Determinaciones de Hechos Constitutivos de violaciones al Código Penal, Ley de Armas, Órdenes Administrativas y Reglamentos de la Policía de Puerto Rico




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El Artículo 3 de la Ley Núm. 53, según enmendada, al establecer los deberes principales del cuerpo de la policía, dispone la creación de “un organismo civil de orden público que se denominará policía de Puerto Rico, y cuya obligación será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, prevenir, descubrir y perseguir el delito y, dentro de la esfera des sus atribuciones, compeler obediencia de las leyes y ordenanzas municipales y reglamentos que conforme a esta se promulguen.” (Énfasis suplido).

Nótese que una de los principales deberes de la Policía de Puerto Rico contenido en el texto de su ley orgánica es precisamente observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano. Otro deber de gran importancia es la protección de las personas y la propiedad. Disposición estatutaria que fue completamente violada, lo que se discutirá en conjunto con la violación al Reglamento de la Policía.




Por su parte, el Art. 4 de la Ley Orgánica de la policía establece lo relacionado con la dirección y autoridad de la Policía, a saber:


La autoridad suprema en cuanto a la dirección de la Policía será ejercida por el Gobernador de Puerto Rico, pero la administración y dirección inmediata de la organización estará delegada en un Superintendente.

El Gobernador nombrará el Superintendente con el consejo y consentimiento del Senado. Cuando el nombramiento recayere en un miembro de la Policía, mientras desempeñe el cargo de Superintendente, éste retendrá todos sus derechos y privilegios como tal, excluyendo el rango. En el caso de que la designación recaiga en un civil, éste será acreedor de todos los derechos y privilegios de un miembro de la Fuerza.

En relación a la identificación con apellido y número de placa de los miembros de la Policía de Puerto Rico, el Art. 11 (b) de la Ley dispone claramente la obligatoriedad del mismo. Así reza el mencionado inciso:

(b) Las piezas de vestir del uniforme y el equipo de los miembros de la Fuerza serán suministrados por la Policía. El Superintendente establecerá por reglamento el uniforme y el uso apropiado del mismo. Por uniforme se entenderá la tela para la chaqueta, camisa, pantalón, botas o zapatos, gorra, capa, insignias y colores correspondientes que vienen obligados a utilizar los miembros del Cuerpo de conformidad con el Reglamento. Disponiéndose, que se considerarán parte integrante del uniforme de los miembros de la Fuerza un distintivo en tela o placa con el número de identificación del agente y el distintivo o placa indicando su apellido y que dichos miembros vendrán obligados a mostrar prominentemente y en forma claramente visible dichos distintivos o placas en todo momento mientras se encuentren en servicio activo, irrespectivamente de la vestimenta que constituya el uniforme o el equipo utilizado por el agente. No constituirá eximente o motivo para incumplir este requisito que el uniforme o equipo utilizado dificulte la exhibición  del distintivo o placa con el apellido o el número de identificación, viniendo obligado el Superintendente de la Policía a tomar las providencias necesarias para asegurar que el uniforme y el equipo aprobados para uso de los agentes cumplan con el requisito establecido en esta disposición de ley, excepto los agentes encubiertos o en ropa civil en aquellos casos en que el Superintendente determine que la identificación de un agente afecte el cumplimiento de sus deberes o la seguridad de éste. (Énfasis nuestro).
Disposiciones estatutarias que fueron violadas de forma consecutiva. El récord de las vistas está lleno de instancias en que se informa que los agentes de Operaciones Tácticas y la Unidad Especializada de Operaciones Tácticas de forma intencional y concertada ocultaban su identificación reglamentaria. (Véase el testimonio del Representante Charlie Hernández, entre otros).

  1. Violaciones al Reglamento de la Policía de Puerto Rico

Aunque la legislación actual de la Policía de Puerto Rico data del año 1996, su Reglamento de Personal vigente es el adoptado por el Superintendente de la Policía y aprobado por el Director de la Oficina Central de la Administración de Personal el 9 de abril de 1981. Este Reglamento fue aprobado por el Gobernador de Puerto Rico el 4 de mayo del mismo año y radicado ante el Departamento de Estado el 11 de mayo de 1990, identificándose con el Núm. 4216.

El Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico3, vigente, en su Artículo 5 dispone, entre los deberes y responsabilidades de los miembros de la fuerza policial: 1) Proteger la vida y propiedad, impedir el crimen y el desorden; 2) Prevenir, descubrir y perseguir el delito; 3) Cumplir y velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales; 4) Observar y procurar la protección de los derechos civiles del ciudadano; 5) Observar en todo momento una conducta ejemplar; 6) Tomar las providencias necesarias para garantizar la protección de la persona detenida; 7) Tratar cortésmente al público y prestar la debida ayuda a las personas que la requieran; 8) Prestar la debida protección al pueblo reunido legalmente para cualquier fin lícito; 9) Obedecer las órdenes legalmente emitidas por sus superiores; 10) Ser puntual en sus compromisos oficiales y diligente en el cumplimiento de su deber, actuando siempre en forma ecuánime, serena y justa; 11) Orientar y aconsejar al público sobre el mejor cumplimiento de la ley, así como en todo lo que concierne a la seguridad pública. (Subrayado nuestro).

