Entidades públicas, organismos del sector central y descentralizado del orden nacional velarán por el cumplimiento de la misma




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Directiva Presidencial garantiza la Consulta Previa para grupos étnicos

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Por: RCN San Andrés

Entidades públicas, organismos del sector central y descentralizado del orden nacional velarán por el cumplimiento de la misma

Se expidió Directiva Presidencial que garantiza la Consulta Previa para grupos étnicos nacionales

Con el fin de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa de los grupos étnicos nacionales, el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, expidió la Directiva Presidencial No. 001 de 2010.

“Este documento, diseñado por el Ministerio del Interior y de Justicia, en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, establece los mecanismos para la aplicación Consulta Previa y determina como único coordinador de estos procesos a esta cartera” explicó el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.

La Directiva indica que programas como explotación de los recursos naturales, decisiones sobre enajenación de tierras, enseñanza a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua, entre otros, requieren llevarse a Consulta Previa con los Grupos Étnicos Nacionales, y señala cuales son los mecanismos para su desarrollo.

“Este es el paso previo al proyecto de ley que regulará el proceso de la Consulta Previa que se presentará al Congreso de la República” afirmo el Alto funcionario.

El jefe de la Cartera del Interior resaltó que las entidades públicas, organismos del sector central y descentralizado del orden nacional serán los encargados de velar por el cumplimiento de la misma.

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DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 01 DE 2010

(marzo 26)

PARA: VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTROS DEL DESPACHO, DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, SUPERINTENDENTES, DIRECTORES, GERENTES Y ORGANISMOS DEL SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DEL ORDEN NACIONAL

DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ASUNTO: GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE LOS GRUPOS ÉTNICOS NACIONALES.

FECHA: 26 de marzo de 2010 Con el propósito de dar cumplimiento a la Constitución Política, los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en esta materia y la ley, la presente directiva reseña los mecanismos para la aplicación de la Ley 21 de 1991, señala las acciones que requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa y establece los mecanismos mediante los cuales procede el proceso de Consulta Previa.

Los elementos aquí consignados se deben cumplir por parte de las entidades y organismos del sector central y descentralizado del orden nacional.

La Consulta Previa es un derecho fundamental consagrado en la Ley 21 de 1991 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T.1, Ginebra 1989”. El Convenio 169 de la OIT entra en vigor para Colombia el 4 de marzo de 1991. Por tratarse de un Convenio Internacional sobre Derechos Humanos, otorga a estos derechos carácter Constitucional, en virtud de lo señalado en el artículo 93 de la Carta Política.

En virtud del principio Pacta Sunt Servanda el Estado colombiano debe darle cumplimiento al Convenio número 169 de la OIT, el cual en su artículo 2° dispone: “1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. En numerosas ocasiones la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la forma en que la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT se deben aplicar en el contexto de la protección y garantía de la integridad de los pueblos denominados tribales en países independientes.

La consulta a los pueblos tribales en países independientes ha sido reglamentada bajo parámetros puntuales, particularmente lo señalado en el artículo 6° (sobre el objeto de la consulta), en el artículo 15 (sobre la consulta respecto de la prospección o explotación de los recursos), en el artículo 17 (sobre la propiedad, la posesión o el uso de las tierras), en el artículo 22 (sobre programas de formación profesional de aplicación general), en el artículo 28 (sobre la enseñanza de la lengua propia). Igualmente, respecto al fundamento de la realización de consultas a los pueblos denominados tribales en países independientes, pueden revisarse los artículos 3°, 4° y 5° del Convenio 169 de la OIT.

En el marco del ordenamiento jurídico nacional se encuentra la Ley 21 de 1991, que tiene aplicación a pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, y al Pueblo Rom, que en adelante se denominarán Grupos Étnicos Nacionales, y el Decreto 1320 de 1998, que reglamentó la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

Con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa, se deben atender las siguientes instrucciones:

1. Mecanismos para la aplicación de la Ley 21 de 1991

Hasta tanto se determine la competencia de los entes territoriales respecto a la garantía del derecho a la Consulta Previa, será el Ministerio del Interior y de Justicia el único organismo competente para coordinar la realización de los procesos de Consulta Previa, conforme a lo establecido en su Resolución número 3598 de diciembre de 2008.

