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Artículo 8. Toma de conciencia


        1. En esta materia, se han ejecutado innumerables encuentros, jornadas, seminarios y mesas de trabajo relativos a los derechos y la igualdad de oportunidades que promueve la Convención, junto a diversas instancias de la sociedad civil, universidades y servicios públicos, entre otros.

        2. En este sentido, cabe citar el artículo 2 de la LIOISPD que dispone para el cumplimiento del objeto de la ley, dar “a conocer masivamente a la comunidad los derechos y principios de participación activa y necesaria en la sociedad de las PcD, fomentando la valoración en la diversidad humana, dándole el reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso y desarrollo del país”.

        3. En cumplimiento de aquel mandato, destacan el seminario de especialización “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y Administración de Justicia”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (el MINREL) con participación del SENADIS, en diciembre de 201014; el “Plan por la Igualdad y No Discriminación; el Programa Tolerancia y No Discriminación” y el “Programa de Sensibilización y Difusión”, generados en el Ministerio Secretaría General de Gobierno (la SEGEGOB).

        4. En cuanto a las actividades y acciones propias del SENADIS, cabe destacar las siguientes: a) la realización de consultas ciudadanas para la creación de los Reglamentos que ejecutan la LIOISPD; b) la organización de seminarios para su difusión y socialización; c) campañas radiales para su difusión; d) la realización de charlas en organizaciones comunales respecto a sus alcances; e) las reuniones técnicas celebradas a nivel regional para dar a conocer sus alcances; f) la gestión de prensa con entrevistas, columnas de opinión, cartas públicas y crónicas sobre diversos aspecto de la ley; g) su difusión entre funcionarios de la administración pública; h) la participación en seminarios sobre sus alcances legales dirigido a miembros de cuerpos policiales; i) la elaboración de un Manual de la ley para organizaciones de –y para– PcD; j) la creación y elaboración de una Guía del Uso Correcto del Lenguaje en discapacidad; k) la elaboración del libro Rampas y Barreras; l) la creación de Mesa de la Accesibilidad en IX Región (Temuco); m) las presentaciones de la Dirección Nacional en diversas instancias legislativas (comisiones); n) la participación del Servicio en el Encuentro Nacional de Consejos Comunales de la Discapacidad; o) la organización del Seminario sobre Trabajo Inclusivo; p) la participación en Mesa Intersectorial en Materias de Diversidad y No Discriminación Arbitraria de la División de Organizaciones Sociales de la SEGEGOB; y q) la instalación de mesas técnicas de discapacidad auditiva y mental15. Estas actividades están enfocadas a la población en general, adaptadas de acuerdo a las características de los distintos públicos a quienes se dirigen y se extienden a las organizaciones de –y para– PcD, a las autoridades municipales, estudiantes universitarios, asociaciones empresariales, funcionarios públicos, funcionarios policiales, senadores, diputados, alcaldes, intendentes y gobernadores.

        5. En el marco del programa de defensoría de derechos de las PcD, una de las finalidades de los Convenios suscritos por el SENADIS y las CAJ es la capacitación de los profesionales y funcionarios de estas instituciones en la temática de discapacidad, de la Convención y de la LIOISPD. Además, se busca que en la ejecución de los Convenios se desarrollen actividades de promoción y difusión de derechos a organizaciones de y para PcD.

