Magistrado Ponente Dr. Sigifredo espinosa pérez aprobado Acta No. 233




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República de Colombia


Colisión de competencias No. 32.296

ANA ELSA CUADROS VALBUENA
Corte Suprema de Justicia



Proceso No 32296

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 233.




Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, treinta y uno de julio de dos mil nueve.

V I S T O S



Dirime la Sala el conflicto negativo de competencias suscitado entre los Juzgados 2º Penal del Circuito de Bucaramanga y 3º Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, que se rehusan a conocer de la etapa del juicio dentro del diligenciamiento adelantado contra ANA ELSA CUADROS VALBUENA, quien fuera acusado por la Fiscalía Dieciocho Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la mencionada ciudad como presunta autora del delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus derivados.

ANTECEDENTES



En horas de la mañana del 18 de septiembre de 2004, por información de la ciudadanía, la Policía Judicial, adscrita al Grupo de Hidrocarburos, halló en el parqueadero público “Morrorico”, ubicado en el kilómetro 2 de la vía Bucaramanga-Cúcuta, administrado por la señora ANA ELSA CUADROS VALBUENA, un tanque de fabricación artesanal adaptado para almacenamiento y distribución de hidrocarburos, con 14 pimpinas plásticas que contenían 70 galones de ACPM, motivo por el cual la mencionada fue aprehendida y puesta a disposición de la Fiscalía.
Abierta la correspondiente investigación, se escuchó en indagatoria a la capturada y posteriormente, luego de clausurada la instrucción, el 16 de junio de 2005 la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga, profirió resolución de acusación en su contra como presunta autora del delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus derivados.
Se destaca que la adecuación típica de la conducta se sustentó en el hecho de que de acuerdo con la prueba técnica –examen químico del Laboratorio de Investigación Ciéntífica del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación-, el combustible incautado no se encontraba “marcado”, lo cual permitió descartar que el mismo perteneciera al comercializado por la empresa colombiana Ecopetrol, de donde concluye que éste era de contrabando.
La fase del juicio correspondió inicialmente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, y luego, por razón del Acuerdo No. 5474 de 2009, emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el asunto pasó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudadr, despacho que en auto del 18 de mayo de 2009 declaró que carecía de competencia para avocar el conocimiento del caso, por considerar que a partir de la vigencia de la Ley 1028 del 12 de junio de 2006, el conocimiento del delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas, fue radicado en cabeza de los jueces penales del circuito especializados, según dice lo analizó la Corte en el auto del 7 de febrero de 2007, motivo por el cual remitió las diligencias al juzgado de tal especialidad de la ciudad de Bucaramanga, proponiendo colisión negativa de competencia para el evento de que no fueran compartidos sus argumentos.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga aceptó la colisión mediante auto del pasado 8 de julio de 2009, señalando que el delito por el cual se acusó a la aquí procesada no pertenece al capítulo del Código Penal que reformó la Ley 1028 de 2006, sino al capítulo IV del Título X,del mismo, específicamente a la conducta señalada en el artículo 320-1 denominado “favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados” y no al delito de “receptación” de que trata el Capítulo VI, específicamente en el artículo 327 C ibídem.
En consecuencia, remite el diligenciamiento a esta Corporación para que se dirima el conflicto negativo que así, quedó legalmente trabado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Corte es competente para conocer de este asunto, habida cuenta que el artículo 18 transitorio de la Ley 600 de 2000 le asigna el conocimiento de los conflictos de competencia que se susciten entre jueces penales de circuito especializados y jueces penales del circuito.
Sea lo primero reiterar, como se ha dicho en otras oportunidades, que la resolución de acusación es la pieza procesal que señala el marco jurídico dentro del cual debe desenvolverse el juicio y la sentencia, toda vez que informa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos y la calificación jurídica provisional dada a los mismos, lo que a la postre determina la competencia y tiene con relación al mismo fuerza vinculante, no pudiendo desconocerla, a menos que se haya incurrido en error en la denominación jurídica de la infracción.
Sobre la calificación jurídica de la conducta, se expuso en la acusación dentro de este asunto que:
La prueba allegada al proceso ofrece plena configuración de la conducta tipificada en el artículo 320-1 del Código Penal, el hecho de habérsele hallado en su poder a ANA ELSA CUADROS VALBUENA el ACPM, el cual no procede de ECOPETROL por cuanto no contiene marcador y aunque no se determinó la procedencia, si se estableció que no es de los comercializados por ECOPETROL, y reconocer que efectivamente ella se encontraba en posesión del combustible de contrabando” (fol. 31 cuaderno original).
Ahora bien la Sala ha sostenido que si el juez a quien es remitida la actuación para surtir la etapa del juicio se percata de un error en la calificación jurídica impartida por la Fiscalía, capaz de determinar la variación de la competencia, debe proponer la correspondiente colisión negativa (artículo 402 de la Ley 600 de 2000), para que una vez trabada, el superior funcional común a los despachos colisionantes dirima el conflicto, casos en los cuales, excepcionalmente, se encuentra facultado para examinar los elementos que integran la tipicidad de la conducta investigada, con el único fin de establecer el factor objetivo de competencia, sin que entonces pueda inmiscuirse en la existencia del delito o en la responsabilidad del procesado.
Pues bien, en el presente asunto los despachos colisionantes no discuten la situación fáctica que se investiga, y que deja en claro que en parqueadero público “Morrorico”, ubicado en el kilómetro 2 de la vía Bucaramanga-Cúcuta, administrado por la señora ANA ELSA CUADROS VALBUENA, se encontró un tanque de fabricación artesanal adaptado para almacenamiento y distribución de hidrocarburos, con 14 pimpinas plásticas que contenían 70 galones de ACPM, cuyo análisis químico permitió descartar que el mismo perteneciera al comercializado por la empresa colombiana Ecopetrol, de donde se concluyó que se trataba de combustible de contrabando.
Así las cosas, la discusión queda circunscrita a establecer si mediante el artículo 1º de la Ley 1028 de 2006, al adicionarse al Código Penal –Ley 599 de 2000- el artículo 327-C, el legislador incluyó dentro de este comportamiento el tipificado en el artículo 72 de la Ley 788 de 2002, por cuyo medio se adicionó al mismo Estatuto Penal el artículo 320-1, o si por el contrario, la conducta de receptación de combustibles es independiente y autónoma respecto de la de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos.
Pues bien, el artículo 327-C preceptúa:
Artículo 327-C. Receptación. Adicionado por el artículo 1 de la Ley 1028 de 2006. El que sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles descritas en los artículos 327-A y 327-B adquiera, transporte, almacene, conserve, tenga en su poder, venda, ofrezca, financie, suministre o comercialice a cualquier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentadas o sistemas de identificación legalmente autorizados, cuando tales bienes provengan de la ejecución de alguno de estos delitos, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que destine mueble o inmueble o autorice o tolere en ellos tal destinación o realización cualquier actividad que facilite la comisión de las conductas mencionadas en el inciso anterior”.
A su vez, los artículos 327-A y 327 B, son del siguiente tenor:
Artículo 327-A. Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan. Adicionado por el artículo 1 de la Ley 1028 de 2006. El que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, biocombustible o mezclas que los contengan debidamente reglamentados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años y multa de mil trescientos (1.300) a doce mil (12.000) salarios mínimos mensuales vigentes.