La responsabilidad para llevar a cabo procesos de Consulta Previa es compartida entre los representantes de los proyectos y el Ministerio del Interior y de Justicia. El Ministerio es responsable de la forma en que se desarrolla el proceso en cada caso particular y los

1 Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). representantes de cada uno de los proyectos son responsables de participar activamente durante el proceso de consulta previa y de proporcionar los recursos necesarios para cada proceso en particular. El desarrollo responsable de los procesos de Consulta Previa, no sólo permite garantizar el derecho, sino que incrementa la viabilidad de los proyectos.

La participación del Ministerio Público, dentro del marco de sus competencias, siempre se considerará oportuna en cualquier momento y/o permanentemente en los procesos de Consulta Previa.

Las actividades que se planifiquen desde el Gobierno Nacional, centralizado o descentralizado, que requieran la garantía del derecho a la Consulta Previa en los términos establecidos en la presente Directiva, deberán surtir proceso de Consulta Previa de acuerdo con las indicaciones del Ministerio del Interior y de Justicia.

Es responsabilidad del Vicepresidente, los Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Superintendentes, Directores de Unidades Administrativas y Directores, Gerentes y Presidentes de Entidades centralizadas y descentralizadas del orden nacional, solicitar al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia, el desarrollo de procesos de Consulta Previa, así como proporcionar información sobre los planes, programas o proyectos que puedan requerir la garantía del derecho a la Consulta Previa.

2. Acciones que requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa

La consulta procede antes de la ejecución o puesta en marcha de cualquier proyecto que pueda afectar a los Grupos Étnicos Nacionales, o los derechos de los que son titulares de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o los instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación. En este sentido se relacionan las siguientes acciones que deben consultarse con los mencionados Grupos:

a) Cuando se expidan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directa y específicamente a los Grupos Étnicos Nacionales, y que requieran en el ámbito de su aplicación la formulación de enfoque diferencial.

b) Programas de prospección o explotación de los recursos naturales en sus territorios.

c) Decisiones sobre enajenación de tierras o de transferencia de sus derechos sobre las tierras, en el evento que las disposiciones de aplicación nacional puedan dificultar de alguna manera los procesos de titulación colectiva, ampliación o saneamiento de tierras.

d) Organización y funcionamiento de programas de formación profesional de aplicación general.

e) Enseñanza a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan.

f) Cuando se pretenda desarrollar, incrementar o transformar la malla vial en territorios étnicos.

g) Formulación, diseño o ejecución de proyectos de investigación adelantados por Entidades Públicas que estén relacionados con los recursos naturales, bióticos, económicos, culturales, religiosos, etc., de los grupos étnicos y puedan generar una afectación por la ejecución o la publicación de los mismos.

h) Cuando se planeen acciones de erradicación de cultivos ilícitos que puedan afectar a los grupos étnicos.

i) Cuando se estime tomar medidas sobre la salud y la enfermedad de los Grupos Étnicos Nacionales. Excepto en situaciones de emergencia que comprometan el derecho a la vida.

j) Cuando se pretenda tomar alguna medida prioritaria respecto al proceso de desarrollo de algún Grupo Étnico Nacional.

k) Cuando en el ámbito de aplicación de alguna medida legislativa general se requiera incorporar particularidades según las costumbres o el derecho consuetudinario de los Grupos Étnicos Nacionales, en el ámbito de aplicación de alguna medida legislativa general.

l) Demás casos en que la legislación así lo disponga expresamente.

3. Acciones que no requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa

NO requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa a Grupos Étnicos:

a) Medidas legislativas o administrativas que no afecten a los Grupos Étnicos Nacionales. Tal es el caso de medidas fiscales que no los cobije; penales, procesales y civiles de la jurisdicción ordinaria; medidas comerciales, industriales y de servicios de carácter urbano; laborales; y medidas sobre seguridad social, siempre y cuando no reduzcan la calidad de vida de los grupos étnicos.

b) Actividades para el mantenimiento de la malla vial existente, siempre y cuando se surta concertación de los planes de manejo para mitigar los impactos de los trabajos específicos en los tramos que puedan afectar a tos grupos étnicos. En todo caso, se deberá hacer solicitud de certificación ante la oficina de Consulta Previa, quien determinará las actividades, que en el marco del desarrollo del proyecto vial, requieren la garantía del derecho de Consulta Previa.

c) Cuando se deban tomar medidas urgentes en materia de salud, epidemias, índices preocupantes de enfermedad y/o morbilidad, desastres naturales y garantía o violación de Derechos Humanos.

d) Cuando el proceso de consulta previa no sea obligatorio de conformidad con ley expresa.

