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El sistema de transporte urbano de la ciudad de Santiago contempla facilidades para el transporte y acceso de PcD desde que se inició su puesta en marcha el año 2007. La flota accesible ha ido aumentando gradualmente. El año 2009, 3.222 buses (51,4% del total) cumplían con requisitos de accesibilidad. Actualmente, éstos alcanzan al 77% (6.200 buses), y fue previsto incorporar durante el primer semestre del año 2011 un 3% adicional. En cuanto a la infraestructura asociada al sistema de transporte, se han adaptado paraderos y estaciones de trasbordo. Un 22% de los refugios es accesible y las 35 estaciones de trasbordo representan 226 paraderos accesibles. En 16 paradas existe información en Braille.

  • c) Metro Santiago. A partir de la Ley No. 19.284 (D.O. 14/01/1994), el Metro de Santiago comenzó a construir sus estaciones dando acceso a las PcD. Los primeros tramos de las líneas 1 y 2, construidos con anterioridad, no contemplaron facilidades para ellos, sin embargo, luego de un plan de inversión por $1.600 millones, el año 2009 entraron en operación ascensores en cinco de sus principales estaciones. Actualmente, el Metro cubre 21 comunas contando con 108 estaciones; de éstas, 77 (71% de la red, lo que significa un 10% más de estaciones respecto del año 2008) son accesibles para PcD contemplando ascensores, salva escaleras, rutas para no videntes, sistema Braille en pasamanos y torniquetes, y sonorización de ascensores y trenes. Actualmente existen coordinaciones para Mesa de Trabajo del SENADIS y el Metro para la Evaluación de Accesibilidad/No Accesibilidad en las estaciones, y la definición de la Implementación de Medidas de Accesibilidad. Durante el 2011 el Metro de Santiago incorpora dentro de sus lineamientos estratégicos la implementación de medidas de accesibilidad para obtener, en los próximos 8 años, un sistema de transporte accesible.

  • d) Metro Valparaíso. Actualmente el Metro de la ciudad de Valparaíso conecta 8 comunas de la Quinta Región. El servicio cuenta con algunas facilidades para la PcD tales como asientos rotulados, espacio para sillas de rueda en puntas de trenes, indicación sonora y luminosa del cierre de puertas y asistente en cada mezanina. Adicionalmente, en 4 estaciones existe un ascensor con información en Braille, que conecta la calle y el andén. El resto de las estaciones no tiene accesibilidad.

  • e) Ferrocarriles. Durante el 2005, para facilitar el acceso de las PcD a las instalaciones y equipos ferroviarios, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) implementó una serie de adaptaciones y medidas, como las siguientes: rampas de acceso y cambio de andenes en las 18 estaciones del Metrotren, con especificaciones técnicas de medidas, dotadas de pasamanos metálicos en ambos lados y señalizadas; 50 rampas móviles para acceso a los trenes en silla de ruedas (a lo menos 2 por estación); acceso a dependencias en todas las estaciones de Metrotren, así como en las del servicio de Largo Recorrido (Curicó-Chillán, 6 estaciones), se nivelaron con pequeñas rampas los pavimentos para facilitar el acceso; losetas de cambio de andén en todas las estaciones de Metrotren, que permiten el cruce a personas con alguna discapacidad o que se desplazan en silla de ruedas; baños para PcD en todas las estaciones en que se consideró instalar baños públicos; espacio para sillas de ruedas en los 15 trenes que prestan servicio de Metrotren; en todas las zonas de acceso y salida habilitadas con torniquetes se instaló una puerta batiente metálica de 90 cm. de ancho, para ser abierta por el guardia a solicitud de la boletería o por el propio usuario.