De los testimonios vertidos en las vistas celebradas ante la Comisión se desprende que el pasado 30 de junio de 2010 en las inmediaciones del Capitolio, la inmensa mayoría de los deberes y responsabilidades de la policía fueron violados de forma sistemática. Los cuales procederemos a discutir a continuación:

  1. Proteger la vida y propiedad, impedir el crimen y el desorden.

De las determinaciones de hechos de la Comisión se desprende que, los efectivos de la Policía de Puerto Rico, que participaron en los incidentes de 30 de junio de 2010, en El Capitolio, no protegieron la vida y propiedad. La forma en que la Fuerza de Choque intervino con los ciudadanos presentes pusieron en peligro la vida de varios ciudadanos, quienes recibieron serias agresiones físicas. Entre los testigos que asistieron a las vistas y cuya vida estuvieron en peligro podemos mencionar: Representante Carmen Yulin Cruz Soto, Rachel Hiskes, Reverendo Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez, Hilda Vega Cerezo, Joshua Aponte y Alberto Rodríguez.

Más aún de los testimonios vertidos, surge que cientos de manifestantes sufrieron los efectos del uso indiscriminado del roten, armas, gases, químicos y agresiones físicas.

Las instancias en que las actuaciones de la policía pusieron en peligro la vida y seguridad de los manifestantes se observan en los incidentes dentro del Capitolio y en las escaleras; desalojo manifestantes en el área rotonda persecución en campo abierto que se extendió hasta la Plaza Colón.

  1. Prevenir, descubrir y perseguir el delito.

Surgen varias instancias, en que se evidenció que agentes del orden público se negaron a tramitar querellas presentadas por ciudadanos, antes los sucesos del 30 de junio de 2010. Específicamente el Lcdo. Rafael Emannuelli, declara de las gestiones que realizó para que dos agentes del orden público presentaran una querella por los actos de agresión constitutivos de delito que sufrió, él y su familia de efectivos de la Fuerza de Choque. Entre dichos posibles delitos, daños a la propiedad privada (con un roten se le rompió el cristal trasero de su vehículo), tentativa asesinato, (se le apuntó con un arma de fuego), violaciones Ley de Armas, alteración a la paz, entre otros. Los agentes del orden público ante los cuales intentó presentar la querella para el inicio de una investigación se encuentran: Pol. González, Placa Núm. 249459, Sargento Rodríguez, Placa Núm. 8-19877.

Por su parte el deponente, Elvin Reyes (estudiante de la UPR, Recinto de Humacao) señaló que oobservó cuando oficiales policíacos se negaron a tomar la querella de un ciudadano.

  1. Observar y procurar la protección de los derechos civiles del ciudadano.

El Artículo II, Sec. 4 de nuestra Constitución dispone que “no se aprobara ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o del derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. La Sección 6, que las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin licito.

Por su parte en su Art. III, Sec. 11, nuestra Constitución dispone que las “sesiones de la Cámaras serán públicas”.

De la investigación realizada surge que los efectivos de la policía que se utilizaron, para impedir el libre disfrute de derechos de la más alta jerarquía protegidos por nuestra Constitución.
Las actuaciones de la policía tuvieron el efecto de impedir, a través de la fuerza la entrada de ciudadanos a las sesiones de la Cámara. Más aún, luego de impedir a los ciudadanos entrar a observar los procesos legislativos, no permitieron que estos se reunieran de forma pacífica, en la rotonda y áreas adyacentes del Capitolio.

De los testimonios vertidos surge, que un grupo de estudiantes de Mayagüez (20 – 26) de forma pacífica deseaban entrar al Capitolio. De los testimonios de Elvin Reyes (Estudiante Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao); Josua Oscar Aponte Serrano; Aníbal López, (estudiante reciento Mayagüez); Alberto Rodríguez (estudiante reciento Mayagüez); Javier Smith (estudiante reciento Mayagüez); Dr. Luis Avilés, Gustavo Vega, surge que el interés de los estudiantes era a hacer una demostración pacífica. Entre los escenarios que habían previsto estaban: a) leer una proclama en las gradas del hemiciclo del Capitolio en el momento oportuno, b) si no los dejaban entrar a las gradas, pero sí entrar y leer la proclama en la rotonda, 3) si no los dejaban pasar del vestíbulo entonces harían una “seat in” (sentada) allí mismo en la entrada.

En cualquiera de estas tres alternativas no se proponían ofrecer resistencia si eran removidos o arrestados. Cuando los estudiantes del grupo que iban a intentar llegar al Hemiciclo se disponían entrar al Capitolio no hubo funcionario disponible para decirles las reglas, ni cuantos podían entrar. En su vez la Fuerza de Choque les dice no van a entrar. En menos de treinta segundos comienzan a agredir a uno de los estudiantes por la cabeza y a rosear “pepper spray”.

