Programa primera parte




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g) El negocio médico es civil es una profesión liberal (competencia caso clínicas).

h) El contrato es de forma libre o no formal (contratos de adhesión cláusulas abusivas jurisprudencia: Hacerlas declarar nulas o ineficaces, todo en aras de la lealtad en la relación contractual. a) Las que desnaturalizan la esencia de las obligaciones o limitan el alcance de la responsabilidad civil; b) Las que contienen implícita o explícitamente renuncia o restricción al ejercicio de derechos legítimos, legalmente protegidos y garantizados por las Leyes, como bien sería el caso de cláusulas contentivas de prorrogación de competencia; c) Las que imponen la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. La pauta por antonomasia para la comprobación y el establecimiento del desequilibrio contractual en la adhesión, manda que se la aprecie tomando en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios envueltos en el contrato, y verificando, además, todas las circunstancias que confluyan al momento de la celebración del mismo (Directiva 93.13 de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea).

OBLIGACIONES DE MEDIOS O DE RESULTADO

No han faltado quienes han hecho críticas a esta diferencia, pero en la actualidad no la hay, sobre todo cuando se trata de juzgar la responsabilidad profesional de los médicos.

Algunos autores han sostenido que se trata de un criterio clasificatorio que nació en Francia pero que hace más de cincuenta años que ha perdido eficacia jurídica. No cabe que haya problema alguno si se tiene en cuenta que los principales tribunales europeos en forma constante recurren a esta clasificación cuando se trata de juzgar la conducta de los médicos. La jurisprudencia dominicana es constante en sostener que en el caso de los médicos, la prestación comprometida es de medios.

Así por ejemplo se ha dicho que “al prestar asistencia médica a un paciente, el profesional asume una obligación de medios y no de resultados, es decir, que su obligación consiste en poner al servicio del paciente el caudal de conocimientos científicos que el título acredita y prestarle la diligente asistencia que su estado requiere”

En algunas especialidades se ha puesto en duda la naturaleza de la prestación que asume el profesional. Así por ejemplo en materia de cirugía plástica. Se sostiene que los cirujanos plásticos asumen obligaciones de resultado pues de lo contrario el paciente no asumiría el riesgo de la intervención.

Muchos autores consideran, que en todos los casos los profesionales médicos asumen obligaciones de medios pues el riesgo propio de todo acto médico siempre está presente. Ello sin perjuicio de que en determinados casos sea más fácil probar la culpa profesional o que la extensión del consentimiento informado sea más amplia.

LA CULPA MÉDICA

Durante algún tiempo se sostuvo que los médicos sólo respondían frente a una falta grave. Frente a esa postura y como reacción, otros autores comenzaron a sostener que la más mínima negligencia compromete el accionar de estos profesionales.

En la actualidad, y conforme la más calificada doctrina y jurisprudencia no se habla de una culpa profesional como algo distinto de la culpa en general. Por lo tanto, la protección del profesional ya no pasa por la exigencia de una falta grave sino por la efectiva constatación de su culpa, cualquiera sea su entidad, aunque también descartando una culpa intrascendente.

En muchas ocasiones la jurisprudencia en derecho comparado ha sostenido que no cabe distinguir la llamada culpa profesional de la culpa común. Así por ejemplo se ha sostenido que “en lo referente a la individualización –o apreciación – de la culpa de los médicos, no es dable distinguir una culpa profesional (transgresión de las reglas de orden científico trazadas por el arte médico) de otra supuesta categoría identificada como culpa común (los actes de soin o de fonctionnement (actos de cuidado y funcionamiento de cierta doctrina francesa). Por consiguiente, la culpa de los médicos está gobernada por las reglas generales orientadoras de la especie; el juez deberá por vía de disposición general y reglamentaria conforme al Artículo 5 del Código Civil dominicano.

Están contestes los doctrinarios en esta materia que: “La culpa profesional es la culpa común o corriente emanada, en lo esencial, del contenido de las obligaciones puestas a cargo de los médicos”. La obligación hay que verla in abstracto que será variable y flexible, y corresponderá al obrar de un profesional prudente y diligente de la categoría o clase a la cual pertenezca el deudor en el caso concreto, que es el mismo concepto de buen padre de familia que establece el Código Civil dominicano”.

Sentencia Tribunal argentino sobre Responsabilidad civil de los psicólogos: rechazo de la demanda por suicidio del paciente. Septiembre - Octubre 2009. A continuación transcribimos los aspectos salientes de un reciente e importante pronunciamiento judicial, emitido por la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de Junín, provincia de Buenos Aires:

“Para determinar la culpa profesional, deben valorarse la naturaleza de la prestación comprometida y las concretas circunstancias de personas, tiempo y lugar, de acuerdo a lo establecido en los arts. 512, 902 y 909 del Código Civil; debiendo analizarse la actuación cuestionada mediante el cotejo con un parámetro abstracto de comparación, conformado por el obrar de un profesional prudente y diligente de la actividad desarrollada por el deudor…

Caracterizada la responsabilidad debatida en autos como extracontractual y de tipo subjetivo, fundada en la culpa de ambos profesionales accionados, corresponde evaluar la actuación de cada uno de ellos, a la luz del abundante material probatorio colectado tanto en la presente causa como en la Investigación Penal Preparatoria acollarada, para determinar si ha existido negligencia, imprudencia o impericia de su parte…