  • Especial mención amerita el Reglamento de la LIOISPD (D.S. Nº 142/2011) relacionado con el Transporte Público de Pasajeros, elaborado en conjunto por MIDEPLAN y el MTT, que se aplica a los buses y minibuses que atienden servicios de locomoción colectiva urbana, rural e interurbana de transporte público de pasajeros; al Metro y trenes suburbanos; a los trenes o servicios ferroviarios; y a las naves matriculadas en Chile que cuenten con acomodaciones o dependencias para recibir pasajeros. Se exceptúan del reglamento los vehículos considerados de patrimonio cultural o histórico y los destinados a fines meramente turísticos y de recreación. Dicho reglamento, que considera su incorporación en las Bases de Licitación de los servicios de transporte, establece la cantidad de asientos para uso preferente de PcD con movilidad reducida que deben destinarse en cada servicio, cómo deben éstos señalizarse, las dimensiones y señalización de los espacios reservados para pasajeros que viajen en silla de ruedas, así como el lugar en que éstos deben ser provistos, entre otras facilidades. Para su entrada en vigencia, se contempla un plazo general de 180 días, con la excepción de la habilitación de espacios reservados para pasajeros que viajan en silla de ruedas en el Metro, trenes suburbanos y servicios ferroviarios en general, para lo cual se considera un plazo de 12 meses24.

  • f) Señalización para PcD visual. El Manual de Señalización de Tránsito, en su Capítulo 2, referido a Señales Verticales, contempla que en los postes que sustentan la señal que contiene el nombre de calles y su altura, pueda instalarse, para uso de personas no videntes, una placa informativa de 25 cm. de largo por 7 cm. de ancho, con información en Braille sobre los nombres y numeración de calles de la intersección y una indicación con los 4 puntos cardinales. En cuanto a los semáforos, el capítulo 4 del mismo Manual, referido a estos dispositivos de control de tráfico, contempla la posibilidad de que éstos contengan señales audibles, lo que ocurre en dos importantes paseos peatonales del centro de Santiago, así como con la instalación durante el año 2010, a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, de este tipo de semáforos en 2 cruces peatonales, próximos a escuelas de ciegos, en las comunas de Providencia y Ñuñoa. Estos semáforos cuentan además con una botonera especial para no videntes y superficie guía al paso peatonal.

  • g) Plantas de Revisión Técnica. Durante el año 2010 se licitaron las concesiones de Plantas de Revisión Técnica de dos regiones del país, considerando la exigencia de rampas, y de baños para PcD, y que las actividades de cobro se realizaran en un primer piso. Las plantas del resto del país comenzaron a funcionar con similares características entre los años 2005 al 2007, estando previsto licitar las concesiones de dos de ellas durante 2011.


    Establecimientos educacionales


          1. El artículo 36 de la LIOISPD establece que “los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a las PcD el acceso a los cursos o niveles existentes (…)”.

          2. A este respecto, el SENADIS coordina un trabajo conjunto con el MINEDUC y otros actores que participan en el área de la Educación (como la JUNJI y la Fundación Integra, entre otros), destinado a la incorporación de estándares de accesibilidad y diseño universal para la infraestructura educacional en sus distintos niveles, en el marco de las políticas de inclusión en la educación. Asimismo, coordina la Mesa de Trabajo para la evaluación de proyectos emblemáticos -tanto existentes como nuevos-, y la Mesa de Trabajo con el Departamento de Educación en el tema Infancia y Discapacidad.


    Artículo 10. Derecho a la vida


          1. El artículo 19 número 1° de la Constitución asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Por su parte, la Ley No. 18.826 (D.O. 15/09/1989) que sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario, prescribe en su artículo único que no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. De esta manera, en Chile, la posible discapacidad de un ser humano en gestación no es razón para la interrupción del embarazo. Además, la Ley No. 20.120 (D.O. 22/09/2006) sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohibición de la clonación humana, “(…) protege la vida de los seres humanos, desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética, en relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas” (artículo 1°). Por tanto, no existe un tratamiento diferenciado para PcD en esta materia.


    Artículo 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias


          1. Frente a una situación de emergencia inmediata, como fue el caso del terremoto y maremoto que afectó el centro-sur de Chile, el 27 de febrero de 2010, el SENADIS y la Universidad San Sebastián de Santiago diagnosticaron en terreno la pérdida de ayudas técnicas de apoyo al proceso de integración de PcD, tales como sillas de ruedas, bastones, andadores, colchones anti-escaras, prótesis y ortesis, audífonos, entre otros.

