de la práctica con la participación de los sujetos procesales y del tiempo necesario para su contradicción. ¿Podrá entenderse probada una falla Administrativa científica o técnica con la referencia doctrinaria a textos médicos?.

 

La parte demandante debió demostrar científicamente, mediante dictamen pericial o informe técnico, que el diagnóstico del paciente Durán Gómez era fácil, o que la enfermedad era curable. Y debió demostrarlo porque como el Estado probó diligencia y cuidado rompió la presunción de anomalía que pesaba en su contra.

 

  1. B. Los demandantes padecieron daño pero no se demostró que éste fue antijurídico.

 

C. Se demostraron unas negligencias y falencias administrativas pero que no tienen relación de causalidad con la muerte de Javier Durán Gómez, a más, como ya se dijo, que éste no fue antijurídico.

 

A continuación transcribo apartes del proyecto que presente a la Sala:

 

B. VALORACIÓN PROBATORIA:

 

En aplicación de los principios de la sana crítica la Sala concluye, que:

 

. Javier Durán Gómez fue atendido por consulta externa en la Sección de Bienestar Universitario de la Universidad Industrial de Santander; que luego ingresó a la sección de urgencias del Hospital Universitario Ramón González Valencia y por último fue hospitalizado en la Clínica Santa Teresa (pruebas 1, 10, 14).

 

. El paciente fue valorado en Bienestar Universitario de la UIS, por médicos graduados; y en el Hospital Universitario, por estudiantes de medicina en año de internado, por médicos graduados, médicos estudiantes de post grado y por médicos especialistas (pruebas 1, 2, 3, 4, 6, 10, 20, 21).

 

. A efectos de establecer la enfermedad de Javier Durán Gómez, los médicos de la Sección de Salud de la UIS y del Hospital Universitario ordenaron, practicaron y evaluaron medios de diagnósticos idóneos y eficaces; ésta calificación fue dada por expertos, médicos y autoridades públicas y en ejercicio de autoridades públicas (pruebas 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 23).

 

. Al paciente se le prescribió medicación sintomática. Los médicos utilizaron métodos de diagnóstico por descarte, ante la posibilidad de que la enfermedad consistiera en una hepatitis viral, hepatitis B o colecistocoledocolitiasis. (pruebas 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14).

 

. La sintomatología fue tan leve, incluso para el paciente, que no acudió al servicio de Bienestar Universitario de la UIS durante varios días, se desplazó libremente por el Hospital y recibió visitas de sus familiares por fuera del servicio de urgencias del Hospital (pruebas 3, 4, 16, 18, 20).

 

. Ante la ausencia de síntomas que hiciesen necesaria la utilización de medios invasivos de diagnóstico, laparoscopia y laparotomía, los médicos del Hospital Universitario descartaron inicialmente su práctica (pruebas 16 a 21, 22, 23, 26 y 27).

 

. Los parientes de Javier Durán Gómez resolvieron trasladarlo a la Clínica particular Santa Teresa de Bucaramanga (prueba 10).

 

. Por el agotamiento de los medios de diagnóstico indicados para tales síntomas, los médicos de la Clínica Santa Teresa dispusieron la práctica de medios invasivos de diagnóstico, los cuales revelaron una apendicitis retrocecal de varios días de evolución, que determinó una sepsis generalizada (pruebas 10 y 14).

 

. Javier Durán Gómez murió en la Clínica Santa Teresa como consecuencia de una apendicitis retrocecal - retroperitoneal que le produjo una sepsis generalizada (pruebas 14 y 15).

 

. La apendicitis retrocecal - retroperitoneal es de difícil diagnosticación porque los síntomas no revelan la enfermedad (pruebas 16 a 21, 22, 23, 25 y 27).

 

. El servicio médico prestado al paciente Durán Gómez en Bienestar Universitario de la UIS y en el Hospital Universitario, según dictámenes técnicos - particulares y públicos- fue adecuado, en consideración al caso de diagnóstico difícil, porque utilizaron recursos humanos idóneos y suficientes medios científicos y tecnológicos (pruebas 22, 23, 26 y 27).

 

Los médicos fueron coincidentes al afirmar que no es frecuente la posición retrocecal de la apéndice, que ésta ubicación impide la manifestación externa de los síntomas propios de una apendicitis, lo que conduce en la mayoría de los casos a un diagnóstico difícil.

 

Es por tanto necesario analizar este concepto, su incidencia en la calificación del daño y por ende, para establecer la presencia del primero de los elementos de la responsabilidad patrimonial.

 

C. PANORAMA SOBRE EL DIAGNÓSTICO DIFÍCIL.

 

 

Está debidamente acreditado en el plenario que Javier Durán Gómez padeció una enfermedad de difícil diagnosticación, cual fue la apendicitis retrocecal.