Entre ellas, merece destacarse que el modo de superar el malestar del paciente no se persigue a través de la búsqueda directa de su bienestar, sino que éste debería llegar por añadidura con la correcta implementación de la terapia, superándose los síntomas de manera indirecta, a medida que se trabaja sobre los mismos. Este logro se alcanza con el cambio de la posición subjetiva del analizante, en cómo se implica en su vida esa verdad que estaba rechazada y mostrada en el síntoma, en las inhibiciones, angustia. Se trata de que, análisis mediante, sepa hacer otra cosa con aquello mismo que da lugar al padecimiento. Ello deja a las claras la diferencia del psicoanálisis con otros tratamientos, cuyo objetivo es la desaparición de los síntomas (conf. Mauricio L. Mizrahi y Juan M. Rubio, "Responsabilidad Civil de los Psicoanalistas", publicado en "Responsabilidad Civil y Seguros", Tomo 2007, pág. 184). Otra de las particularidades de la técnica analítica es que en ella no se trabaja con un diagnóstico previo, sino que éste resulta posible al final del tratamiento, o en todo caso, se va esbozando durante su desarrollo (conf. Mauricio L. Mizrahi y Juan M. Rubio, obra citada, págs. 185 y 190; y Alfredo J. Kraut, "Profesionales de la salud mental y responsabilidad jurídica", publicado en "Revista de Derecho de Daños", vol. 2003-3 "Responsabilidad de los profesionales de la salud", pág. 411). También merece destacarse que en este tipo de terapia no pueden realizarse estimaciones acerca de la duración del tratamiento, en virtud de lo que se ha denominado la atemporalidad de los procesos inconcientes, en cuya exploración se basa la terapia (conf. Mauricio L. Mizrahi y Juan M. Rubio, obra citada, pág. 185). Entonces, atento a las indicadas características de la terapia psicoanalítica y considerando la extensión temporal que llevaba la misma, entiendo que no puede endilgársele a la demandada un error de diagnóstico, puesto que el mismo partiendo de una hipótesis inicial (diagnóstico presuntivo), se hubiera ido delineando con mayor firmeza a lo largo del tratamiento. Tampoco encuentro ningún elemento que permita calificar como demorada la interconsulta sugerida con un psiquiatra…

Con respecto a la falta de diligencia achacada a la demandada por no haber detectado la peligrosidad para sí misma de la paciente, cabe resaltar que la clave para evaluar su conducta profesional pasa por dilucidar si, empleando el debido cuidado y previsión, hubiera podido detectar la conducta suicida de la paciente, y en consecuencia, adoptar alguna medida de seguridad. El perito psiquiatra Gustavo A. Villafañe sostiene que no existieron antecedentes de ideación suicida, explicando que la misma no surge de la documentación médica o psicológica, ni tampoco de las declaraciones de su pareja, amigos y compañeros de trabajo…

Resulta improcedente responsabilizar a un psicólogo por el suicidio de un paciente que, pocos meses antes, había comenzado una terapia psicoanalítica, pues las características y corta duración del tratamiento implementado así como la falta de exteriorización por el paciente de su intención suicida, la cual no puede derivarse de la angustia detectada en el curso de la última sesión, impiden tener por acreditada la culpa del profesional demandado…

Como corolario de la evaluación de todo este material probatorio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 384 CPC.), concluyo en que no puede tenerse por probada la culpa de la psicóloga demandada.

Llego a esta conclusión, haciendo hincapié en que no encuentro motivos válidos para apartarme del peritaje psicológico practicado en autos, por estar fundado el mismo en principios propios de la especialidad de la perito, ajenos al conocimiento de los operadores jurídicos (art. 474 CPC.), y también en que los testigos cuyas declaraciones fueron analizadas tienen un peso especial, puesto que la psicóloga C., asistió terapéuticamente a M. P. con anterioridad, y los restantes, tenían con ella una relación afectiva muy cercana (art. 456 CPC.). Sobre esta base, teniendo en cuenta las especiales características del tratamiento implementado y las particulares circunstancias de la paciente, que no manifestó en modo alguno ideación suicida, la que tampoco puede darse por exteriorizada simplemente con la angustia detectada en el curso de la última sesión; opino que el suicidio de M. P. no era previsible para M. E. G., ni siquiera poniendo toda la diligencia, cuidados y conocimientos exigibles a un buen psicoanalista (arts. 512 y 902 C. Civil). Y no habiendo culpa, no existe factor de atribución, por lo que se impone el rechazo de la pretensión (art. 1109 C. Civil)…

No se erigen en obstáculo para esta conclusión, la falta de acompañamiento de la historia clínica de la paciente, cuya exigibilidad a los psicoanalistas es discutida, precisamente por las características de la terapia; ni tampoco algunas de las opiniones vertidas en su dictamen por la perito psiquiatra Azucena M. Domínguez, ni lo expuesto por el perito interviniente en la Investigación Penal Preparatoria, Miguel A. Maldonado. Con respecto a la historia clínica, Alfredo J. Kraut, en la obra anteriormente citada, transcribe parcialmente un fallo de la Sala A de la Cámara Nacional Civil en el que se resolvió "...que en la especialidad del psicoanálisis, no sólo no es obligatorio, sino ni siquiera habitual, que el profesional lleve una historia escrita referente a la enfermedad, evolución y tratamiento del paciente...". De cualquier manera, aunque se considerara exigible a los psicoanalistas la confección de las historias clínicas de sus pacientes, la falta de su presentación constituiría sólo un indicio que, aisladamente considerado, no puede engendrar una presunción de culpa profesional (art. 163 inc. 5º CPC.)…

Pasando al tratamiento de los agravios referidos al rechazo de la pretensión deducida contra M. P. J., adelanto que los mismos no pueden prosperar, puesto que no ha quedado probada la culpa que los actores le endilgan…

Los criterios para la derivación del paciente por parte del médico de familia al especialista en psiquiatría, según el perito Villafañe, son: falta de mejoría luego de 8 semanas de tratamiento en dosis adecuadas; pacientes que tengan contraindicados antidepresivos; pacientes con delirios, alucinaciones o estupor depresivo; y pacientes que presenten riesgo de suicidio. En similares términos se expiden la perito Domínguez, los peritos Virgini y Castillo, coincidiendo también sobre el punto, los informes emitidos por la Asociación Argentina de Medicina Familiar. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se verificaron, ya que, por un lado, no hubo tiempo para evaluar la respuesta de M. P. al tratamiento indicado por el Dr. J.; por otro lado, con la prueba pericial y testimonial ha quedado descartado que la misma padeciera alucinaciones, episodios maníaco-depresivos o estupor depresivo (caracterizado por el mutismo o inexpresión del paciente, según informa la A.A.M.F. a fs. 609 punto e); y finalmente, como sostuve con anterioridad, M. P. no exteriorizó ideación suicida. Además de todas estas circunstancias que doy por acreditadas, no se puede pasar por alto que M. P. se suicidó sólo dos días después de ser atendida por el Dr. J., lo que abortó toda posibilidad de interacción o coordinación entre éste y la psicóloga codemandada. Tampoco puede tener éxito la impugnación dirigida contra el modo de confección de la historia clínica acompañada por el médico demandado, ya que las anotaciones allí registradas responden a la actuación desplegada por el mismo, no observándose en ella irregularidades generadoras de presunción de culpa galénica…

En síntesis, como lo adelanté, no encuentro probada la imprudencia, impericia o negligencia en el obrar profesional del médico accionado; por lo que, al no existir culpa de su parte, el rechazo de la pretensión deducida en su contra se impone, por falta de factor de atribución (art. 512, 902 y 1109 C. Civil). Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo desestimar el recurso de apelación en tratamiento, confirmando la sentencia impugnada (arts. 512, 902, 909 y 1109 C. Civil), con costas de Alzada a los apelantes (art. 68 CPC.)”.

