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A partir de esta estrategia de trabajo intersectorial se han implementado 16 centros (uno por región y en 2 la Región Metropolitana) con recursos de apoyo y se transfirieron recursos para la contratación de profesionales que brinden atenciones pertinentes según las necesidades educativas de los niños/as.

Artículo 25. Salud


        1. Como fue señalado, la Constitución establece en su artículo 1° que todos los hombres nacen libres en dignidad y derechos. Asimismo, su artículo 19 número 9° asegura el derecho a la protección de la salud, siendo deber del Estado proteger “el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo”.

        2. En ese ámbito el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud (el Plan AUGE), se extendió para cubrir algunos tratamientos relacionados a discapacidad física y psíquica. Respecto de su cobertura, la población potencial de PcD física es de 780.000 personas. A contar de julio del año 2005 se incorpora al Plan AUGE el screening auditivo en los prematuros menores de 1.500 gramos o 32 semanas, la detección de la retinopatía y la displasia broncopulmonar, se hace seguimiento a la displasia de cadera a todos los niños/as y, como medida de salud pública, se incorporó el ácido fólico para prevenir disrafias.

        3. En coordinación con el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), se implementan dos programas orientados a la prevención del retardo mental del recién nacido: el de fenilcetonuria y el de hipotiroidismo.

        4. En relación a la prevención de discapacidades en los adultos y adultos mayores, en Atención Primaria existen programas de resolutividad orientados a la pesquisa y tratamiento precoz de la presbiacusia y de la presbicia, así como también el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EFAM).

        5. Por último, la finalidad del Convenio de Colaboración Técnica entre el MINSAL, el Ministerio de Justicia y el SENAME (2000), apunta a proporcionar la adecuada atención en la salud pública a todos los niños/as y adolescentes, sin excepción, que se encuentran en residencias y centros de administración directa del SENAME. Ese servicio, a través del documento Recomendaciones Técnicas Intersectoriales, orienta e impulsa la coordinación con los Servicios de Salud a nivel regional y dispositivos de salud locales.


Artículo 26. Habilitación y rehabilitación


        1. La LIOISPD tiene por finalidad que las PcD logren autonomía para participar y realizar funciones esenciales para la vida diaria. Para ello, su artículo 21 enfatiza la realización de acciones que proporcionen o restablezcan funciones, compensen pérdidas de funcionalidad, incluyan laboral o educativamente y mejoren la interacción de las PcD con el entorno. Se consagra el derecho de todas las PcD a la rehabilitación, considerando el rol de la familia y de los cuidadores en este proceso, en concordancia con las recomendaciones de la 58ª Asamblea Mundial de la OMS (mayo de 2005). Por último, su artículo 22, fomenta la adopción del modelo de rehabilitación con base comunitaria.

        2. El Programa de Rehabilitación Integral ha sido expandido y actualizado a raíz de la Convención. Se ha incrementado la oferta de servicios de rehabilitación con enfoque biopsicosocial con componente comunitario, Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR)– Equipos rurales, en atención primaria universal y gratuita, instalándose a la fecha 143 Centros Comunitarios de Rehabilitación y 96 Centros de Rehabilitación Integral, más 60 hospitales comunitarios que están implementando la estrategia de Rehabilitación con Base Comunitaria (RBC) en todas las regiones del país, con una cobertura que alcanza el 51% de las comunas. Se han instalado 18 equipos rurales para trabajo en zonas de baja densidad poblacional los cuales cubren en promedio 8 comunas rurales cada uno y se ha reforzado el Hospital San José de Maipo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, quedando pendiente aún la reposición del edificio de este último. Por su parte, se han reforzado establecimientos de Atención Primaria y hospitales de baja complejidad con equipamiento. Asimismo, 153 hospitales de baja complejidad han incorporado la estrategia de RBC, lo cual incluye la incorporación progresiva del modelo biopsicosocial (DIGERA, 2010). La estrategia de RBC se orienta a la activación de recursos de la comunidad para la atención y apoyo a las personas en situación de discapacidad; así como a la entrega de prestaciones de rehabilitación, tanto para el tratamiento como para la prevención de las causas que originan la discapacidad.

        3. De otro lado, también existe el pago de un estipendio a cuidadores de personas postradas que alcanza actualmente una cobertura de 14.000 personas. Actualmente existe cobertura parcial en todos los niveles de atención, tanto para zonas urbanas como rurales y el perfil de población usuaria que participa de la intervención es principalmente adultos y adultos mayores, sin que se excluya la opción de atención a niños y adolescentes según la demanda local.

        4. Otra estrategia importante corresponde a la implementación de las Garantías Explícitas de Salud (GES) relacionadas a discapacidad. En los tres últimos años las personas que se han acogido a las GES por patologías que afectan directamente el aparato músculo-esquelético (artrosis de rodilla y cadera leve y moderada) han aumentado en un 58,2% (de 61.641 a 105.855). Lo anterior no considera aquellas acogidas a las GES por causas que afectan primariamente a otros sistemas, además del músculo-esquelético: accidente cerebro-vascular, traumatismo encéfalo craneano, politraumatismo, endo-prótesis de cadera, ayudas técnicas, entre otras. Esto ha requerido el desarrollo e incorporación progresiva de componentes de rehabilitación en las guías de práctica clínicas y canastas de prestaciones, así como el desarrollo de planes de tratamiento individual (PTI).