        6. En materia de Participación y Dialogo Social y la Territorialidad, uno de los principios rectores de la LIOISPD, destacan las siguientes acciones del SENADIS: a) las Jornadas sobre diálogos participativos en todas las regiones del país, implementada desde el año 2011. Uno de los propósitos de dichas jornadas es promover la participación de las organizaciones de PcD en la elaboración de un plan de acción, considerando sus principales demandas en el ámbito de la discapacidad, con el fin de realizar un diagnóstico situacional sobre la oferta y demanda existentes que son fundamentales para la definición de la Política y Plan de acción asociado; b) desarrollo y ejecución del Proyecto “Seguimiento, Evaluación, Fortalecimiento de Políticas Descentralizadas de Inclusión Social de las PcD en Chile”, en el marco de cooperación entre la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, cuyo principal objetivo es promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de las PcD mediante la integración y ejecución territorial de las políticas públicas en discapacidad; c) en la línea de PLANDISC se han realizado 6 Encuentros Regionales, donde se han difundido los principios de la Convención; d) la Campaña Comunicacional “Uso Correcto de los Estacionamientos para PcD”; e) la Campaña Inclusión Educativa Concurso de Pintura “Mi colegio es de Todos”, dirigido a alumnos de enseñanza básica y media; f) la Campaña Verano Seguro, con el objeto de prevenir accidente en playas y piscinas que generen algún tipo de discapacidad; g) la Campaña Respeto a los Derechos de las Personas que tienen Perros de Asistencia; h) la elaboración del Plan de Encuentros Regionales del SENADIS, que cubre todo el país, donde se informa sobre los contenidos de la Convención. En esa instancia se distribuyó una cartilla, díptico y afiche informativo relativo a los principios y derechos de las PcD contenidos en la LIOISPD, y se realizó una campaña radial sobre los contenidos de la Convención.


Artículo 9. Accesibilidad


        1. La LIOISPD define en su artículo 3 letra b) el principio de Accesibilidad Universal como la “condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible” y en su letra a) como principio de Vida Independiente el “estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad (…)”.

        2. A su vez, en el inciso 2° del artículo 8 se definen las exigencias de accesibilidad como “los requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibilidad universal”, y en el inciso 3° los ajustes necesarios como “las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las PcD que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una PcD en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos”.

        3. Estos principios se desarrollan en diversas disposiciones de la citada normativa, en particular en el Párrafo 1° sobre Medidas de Accesibilidad, del Título IVMedidas para la Igualdad de Oportunidades”, el cual considera acciones para la accesibilidad a las comunicaciones y la información, la accesibilidad al entorno físico, a la educación e inclusión escolar, capacitación e inserción laboral y salud, entre otros. Se señala, en su artículo 23 que “el Estado, a través de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal”. Detalle sobre las diferentes acciones se aborda en los párrafos siguientes.


Accesibilidad a la Información y Comunicaciones


        1. El artículo 25 de la LIOISPD establece la obligatoriedad, tanto para la televisión abierta como para los proveedores de televisión por cable y los responsables de las campañas de servicio público, cadenas nacionales y propaganda electoral, de incorporar mecanismos de comunicación audiovisual para las PcD auditiva, aplicando mecanismos de comunicación audiovisual tales como transmisiones o emisiones con subtitulado y lengua de señas. Luego, el artículo 1° transitorio de la ley establece que estas normas deberán cumplirse íntegramente dentro de 3 años contados desde la publicación del respectivo reglamento (al que se refiere el artículo 25) en el Diario Oficial, que establezca los mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten el ejercicio de estos derechos, con avances de cumplimiento del 33,3% cada año.


Accesibilidad a la información en Bibliotecas Públicas


        1. El artículo 27 de la LIOISPD dispone que éstas “deberán contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a PcD de causa sensorial, considerando facilidades, ajustes necesarios y la prestación de servicios de apoyo para la atención de estos usuarios”. Según dispone el artículo 1° transitorio, esta norma de accesibilidad deberá cumplirse por las bibliotecas de acceso público dentro de 2 años contados desde la publicación de la citada ley, es decir, al 10 de febrero del año 2012.


Accesibilidad a los Productos Farmacéuticos, Alimentos de Uso Médico y Cosméticos


        1. El artículo 32 de la LIOISPD dispone que estos productos deberán contener medidas tales como la rotulación Braille de su nombre y su fecha de vencimiento, a fin de asegurar la debida protección de los usuarios que son PcD visual. La escritura en Braille se encuentra en proceso de certificación.