En cuanto al modelo de comparación, Bueres tiene dicho que “en rigor el modelo único a concretar con arreglo a las circunstancias es el correspondiente al médico diligente, prudente, al buen profesional del ramo. Este último modelo, por fortuna, es el que adoptó la totalidad de la doctrina local en las diversas jornadas y congresos que se ocuparon del tema”.

En definitiva, se trata de la culpa común debiendo descartarse modelos extremos que beneficien o perjudiquen a los profesionales del arte de curar. Debe tenerse en cuenta que al profesional médico le es exigible todo el conjunto de curas y atenciones que un buen profesional debe prestar con arreglo al nivel actual de la investigación.

Con relación a esto último, en la doctrina Belga, se indica que la obligación que incumbe al médico implica su recurso a los medios que la ciencia pone a disposición en el día de la prestación o a los que un médico de determinada categoría debe normalmente conocer, habiendo resuelto la Corte de Apelación de Bruselas que si el médico tiene la obligación de estar al corriente de los nuevos tratamientos en su especialidad a través del estudio de las publicaciones científicas correspondientes, se concibe que está obligado cuando dichos tratamientos han sido debidamente experimentados y no cuando no hay unas pruebas suficientes para imponer su aplicación.

En cuanto al análisis de las conductas, diagnósticos y eventuales tratamientos o intervenciones, no pueden sino efectuarse de manera retrospectiva, es decir, valorando las conductas de conformidad a las circunstancias de tiempo y lugar.

“Bajo esta perspectiva –tal como lo destacara mi distinguida colega doctora Highton- a efectos de evaluar la situación de cada una de las responsabilidades, debe colocarse el juez en la situación de las partes en el momento en que los hechos ocurrían, pues la mirada restrospectiva de todo lo que pudo haberse hecho no ayuda a resolver la temática. Deben colocarse el abogado y el juez en el lugar y tiempo en que el médico actuó y preguntarse si éste lo hizo por uno de los caminos posibles, si fue aceptable la conducta médica en el marco de la circunstancias que rodeaban al caso en esa oportunidad concreta, etc. Pues es fácil el análisis es post facto, sabiendo ahora lo que tenía la paciente y la gravedad de su cuadro ante el hecho cierto de su fallecimiento”







SENTENCIA DEL 1RO. DE ABRIL DE 2009, NÚM. 4 Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 5 de agosto de 2008.
Materia: Civil.


Recurrente: Máximo Paredes Rodríguez.

Abogados: Licdos. Rosa Elba Lora y Carlos S. Silva.

Interviniente: José Francisco Taveras.

LAS CÁMARAS REUNIDAS

Audiencia pública del 1 de abril de 2009.

Preside: Jorge A. Subero Isa.

Considerando, que en las obligaciones de medios o de prudencia y diligencia, como es la del médico, el deudor se compromete a realizar una actividad, independientemente de la consecución posterior de un determinado, concreto y tangible logro;

Considerando, que es de principio que el ejercicio legítimo de la medicina es idóneo y competente en el ramo de que se trate, correspondiendo al paciente establecer la responsabilidad del médico, probando que se quebrantaron las reglas que gobiernan la diligencia y el cuidado debido, esto es, su falta, la que en consecuencia no se presume;

Considerando, que en el país de origen de nuestra legislación, la tradicional jurisprudencia se pronuncia en el sentido de que fuera de la negligencia o de la imprudencia que todo hombre puede cometer, el médico no responde sino cuando, en consonancia con el estado de la ciencia o de acuerdo con las reglas consagradas por la práctica de su arte, tuvo la imprudencia, la falta de atención o la negligencia que le son imputables y que revelan un desconocimiento cierto de sus deberes;


Considerando, que el elemento fundamental tomado en consideración por la Corte a-qua para condenar a los recurrentes se encuentra en la afirmación que ella hace en el sentido que: “En ese orden de ideas se colige que la responsabilidad civil de los médicos actuantes quedó comprometida, pues cometieron una falta, consistente en el no cumplimiento del protocolo médico, provocaron un daño consistente en la muerte de la paciente y si bien la falta no fue la causa directa del daño, esta Corte infiere que la falta provocó el daño, pues los análisis previos como manda el protocolo médico tienen por finalidad eliminar las probabilidades de consecuencias fatales y al no hacerse se presume que esa negligencia médica provocó el daño que se quiso evitar si no se hubiera cometido la misma”;

Considerando, que, como se observa, dicha Corte recurre al campo de las hipótesis, presumiendo una negligencia médica que según ella provocó la muerte, olvidando la misma, por un lado, que en la especie lo que se estaba juzgando era una omisión, no una acción, y por otro lado, que la responsabilidad del médico no es limitada ni motivada por cualquier causa sino que exige no sólo la certidumbre de la culpa del médico sino también gravedad;

Considerando, que la Corte a-qua estaba en el deber no solamente de establecer que no se practicaron los análisis pre-operatorios, sino también determinar las consecuencias directas e inmediatas derivadas de la no realización de tales análisis, lo cual no hizo, lo que impide a las Cámaras Reunidas establecer el vínculo de causalidad entre esa omisión y el daño causado; por tales razones la sentencia impugnada debe ser casada;

Considerando, que por otra parte, al condenar solidariamente a los Dres. Ana María María Marte y Máximo Paredes Rodríguez, la referida Corte debió determinar cuál era el grado de responsabilidad de los médicos, pues uno actuó como ginecólogo y el otro en su calidad de anestesiólogo, lo cual no hizo; por tales razones la sentencia impugnada debe ser casada;

