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Informe Inicial de aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

De conformidad al artículo 35 de la Convención
Informe Inicial
Chile

Agosto de 2012



Índice

Párrafos Página

Abreviaturas y Siglas.…………………………………………..………….. 2

I. Introducción………………………………………………………………. 1 – 14 3

II. Disposiciones generales de la Convención (artículos 1 a 4)……..….. 15 – 21 6

III. Derechos específicos

Artículo 5. Igualdad y no discriminación…………………………………… 22 – 26 7

Artículo 6. Mujeres con discapacidad……………………………………....... 27 – 32 9

Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad…………………………….…... 33 – 45 10

Artículo 8. Toma de conciencia……………………………………………..… 46 – 51 12

Artículo 9. Accesibilidad…………………………………..………………...… 52 – 82 14

Artículo 10. Derecho a la vida…………………………………………….…. 83 – 83 22

Artículo 11. Situaciones humanitarias……………………………………… 84 – 88 22

Artículo 12. Igual reconocimiento ante la ley……………………. 89 – 91 23

Artículo 13. Acceso a la justicia………………………………….. 92 – 98 24

Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona……………….. 99 – 101 25

Artículo 15. Protección contra la tortura y otros tratos

o penas crueles, inhumanos o degradantes………. 102 – 102 26

Artículo 16. Protección contra la explotación,

la violencia y el abuso………………………… 103 – 110 26

Artículo 17. Protección de la integridad personal………. 111 – 114 27

Artículo 18. Libertad de desplazamiento y nacionalidad…. 115 – 118 28

Artículo 19. Derecho a vivir en forma independiente

y a ser incluido en la comunidad……………. 119 – 123 29

Artículo 20. Movilidad personal……………………………… 124 – 125 30

Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso

a la información……………………………….. 126 – 131 30

Artículo 22. Respeto a la privacidad…………………………….. 132 – 134 31

Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia…………….. 135 – 139 31

Artículo 24. Educación…………………………………………….. 140 – 176 32

Artículo 25. Salud………………………………………………. 177 – 181 41

Artículo 26. Habilitación y rehabilitación…………………. 182 – 192 41

Artículo 27. Trabajo y empleo……………………………………… 193 – 224 43

Artículo 28. Nivel adecuado de vida y protección social…….. 225 – 236 49

Artículo 29. Participación en la vida política y pública….. 237 – 241 51

Artículo 30. Participación en la vida cultural, actividades

recreativas, esparcimiento y deporte……….. 242 – 244 52

IV. Obligaciones específicas

Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas…………. 245 – 257 52

Artículo 32. Cooperación internacional…………………….. 258 – 265 54

Artículo 33. Aplicación y seguimiento nacionales………… 266 – 270 56

Anexo Abreviaturas y Siglas
APSI Aporte Previsional Solidario de Invalidez

AUGE Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud

CASEN Encuesta de Caracterización Económica

CCR Centros Comunitarios de Rehabilitación

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud

CND Convención Internacional de los Derechos del Niño

COMPIN Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

D.S. Decreto Supremo

D.O. Diario Oficial

ENDISC Estudio Nacional de la Discapacidad

FONADIS Fondo Nacional de Discapacidad

GES Garantías Explícitas de Salud

IND Instituto Nacional del Deporte

JUNJI Junta Nacional de Jardines Infantiles

LEGE Ley General de la Educación

LIOISPD Ley Igualdad Oportunidades e Inclusión Social de

Personas con Discapacidad (No.20.422)

LRPA Ley Responsabilidad Penal Adolescente (No.20.084)

MIDEPLAN Ministerio de Planificación

MINEDUC Ministerio de Educación

MINSAL Ministerio de Salud

MINVU Ministerio Vivienda y Urbanismo

MOP Ministerio de Obras Públicas

MTT Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

NEE Necesidades Educativas Especiales

OGUC Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

PAD Programas Ambulatorios de Discapacidad

PBSI Pensión Básica Solidaria de Invalidez

PcD Persona (s) con Discapacidad

PIE Proyectos de Integración Educativa

PIL Programas de Intermediación Laboral

PLANDISC Plan Nacional de Acción en Discapacidad

RBC Rehabilitación con Base Comunitaria

SEGEGOB Ministerio Secretaría General de Gobierno

SENADIS Servicio Nacional de la Discapacidad

SENAME Servicio Nacional de Menores

SENCE Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

SERNAM Servicio Nacional de la Mujer

UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

VIF Violencia Intrafamiliar



  1. Introducción




        1. El Documento Específico Inicial relativo a la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (la Convención)1, elaborado en conformidad con su artículo 35, contiene información detallada sobre la legislación, los avances y las medidas concretas adoptadas por el Estado de Chile para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos reconocidos en el citado instrumento. Su contenido abarca, prioritariamente, el período comprendido entre el 29 de julio de 2008, fecha de entrada en vigor de la Convención en Chile, y el 31 de diciembre de 2011.