4. Mecanismos para el desarrollo del proceso de Consulta Previa

Garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa es de carácter obligatorio en los casos señalados y contribuye a las funciones del Ministerio del Interior y de Justicia, en relación con el apoyo al diseño y ejecución de políticas referentes a los asuntos y derechos de los grupos étnicos.

Si bien es cierto que la realización del proceso de Consulta Previa en los casos previstos en los acuerdos internacionales es obligatoria, los Grupos Étnicos Nacionales, en ejercicio de este derecho fundamental, no pueden vetar el desarrollo de proyectos.

En todo caso, el proceso de Consulta Previa procurará un acuerdo entre las partes sobre las características del proyecto y el manejo de sus impactos.

Los siguientes mecanismos deben ser utilizados en los procesos de Consulta Previa:

a) El proceso de Consulta Previa siempre deberá cumplir las siguientes fases:

a) Preconsulta2,

b) Apertura del proceso,

c) Talleres de identificación de impactos y definición de medidas de manejo,

d) Pre-Acuerdos,

e) Reunión de Protocolización,

f) Sistematización y seguimiento al cumplimiento de acuerdos,

g) Cierre del proceso de Consulta Previa. Estas fases se entenderán como un protocolo sugerido por el Grupo de Consulta Previa, y su aplicación estará supeditada a los acuerdos establecidos por la comunidad en consulta y el interesado.

b) El Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia, con el apoyo de la Dirección de Acceso a la Justicia del mismo, velará por el cumplimiento de las fases señaladas bajo la prerrogativa de la protección de los derechos fundamentales.

c) En los eventos que sea necesario, se expedirán resoluciones o actos administrativos, con el objeto de conminar el cumplimiento de todos los acuerdos previstos en los procesos de Consulta Previa.

d) El Ministerio del Interior y de Justicia determinará las características técnicas que deberán tener los documentos de proyectos para establecer el diálogo intercultural que permita su cabal comprensión.

e) Participación directa, con apropiación de recursos, de las entidades que requieran regularmente adelantar procesos de Consulta Previa. Con el objeto de establecer convenios o contratación de personal para adelantar los mencionados procesos y apoyar las funciones del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia.

2 Fase de Preconsulta definida por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 461 de 2008.

f) Las entidades, organismos, empresas o titulares de proyectos deberán contar con las apropiaciones presupuestales necesarias para financiar los proyectos o acciones que requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa.

g) Los promotores de las iniciativas podrán identificar grupos de proyectos susceptibles de participar en procesos de Consulta Previa en una agenda común y presentar solicitudes consolidadas al Ministerio del Interior y de Justicia. Dicho Ministerio determinará los Grupos Étnicos Nacionales, las comunidades, los representantes, el área de influencia y los actores participantes en el proceso de Consulta Previa, así como los roles que desempeñará cada uno de ellos. Para ello se hará convocatoria abierta a la preconsulta y se determinará, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, los organismos invitados que podrán ser convocados, y definirá las metas del proceso de Consulta Previa, de acuerdo con las condiciones de cada Grupo Étnico Nacional en particular y con la envergadura del proyecto o los proyectos objeto de consulta.

h) Los responsables de los proyectos deberán hacer las aclaraciones necesarias para el efectivo conocimiento y entendimiento de los mismos por parte de los Grupos Étnicos Nacionales, así como establecer claramente las actividades en el corto, mediano y largo plazo que se prevean desarrollar en la ejecución.

5. Manejo de los impactos

Con el fin de acelerar las acciones gubernamentales, se señalan las siguientes reglas para el manejo de los impactos, las cuales deberán ser cumplidas por todos los actores involucrados en procesos de Consulta Previa.

a) Cuando haya lugar a disponer una contratación de personal para trabajar en el diseño, ejecución o participación en cualquier momento del proyecto objeto de Consulta Previa, se dará cumplimiento al artículo 20 del Convenio 169 de la OIT.

b) Deben acordarse procedimientos especiales para que los recursos económicos apoyen el fortalecimiento de los Grupos Étnicos, sus territorios y las formas de vida que les son propias. En el evento de presentarse indemnizaciones, pagos en efectivo, entrega de medios electrónicos o cualquier otra modalidad que implique la entrega de recursos económicos, deberán tomarse medidas para el goce colectivo del mismo.

c) Los acuerdos a que se llegue en procesos de Consulta Previa apoyarán procesos colectivos para la adquisición de bienes o servicios y sólo en casos justificados se distribuirá o aceptará la entrega individual de recursos directamente.

d) En todos los procesos de Consulta Previa se deberán tomar medidas a corto, a mediano y a largo plazo que serán objeto de seguimiento.