Fecha 12/08/98 Materia Civil Recurrente Dr. Ángel Frank Báez Féliz. Abogado (s) Lic. Eliseo Romeo Pérez y Juan Proscopio Pérez. Recurrido Fior Emilia Luna Abogado Dr. Barón Segundo Sánchez Añil

Considerando, que un examen de la sentencia impugnada muestra que contrariamente a las violaciones de las disposiciones legales citadas, la Corte a-qua procedió a la comprobación, mediante las pruebas aportadas, consistentes en documentos, declaraciones de testigos y de partes en litis, de los elementos constitutivos de la culpabilidad del recurrente, y de donde se deriva su responsabilidad civil; que al efecto, la Corte a-qua expresa lo siguiente: que "en fecha 14 de septiembre de 1990, día sábado, fue conducida por sus padres, en estado de embarazo, con fuertes dolores abdominales, a la Clínica Dr. Báez Féliz ... la señora Fior Emilia Díaz Núñez quien fue atendida y le prestó sus servicios médicos el Doctor Frank Báez Féliz ... y quien ese mismo día procedió a practicarle un curetaje o intervención quirúrgica" en razón de que dicha señora presentaba síntomas de aborto inevitable, quedando la misma internada por espacio de dos días; que dicho médico dio de alta a su paciente el lunes siguiente a dicha operación; "que transcurridas 24 horas después de haber estado en su casa tuvo de nuevo que regresar a dicha clínica" debido a que su estado de salud se agravó presentando "nuevos y fuertes dolores en el vientre, vómitos, diarrea, e inflamación del vientre y fiebre por encima de 40 grados a consecuencia de la mala práctica de su profesión de médico, al haberle practicado un aborto terapéutico incompleto"; que en vista de que su estado de salud se fue agravando, el recurrente, mediante comunicación de su puño y letra, en fecha 19 de julio de 1990, remitió su paciente al Centro Médico (UCE) en Santo Domingo, la que "tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de nuevo", por los doctores Rafael Nazario Lora y Olga Rodríguez de Silvestre a fines de poder salvarle su vida y restablecerse su salud ..."; que sigue expresando la sentencia recurrida, circunstancia que figura en "constancia médica expedida según la cual, a la llegada de la paciente al indicado Centro Médico se le diagnosticó "un absceso intra-abdominal y una peritonitis a causa de la rotura interna, fondo aborto incompleto y sepsis generalizada, por lo que se sometió a laporatomía-histeroctomía sub-total y drenaje y lavado peritoneal";

Considerando, que de acuerdo con lo expresado en la sentencia recurrida, como consecuencia de la intervención del recurrente, en la Clínica Dr. Báez ha quedado evidenciado "que por ese hecho cometido (indebido tratamiento médico, usual en esos casos) por el Dr. Angel Frank Báez Féliz frente a su paciente así como las consecuencias que resultaron para dicha señora tal como la imposibilidad total para poder procrear hijos a la temprana edad de 17 años, así como los sufrimientos, gastos, incurridos en la recuperación de su salud" le ha causado un perjuicio irreparable y daños que deben ser reparados por quien los produjo, por haber actuado dicho médico "con negligencia e ignorancia y no haber tomado todas y cada una de las medidas necesarias e indispensables en el caso que fue objeto de la demanda, para haber evitado los daños y perjuicios que le ocasionó a su paciente";

Considerando, que lo expuesto pone de manifiesto que la Corte a-qua ha establecido con claridad la relación de causa a efecto entre la falta cometida por el recurrente y el perjuicio que ésta ha ocasionado, por lo que procede rechazar los señalados medios de casación;

Considerando, en lo que respecta al tercer medio del recurso, el recurrente alega que en la sentencia recurrida "no se puntualizan motivos suficientes" para que la Suprema Corte de Justicia pueda ejercer su poder de control en lo concerniente a determinar cuáles fueron los hechos que era preciso reunir para llegar a la conclusión de que el recurrente había cometido una falta en el ejercicio de su profesión de médico al limpiar los restos de un aborto criminal que manos inexpertas le habían practicado a la recurrida; que la sentencia impugnada, al analizar "la conducta del médico no se detiene a señalar si el médico actuó correctamente, independientemente del resultado de su acción";


Considerando, que el análisis de la sentencia impugnada, precedentemente expuesto, ha puesto de manifiesto que ésta ha dado cumplimiento a las disposiciones de artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, dando contestación mediante una motivación suficiente y pertinente, a las conclusiones formales de las partes en litis; que es admitido de manera constante, sin embargo, que los jueces no están obligados a dar motivos especiales para contestar simples argumentos de las partes; que la alegada violación del artículo 65-3ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación es infundada, en razón de que dicha disposición atañe únicamente a la facultad de la Suprema Corte de Justicia de compensar las costas en los casos enumerados en la misma; en consecuencia, el presente medio de casación carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que respecto del cuarto y quinto medios de casación, que se reúnen para su examen, dado su evidente relación, el recurrente alega lo siguiente: que la Corte a-qua ha dado una falsa calificación a los hechos, lo que conlleva "una carencia de base legal, por cuanto se habrá aplicado ésta a hechos totalmente diferentes por errónea calificación del tribunal apoderado"; que por otra parte, la sentencia recurrida "hace una falsa estimación de las pruebas del proceso y vulnera en consecuencia los principios que rigen la prueba en la materia"; que una decisión judicial debe contener la enumeración sumaria "de los hechos y pruebas en los cuales se basa su dispositivo" para que la Corte de Casación pueda determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada;


Considerando, que la Corte a-qua al examinar los documentos del expediente, las declaraciones de testigos y partes en litis, así como el resultado del peritaje realizado, arribó al convencimiento, sin incurrir en la desnaturalización de estos elementos de prueba, de que el recurrente había incurrido en un "indebido tratamiento médico";

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela, por otra parte, que ésta (la corte a qua) atribuyó a los hechos y documentos aportados al debate su verdadero sentido y alcance; que el fallo impugnado contiene una exposición completa de los hechos y circunstancias de la causa que han permitido a la Suprema Corte de Justicia verificar que en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley; por todo lo cual los indicados medios de casación carecen de fundamento y deben ser desestimados.

