Proceso de determinacion de los tributos se inicia con la presentación de la declaración / firmeza de la declaracion cuando se corrige la declaración para




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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA



La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:
La prestación del servicio discutido genera IVA porque no cumple con la totalidad de los requisitos para otorgar la exención, puesto que si bien se presta en Colombia en desarrollo de un contrato escrito, no se utiliza exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios en Colombia.

La exención para los servicios exportados corresponde a los prestados por fuera del país, y en el contrato de corretaje por Dow Química, se evidencia que se utilizan íntegramente en Colombia, pues la relación de acercamiento de la contribuyente con las sociedades extranjeras con el fin de celebrar el negocio de venta, que es el objeto del contrato de corretaje, se prestó y utilizó exclusivamente en el territorio nacional.
El elemento esencial del corretaje es relacionar a dos personas con el fin de que celebren un negocio jurídico comercial, del cual emergen obligaciones en el territorio nacional.
La remuneración sólo se adquiere cuando se ha celebrado el negocio en el que interviene el corredor, de modo que si no se perfecciona no tiene derecho a recibir comisión, salvo las expensas en que haya incurrido por causa de la gestión encomendada, sin que el hecho de celebrar dicho negocio dentro o fuera del territorio colombiano desnaturalice el contrato de corretaje.
Del contrato se infiere que no se trata de una exportación de servicios porque la prestación se ejecuta y utiliza únicamente en el país, sólo que por la intermediación realizada se recibe a cambio una comisión que causa IVA al ejecutarse en el territorio nacional.
La sanción por inexactitud es procedente porque el contribuyente incurrió en omisión de impuestos generados por operaciones gravadas, de manera que las cifras denunciadas no fueron completas ni verdaderas, por lo que no se da la condición para eximirlo de sanción por la diferencia de criterios.
No hubo firmeza de las declaraciones tributarias, porque se expidió una ampliación a los requerimientos especiales para proponer la determinación oficial del impuesto con base en la liquidación oficial de corrección, según lo permite el artículo 708 del Estatuto Tributario. En consecuencia, la Administración contaba con seis meses para notificar las liquidaciones de revisión desde el vencimiento del plazo para dar respuesta a las ampliaciones a los requerimientos especiales, como en efecto lo hizo.
Los actos administrativos preparatorios (requerimientos especiales) y los liquidatorios guardaron la debida correspondencia, pues, la glosa siempre fue la procedencia o no del gravamen por los ingresos del servicio de intermediación prestado por la demandante en Colombia, lo cual no se desvirtúa por el hecho de que en las liquidaciones de revisión se hubiera mencionado la falta de la estipulación contractual sobre la utilización del servicio, toda vez que es un argumento adicional y no un hecho nuevo no contemplado en las etapas previas.

LA SENTENCIA APELADA



El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, con base en las consideraciones que se resumen así:
El factor para establecer las normas aplicables en materia de firmeza en el presente caso, es la fecha en que se radicaron las declaraciones de corrección, por tanto, para los cuatro bimestres de 1999, se aplica el artículo 710 del Estatuto Tributario, según la versión de la Ley 223 de 1995 y para la del primer bimestre de 2001, el artículo 710 modificado por la Ley 633 de 2000.
Según la Ley 223 de 1995 para la firmeza del impuesto a las ventas se tienen los mismos términos para la firmeza de la declaración de renta del año gravable al que corresponde el período gravable, sin embargo para el caso de las correcciones hay norma especial (artículo 589 Estatuto Tributario), según el cual el término para expedir la liquidación de revisión se cuenta desde el momento en que se expide la liquidación de corrección o seis meses de haber presentado el proyecto de corrección.
Como las liquidaciones oficiales de corrección se expidieron el 17 de octubre de 2000, la DIAN tenía hasta el 17 de octubre de 2003 para expedir las liquidaciones de revisión, lo cual tuvo ocurrencia del 23 de marzo de 2003, es decir dentro de los tres años que señala el artículo 710 del Estatuto Tributario.
Tampoco la declaración del IVA del primer bimestre de 2001 adquirió firmeza, pues, en primer término el emplazamiento para corregir suspendió el término de firmeza y en segundo lugar, la DIAN notificó la liquidación de revisión el 26 de agosto de 2003, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se dio respuesta al requerimiento especial (2 de abril de 2003), como lo ordena la norma.
Las liquidaciones de revisión y los actos preparatorios guardan la debida correspondencia, pues, en ambos se trató el tema de los requisitos reglamentarios para la procedencia de la exención en materia de prestación de servicios en el exterior. Hubo identidad fáctica y jurídica en la glosa propuesta por la DIAN de que el servicio prestado como promotora de ventas no se prestó en forma total y exclusiva en el exterior.

En lo de fondo consideró que la utilización del servicio debía agotarse exclusivamente en el exterior para efectos de la exención, por lo que se debían desechar los puntos intermedios donde la ejecución del servicio requiera de actividades anteriores o posteriores para cumplir su finalidad. La actividad de intermediación ejercida por Dow Química de Colombia S.A., y constitutiva del servicio prestado no puede configurar la exención propuesta, porque ella se desarrolló íntegramente en el territorio colombiano y opera de manera independiente al negocio celebrado entre las empresas relacionadas por su conducto, único del que se predica su ejecución en el exterior.
El objeto social de la demandante no deja duda sobre su idoneidad en el mercado de los productos de polietileno y asimilados, presta un servicio de intermediación en el territorio nacional; su finalidad se agota con el cumplimiento de una obligación de hacer: con la puesta en contacto de dos personas que pueden llegar a celebrar el negocio jurídico, con las consecuentes incidencias sobre el derecho a la remuneración.

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