        2. Los antecedentes relativos a la estructura política de Chile y a su marco normativo general de protección de los derechos humanos se pueden consultar en el Documento Básico (HRI/CORE/1/Add.103). Una actualización de este documento estará disponible durante el segundo semestre del año 2012. Ambos documentos, básico y específico, constituyen el Informe Inicial sobre la Convención que el Estado de Chile presenta para su examen por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (el Comité) con arreglo a las directrices armonizadas para la presentación de informes2.

        3. La evolución del tratamiento de la discapacidad hacia un modelo social se produjo con antelación a la adopción y entrada en vigor de la Convención. Nuestro país ya contaba con una importante gama de instrumentos legales, políticos e institucionales destinados a hacer efectiva la plena integración social de las personas con discapacidad (las PcD) y velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución Política de la República (la Constitución) y las leyes reconocen a todas las personas.

        4. A partir del año 1990 se observa en Chile una marcada acción pública en beneficio de la igualdad de oportunidades de las PcD, conforme a la evolución experimentada por el derecho internacional, lo que implicó el abandono y cambio progresivo de las tradicionales políticas asistenciales a favor de este grupo de la población, hacia un enfoque de derechos.

        5. La adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas de las Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para las PcD3 sirvió de base para la elaboración y publicación de la Ley Nº 19.284 que estableció Normas para la Plena Integración Social de las PcD (D.O. 14/01/1994). Su principal avance fue la adopción de una visión de la discapacidad que supera el enfoque biomédico, incorporando el contexto en el cual ésta se desenvuelve, abarcando por primera vez todos los aspectos de la vida de las PcD. La discapacidad dejó de concebirse como un problema que afecta sólo a las personas que la presentan y a sus familias, sino que debe ser abordada por la sociedad en su conjunto, mediante la gestión coordinada e intersectorial del Estado, la cooperación público-privada y la participación social. Mediante esta ley se creó una nueva institucionalidad pública denominada Fondo Nacional de la Discapacidad (el FONADIS), que se relacionó con el Estado a través del Ministerio de Planificación (el MIDEPLAN) -actual Ministerio de Desarrollo Social- cuya finalidad fue administrar los recursos disponibles en favor de las PcD. Los objetivos de este organismo fueron financiar, total o parcialmente, la adquisición de ayudas técnicas destinadas a PcD de escasos recursos o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan; y a financiar planes, programas y proyectos a favor de las PcD, orientados a la prevención, diagnóstico, rehabilitación e integración social.

        6. A partir del año 2004, con ocasión del Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (el ENDISC), el país se dotó de una base estadística en discapacidad, ajustada a las nuevas conceptualizaciones aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (la OMS), constituyéndose en el segundo instrumento de este tipo en Latinoamérica. Ese mismo año FONADIS y MIDEPLAN impulsaron el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social de las PcD (el PLANDISC) 2004-2010.

        7. Cabe indicar que la realización del Segundo ENDISC se encuentra actualmente en desarrollo y se prevé que estará concluido durante el año 2012. Dicho estudio forma parte de una de las líneas de acción del Programa de Cooperación conjunto con la Unión Europea y con la Agencia de Cooperación Internacional de Chile denominado “Seguimiento, evaluación y fortalecimiento de políticas descentralizadas de inclusión social de las personas en situación de discapacidad en Chile”. Este estudio tiene como propósito proporcionar información estadística sobre prevalencias, categorías, causales, brechas de acceso y otros temas de interés en el ámbito de la discapacidad.

        8. A inicios del año 2010, con posterioridad a la ratificación de la Convención, con el objeto de incorporar sus normas y estándares, se dictó la Ley Nº 20.422 (D.O.10/02/2010) que “Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de PcD” (la LIOISPD)4. Esta ley marco contempla una nueva definición de PcD, que comprende la restricción de participación y las limitaciones para ejercer las actividades esenciales de la vida diaria que experimentan estas personas, según el nuevo modelo formulado por la OMS en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (la CIF).