SENTENCIA DEL 11 DE AGOSTO DEL 2004, No. 4

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 25 de abril del 2000.
Materia: Civil.
Recurrentes: Centro Médico De León, S. A. y compartes.
Abogados: Dres. Juan Reyes Berroa, José Ramón Martínez y Ramón Alfonso Ortega M.
Recurrida: María Cristina Pérez Guzmán.
Abogados: Dres. Manuel Pineda, María Victoria Méndez y Pedro Manuel González.
CAMARA CIVIL
Rechaza
Audiencia pública del 11 de agosto de 2004.
Preside: Rafael Luciano Pichardo.

Considerando, que consta en la sentencia impugnada respecto de los recursos de apelación principal e incidental interpuestos por los hoy recurrentes y la hoy recurrida contra el fallo impugnado; que de su examen se desprenden los siguientes hechos y circunstancias: a) que a la recurrida le fue practicada una histerectomía en el Centro Médico de León, S. A., el 30 de octubre de 1995 por un equipo médico encabezado por la Dra. Doris M. De León Santana, habiendo sido utilizadas, según se estila en operaciones de ese tipo, compresas de gasa destinadas a aislar la zona donde se practicaría la operación; b) que por persistir serias molestias durante el periodo de su convalecencia, el 3 de noviembre de 1995 la recurrida fue sometida a una sonografía pélvica en el Centro Médico De León, no arrojando éste ninguna novedad, considerándose éstas normales y propias de su estado post-operatorio; c) que una nueva sonografía practicada el 13 de noviembre del mismo año, practicada en el Centro Hospitalario Universidad Central del Este, puso de manifiesto la presencia de un cuerpo extraño en la zona pélvica, por cuya razón fue internada de urgencia en el Hospital Público Dr. Carl Theodore Georg de San Pedro de Macorís, donde se le practicó el 13 ó 14 de noviembre de 1995 una segunda intervención quirúrgica, con la consiguiente extracción del cuerpo extraño, o sea, una compresa con gran fetidez y pus, datos que, afirma la Corte, se expresan en el informe del Dr. Marcos Santana, cirujano, que practicó dicha operación, que reposa, junto con la primera sonografía ya mencionada, en el historial clínico emitido por dicho cirujano, en el que se especifica el estado de salud de la hoy recurrida, el hallazgo de la compresa, y accesos múltiples que resumían un caso de peritonitis, hechos que posteriormente dicho médico confirmó en la comparecencia personal celebrada en la jurisdicción de primer grado;

Considerando , que tales hechos, afirma la Corte a-qua, ponen de relieve, la gravedad del perjuicio ocasionado a la recurrida, al dejársele inadvertida y negligentemente en el interior de su cuerpo una compresa de gasa durante la cirugía que le fuera practicada en el Centro Médico de León por la Dra. Doris De León Santana, que ocasionaron las graves complicaciones de salud ya indicadas, así como erogaciones en las que hubo que incurrir para enfrentar el tratamiento médico correspondiente, a más del tiempo transcurrido sin poder integrarse a labores productivas; que, a pesar de que los apelantes principales alegaron que el tribunal de primer grado no reparó si fue intencional o no el daño causado a la hoy recurrida, lo que hubiera servido para fijar el alcance de la indemnización, sin embargo, dicho planteamiento no fue objeto de disención(sic) (disensión-oposición o contienda) entre las partes en litis, puesto que éste se redujo a la obligación que no fue cumplida, de diligencia, prudencia o pericia que se impone al médico, por lo que el elemento intencional no tenia que influir en la evaluación de los daños y perjuicios por constituir una mala práctica médica; que en lo relativo a dicha evaluación la Corte a-qua expresa que en razón de que ésta tiene un aspecto moral y otro material, si bien el primero (aspecto moral) que la Corte apreció soberanamente, es razonable otorgar a la demandante originaria una indemnización de un millón de pesos como justa reparación, respecto del perjuicio material, en razón de que en el expediente del caso no reposa ningún factor probatorio que contribuya a sostener que, como alega la recurrida, debió hipotecar su vivienda que luego perdió para cubrir los gastos que demandó su quebranto de salud, así como del lucro cesante, la Corte no puede reconocerle de momento estas reparaciones sin incurrir en las violaciones legales que son de rigor; que si bien existen en el expediente decenas de facturas sometidas de manera un tanto desorganizadas, algunas repetidas, que bien o mal hacen prueba de numerosas compras de medicamentos, radiografías, laboratorio, etc., se pone de manifiesto la necesidad de hacer liquidar por estado las indemnizaciones en el aspecto material, ello así puesto que de conformidad con el artículo 1149 del Código Civil (daño emergente y lucro cesante) el perjuicio material se evalúa en correspondencia con las pérdidas que hubiera sufrido la víctima o las ganancias de que hubiera sido privada;

Considerando , que se incurre en falta de base legal cuando en la sentencia impugnada no se exponen motivos suficientes, pertinentes y congruentes que no permiten a la Corte de Casación controlar la regularidad de la decisión impugnada, o más precisamente, que los jueces del fondo no han hecho una aplicación correcta de la regla de derecho; que la Corte a-qua pudo establecer, por los documentos, hechos y circunstancias de la causa, los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, a saber, una falta, un perjuicio y un vínculo de causalidad entre el daño moral sufrido por la hoy recurrida y la falta atribuida a los recurrentes constitutivos de una mala práctica médica, por existir una vinculación de naturaleza contractual que liga al médico con su paciente, que genera con cargo a éste, una obligación de prudencia y diligencia, atribuidos tanto a la Dra. Doris M. De León Santana quien practicó la intervención quirúrgica, como al Centro Médico De León, en cuya clínica se practicó la referida intervención quirúrgica;