La policía empezó a rociarlos con gas pimienta apenas empezaron la sentada. Se disparó gas desde el helicóptero. Les dieron en la cabeza a estudiantes y ciudadanos. No hubo vandalismo ni actos de violencia de los manifestantes. Los estudiantes que entrarían al Capitolio lo harían con la proclama en mano.

Otras de los ciudadanos que declararon que la Fuerza de Choque no le permitieron entrar al Capitolio para ver los trabajos legislativos están: la Profesora Hilda Vega Cerezo.

  1. Observar en todo momento una conducta ejemplar.

De los testimonios vertidos, surge el uso de lenguaje obsceno por varios de los agentes de la Fuerza de Choque. (Véase los testimonios de: Lcdo. Emanuelli, Emma Alvarado, (terapeuta); Gabriela Camacho Negrón; María Isabel Coss Guzmán; Verónica Ortiz Soto). Entre palabras soeces: mentar la madre, “muévete puñeta”.

Surge además, que la Fuerza de Choque tenían coraje, y una predisposición a la violencia y a perseguir a los estudiantes. (Véase el testimonio de la Profesora Irma Lugo).

Otras de las conductas que desplegó la Fuerza de Choque era reírse de las personas que no pueden respirar por los gases lacrimógenos y el “pepper spray”. (Véase el testimonio de Gabriela Camacho Negrón).

  1. Tomar las providencias necesarias para garantizar la protección de la persona detenida.

La policía en el caso de los arrestos de los manifestantes ha seguido un protocolo distinto del que se usan en otras intervenciones y arrestos. El 30 de junio se arrestaron a dos jóvenes, quienes posteriormente fueron llevados a la presencia de un magistrado, quien determinó la inexistencia de causa para el arresto. Del testimonio de la Licenciada Ataveyra Medina, surge la violación de derechos fundamentales de la persona detenida. En la vista celebrada el 9 de julio de 2010, ésta declaró sobre lo que denominó como “conducta antijurídica de los miembros de la policía”. Entre los hallazgos de su testimonio se encuentran: 1) dos oficiales de la policía le negaron acceso a las facilidades físicas del cuartel; 2) se le limitó su derecho a entrevistar a los detenidos; 3) se pretendió que ésta entrevistara a los detenidos en presencia de tres oficiales; 4) se utilizaron técnicas de intimidación en su contra; 5) se le proveyó a sabiendas información falsa del lugar donde estaban detenidos los estudiantes; 6) solo le permitieron entrevistar a los estudiantes durante dos minutos.

  1. Tratar cortésmente al público y prestar la debida ayuda a las personas que la requieran.

De las vistas surgen innumerables situaciones en que la Fuerza de Choque luego de las agresiones que efectuaba nunca se dignó a proveer ayuda o asistencia.

Del testimonio surge como en o ocasiones en que manifestantes o estudiantes se prestaban a socorrer a personas que estaban golpeadas, asfixiadas o en situaciones extremas, estos lo impedían agrediendo a todo aquel que intentara auxiliar. Ejemplo vivido es el testimonio de la estudiante de derecho, Gabriela Camacho Negrón; Bety Pena, (maestra) y Elisa Ramos (estudiante).

Inclusive, en ocasión en que un empleado del Capitolio socorrió a dos jóvenes, la seguridad privada se opuso. (Véase testimonio de Raysa López Colón).

De todos los testimonios se desprende que solo una agente, que no era parte de la Fuerza de Choque, ni participó en el operativo, se dignó a socorrer a madre e hija que estaban heridas. Esta ejemplar representante de la policía es la Agente González, Placa Núm. 29006. (Véase los testimonios de: Bety Pena, (maestra), Elisa Ramos (estudiante); Lcdo. Daniel Nina).

  1. Prestar la debida protección al pueblo reunido legalmente para cualquier fin lícito.

De la prueba presentada surge que la policía se utilizó para impedir que los ciudadanos se reunieran para ejercer sus derechos constitucionales, protegidos en el Artículo II, Sec. 4 de nuestra Constitución, que dispone que “no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o del derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. Así como la Sección 6, que dispone que las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito; y el Art. III, Sec. 11, nuestra Constitución que dispone que las “sesiones de la Cámaras serán públicas”.

  1. Ser puntual en sus compromisos oficiales y diligentes en el cumplimiento de su deber, actuando siempre en forma ecuánime, serena y justa.

La Fuerza de Choque tenía coraje, y una predisposición a la violencia y a perseguir a los estudiantes. (Véase el testimonio de la Profesora Irma Lugo).

Además, de forma reiterada se negó a cooperar o ofrecer información a los mediadores del Colegio de Abogado. Véase los testimonios del: Lcdo. Daniel Nina, Lcdo. Albaladejo y el Lcdo. Osvaldo Toledo.

  1. Violación de la Orden General Núm. 2004-3 Normas y Procedimiento para el uso, portación, mantenimiento, cambio, ocupación, reasignación y disposición de las Armas de Reglamento de la Policía, de 12 febrero 2004.

El inciso D., de la Orden General, dispone las guías a seguir por la policía para la utilización de su arma de fuego. Entre estas guías se encuentran:
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