Las responsabilidades aquí descritas, así como los procedimientos señalados, serán de obligatorio cumplimiento para los destinatarios de la presente Directiva.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ.

 


CONSULTA PREVIA CON GRUPOS ÉTNICOS
















Decreto 1320 de 1998

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

La consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas y cuando se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por dichas comunidades. En este último caso, le corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia de dichas comunidades, el pueblo a que pertenecen, su representación y ubicación -artículos 2 y 3-.

Establece la participación de las comunidades indígenas y negras en la elaboración de los estudios ambientales. Agrega que el responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa, elaborará los estudios ambientales con participación de los representantes de las comunidades indígenas, que para el caso serán los representantes legales o las autoridades tradicionales -artículo 5-.

Para la consulta previa ver además las siguiente disposiciones legales y fallos de la Corte Constitucional : artículos 6 de la Ley 21 de 1991, 16 del decreto 1397 de 1996, 53 de la Ley 143 de 1992, 14 del decreto 1640 de 1994; Ley 199 de 1995 y el decreto 0372 de 1996; 141 del decreto 1122 de 1999; 10 y 11 de la Ley 619 de 2000, y la Sentencia 039 de 1997, proferida por la Corte Constitucional.
















Decreto 1122 de 1999

Dicta normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe.

Minorías étnicas, trata sobre cartografía georeferenciada de áreas donde existan comunidades indígenas o negras. Se ordena al IGAC elaborar cartografías donde existan asentamientos de comunidades indígenas, en término de 6 meses -artículo 140-.

Cuando surtido el procedimiento legal y reglamentario de la Consulta Previa que propicia la participación de las comunidades indígenas y negras en la realización de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se logra un acuerdo con dichas comunidades, la decisión que adopte la autoridad competente deberá tener en cuenta la identidad cultural, social y económica de las comunidades afectadas e igualmente establecerá los mecanismos para la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad -artículo 141.

DECRETO 1320 DE 1998

(julio 13)

Diario Oficial No 43.340, del 15 de julio de 1998

MINISTERIO DEL INTERIOR

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y

negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le

confiere el numeral 11 del artículo 189 y el parágrafo del artículo 330 de la

Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 2o. del artículo

15 de la Ley 21 de 1991, en el artículo 44 de la Ley 70 de 1993 y en el artículo 76

de la Ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7o. de la Constitución Política señala que: "El Estado reconoce y

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana":

Que el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política establece: "La

explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin

desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades

indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación el

gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas

comunidades".

Que el numeral 3o. del artículo 7o. de la Ley 21 de 1991, por la cual se aprueba el

Convenio No. 169 de 1987 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, dispone

que: "Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen

estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la

incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las

actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los

resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas".

Que igualmente, el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 21 de 1991 establece que:

"En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o recursos

del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los

gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a

los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos

serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier

programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras..".

Que el artículo 17 de la Ley 70 de 1993 preceptúa que a partir de su vigencia y

hasta tanto no se haya adjudicado en debida forma la propiedad colectiva a una

comunidad negra que ocupe un terreno en los términos que la misma establece,

no se adjudicarán las tierras ocupadas por dicha comunidad ni se otorgarán

autorizaciones para explotar en ella recursos naturales, sin concepto previo de la

Comisión conformada por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora,

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y el Ministerio del Medio Ambiente.

Que el artículo 35 del Decreto 1745 de 1995 sobre elementos básicos para el

concepto previo por parte de la Comisión Técnica, en su numeral 1o. establece

que esta Comisión verificará "si el proyecto objeto de la solicitud de otorgamiento

de licencia ambiental, concesión, permiso, autorización o de celebración de

contratos de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales y genéticos

(sic), se encuentra en zonas susceptibles de ser tituladas como tierras de

comunidades negras, a fin de hacer efectivo el derecho de prelación de que trata

la ley".