Considerando , que constituye una facultad de los jueces del fondo en virtud del artículo 128 del Código de Procedimiento Civil la liquidación de daños y perjuicios por estado; que en la especie la Corte a-qua comprobó la existencia de daños materiales sufridos por la recurrida pero carecía de elementos suficientes para establecerlos, razón por la cual ordenó su liquidación a justificar por estado; por lo que los alegatos contenidos en el medio examinado carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Considerando , que en su segundo y último medio de casación los recurrentes alegan en síntesis, que la Corte a-qua incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos en razón de que estableció la existencia de una mala práctica médica, a causa de la cual la recurrida sufrió perjuicios limitándose a crear situaciones de hecho que no fueron probadas, por lo que estos fueron desnaturalizados; que los documentos probatorios sometidos por los recurrentes establecían la verdadera situación médica de la recurrida, que de haber sido ponderados, hubieran dado una solución diferente a la sentencia;

Considerando , que la desnaturalización de los hechos de la causa supone que a los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido y alcance inherente a su propia naturaleza; que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de los elementos de prueba que le son sometidos, apreciación que escapa a la censura de la Corte de Casación, salvo desnaturalización, lo que no resulta establecido en la especie, puesto que la Corte se edificó en base a las pruebas aportadas al debate, como la escrita, especialmente el informe rendido por el Dr. Marcos Santana, cirujano del Hospital Público Carl Theodore Georg que finalmente concluyó con la extracción del cuerpo extraño dejado en el abdomen de la hoy recurrida y su posterior ratificación en su comparecencia personal, hechos y documentos que la Corte a-qua consideró suficientes y pertinentes para formar su convicción, situación que no configura el vicio de desnaturalización de los hechos; que, por otra parte, cuando la Corte a-qua comprueba que la cirugía que fue practicada por un equipo médico encabezado por la Dra. Doris M. De León Santana en el Centro Médico De León, S. A., con material quirúrgico de dicho centro y la participación de su personal de enfermeras y auxiliares, e independientemente de que los propietarios de la citada clínica estuvieran o no enterados de los problemas resultantes de la cirugía practicada a la recurrida, lo que para la Corte resultó dudoso por los hechos y circunstancias de la causa, la responsabilidad civil de la aludida clínica y el personal médico que practicó la intervención quirúrgica quedó gravemente comprometida por el hecho citado; que así como la especialista que dirigiera la citada operación debió asegurarse de que no quedara ningún cuerpo extraño en la zona intervenida, también el personal de la clínica que la asistiera pudo ser más diligente y cuidadoso y advertir a tiempo la falta, por lo que cabe presumir comitencia en tales situaciones, siendo el comitente el que debía demostrar al tribunal el hecho de la exclusiva incumbencia del preposé, lo cual no hizo; por lo que el aludido segundo medio debe ser también desestimado y con ello, el recurso de casación.

Rec: Adolfo Sesto Alvarez-Builla c. Wendy Josefina Rosario Tejeda

Fecha: 23 de febrero de 2011

SALA CIVIL

Audiencia pública del 23 de febrero de 2011. Casa

Preside: Rafael Luciano Pichardo.

Considerando, que para que exista la mala praxis médica es necesario establecer que el hecho generador del daño tuvo su origen en una actuación imprudente o negligente o que fue la consecuencia de la falta de pericia o inobservancia de las normas y deberes que debe observar el profesional médico y que, por tanto, el daño no se debió a acontecimientos imprevisibles o fortuitos que escaparon a su control o a una falta imputable al paciente o a secuelas propias del tratamiento médico a que fue sometido, en la especie, una cirugía estética; que tratándose el campo de la medicina de una ciencia que, para su comprensión, requiere de estudios especializados y sobre los cuales, generalmente, el juez no tiene formación, éste debe recurrir, en la fase de la actividad probatoria en la que se discute la responsabilidad médica, como la especie, salvo que la falta sea evidente e incuestionable, a fin de formar su convicción, al auxilio de medios de prueba especializados, emitidos por personas calificadas por sus conocimientos en la materia;

E.- Cuestiones legales en la relación médico paciente.

RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE

Es una relación entre personas, cada uno con sus derechos y sus deberes.

Esta relación debe ser beneficiosa para ambas partes; por un lado el paciente debe nutrirse de las competencias del médico, y por otro el médico obtiene beneficios del paciente; pero para ello es necesario que lo vea como una persona.

Los derechos fundamentales de los pacientes, tales como el derecho a la libertad de conciencia y de creencia, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho al libre desarrollo y bienestar de las personas, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la información y al consentimiento informado, el derecho a la no discriminación en razón de sexo, edad, enfermedad o discapacidad, credo, raza, origen étnico, género, nacionalidad, filiación política, orientación sexual o condición socioeconómica, entre otros.

MODELOS DE LA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE

Paternalista: Este modelo se caracteriza porque el médico toma las decisiones en nombre del paciente, sin considerar su consentimiento: Antiguamente el médico ordenaba y el paciente obedecía.

Autónoma: En este modelo se observa una participación del paciente en la toma de decisiones, siendo el médico un facilitador en ellas. Se basa en la cultura de la autonomía de la persona. El avance de la tecnología médica hizo más sofisticada y compleja la atención médica, obligando al paciente a aceptar, rehusar o escoger entre varias opciones.

Responsable: En este modelo de relación tanto el médico como el paciente asumen la responsabilidad y deciden con conocimiento y libertad para ello. Esta relación es la más adecuada. Se requiere que el médico tenga un criterio bien formado, en busca del beneficio del paciente. El médico acepta la vulnerabilidad del paciente, proporcionándole los elementos para su libre elección, respetando sus valores religiosos, políticos y culturales.

SECRETO PROFESIONAL

En su actividad profesional el médico tiene el deber de guardar el secreto profesional; éste brinda al acto médico su característica de confianza y garantía en la relación médico-paciente de reserva y discreción.

El médico procurará en el ejercicio de su profesión, en los diversos campos en los que está se ejerza, que los principios del Código de ética, se expresen en políticas de efectiva aplicación para lograr los propósitos contenidos en el mismo.

Obligación ética que tiene el médico de no divulgar ni posibilitar que se conozca la información que directa o indirectamente obtenga durante su actividad profesional, sobre la salud y la vida del paciente o la de su familia.

Este concepto se extiende a los estudiantes de medicina, personal administrativo, enfermeras y tecnólogos médicos.

REVELACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL

El secreto profesional podría revelarse con o sin consentimiento del paciente cuando:

Se busca el bien del propio paciente

Para beneficio de la familia

En caso de la atención de un adolescente (gestación)

Por el bien de una organización (cuando le impide laborar en perjuicio de la empresa)

En beneficio de la sociedad por motivos de notificación obligatoria. Ej: enfermedades infecto contagiosas como malaria, dengue o VIH a la autoridad en salud; heridos o lesionados a la autoridad policial o por solicitud del poder judicial.

FALTAS CONTRA EL SECRETO PROFESIONAL

Cuando el médico comparte con su familia lo conocido durante su ejercicio médico.

Cuando el médico comenta los casos de pacientes en reuniones sociales.

Cuando lee la HC sin el consentimiento del paciente o el de su médico tratante.

Cuando los estudiantes u otro personal de salud en entrenamiento, comentan sobre un paciente.

Cuando se permite el acceso de cámaras o micrófonos en hospitales, quirófanos o en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

PACIENTE Y LA HISTORIA CLINICA

Ética y legalmente, los pacientes tienen derecho de conocer el contenido de su historia clínica.

Lo correcto es establecer que el registro en sí pertenece al médico (a modo de propiedad intelectual); a la institución donde labora (a modo de custodia), pero la información contenida en la historia clínica es perteneciente al paciente (su historia de salud y otros aspectos).

La República Dominicana no cuenta con leyes que garantizan el acceso del paciente a su historia clínica.

Aun así, el médico debe proporcionar la información (en copias) al paciente o a un tercero, a solicitud del paciente.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Es cuando el paciente acepta o rechaza el acto médico luego de haber comprendido la información proporcionada sobre ella, siendo capaz de comunicar tal decisión.

Se considera que el paciente tenga competencia mental y estar libre de cualquier coacción.

Los casos de emergencia no requieren consentimiento informado, tampoco cuando el paciente por su estado mental no puede darlo y no hay familiares ni responsables de él que puedan decidir.

Los pacientes pueden realizar las preguntas que crean convenientes para entender la información y deben ser francos con el médico sobre los valores, las inquietudes y reservaciones sobre una recomendación en especial.

El médico tiene la obligación de garantizar al paciente la información relacionada con su enfermedad, los objetivos, las alternativas, los resultados posibles y los riesgos que implica el tratamiento propuesto.

La decisión del paciente puede verse afectada por las reacciones emocionales que la enfermedad produce en el, disminuyendo o quitándole la capacidad de decisión.

La enfermedad puede deprimir al paciente, haciéndole más dependiente conforme avanza el proceso patológico

Terminología médica difícil de entender para el paciente.

El médico puede manipular la información dada al paciente, exagerando o minimizando la misma.

No informar al paciente con el pretexto de evitar la ansiedad del mismo

 

F.- Presentación, análisis y valoración de las distintas leyes relativas al ejercicio de la medicina.

a) Ley General de Salud No. 42-01 8 de Marzo 2001

LIBRO PRIMERO

El Sistema Nacional de Salud

CAPITULO I

Art. 1. - La presente ley tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, reconocido en la Constitución de la República Dominicana.

Art. 2.- La salud es, a la vez, un medio para el logro del bienestar común y un fin como elemento sustantivo para el desarrollo humano. La producción social de la salud está íntimamente ligada al desarrollo global de la sociedad, constituyéndose en el producto de la interacción entre el desarrollo y la acción armónica de la sociedad en su conjunto, mediante el cual se brindan a los ciudadanos y ciudadanas las mejores opciones políticas, económicas, legales, ambientales, educativas, de bienes y servicios, de ingresos, de empleos, de recreación y participación social para que, individual y colectivamente, desarrollen sus potencialidades en aras del bienestar. Por lo tanto, la salud no es atribución exclusiva del Sector Salud y, en consecuencia, ya no se prestará exclusivamente dentro de sus instituciones.

Art. 170.- Para los fines de la presente ley, se acogen las siguientes definiciones:

Bioética: ética de la vida. Estudio del comportamiento justo frente a la vida. Intento de responder desde un punto de vista correcto al valor de la dignidad humana frente a los desafíos que plantean los incesantes descubrimientos técnicos y científicos.

b) Ley No. 329-98, que regula los Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, de fecha 11 de agosto de 1998.

La Ley 329-98 que regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos humanos, promulgada el 11 de agosto de 1998. No existe una sola frase, ni una sola oración, ni párrafo alguno en dicha ley que mencione por su nombre al Instituto Nacional de Patología Forense. Lo que sí dice el artículo 13 de esa ley es lo que transcribe a continuación en completo: “Art. 13.-La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrán realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición. A) Cuando el disponente originario no haya dejado constancia de su oposición en vida, para que después de su muerte se realice la extracción u otras piezas anatómicas del propio cuerpo, se realizará siempre consulta a los disponentes secundarios (según definición del artículo 3) la cual deberá ser certificada por escrito.

c) Ley No. 68-03 que crea el colegio Médico Dominicano.2.- Los fines del

d) Decreto No. 641-05 que establece el Código de Ética Médica del Colegio Médico Dominicano.

Título I

Declaración de Principios

El Código de Ética del Colegio Médico Dominicano es el conjunto de normas morales que orientan la conducta de los colegiados en un ejercicio profesional basado en la solidaridad, honestidad, eficiencia, efectividad, calidad y calidez dentro de los principios que les son inherentes.

Título II

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- El presente Código se aplicará a todos los médicos de la

República Dominicana, sin perjuicio de lo que disponga la legislación civil, penal y administrativa vigente.

ARTÍCULO 2.- El/la médico debe mantener la integridad moral, el honor, la dignidad, decoro y el prestigio propios de su actividad; y, además, velar por los intereses y derechos de quienes requieren de sus servicios.

ARTÍCULO 3.- El/la médico deberá tener en sus actuaciones profesionales un profundo sentido de la moral, de manera que ponga su quehacer al servicio de la

sociedad e impulse su progreso y bienestar, procurando actualizar y perfeccionar sus conocimientos, habilidades y destrezas continuamente, para cooperar con el desarrollo de la ciencia y de las técnicas de su profesión.

ARTÍCULO 4.- Constituye un deber para el/la médico el guardar el secreto profesional, un deber que perdura en lo absoluto, aún después de que haya dejado de ejercer sus servicios, exceptuando los casos previstos por disposición de la ley.

