Responsabilidad del estado por la prestacion del servicio de salud precisión jurisprudencial / teoria de la falla presunta del servicio medico regla general y excepciones




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E. CASO CONCRETO:

 

Quedó demostrado judicialmente que el joven Javier Durán Gómez murió a consecuencia de una apendicitis retrocecal de varios días de evolución, que no fue diagnosticada por las Entidades Públicas demandadas.

 

La falta de dicho diagnóstico se originó por la posición atípica de la apéndice en el paciente, posición retrocecal, y la sintomatología disfrazada de esta enfermedad.

 

Por lo tanto el daño demandado, muerte del paciente Javier, no es antijurídico; no se presentó por falta de atención, atención indebida, ignorancia o descuido en la prestación del servicio médico, como lo asegura la demanda.

 

La muerte no se dio, como lo dice el libelo demandatorio, porque las historias clínicas no fueron suscritas por todos los que participaron en la atención del paciente, o porque fue atendido a su ingreso al hospital por médicos internos, o porque se le dejaron de practicar exámenes.

 

La muerte se produjo por la difícil diagnosticación objetiva, reconocida por los especialistas, que imposibilitó detectar, hacer visible, la verdadera naturaleza del estado del paciente que condujera al tratamiento recíproco o exacto.

 

Esa es la conclusión científica a la que llegaron el comité de auditoría del Hospital, el Tribunal de Etica Médica, la Superintendencia Nacional de Salud. Seccional Santander y el Instituto Nacional de Medicina legal, Seccional Nor oriente.

 

Y aunque es cierto que la Procuraduría Departamental adelantó proceso disciplinario contra el personal administrativo y médico del la UIS y del HURGV, que culminó con la suspensión temporal del cargo de algunos médicos que tuvieron participación en el tratamiento dado a Javier Durán Gómez, tal definición no influye en la decisión que se adoptará en esta jurisdicción, toda vez que la evaluación que adelantó el Ministerio Público se relacionó con el comportamiento de los investigados frente a las normas legales que reglan sus deberes, obligaciones y prohibiciones, y no con la responsabilidad patrimonial que le cabría al Estado por el suceso de muerte de Javier Durán.

 

Del análisis de las pruebas y de la interpretación sistemática y de comunidad de los hechos probados, concluye la Sala que la naturaleza del organismo del joven tenía estructuras orgánicas diferentes a la generalidad de los seres humanos - apéndice retrocecal - y por lo tanto al presentar manifestaciones diferentes, de apariencia de otro tipo de enfermedades, condujo a los diagnósticos que su apariencia o manifestación se evidenciaban y los tratamientos que estos sugerían. La falta del tratamiento adecuado por parte de las Entidades Demandadas tiene origen, como ya se dijo, en la particular estructura del cuerpo de la víctima, que acarreó una imposible cierta diagnosticación, objetivamente.

 

No valieron los esfuerzos desarrollados por los profesionales, con diligencia y cuidado, que evaluaron y trataron a Javier Durán Gómez para llegar al diagnóstico acertado.

 

No se demostró en el proceso que la causa de la muerte hubiese consistido en la falta de utilización de unos instrumentos de diagnóstico técnico o humano conducentes.

 

En el informe técnico de Medicina Legal, los expertos encontraron adecuado el tratamiento médico brindado al paciente por parte de las entidades demandadas; calificaron el caso como de “difícil diagnóstico”, a pesar de que echaron de menos la práctica de una evaluación física al paciente cuando acudió por segunda vez al bienestar universitario de la UIS (el 24 de septiembre) y la práctica de todos los exámenes de laboratorio que fueron ordenados.

 

La Superintendencia de Salud no halló mérito para abrir investigación contra las entidades demandadas, encontró que el desenlace fatal tuvo por causa en el diagnóstico difícil.

 

El Tribunal de Etica Médica, luego de evaluar la historia clínica y las declaraciones de los médicos tratantes, consideró que el tratamiento dado al paciente fue el adecuado para el caso, de difícil diagnóstico, y que la conducta de los profesionales no se tipificó en violación a las disposiciones del código de ética médica.

 

Los informes señalados, fueron determinantes para la Sala al hacer la valoración de la prueba; provienen de expertos y peritos en la ciencia médica y contienen análisis científicos serios y motivados.

 

Por tratarse de un tema científico y ajeno a la ciencia del juzgador, la Sala aplica para resolver la prueba que proviene de expertos científicos en el tema, arte que no domina, que no fue contraprobada.

 

Esa ha sido la postura de la Sala en anteriores oportunidades:

 

“La Sala considera de interés reiterar su orientación jurisprudencial en el sentido de que en casos como el presente ella no puede dejar de lado lo expuesto por los expertos en la ciencia de la medicina, ora a través de sus testimonios, ora por conducto de los auxiliares de la justicia, al servicio del Instituto de Medicina legal, para darle entrada al mundo de la conjetura, que suelen manejar, con especial rigor, los interesados en el proceso, y quienes no son científicos de la misma.