Accesibilidad al Entorno Físico


        1. En lo relativo a las barreras arquitectónicas versus accesibilidad el artículo 23 de la LIOISPD dispone que el Estado, a través de los organismos competentes, impulse y aplique medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. Ahora bien, desde la vigencia de la anterior normativa, la Ley No. 19.284 (D.O. 14/01/1994) que estableció normas para la plena integración social de PcD, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (el MINVU) viene implementando reglamentos y medidas de acción, orientados a evitar o compensar las desventajas de las PcD. Estas medidas implicaron la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de 1992 (la OGUC)16, introduciéndose las siguientes exigencias: a) las destinadas a eliminar barreras arquitectónicas y a facilitar el desplazamiento de PcD por espacios de uso público, como son las rampas, cruces peatonales, circulación en veredas o aceras, rebajes de soleras, ubicación de mobiliario urbano, semáforos y estacionamientos; b) sobre dotación mínima y dimensiones de estacionamientos para PcD; c) para edificios de uso público y edificación colectiva, en cuanto a puertas de accesos, revestimiento de pisos, rampas, ascensores, circulaciones horizontales, servicios higiénicos, teléfonos públicos y señalización; d) dimensionamiento y pendiente mínimo de rampas; e) medidas mínimas para cabinas de ascensores destinados a PcD; y, por último, f) exigencias de accesibilidad, así como contar con servicios higiénicos para PcD en edificios hospitalarios y de salud, en teatros y otros locales de reuniones, en recintos deportivos, en hoteles y en establecimientos industriales.

        2. De tal manera, a partir del año 1994 las nuevas edificaciones construidas, tanto por el Estado como por particulares, han incorporado de diferente manera los estándares exigidos por la OGUC. En general, se puede sostener que se encuentra solucionado el acceso a los recintos, pero que existe aún una brecha en materia de circulación y uso de los espacios interiores y públicos.

        3. En relación con los edificios y espacios públicos, el artículo 28 de la LIOISPD dispone que “todo edificio de uso público y todo aquel que, sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como toda nueva edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por PcD, especialmente por aquellas con movilidad reducida. Asimismo, estarán sometidas a esta exigencia las obras que el Estado o los particulares ejecuten en el espacio público al interior de los límites urbanos, y los accesos a los medios de transporte público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso público. Si las edificaciones y obras señaladas en este inciso contaren con ascensores, estos deberán tener capacidad suficiente para transportar a las PcD de conformidad a la normativa vigente”. Actualmente se está elaborando un ranking de accesibilidad de los edificios públicos del Estado como una forma de autoevaluación, con el objeto de cumplir con este requerimiento.

        4. De esta forma, la LIOISPD perfeccionó la anterior normativa al ampliar las exigencias de accesibilidad de los edificios de uso público incluyendo a aquellos que presten un servicio a la comunidad y a toda nueva edificación colectiva “sin importar su carga de ocupación”, al igual que extendió las exigencias a los bienes nacionales de uso público, concepto más amplio que el anterior. También se incorporó como nuevo estándar la usabilidad en forma autovalente por toda persona, que la norma anterior limitaba a la accesibilidad por parte de personas en sillas de ruedas.

        5. En materia institucional, la LIOISPD estableció que corresponde al MINVU “establecer las normas a las que deberán estar sujetas las nuevas obras y edificaciones, así como las normas y condiciones para que las obras y edificaciones existentes se ajusten gradualmente a las exigencias de accesibilidad”, lo que inplica asumir nuevos desafíos y mayores exigencias en la implementación de las normas de accesibilidad (artículo 28, inciso 3). Entre las acciones y normas implementadas por esa repartición públicas destacan:

        6. a) El Catastro Nacional de Edificios Accesibles, implementado en sitio web institucional, con información del registro de edificios de uso público y edificios colectivos con una carga de ocupación superior a 50 personas, que han dado cumplimiento o no a las exigencias de accesibilidad para PcD conforme la normativa vigente a la fecha de los D.S. N° 201/98 y D.S. N° 32/02 del MINVU. En la actualidad, a contar de la LIOISPD se están llevando a cabo iniciativas para mejorar el registro de los edificios y oficinas públicas del Estado, para obtener un registro más detallado y acorde con las nuevas exigencias.