ARTÍCULO 5.- El/la profesional que es objeto de una acusación por parte de su paciente o de otra profesional, puede revelar, ante el tribunal competente, el secreto que el/la acusado le hubiese confiado, si tiene relación directa con su defensa.

ARTÍCULO 6.- Todo profesional, tiene el derecho de denunciar, la conducta profesional moralmente censurable, de quienes ejercen su misma profesión.

Título III

Deberes generales de los médicos

ARTÍCULO 7.- El respeto a la vida de la persona humana en toda circunstancia, es el deber primordial del/la médico.

ARTÍCULO 8.- El/la médico debe promover el cuidado a los enfermos bajo su atención profesional, con igual dedicación y con el mismo empeño, inspirado en los principios que rigen al sistema nacional de salud (universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia, eficacia, integridad y cooperación); a ese efecto deberá también hacer caso omiso de los sentimientos personales que el/la paciente pudiera inspirarle.

ARTÍCULO 9.- El/la médico debe tratar de ejercer su profesión en condiciones óptimas para beneficio de sus pacientes. El/la médico no está obligado a ejercer su profesión bajo condiciones que puedan afectar desfavorablemente sus indicaciones o conducta médica.

ARTÍCULO 10.- En casos de extrema urgencia y sea cual sea su especialidad o función, el/la médico debe prestar sus servicios a cualquier enfermo que se encuentre en peligro inminente, a menos que exista la posibilidad de suministrarle al/ a la paciente otros cuidados más eficaces o cuando se interponga alguna fuerza mayor.

ARTÍCULO 11.- En ningún caso de peligro público puede el/la médico desatender sus enfermos, con excepción de aquellos casos que lo haga obedeciendo alguna orden formal y escrita, emanada de autoridad competente.

FINALMENTE PARA REFLEXIONAR

a) Nueva modalidad de escuelas sin género...“Egalia”

Un revolucionario concepto de educación es el protagonista de las salas de clase de un jardín de niños en Estocolmo, Suecia. Según reportado por la Prensa Asociada y medios locales, el Instituto Egalia, en el distrito de Sodermalmum (isla de Estocolmo Suecia), ha establecido como parte de su currículo el evitar el uso de pronombres como "él" o "ella", enseñando en su lugar a los niños a referirse a otros por su nombre o como un sujeto. Para el resto de aquellas oraciones para las cuales no se puede obviar el sexo, se utiliza "hen", palabra tomada del finlandés.


Asimismo, todos los niños juegan con los mismos juguetes de tipo variado sin excepción, lo que según la institución incentiva la creatividad y apertura, rechazando así las costumbres que dictan que los varones sólo juegan con carritos y las niñas con muñecas. De igual manera, los materiales y libros utilizados para educarlos son escogidos específicamente con el propósito de que no cuenten con estereotipos de crianza marcados ni se rijan por pretensiones sociales.

El objetivo de la escuela es proveerle una oportunidad a sus alumnos de que tengan una visión más amplia de la vida al crecer, sin limitarlos desde tan pequeños a los roles y expectativas establecidas por la tradición. Además, buscan exponerlos a la igualdad de género entre hombres y mujeres, así como la libre expresión del amor entre parejas del mismo sexo de una forma natural y orgánica.

b) Cambios de sexo

1) Un niño de 11 años cambia de sexo en EEUU 1 octubre, 2011

El pequeño es hijo adoptivo de una pareja de lesbianas, y abrió el debate.

http://www.lv7.com.ar/img/2011/09/30/cambiodesexo.jpg

El pequeño Thomas, de 11 años de edad, vive en Estados Unidos, y manifestó su deseo por ser niña desde que tenía tres añitos. Su cambio de sexo abrió la polémica en todo el mundo, ya que es hijo adoptivo de una pareja de lesbianas.

Las mujeres adoptaron al niño cuando tenía dos años, y aunque sus madres siempre quisieron que fuera una niña aseguran que nunca lo presionaron para que se convierta en mujer.

De hecho, una de las primeras cosas que les dijo cuando con tres años pudo hablar fue “yo soy una niña”. Y lo hizo con el lenguaje de signos porque Thomas sufre un defecto en el habla.

No fue hasta los siete años, después de que Thomas intentase mutilarse sus genitales, que los psiquiatras le diagnosticaron un trastorno de identidad sexual. Y el pasado verano comenzó a tomar la hormona que le impedirá experimentar la pubertad como un varón y por la que no desarrollará voz grave y vello facial, entre otras características masculinas.

Si bien Thomas está feliz, la familia y en concreto sus madres se enfrentan a fuertes críticas de amigos y familiares, según afirmaron al diario Daily Mail. A menudo se encuentran con gente que les pregunta cómo pudieron hacer eso, pero ellas están tranquilas y esgrimen datos como que en el Reino Unido un 50% de los transexuales intentan suicidarse antes de cumplir los 20 años.

Y aseguran que permitir a Tammy crecer como una chica es muy positivo.

2) Un niño estadounidense cambia de sexo a los ocho años de edad

La historia de José Romero, 8 años, es una de las historias más sorprendentes de los últimos tiempos, ya que a pesar de su corta edad, tenía muy en claro desde los 4 años que había nacido con el sexo equivocado, situación que se la hizo saber en su momento a sus padres, siendo hasta ahora, que pudo ver consumado su sueño de convertirse niña.

http://informe21.com/sites/default/files/imagecache/extra_large/images/jose+romero.jpg

"A medida que José crecía comenzó a decir que se sentía como una niña y cuando tenía cuatro años de edad insistió que realmente era una niña y no un niño", declaró a la prensa Venessia, madre del menor, quien aseguró que en todo momento estuvieron de acuerdo con su hijo en el cambio de sexo y la adopción de su nueva identidad, al ahora responder al nombre de Josie:

"Ser una niña es bueno porque me permite hornear y cocina, llevar el cabello largo y usar aretes", concluyó el menor, quien a los 12 años comenzará a tomar hormonas femeninas.

A pesar de lo controversial y polémico del tema, el estado de Arizona, ya tiene registrado a José como una mujer, por lo que a partir del momento que lo desee podrá llevar la vida de una mujer.
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