        9. Las adecuaciones normativas de la LIOISPD obedecen a los principios que consagra la Convención. Destaca la prevención de la discriminación múltiple, y el perfeccionamiento del sistema de recursos judiciales y de sanciones. Asimismo, en cuanto a la institucionalidad pública encargada de la ejecución de las políticas de discapacidad, el FONADIS es reemplazado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (el SENADIS o el Servicio), órgano al que se le asignan nuevas funciones como son: coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a este fin, las de intermediación laboral y defensa de los derechos de las PcD cuando estén comprometidos los intereses colectivos o difusos. SENADIS cuenta hoy con una estructura interna desconcentrada territorialmente y descentralizada funcionalmente, operando con una Dirección en cada región del país.

        10. Para el cumplimiento de sus funciones el Servicio puede: celebrar convenios con otros organismos; asesorar técnicamente al Comité de Ministros en la elaboración de la Política Nacional para PcD y en la evaluación periódica de todas aquellas acciones y prestaciones sociales ejecutadas por distintos organismos del Estado que tengan como fin -directo o indirecto- la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la participación y la accesibilidad de las PcD; elaborar y ejecutar, en su caso, el plan de acción de la política nacional para PcD; diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos, promover y desarrollar acciones que favorezcan la coordinación del sector privado con el sector público en todas aquellas materias que digan relación con mejorar la calidad de vida de las PcD.

        11. En cumplimiento de las facultades reglamentarias entregadas por la nueva LIOISPD, actualmente se trabaja en el desarrollo de los reglamentos relativos a las materias de certificación y calificación de la discapacidad; registro nacional de la discapacidad; normas de funcionamiento del Comité Interministerial de desarrollo social (que reemplazó al Comité de Ministros de la discapacidad)5 y del Consejo Consultivo del SENADIS; accesibilidad a la información de la difusión televisiva; accesibilidad al transporte público; cupos preferentes a empleos públicos; beneficios arancelarios y de importación de vehículos y ayudas técnicas; modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (la OGUC); definición de lengua de señas chilena y rotulaciones sanitarias. Asimismo, desde el año 2010 se trabaja en el fortalecimiento de las políticas públicas en discapacidad, lo que comprende la realización de una actualización estadística de los datos sobre discapacidad y del Plan Nacional de Acción en Discapacidad para el período 2010-2020.

        12. Cabe destacar que el Informe Mundial de la Discapacidad de la OMS y del Banco Mundial, publicado a fines de junio del 2011, señala que un 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. También considera que casi todas las personas tendrán algún tipo de discapacidad durante su vida, y las que lleguen a la vejez tendrán asimismo dificultades de funcionamiento. Este no es un problema sólo de las PcD, que en Chile equivalen al 12,9%, (más de dos millones de personas). Así, son más de ocho millones de personas las que viven con alguien con discapacidad.

        13. Al revisar las nueve recomendaciones del informe, se constata que Chile avanza en el sentido correcto con la dictación de la nueva legislación en discapacidad, que crea una institucionalidad compuesta por el Comité de Ministros de la Discapacidad6, el Consejo Consultivo y el SENADIS, que con objetivos alineados a la Convención, buscan la inclusión de las PcD.

        14. El presente informe ha sido elaborado en el marco de la comisión interinstitucional conformada por el SENADIS, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Derechos Humanos (DIDEHU) del Ministerio de Relaciones Exteriores7. Ha sido difundido mediante encuentro informativo destinado a la Sociedad Civil realizado al final del proceso de elaboración, encontrándose a disposición del público a contar de esa fecha.



  1. Disposiciones generales de la Convención (Artículos 1, 2, 3 y 4)




        1. La definición de discapacidad en Chile varió -al igual que el enfoque del tratamiento de la materia- desde lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.284 (D.O. 14/01/1994) que señalaba “Para los efectos de esta ley se considera persona con discapacidad a toda aquélla que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social”, a la conceptualización vigente contenida en el artículo 5° de la LIOISPD (D.O.10/02/2010) que define persona con discapacidad en consideración a los artículos 1° y 2° de la Convención, como “aquélla que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Dicha definición conceptual se aviene con la perspectiva psicosocial de la discapacidad adoptada en la CIF.