Que de igual forma, el artículo 44 de la Ley 70 de 1993 establece: "Como un

mecanismo de protección de la identidad cultural, las comunidades negras

participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impactos

ambiental, socioeconómico y cultural, que se realicen sobre los proyectos que se

pretendan adelantar en las áreas a que se refiere esta ley".

Que el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 estipula que: "La explotación de los

recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y

económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de

acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las

decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de

tales comunidades".

Que se hace necesario reglamentar de manera especial la consulta previa a las

comunidades indígenas y negras tradicionales mediante un procedimiento

específico que permita a las autoridades ambientales ejercer su competencia en

esa materia y cumplir el mandato contenido en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993,

DECRETA:

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1o. OBJETO. La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto

económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad

indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio,

conforme a la definición del artículo 2o. del presente decreto, y las medidas

propuestas para proteger su integridad.

ARTICULO 2o. DETERMINACION DE TERRITORIO. La consulta previa se

realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de

resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a

comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto,

obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en

forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de

conformidad con lo establecido en el siguiente artículo.

ARTICULO 3o. IDENTIFICACION DE COMUNIDADES INDIGENAS Y NEGRAS.

Cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda realizar en zonas no tituladas y

habitadas en forma regular y permanente por comunidades indígenas o negras

susceptibles de ser afectadas con el proyecto, le corresponde al Ministerio del

Interior certificar la presencia de dichas comunidades, el pueblo al que pertenecen,

su representación y ubicación geográfica. El Instituto Colombiano para la Reforma

Agraria - Incora, certificará sobre la existencia de territorio legalmente constituido.

Las anteriores entidades, expedirán dicha certificación dentro de los quince (15)

días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud que para el efecto haga el

interesado en el proyecto obra o actividad, la cual contendrá:

A Identificación del interesado:

a) Fecha de la solicitud;

b) Breve descripción del proyecto, obra o actividad;

c) Identificación del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad,

acompañada de un mapa que precise su localización con coordenadas

geográficas o con sistemas Gauss.

PARAGRAFO 1o. De no expedirse las certificaciones por parte de la entidades

previstas en este artículo, en el término señalado, podrán iniciarse los estudios

respectivos. No obstante , si durante la realización del estudio el interesado

verifica la presencia de tales comunidades indígenas o negras dentro del área de

influencia directa de su proyecto, obra o actividad, deberá integrarlas a los

estudios correspondientes, en la forma y para los efectos previstos en este decreto

e informará al Ministerio del Interior para garantizar la participación de tales

comunidades en la elaboración de los respectivos estudios.

PARAGRAFO 2o. En caso de existir discrepancia en torno a la identificación del

área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, serán las autoridades

ambientales competentes quienes lo deteminen.

PARAGRAFO 3o. Las certificaciones de que trata el presente artículo se

expedirán transitoriamente, mientras el Ministerio del Interior en coordinación con

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAG y el Instituto Colombiano para la

Reforma Agraria Incora, elaboran una cartografía georeferenciada a escala

apropiada respecto de las áreas donde existan comunidades indígenas o negras

de las que trata la Ley 70 de 1993, en los términos de ocupación territorial de que

tratan los artículos 2o. y 3o. del presente Decreto. Para este efecto, dichas

entidades dispondrán de un término de seis (6) meses contados a partir de la

expedición del presente decreto. La cartografía de que trata este parágrafo deberá

ser actualizada cada seis (6) meses.

ARTICULO 4o. EXTENSION DEL PROCEDIMIENTO. Cuando los estudios

ambientales determinen que de las actividades proyectadas se derivan impactos

económicos, sociales o culturales sobre las comunidades indígenas o negras, de

conformidad con las definiciones de este decreto y dentro del ámbito territorial de

los artículos 2o. y 3o. del mismo, se aplicará el procedimiento establecido en los

artículos siguientes.

CAPITULO II.

CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE LICENCIAS AMBIENTALES O

ESTABLECIMIENTO

DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

ARTICULO 5o. PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y

NEGRAS EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES. El

responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa,

elaborará los estudios ambientales con la participación de los representantes de

las comunidades indígenas o negras.

Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los

representantes legales o las autoridades tradicionales y frente a las comunidades

negras con la participación de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario

o, en su defecto, con los líderes reconocidos por la comunidad de base.

El responsable del proyecto, obra o actividad acreditará con la presentación de los

estudios ambientales, la forma y procedimiento en que vinculó a los

representantes de las comunidades indígenas y negras en la elaboración de los

mismos, para lo cual deberá enviarles invitación escrita.