          2. En este contexto, se adoptaron medidas necesarias para agilizar, simplificar y flexibilizar los procedimientos institucionales que facilitaran el otorgamiento de ayudas técnicas a las PcD de las zonas afectadas, así como a los beneficiarios de programas y proyectos financiados por el SENADIS residentes en las zonas de la catástrofe.

          3. Asimismo, el Servicio elaboró una estrategia de solicitud y entrega de ayudas técnicas para las regiones afectadas, rápida y directa, para facilitar el trámite de postulación y disminuir los tiempos de entrega a 6 meses. Las solicitudes de ayudas técnicas se cursaron a petición de Municipios, Servicios de Salud, Intendencias, Gobernaciones y Organizaciones de –y para– PcD, haciendo posible una entrega focalizada y oportuna de estos implementos con la asistencia de profesionales del Servicio del nivel central y de las otras regiones del país en terreno.

          4. A los medios de comunicación y organismos públicos y privados encargados de atender a la población damnificada, se les entregaron orientaciones para la debida atención y protección de los derechos de las PcD afectadas, tales como: la incorporación de lengua de señas en los reportes e informaciones oficiales y noticieros de los canales de televisión para permitir el acceso a la información de la población sorda; recomendaciones de medidas básicas para adoptar en presencia de PcD física, sensorial o mental, dirigidas a las Fuerzas Armadas y a los efectivos de Carabineros y de Orden y Seguridad; la distribución de la cartilla con consejos prácticos denominada Apoyando a PcD en situación de Emergencia; y se efectuaron recomendaciones de medidas de accesibilidad para las viviendas básicas y de emergencia, destinadas a dotar de la mayor autonomía posible en actividades de la vida diaria al usuario con discapacidad.

          5. En cuanto a la reconstrucción, se elaboraron recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en los planes sectoriales de reconstrucción, destinadas a la Oficina Nacional de Emergencia (la ONEMI), las Oficinas Regionales del SENADIS, el Ministerio del Interior, las Intendencias, las Gobernaciones y los medios de comunicación, de forma de respetar los derechos de las PcD consagrados tanto por la Convención como por nuestra legislación25.


    Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley


          1. Una norma matriz en este sentido se contiene en el artículo 1° de la Constitución: “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En su inciso cuarto establece que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. Estos deberes se complementan con las obligaciones internacionales adquiridas por el país como signatario de diversos tratados sobre derechos humanos. En este punto se remite a lo ya informado en el análisis del art. 5 de la Convención.

          2. Asimismo, el ordenamiento jurídico regula los atributos de la persona en el Código Civil, norma redactada hace más de un siglo y medio, que en su artículo 55 dispone: “son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición (…)”.

          3. La regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que todas las personas tienen plena capacidad jurídica de goce. Sin embargo, tratándose de la capacidad de ejercicio, entendida como la facultad legal para ejercer derechos por sí mismos o de poder obligarse a sí mismo sin la autorización de otro, nuestra legislación contempla la posibilidad de su limitación en determinados casos. Se debe mencionar el artículo 1447 del Código Civil que establece “son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo”. En el caso de los menores adultos y disipadores, la incapacidad no es absoluta y los actos pueden tener valor en ciertas circunstancia y bajo ciertos respecto, determinados por las leyes. En el caso de la incapacidad absoluta, para que se produzcan los efectos descritos en el citado precepto legal, es menester que la persona sea declarada en interdicción mediante un procedimiento judicial, circunstancia en la que nos encontramos ante un régimen de sustitución de la voluntad. Finalmente, además de estas incapacidades existen otras particulares consistentes en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar determinados actos.


    Artículo 13. Acceso a la justicia


          1. En Chile, todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia, tal como lo establece el artículo 19 número 3° de la Constitución que asegura a todas las personas: “(...) la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida”.