        2. Por otra parte, la conceptualización de discapacidad adoptada por la LIOISPD modifica el concepto de prevención, rehabilitación y de ayudas técnicas, poniendo el acento en la funcionalidad y vida independiente, y no sólo en el tratamiento de la deficiencia. Se define así la prevención como “toda acción o medida, pública o privada que tenga por finalidad impedir o evitar que una persona experimente una deficiencia que restrinja su participación o limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, así como impedir que ésta llegue a ser permanente” (artículo 19).

        3. A su vez, la serie de definiciones que la Convención contiene en su artículo 2°, tales como la de discriminación por motivos de discapacidad, los ajustes razonables o el diseño universal, también han sido recogidas por la citada ley al consagrar en su artículo 3° los principios de vida independiente (en relación con el entorno y sus componentes); accesibilidad y diseño universal; y de intersectorialidad, participación y diálogo social (en relación con las políticas públicas).

        4. Ahora bien, en cuanto a las posibles conductas o costumbres discriminatorias, cabe hacer presente que nuestro país se encuentra encaminado en un proceso de cambio cultural en la materia, y que, por tanto, podríamos clasificarnos como una sociedad en transición hacia la igualdad de oportunidades de las PcD. Desde ese punto de vista, se puede mencionar la discriminación en el ámbito laboral y educacional, particularmente en el ingreso de PcD tanto al mundo del trabajo como a la educación formal. El inciso 3° del artículo 8° de la LIOISPD, en el marco de las medidas que el Estado debe establecer contra la discriminación, conceptualiza los ajustes necesarios, haciendo expresa mención a la consideración de que no deben suponer una carga desproporcionada.

        5. La LIOISPD establece, en su artículo 4, las obligaciones que deben ser cumplidas en el diseño y ejecución de los programas destinados a las PcD. Al efecto, dispone que el objetivo de los programas debe apuntar a mejorar la calidad de vida de las PcD y que en su diseño deben considerarse las discapacidades específicas que se pretenden suplir. Los requisitos de los postulantes deben ser determinados y priorizados en consideración a criterios de grado de la discapacidad y nivel socioeconómico. Además, se dispone que el Estado debe priorizar la ejecución de programas y proyectos, junto a la creación de apoyos, en el entorno más próximo a las PcD que se pretende beneficiar. Finalmente, en la ejecución de los programas se debe otorgar preferencia a la participación de las PcD, a sus familias y organizaciones.

        6. La ley citada ha establecido la gradualidad en la exigibilidad de los derechos de las PcD que están supeditados a grandes y complejos procesos de adecuación de infraestructura o de legislación, dado que es necesario y prudente que se consideren plazos para su plena entrada en vigencia. Así por ejemplo: el artículo 1° transitorio establece: “Las disposiciones del inciso 1° del artículo 25 relativas a los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable y las disposiciones del inciso 2° del mismo artículo, deberán encontrarse íntegramente cumplidas dentro del término de tres años, contado desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento a que se refiere el inciso 1° del citado artículo. Dicho reglamento8 deberá ser dictado en el plazo de seis meses desde la publicación de esta ley, y establecerá un patrón progresivo que contemplará, como mínimo, cuotas de programación accesible de, a lo menos, un treinta y tres por ciento cada año. (/) Las exigencias establecidas en los artículos 26, 27 y 42 deberán ser cumplidas dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. (/) Los edificios existentes de uso público o que presten un servicio a la comunidad, dispondrán de un plazo máximo de tres años para hacer las adecuaciones de accesibilidad a que se refiere el artículo 28 del presente cuerpo legal. Dicho plazo se contará desde la publicación en el Diario Oficial del respectivo reglamento que para estos efectos dicte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (/) El acceso a los medios de transporte público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, sus organismos o las municipalidades, en especial, las vías públicas, pasarelas peatonales, parques, plazas y áreas verdes, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por PcD, especialmente por aquéllas con movilidad reducida, dentro del plazo de ocho años contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Corresponderá al Ministerio de Planificación, en conjunto con los Ministerios competentes, establecer las normas y programas para asegurar este cumplimiento. (/) Las exigencias señaladas en el artículo 31 deberán ser implementadas dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.(/) El Estado, en conjunto con la comunidad de PcD auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno”.

        7. Cabe recordar para efectos de los cómputos de plazo indicados precedentemente que la LIOISPD fue publicada en el D.O. con fecha 10 de febrero de 2010.




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