Transcurridos veinte (20) días de enviada la invitación sin obtener respuesta de

parte de los pueblos indígenas o comunidades negras, el responsable del

proyecto, obra o actividad informará al Ministerio del Interior para que verifique

dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, si existe

voluntad de participación de los representantes de dichas comunidades y lo

informará al interesado.

En caso que los representantes de las comunidades indígenas y/o negras se

nieguen a participar, u omitan dar respuesta dentro de los términos antes

previstos, el interesado elaborará el estudio ambiental prescindiendo de tal

participación.

ARTICULO 6o. TERMINOS DE REFERENCIA. Dentro de los términos de

referencia que expida la autoridad ambiental para la elaboración de los estudios

ambientales se incluirán los lineamientos necesarios para analizar el componente

socioeconómico y cultural de las comunidades indígenas o negras.

ARTICULO 7o. PROYECTOS QUE CUENTAN CON TERMINOS DE

REFERENCIA GENERICOS. Cuando el proyecto, obra o actividad, cuente con

términos de referencia genéricos expedidos por la autoridad ambiental respectiva,

el interesado deberá informar al Ministerio del Interior sobre la participación de las

comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración

de los estudios.

ARTICULO 8o. SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL O DE

ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Cuando se

pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad dentro del ámbito territorial

previsto en los artículos 2o. y 3o. de este decreto, a la solicitud de licencia

ambiental o de establecimiento del Plan de Manejo Ambiental, se anexará las

certificaciones de que trata el artículo 3o. del presente decreto.

ARTICULO 9o. PROYECTOS QUE NO CUENTAN CON TERMINOS DE

REFERENCIA GENERICOS. Recibida la solicitud de términos de referencia y

establecida la necesidad de hacer consulta previa, la autoridad ambiental

competente al momento de expedirlos, informará al Ministerio del Interior sobre la

participación de las comunidades indígenas y/o negras susceptibles de ser

afectadas, en la elaboración de los estudios.

ARTICULO 10. CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES FRENTE AL

COMPONENTE SOCIOECONOMICO Y CULTURAL. En relación con el

componente socioeconómico y cultural, los estudios ambientales deberán

contener por lo menos lo siguiente:

1. En el diagnóstico ambiental de alternativas:

Características de la cultura de las comunidades indígenas y/o negras. Este

elemento se tendrá en cuenta por parte de la autoridad ambiental para escoger la

alternativa para desarrollar el estudio de impacto ambiental.

2. En el estudio de impacto ambiental o plan de manejo ambiental:

a) Características de la cultura de las comunidades indígenas y/o negras;

b) Los posibles impactos sociales, económicos y culturales que sufrirán las

comunidades indígenas y/o negras estudiadas, con la realización del proyecto,

obra o actividad;

c) Las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir, mitigar, controlar o

compensar los impactos que hayan de ocasionarse.

ARTICULO 11. COMUNICACION A LA COMISION TECNICA DE QUE TRATA

LA LEY 70 DE 1993. Hasta cuando se adjudique en debida forma la propiedad

colectiva de las comunidades negras susceptibles de ser afectadas por el

proyecto, obra o actividad, la autoridad ambiental competente remitirá copia del

auto de iniciación de trámite a la Comisión Técnica de que trata el artículo 8o. de

la Ley 70 de 1993, para que emita el concepto exigido en el artículo 17 de la

misma ley.

ARTICULO 12. REUNION DE CONSULTA. Dentro de los quince (15) días

siguientes a la fecha de la solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del

Plan de Manejo Ambiental, la autoridad ambiental competente comprobará la

participación de las comunidades interesadas en la elaboración del estudio de

Impacto Ambiental, o la no participación, y citará a la reunión de consulta previa

que deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes al auto que así lo

ordene preferiblemente en la zona donde se encuentre el asentamiento.

Dicha reunión será presidida por la autoridad ambiental competente, y deberá

contar con la participación del Ministerio del Interior. En ella deberán participar el

responsable del proyecto, obra o actividad y los representantes de las

comunidades indígenas y/o negras involucradas en el estudio.

Sin perjuicio de sus facultades constitucionales y legales, podrán ser igualmente

invitados la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las

demás entidades del Estado que posean interés en el asunto, de conformidad con

la naturaleza del impacto proyectado.