()”
Artículo 327-B. Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación. Adicionado por el artículo 1 de la Ley 1028 de 2006. El que se apodere o altere sistemas o mecanismos legalmente autorizados para la identificación de la procedencia de los hidrocarburos, sus derivados, los biocumbustibles o mezclas que los contengan, tales como equipos, sustancias, marcadores, detectores o reveladores, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa de setecientes (700) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Por su parte, el artículo 320-1 preceptúa:
Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. El que posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene hidrocarburos o sus derivados introducidos al territorio colombiano por lugares no habilitados, u ocultados, disimulados o sustraídos de la intervención y control aduanero, en cuantía superior a veinte (20) galones, incurrirá en pena de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes exportados”.
El Juez al imponer la pena, privará al responsable del derecho de ejercer el comercio, por el término de la pena y un (1) año más”.
No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los bienes que se encuentren en su poder, estén soportados con factura o documento equivalente, con el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 771-2 del estatuto tributario
Como puede observarse, aunque los preceptos que tipifican el favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados y la receptación de los obtenidos a través del apoderamiento ilegal, incluyen verbos rectores similares, entre ellos, almacenar, transportar y enajenar, entre otros, debe considerarse que la primera de las conductas recae sobre los combustibles “introducidos al territorio colombiano por lugares no habilitados, u ocultados o disimulados o sustraídos de la intervención y control aduanero”, es decir, de los ingresados ilegalmente al país, situación que de manera específica se concretó en el supuesto fáctico declarado en la resolución de acusación que afecta a la procesada ANA ELSA CUADROS VALBUENA en este caso, pues al no hallarse marcado el ACPM decomisado, con justa lógica el instructor concluyó que el mismo era de contrabando y esa la razón por la cual el comportamiento se adecuó en la previsión del artículo 320-1 de la Ley 599 de 2000, que trata del delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos.
Los mencionados delitos son autónomos e independientes, pues el comportamiento de receptación de combustible hurtado no contiene la definición típica de la conducta de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos.
Por tal razón, de conformidad con la cláusula general de competencia establecida en el literal b) del numeral 1º del artículo 77 de la Ley 600 de 2000, la competencia para conocer de la fase de juzgamiento radica en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga, a donde, por economía procesal, se remitirán de inmediato las diligencias, dando aviso de lo aquí decidido al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, pues la competencia de estos despachos quedó limitada en la Ley 1028 de 2006, a los delitos de que tratan los artículos 327-A, 327-B, 327-C y 327-D, como lo determinó la Sala en el auto del 7 de febrero de 2007, dentro del radicado No. 26.652.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,
RESUELVE

DECLARAR que la competencia para seguir conociendo del presente proceso contra ANA ELSA CUADROS VALBUENA, por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados radica en cabeza del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga.
En consecuencia, disponer la inmediata remisión de la presente actuación al Juzgado en quien se radica la competencia, dando aviso de lo aquí decidido al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ


ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L.

Comisión de servicio Comisión de servicio


AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria



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