        7. b) La incorporación del concepto de dispositivo de rodados en cruces y dispositivos especiales para configurar huella táctil (relacionado con la Ley 19.284) en el Manual de Vialidad Urbana: Recomendaciones para el diseño de elementos de infraestructura vial urbana17. Dicho Manual es un documento, de carácter indicativo, que establece procedimientos y recomendaciones para la planificación, diseño, construcción y operación de obras pertinentes a la vialidad urbana. Asimismo, pretende asistir y orientar el proceso geométrico de los dispositivos más frecuentes en la infraestructura vial urbana, y, en su caso, en todas las obras viales urbanas que se contraten, aprueben, supervisen o ejecuten por los Servicios de Vivienda y Urbanización (los SERVIU) y, en general, por todo otro organismo público o privado que desarrolle alguna de dichas acciones. En la actualidad, bajo la LIOISPD, se están llevando a cabo iniciativas para incluir la variable accesibilidad universal, con el fin de incorporar la temática de manera transversal y no sólo orientado a PcD usuarias de sillas de ruedas.

        8. c) Las mejoras en las condiciones de las viviendas de las PcD. El artículo 29 de la LIOISPD establece que el MINVU, dentro de sus programas habitacionales, deberá contemplar subsidios para adquirir y habilitar viviendas, destinadas a ser habitual y permanentemente habitadas por una o más PcD, por su familia, cuidador o representante, o con quienes ellas vivan. Asimismo, dispone que la OGUC “contendrá las exigencias de accesibilidad que deban cumplir las viviendas destinadas a PcD”. Entre las acciones para la implementación de esta norma destacan: i) el trabajo intersectorial con el SENADIS y el Ministerio de Desarrollo Social para incorporar la variable de accesibilidad en la vivienda y el trabajo en distintos programas sociales; ii) la Mesa de Trabajo para la definición de los nuevos estándares a cumplir en materia de vivienda social; iii) la Mesa de Trabajo en el Programa Habitabilidad y Chile Solidario; iv) la elaboración del documento técnico Ficha de Diagnóstico, como complemento al programa del Ministerio de Desarrollo Social y del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (el FOSIS), que incorpora en las especificaciones técnicas requisitos para la construcción de viviendas sociales del Programa Fondo Solidario de Vivienda, principal programa de vivienda social vigente del MINVU, con subsidio especial para PcD18; v) la asignación de mayor puntuación para acceder a subsidios en sus programas habitacionales destinados tanto a la construcción, compra, ampliación, reparación o mejoramiento de la vivienda destinada a ser habitual y permanentemente habitada por una o más PcD, por su familia, cuidador o representante con quienes ellas vivan. Así, un total de 2.005 familias obtuvieron puntaje adicional para postular a un subsidio por motivo de discapacidad durante el período 2009 y 2010, cuyo desglose por programa habitacional es el siguiente:

          Programa Habitacional

          No. Familias

          Fondo Solidario de Vivienda

          1.108

          Programa de Protección al Patrimonio Familiar

          655

          Subsidio Habitacional

          204

          Subsidio Rural

          38

          Total

          2.005

        9. En cuanto al SENADIS, cabe destacar las siguientes acciones en este ámbito:

a) Trabajo intersectorial y coordinación de acciones con el Ministerio de Obras Públicas (el MOP) para elaborar e incorporar la Política de Discapacidad y Accesibilidad, así como incorporar la variable discapacidad y accesibilidad en planes y programas. En tal sentido, cabe mencionar: i) la Mesa de Trabajo para la evaluación del proyecto de reconstrucción del borde costero de la localidad de Dichato, VIII Región, afectada por el terremoto y posterior tsunami del año 2010, en el cual se incorporaron las condiciones de accesibilidad con altos estándares de exigencia. Asimismo, el MOP, a través de su Dirección de Obras Portuarias, se comprometió a incorporar la variable en todos sus proyectos, conformando así el inicio de la Red de Playas Accesibles en Chile; ii) las visitas técnicas y visitas a obras para la correcta implementación de medidas de accesibilidad al Mercado Plaza de Abastos y Pérgolas San Francisco y Santa María de Santiago.

        1. b) Conformación de Mesas de Trabajo de Accesibilidad Universal en Regiones. Este proceso se irá implementando de acuerdo a los avances y compromisos que adquiera cada región en materias de inclusión. Cabe destacar la Mesa de Trabajo Piloto Intersectorial en la región de La Araucanía, con su Protocolo de Acuerdo suscrito el 21 de octubre de 2010 en Temuco, entre el MINVU, el SENADIS, el Servicio Nacional de Turismo (el SERNATUR), la Intendencia Regional, la Ilustre Municipalidad de Temuco, la Corporación Ciudad Accesible, la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, la Fundación Teletón, la Cámara de Comercio Servicio y Turismo, y la Universidad Autónoma de Chile, cuyo objetivo es generar propuestas de mejoramiento para que Temuco y la Región de la Araucanía puedan ser accesibles para todos sus habitantes.