PARAGRAFO 1o. Cuando para un proyecto, obra o actividad hayan de

consultarse varias comunidades indígenas y negras se realizará una sola reunión

de consulta, salvo cuando no sea posible realizarla en conjunto por existir

conflictos entre ellas.

PARAGRAFO 2o. La reunión se celebrará en idioma castellano, con traducción a

las lenguas de las comunidades indígenas y negras presentes, cuando sea del

caso. De ella se levantará un acta en la que conste el desarrollo de la misma,que

será firmada por los representantes de las comunidades indígenas y negras;

Igualmente será firmada por los representantes de la autoridad ambiental

competente, del Ministerio del Interior y de las autoridades de control que asistan a

ella.

ARTICULO 13. DESARROLLO DE LA REUNION. En la reunión de consulta se

seguirá el siguiente procedimiento:

a) Instalada la reunión y verificada la asistencia, el responsable del proyecto, obra

o actividad hará una exposición del contenido del estudio respectivo, conespecial

énfasis en la identificación de los posibles impactos frente a las comunidades

indígenas y a las comunidades negras, y la propuesta de manejo de los mismos;

b) Acto seguido, se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas

y negras consultadas;

c) Si existe acuerdo en torno a la identificación de impactos y a las medidas

propuestas dentro del plan de manejo ambiental, y las demás a que hubiere lugar,

según el caso, en lo relacionado con las comunidades indígenas y negras, se

levantará la reunión dejando en el acta constancia expresa del hecho;

d) En caso de no existir acuerdo sobre las medidas

propuestas dentro del plan de manejo ambiental y las demás a que hubiere lugar,

la autoridad ambiental competente suspenderá la reunión por una sola vez, y por

el término máximo de 24 horas, con el fin de que las partes evalúen las

propuestas. Si después de reanudada la reunión, se llegare a un acuerdo deberá

darse aplicación a lo establecido en el literal anterior, en caso de que continúe el

desacuerdo, se procederá de conformidad con el siguiente literal del presente

artículo;

e) En caso de no existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el Plan de

Manejo Ambiental, se dará por terminada la reunión dejando en el acta constancia

expresa de tal hecho y la autoridad ambiental competente decidirá sobre el

particular en el acto que otorgue o niegue la licencia ambiental;

f) Si cualquiera de las comunidades indígenas o negras involucradas no asiste a la

reunión de consulta, deberá justificar su inasistencia ante la autoridad ambiental,

dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha programada para su celebración.

En caso de que no exista justificación válida se entenderá que se encuentra de

acuerdo con las medidas de prevención, corrección, mitigación, control o

compensación de los impactos que se le puedan ocasionar;

g) Justificada la inasistencia, la autoridad ambiental, dentro de los quince (15) días

siguientes, citará a una nueva reunión para el efecto;

h) Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente, la dará por

terminada, dejando constancia de lo ocurrido en el acta y continuará con el trámite

establecido en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1753 de 1994 o normas que los

modifiquen o sustituyan, con el objeto de tomar una decisión sobre el otorgamiento

o negación de la licencia ambiental o del establecimiento del plan de manejo

ambiental.

CAPITULO III.

CONSULTA PREVIA FRENTE AL DOCUMENTO DE EVALUACION Y MANEJO

AMBIENTAL

ARTICULO 14. DOCUMENTO DE EVALUACION Y MANEJO AMBIENTAL.

Cuando quiera que se den los supuestos del artículo 2o. del presente decreto para

los proyectos, obras o actividades cobijados por lo dispuesto en el Decreto 883 de

1997, se deberá realizar la consulta previa con las comunidades indígenas y

negras.

En tal caso, el documento de evaluación y manejo ambiental deberá elaborarse de

conformidad con lo establecido en los artículos 5o. y 10 numeral 2 del presente

decreto. El interesado antes de elaborar el documento de evaluación y manejo

ambiental deberá informar al Ministerio del Interior para que constate la

participación de las comunidades indígenas o negras susceptibles de ser

afectadas en la elaboración de los estudios.

La consulta previa se realizará una vez elaborado el documento de evaluación y

manejo ambiental y con anterioridad a la entrega ante la autoridad ambiental

competente, en las formas y condiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del

presente decreto. Para tal fin se deberá dar aviso oportunamente a la autoridad

ambiental competente.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del documento de

evaluación y manejo ambiental, la autoridad ambiental competente se pronunciará

indicando si es procedente o no dar inicio a las obras.

CAPITULO IV.

CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE PERMISOS DE USO,

APROVECHAMIENTO O

AFECTACION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

ARTICULO 15. PERMISOS DE USO, APROVECHAMIENTO O AFECTACION

DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Cuando se pretenda desarrollar

un proyecto, obra o actividad dentro del ámbito territorial previsto en los artículos

2o. y 30 de este decreto, a la solicitud presentada ante la autoridad ambiental

competente para acceder al uso, aprovechamiento o afectación de los recursos

naturales renovables que no vayan implícitos dentro de una licencia ambiental, se

anexarán las certificaciones de que trata el artículo 3o. del presente decreto.

Recibida la solicitud y establecida la necesidad de hacer consulta previa, la

autoridad ambiental competente informará al Ministerio del Interior para efectos de

su coordinación. Igualmente, la autoridad ambiental competente deberá dar

aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de este decreto cuando sea del caso.

ARTICULO 16. REUNION DE CONSULTA. Dentro de los quince (15) días

siguientes a la fecha de recibo de la solicitud de aprovechamiento, uso o

afectación de los recursos naturales renovables, la autoridad ambiental

competente citará a una reunión de consulta, que deberá celebrarse dentro de los

quince (15) días siguientes al auto que así lo ordena, en el lugar que ella

determine, preferiblemente en la zona en donde se encuentre el asentamiento.

Deberá participar en tal reunión, el interesado, los representantes de las

comunidades indígenas y negras involucradas y el Ministerio del Interior,

igualmente serán invitados a asistir la Procuraduría General de la Nación y la

Defensoría del Pueblo. Podrán asistir también otras entidades del Estado que

posean interés en el asunto.

ARTICULO 17. DESARROLLO DE LA REUNION DE CONSULTA. La reunión de

consulta se desarrollará de la siguiente manera:

a) Instalada la reunión y verificada la asistencia, el interesado expondrá las

condiciones técnicas en que pretende usar, aprovechar o afectar los recursos

naturales renovables;

b) Acto seguido se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas

o negras consultadas y se determinarán los impactos que se pueden generar con

ocasión de la actividad y las medidas necesarias para prevenirlos, corregirlos,

mitigarlos controlarlos o compensarlos;

c) En esta reunión se aplicará lo dispuesto en los literales f) y g) del artículo 13 del

presente decreto;

d) Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente la dará por

terminada, dejando constancia de lo ocurrido en el acta y continuará con el trámite

establecido en las normas vigentes, con el objeto de tomar una decisión sobre el

otorgamiento o negación del permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los

recursos naturales renovables.

ARTICULO 18. AMBITO DE APLICACION. Las disposiciones contenidas en los

capítulos III y IV del presente decreto no se aplicará cuando se trate de licencias

ambientales que contengan permisos, concesiones y autorizaciones para el

aprovechamiento de los recursos naturales.

CAPITULO V.

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 19. COMUNICACION DE LA DECISION. El acto administrativo que

otorgue o niegue la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo

ambiental o el permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos

naturales renovables deberá ser comunicado a los representantes de las

comunidades indígenas y negras consultadas.

ARTICULO 20. REGIMEN TRANSITORIO. Las consultas previas con

comunidades indígenas o negras cuyo trámite se hubiere iniciado con anterioridad

a la vigencia del presente decreto, continuarán su desarrollo en la forma acordada.

No obstante, el interesado en el proyecto, obra o actividad podrá optar por la

sujeción al procedimiento establecido en este decreto.

ARTICULO 21. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO. Sin perjuicio de la plena

vigencia del presente decreto a partir de la fecha de su publicación, dentro de los

seis (6) meses siguientes a ella, el Gobierno Nacional propiciará con las

comunidades indígenas y negras reuniones de participación para recibir de ellas

las observaciones y correctivos que podrían introducirse a los procesos de

consulta previa establecidos en el presente decreto.

ARTICULO 22. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su

publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santa fe de Bogotá, D.C., a 13 de julio de 1998

ERNESTO SAMPER PIZANO

ALFONSO LOPEZ CABALLERO

El Ministro del Interior

ANTONIO GOMEZ MERLANO

El Ministro de Agricultura

ORLANDO CABRALES MARTINEZ

El Ministro de Minas y Energía

FABIO ARJONA HINCAPIE

El Viceministro del Medio Ambiente, encargado de las funciones

del despacho del Ministro del Medio Ambiente










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