          2. Con el objeto de sancionar los actos u omisiones discriminatorios que puedan afectar a las PcD en el ejercicio de los derechos establecidos en la ley, el artículo 57 de la LIOISPD establece una acción especial ante el Juzgado de Policía Local del domicilio del afectado, que permite sancionar al autor del acto u omisión con multas, elevando las sanciones establecidas según la gravedad de la infracción y reincidencia, hasta decretar la medida de clausura del establecimiento (Art. 58). Además, la norma legal exige a los tribunales realizar los ajustes necesarios que permitan a las PcD comunicarse y acceder a los antecedentes del proceso de manera de garantizar adecuadamente sus derechos. El artículo 28 establece una acción popular ante el Juzgado de Policía Local para que cualquier persona pueda denunciar los incumplimientos de las normas de accesibilidad en edificios de uso público y en aquéllos que presten un servicio a la comunidad.

          3. Por otra parte, la Ley No. 20.146, de 9 de enero de 2007, que Establece Reglas Especiales para la Apelación en Causas Relativas a la Discapacidad, modifica el procedimiento seguido ante las Cortes de Apelaciones al introducir medidas destinadas a agilizar la tramitación y resolución definitiva de las causas en las que los demandantes o denunciantes sean PcD, estableciendo preferencias para la vista de aquellas causas por discriminación o amenaza en el ejercicio de sus derechos.

          4. En otro ámbito, la Defensoría Penal Pública ha implementado en sus políticas internas ciertos mecanismos que tienden al resguardo de los derechos de las PcD. En este sentido destacan los compromisos asumidos el año 2010 por la Defensoría Regional de la Región de Valparaíso con la comunidad sorda para el caso de detenciones que les afecten, como son: a) comunicación a Carabineros y Policía de Investigaciones para que los imputados sordos sean esposados con sus manos por delante, ya que al no poder comunicarse se atenta con el derecho adecuado de defensa; b) la presencia en el recinto policial de defensor acompañado de un intérprete; c) la incorporación de peritos en lenguaje de señas, que puedan desempeñar el rol de intérpretes para que acompañen a los defensores en entrevistas y audiencias. También se han llevado a cabo charlas de difusión e información a la comunidad sorda sobre los principios básicos del nuevo proceso penal, sobre la función de la Defensoría Penal Pública y la ubicación geográfica de las defensorías penales, y respecto a las acciones que pueden ejercer en caso que sean objeto de un delito. Durante el año 2011, el SENADIS suscribió un convenio de colaboración con la Policía de Investigaciones de Chile con el objeto de incorporar la variable de discapacidad en su accionar y ha participado en jornadas de capacitación para funcionarios de Gendarmería de Chile26.

          5. En materia de Defensoría de Derechos, el SENADIS ha establecido una red de apoyo en materia jurídica, de carácter inclusivo, de modo de facilitar el acceso al justica de las PcD, para lo cual se han coordinando acciones con entidades públicas y privadas. El modelo, además, tiene como base el privilegiar los sistemas de resolución alternativa de conflictos, evitando, en la medida de lo posible, la judicialización de los problemas, apoyando opciones que contemplen la participación directa de las partes en la construcción de las soluciones. La oferta de asesoría legal no se limita a la defensa en el ámbito judicial si no que considera también la jurisdicción administrativa, la que juega un rol cada vez más relevante, y que como lo confirma la experiencia, está relacionada con mayor frecuencia a la problemática que afecta a las PcD, tales como la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Pensiones, el Servicio Nacional del Consumidor.

          6. Durante el año 2011, un importante paso en la conformación de la red de defensoría de derechos se logró con la suscripción de los convenios entre el SENADIS y las CAJ27. Se suscribieron tres convenios con transferencia total de recurso por $ 97.500.000. Con ellos se pretende una cobertura nacional, en materia de defensoría de derechos para las PcD, en las áreas de atención de las CAJ. Estos convenios tienen por objeto atender a PcD que requieran asistencia jurídica; capacitar a los profesionales y funcionarios de esas entidades en materia de discapacidad; realizar un levantamiento básico de las condiciones de accesibilidad de los consultorios de atención de público; recoger datos estadísticos relevantes acerca de las PcD que acuden a estas instituciones; realizar acciones de difusión y promoción de los derechos de las PcD dirigidas a la sociedad civil.

          7. Se suma a lo anterior, los convenios suscritos con entidades de ámbito privado, como la Fundación Pro Bono, el Colegio de Abogados de Concepción, la Universidad Central, y se seguirá ampliando esta red.


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