        2. c) Conformación de Mesa de Trabajo sobre uso de Estacionamientos reservados. Al respecto cabe citar el artículo 31 de la LIOISPD que señala que “los establecimientos comerciales, industriales y de servicios, públicos o privados; los que exhiban espectáculos artísticos, culturales o deportivos; los edificios destinados a un uso que implique la concurrencia de público, y los espacios de uso público que cuenten con estacionamientos para vehículos, todos los cuales reservarán un número suficiente de ellos para el uso de las PcD, conforme a las disposiciones de la OGUC. Corresponderá a la municipalidad respectiva velar por el adecuado cumplimiento de esta obligación”. Estas medidas de cumplimiento progresivo, deberán ejecutarse dentro de dos años contados desde la publicación de la LIOISPD, es decir, al 10 de febrero del año 201219.

        3. Sobre la base de tal mandato el SENADIS conformó la citada Mesa de Trabajo Intersectorial cuyo objeto es promover el buen uso de los estacionamientos reservados para PcD, y que es integrada por el MINVU, el MOP, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (el MTT), el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Asociación de Municipalidades, empresas privadas, organizaciones de y para PcD, y representantes de la sociedad civil. Como resultado se elaboró un Decálogo y actualmente se promueve una campaña informativa20 a nivel nacional por el correcto uso de los estacionamientos exclusivos para PcD.

        4. d) el Sistema de Información Georreferenciada de Accesibilidad de Edificios Públicos del país. Se trata de una iniciativa tecnológica, desarrollada a partir de enero de 2011 mediante una alianza público/privada, que busca promover la participación ciudadana en la elaboración de una base de datos actualizada sobre la calidad de los accesos de las construcciones en Chile, la que se publica en un sitio web de mapas de ciudades. Esta iniciativa, además de fortalecer la participación ciudadana en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad, debiera constituir un incentivo para que las edificaciones se adapten a dichos requerimientos.


Accesibilidad en transporte


        1. Las PcD tienen derecho a acceder y circular en cualquier medio de transporte de pasajeros que preste servicios en el territorio nacional, terrestre o marítimo, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o colectivo. La LIOISPD dispone, en su artículo 30, que todos los medios de transporte público deberán contar con señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil acceso para PcD. En los procesos de licitación de transporte público de pasajeros, las bases deben incorporar los requerimientos señalados. Los operadores de transporte no podrán exigir al pasajero con discapacidad el cumplimiento de requisitos o condiciones especiales para acceder al servicio de transporte público.

        2. Ahora bien, con la dictación de la anterior Ley No. 19.284 (D.O. 14/01/1994), ya se había adecuado gran parte de la normativa en materia de transporte, alcanzándose importantes logros en los siguientes ámbitos:

        3. a) Buses y minibuses. Mediante la modificación del Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros21 se estableció la obligatoriedad de asegurar asientos de fácil acceso para ser usados por PcD -a lo menos un asiento por cada diez, señalizados con el símbolo internacional de discapacidad (el SIA)- en todos los servicios de locomoción colectiva urbana y rural de hasta 50 km de longitud, y servicios rurales de mayor longitud cuando respecto de ellos se autorice el transporte de hasta un máximo de 20 pasajeros de pie, quedando exceptuados sólo los servicios de transporte prestados con automóviles de alquiler. En el año 2000, se estableció que en los pasamanos superiores del vehículo y en la zona ubicada frente a dichos asientos deben existir elementos que al tacto indiquen a un no vidente que se encuentra frente a dichos asientos22. Estas obligaciones son fiscalizadas con ocasión de la revisión técnica periódica de los vehículos. Finalmente, en el año 2005 se exceptuó de la prohibición de poder acceder a los vehículos de transporte público de pasajeros a los perros de asistencia que acompañen a PcD23.

        4. b) Transantiago.
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