 

Asuntos tan delicados como el que se deja analizado tampoco se deja manejar con la filosofía, que a veces suele invocarse, cuando se predica: “Tengo la íntima convicción de que el médico se equivocó, 'Tengo la impresión de que el profesional de la medicina no hizo bien las cosas', pues al juez no le es posible fallar sino a la luz de lo alegado y probado. Por ello no puede aceptar 'Errores de diagnóstico' o 'Errores Quirúrgicos', donde la prueba científica no aparece”. (43[43])

 

El difícil diagnóstico objetivo, como quedó explicado, excluye valoraciones subjetivas sobre el comportamiento de la demandada, pues proviene de causas orgánicas e inmodificables y no de omisiones o falencias en la prestación del servicio médico.

 

El difícil diagnóstico hace que el daño, que consistió en la muerte de Javier Durán Gómez, no pueda calificarse de antijurídico debido a que se presentó por causas ajenas a la acción u omisión de las personas jurídicas públicas demandadas.

 

Y, como lo reconoce la doctrina (44[44]), estamos en uno de esos eventos en los cuales no se declara la responsabilidad patrimonial a pesar de que existe un daño, pero que debe ser soportado por quien lo sufrió al no ser “no antijurídico”.

 

Lo anterior conduce a revocar el fallo apelado y en consecuencia a denegar la pretensión de responsabilidad patrimonial.

 

La conclusión del Tribunal no fue acertada porque fue en contra de dictámenes de expertos que concluyeron que los demandados actuaron bien frente a una caso de real diagnosticación difícil, materia que no es del conocimiento del juzgador; el material probatorio indicaba que el hecho, de muerte de Javier Durán, imputado a los demandados no originaba su responsabilidad” .

 

D. En el evento hipotético de que procediese la declaratoria de responsabilidad y de condena no comparto la afirmación de que no hay lugar a indemnización de perjuicios morales para hermanos mayores de 18 años porque no probaron otros hechos distintos al parentesco que dan lugar a la demostración del perjuicio moral.

 

Respecto de la presunción del perjuicio moral la Sala en reciente providencia precisó:

 

La Sala Plena de la Corporación ha expresado en varias oportunidades el criterio según el cual, sin desconocer el dolor que causa la pérdida de un ser querido, los perjuicios morales subjetivos no se presumen en todos los casos; solo se acepta esa presunción tratándose de padre e hijos y cónyuges entre sí, pero en relación con los hermanos mayores se requiere la demostración plena de la relación afectiva que existía entre estos y la víctima45[45].

 

Sin embargo, la Sección Tercera a partir de la sentencia del 17 de julio de 1992, la sostenido que respecto de los hermanos de la víctima existe en su favor la presunción del perjuicio moral, pues resultaba injusto aceptarla, en unos casos, con fundamento en el vinculo familiar y exigir, para otros, una prueba especifica de lazos afectivos.

Luego, la Sala dijo que la presunción del daño moral operaba respecto de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, pero, si no se demostraba el parentesco y la legitimación se sustentaba en la condición de damnificado del demandante, éste tenía la carga de demostrarlo.46[46]

 

En el presente proceso, los demandantes (madre y hermanos del occiso), solicitan el reconocimiento de perjuicios morales, ocasionados por la muerte de LUIS FERNANDO RINCON RAMIREZ, daños que se encuadran dentro de la noción de daño antijurídico antes descrita y, por lo tanto, podrían ser objeto de indemnización siempre y cuando se demuestre su imputación a las entidades públicas demandadas.

 

Siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Sala, en el caso sub judice se presumen el dolor y la aflicción que padecieron los demandantes ante la gravedad de los hechos producidos consistentes en la detención arbitraria, maltrato físico y moral y posterior muerte de que fue víctima su pariente; presunción que no fue desvirtuada por la entidad demandada.”47[47]

 

En los anteriores términos salvo el voto a la sentencia que precede.

 

 

 

MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ

Consejera de Estado

 

 

 

Fecha ut supra


1[1] Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 24 de octubre de 1990. M.P. Gustavo De Greiff Restrepo. Expediente 5902. Actora: María Helena Ayala de Pulido.

2[2] Expediente 6897.

3[3] De esta evolución da cuenta el fallo expedido por la misma Corporación el 24 de agosto de 1992. Expediente 6754. Actor Henry Enrique Saltarín Monroy.

4[4] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Tomo I, XXI edición, Madrid, 1992, p.p. 148, 42, 216.

5[5] BEAL, John M. Abdomen Agudo. En Sabisnston, David C. Tratado de Patología Quirúrgica de Davis - Christopher, Tomo 1, Nueva editorial interamericana, SA de CV, 10ª edic., México, 1977, pp. 747, 751.

6[6] FERRADA D., Ricardo. Urgencia Quirúrgica. Editores Echavarría, Ferrada y Kestenberg. Reimpresión corregida de la segunda edición, marzo de 1993, p. 49.