 

Diagnosticar, consiste en “determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos” (38[38]) y el diagnóstico, es la determinación de la enfermedad que padece una persona.

 

Por lo tanto, es mediante el examen de los signos o síntomas que se puede establecer el tipo de enfermedad.

 

En el caso concreto, se probó que las entidades demandadas examinaron los signos y síntomas que presentó Javier Durán Gómez a efectos de determinar la enfermedad; se utilizaron recursos humanos y técnicos idóneos para lograr un diagnóstico acertado, pese a lo cual no se logró.

 

Lo anterior significa que se presentó un diagnóstico difícil, objetivamente.

 

El diagnóstico difícil no siempre lo es desde el punto de vista objetivo; también puede serlo desde el punto de vista subjetivo.

 

El diagnóstico subjetivamente difícil puede tener distintas causas así: si quien presta el servicio médico no cuenta con los recursos humanos o materiales idóneos para realizar un diagnóstico que requiere de estos elementos, o a pesar de contar con tales recursos no los utiliza.

 

En cambio, la difícil diagnosticación objetiva se presenta cuando a pesar de la utilización oportuna y eficaz de los recursos materiales y humanos idóneos con que se cuenta para hacer el diagnóstico, éste no es el exacto.

 

La difícil diagnosticación subjetiva es consecuencia entonces de una falencia en la prestación del servicio médico, cosa que no ocurre en la difícil diagnosticación objetiva, puesto que el no acierto real o la falta de diagnóstico exacto, tiene su causa u origen en una dificultad del caso, ajeno a la capacidad profesional y a los elementos modernos o actuales de diagnosticación.

 

En otras palabras, en la difícil diagnosticación objetiva, la sintomatología del paciente evidencia otro diagnóstico, por lo tanto ¿cómo exigir a los médicos un diagnóstico acertado si es imposible llegar a él ? Bajo estas precisas circunstancias no se puede exigir lo imposible, más cuando en el caso que se examina la estructura orgánica natural del paciente es excepcional respecto de la generalidad de los seres humanos.

 

 

D. DAÑO ANTIJURÍDICO:

 

 

La Sala estudiará si ese elemento de la responsabilidad patrimonial se dio, a efecto de establecer si las entidades demandadas son o no responsables de la muerte de Javier Durán Gómez.

 

De acuerdo con la regulación Constitucional sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, es a partir del daño antijurídico que se estudia ésta.

 

El artículo 90 de esa Carta contiene el fundamento de la responsabilidad Estatal (39[39]). Establece en su primer inciso: “El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.”

 

Eso significa que el Estado debe reparar los daños y perjuicios que las personas no están obligadas a soportar por imperativo u otro vínculo jurídico, siempre que sean consecuencia de su acción o de su omisión.

 

Al respecto la Sala ha dicho:

 

“( ) La nueva norma constitucional basa la responsabilidad Estatal en el daño antijurídico, siendo éste el pilar de la estructura del nuevo régimen, sin que por ello, pueda entenderse que desaparece la responsabilidad por falla del servicio. En esta disposición se consagró la responsabilidad patrimonial del estado por el daño antijurídico que le sea imputable, causado por las autoridades, ya con una acción u omisión irregular o con el ejercicio legítimo de sus funciones. En principio, no juega el problema de la culpa, ya que la norma constitucional desplaza el problema de la antijuridicidad de la conducta de la persona administrativa (funcionamiento irregular del servicio público) y lo radica en la antijuridicidad del daño.”(40[40])

 

De lo anterior se concluye que los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado son los siguientes:

 

1. Que el daño sea antijurídico.

 

2. Que a la Autoridad Pública le sea imputable ese daño, por acción u omisión.

 

Sobre el daño antijurídico la Sala entiende, así lo ha expresado en su jurisprudencia, es la lesión de un interés legítimo que la víctima no está en el deber de soportar (41[41]).

 

Igualmente la jurisprudencia ha hecho las siguientes precisiones sobre los elementos de la responsabilidad patrimonial:

 

“Una cosa es la antijuridicidad del daño y otro es el criterio para definir la imputación. El daño es el efecto de una conducta (regular o irregular). La imputación es el elemento o vínculo que permite evidenciar la relación causal entre ese daño y el sujeto que lo produce, prescindiendo en esa relación de la calificación de la ilegalidad de la conducta de un funcionario determinado o del servicio objetivamente considerado” (42[42]).

 

La antijuridicidad del daño puede estar o no ligada con una conducta Estatal, es decir le es o no imputable; en este primer evento no interesa si la conducta Estatal es o no lícita, porque lo que interesa es que el resultado del hecho dañador sea antijurídico respecto de la víctima.

 

 
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