7[7] De acuerdo con las anotaciones de la historia clínica y con testimonios de algunos médicos que lo trataron, el apéndice de Javier Durán se encontraba en posición retrocecal alta, esto es, detrás del ciego y colon ascendente.

8[8] Ver BEAL, John M., op. cit., pp. 756 a 762.

9[9] FERRADA D., Ricardo. Op. cit., p. 63.

10[10] CONDON, Robert E. Apendicitis. En Sabinston, David C. op. cit., p. 877.

11[11] Op. cit., p. 64.

12[12] Op. cit., pp. 57, 58.

13[13] VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto. Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina. Biblioteca Jurídica Diké, 1ª edición colombiana, Medellín, 1993, pp. 78, 79.

14[14] ATAZ LÓPEZ, Joaquín. Los médicos y la responsabilidad, Edit. Montecorvo, Madrid, 1985, p.p. 307, 308. Citado por VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto. Op. cit., p. 94.

15[15] Ver FERRADA D., Ricardo. Op. cit., pp. 55, 63.

16[16] Ibid. p. 63.

17[17] Op. cit., p. 166.

18[18] Op. cit., p. 168.

19[19] Ver FERRADA D. Ricardo. Op. cit., p. 65.

20[20] Ver SCHWARTZ, Seymour I. Apéndice. En SCHWARTZ y otros. Principios de Cirugía. McGraw-Hill Interamericana editores, 6ª de, México, 1994. P. 1355.

21[21] Op. cit., p. 880.

22[22] CONDON, Robert E. Op. cit., p. 880.

23[23] Merck Sharp & Dohme International. El Manual Merck de diagnóstico y terapéutica. Nueva editorial interamericana, SA de CV., 7ª. Edic., México, D.F., 1986., p. 685.

24[24] Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Tomo I, XXI edición, Madrid, 1992, p.1112.

25[25] Op. cit., p. 1349.

26[26] Ver FERRADA D., Ricardo. Op. cit., p. 63; SCHWARTZ, seymour. Op. cit., p. 1399; CONDON, Robert E., Op. cit., p. 880.

27[27] RYCKMANS y MEERT-VAN DE PUT. Le droits et les obligations des medicins, Bruselas, 1971, p. 175. Citado por VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto. Op. cit., p.p. 224, 225.

28[28] VÁSZQUEZ FERREYRA, Roberto. Op. cit., p. 100.

29[29] Expediente 10463. M.p. Ricardo Hoyos Duque. Actora Olga Lucía Camacho Díaz.

30[30] Op. cit., p. 87.

31[31] Op. cit., p. 91.

32[32] Op. cit., p. 891.

33[33] Ver VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto. Op. cit. P.p. 96, 97.

34[34] Al respecto, ver BUERES, Alberto J. Responsabilidad civil de los médicos 1. Edit. Hammurabi, 2ª edición, Buenos Aires, 1994. P.p. 331 a 443.

35[35] Ver, al respecto, BUERES, Alberto J. Op. cit., pie de página No. 73, p. 338.

36[36] Ver, entre otras, sentencia proferida por la Sección III el 11 de noviembre de 1999. Expediente 11499. Actor Tito Ortiz Serrano y otros.

37[37] Ver, al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección I, sentencia del 27 de octubre de 1975. Expediente 2211, actor: Gilberto Cardozo. M.P. Humberto Mora Osejo.

38[38] Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, vigésima primera edición, Madrid 1992.

39[39] “Un importante avance en el derecho colombiano como que por primera vez en forma expresa se contempla en la Constitución la responsabilidad del estado” Sentencia de 2 de marzo de l993, Actor: Nancy Amparo Ramírez. Exp. No. 7429 Carlos Betancur Jaramillo.

40[40] Sentencia del 30 de julio de l992. Actor Ninfa Viuda de Celis. Exp. No. 6491; Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

41[41] Posición reiterada de la Sala: Sentencias en los procesos Nos: 8163, proferida en el 13 de julio de 1993 y 11.213, dictada el 13 de febrero de 1996, en las cuales fue ponente el Consejero Juan de Dios Montes Hernández.

 

42[42] Sentencia proferida el día 12 de julio de l993, Exp. No. 7622, Ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

 

43[43] Sentencia proferida en el proceso No. 9.851 el día 15 de diciembre de 1994. Consejero Ponente: Dr.Julio Cesar Uribe Acosta.

44[44] “se considera que el daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, pero cuya sola presencia no convierte, de suyo, a quien los sufre en acreedor de una indemnización.” Henao Pérez, Juan Carlos. El daño. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 1998. Pág. 38.

45[45] Se puede consultar las siguientes sentencias: de noviembre 5 de 1997, Exp. S-259; de marzo 25 de 1993, Exp. S-064; de mayo 18 de 1990, Exp. S-121.

 

46[46] Cf. Sentencias de julio 17 de 1992 y de noviembre 4 de 1993.

47[47] Sentencia 11457 proferida el día 3 de febrero de 2000, MP: Alier Hernández E.
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