        5. Con la creación del sistema de AUGE -que derivó en las GES- también se incorporan los componentes biomédicos de la discapacidad de origen sensorial, específicamente las de origen auditivo, a través de la guía de práctica clínica GES “Hipoacusia neurosensorial bilateral en prematuros” (MINSAL, 2009), que entrega orientaciones para el diagnóstico, la entrega de ayudas técnicas como audífonos e implante coclear y para su rehabilitación inicial. Lo propio ocurre con la “Hipoacusia Bilateral en personas de 65 años y más que requieren del uso de audífono” (MINSAL, 2007), que ofrece la misma cobertura técnica.

        6. También se desarrolló el “Programa de Implantes cocleares de Fondo Nacional de la Salud (FONASA) - MINSAL”, que, desde el año 2003, entrega ayuda técnica y rehabilitación a personas con hipoacusia sensorio-neural profunda hasta los 65 años. Actualmente se considera el financiamiento para 20 casos al año.

        7. En materia de la discapacidad de origen sensorial visual, en 2009 se lanzó el documento de práctica clínica “Prevención de Retinopatía del Prematuro”, que entrega guías para el diagnóstico e intervención precoz de estos casos, también cubiertos por las GES.

        8. Asimismo, se ha implementado desde 2007, el reforzamiento de capacidad diagnóstica en los equipos de los CCR instalados en la red (104 a la fecha).

        9. El cambio de modelo biomédico a biopsicosocial que propugna la LIOISPD se incorpora también como contenido en la capacitación y como lineamiento en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, elaborándose normativas tales como las Medidas de contención para personas con enfermedad mental en episodio de agitación psicomotora, desde 2003, y actividades de capacitación del personal de salud desde 2007 a 2010.

        10. En cuanto a garantizar el respeto a la autodeterminación y participación del usuario en situación de discapacidad y su familia en el proceso de intervención terapéutica, los servicios de habilitación y rehabilitación que se proveen en modelo biopsicosocial, como antes se señaló, tienen carácter de asistencia voluntaria, sin que en ningún caso se considere forzar a asistir a ningún usuario o familia, lo que está consignado en la orientación técnica respectiva y se vincula con el consentimiento informado, en el marco del acuerdo de intervención terapéutica.

        11. Existen a la fecha 400 profesionales de la red de rehabilitación capacitados en modelo biopsicosocial. Se accede a capacitación a través de los Planes de Capacitación de cada Servicio de Salud, de los recursos del programa instalados en las comunas, además de la capacitación directa del Ministerio de Salud.


Artículo 27. Trabajo y empleo


        1. Desde las definiciones y principios contenidos en la LIOISPD, el Estado debe reconocer el derecho que tienen las PcD al trabajo, al empleo y a la inclusión laboral en igualdad de condiciones y sin discriminación. Esto implica, además, el derecho a tener la oportunidad de generar recursos propios mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mercado y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible.

        2. El artículo 43 de la LIOISPD establece que “el Estado, a través de los organismos competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las PcD, especialmente deberá: a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación; b) Promover la creación y diseño de procedimientos, tecnologías, productos y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación; c) Crear y ejecutar, por sí o por intermedio de personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, programas de acceso al empleo para PcD; d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de las PcD aprobados por la OIT”.

        3. El artículo 44 de la LIOISPD también establece que el Estado creará condiciones y velará por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las PcD. Para tal efecto, podrá desarrollar en forma directa o por intermedio de terceros, planes, programas e incentivos y crear instrumentos que favorezcan la contratación de PcD en empleos permanentes. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informará semestralmente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre el funcionamiento de los programas existentes y los resultados alcanzados. Con igual frecuencia deberá publicar dicha información en su sitio web, la que también deberá estar disponible en el sitio web del SENADIS.

        4. El artículo 45 de la LIOISPD dispone que en los procesos de selección de personal la administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público seleccionarán preferentemente a PcD, en igualdad de condiciones de mérito. Un reglamento del Ministerio de Desarrollo Social (ex MIDEPLAN) y del Ministerio de Hacienda determinará la forma en que los organismos de la administración del Estado darán cumplimiento a esta disposición. En el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ministerio Público, serán sus propios órganos quienes deberán determinar la forma de dar cumplimiento a esta obligación.

        5. El Artículo 46 de la LIOISPD también dispone que la capacitación laboral de las PcD comprenderá, además de la formación laboral, la orientación profesional, la cual deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de las capacidades reales de la persona, la educación efectivamente recibida y sus intereses.

        6. A fin de velar por la realización de ajustes razonables para las PcD en el lugar de trabajo, la LIOISPD también establece la obligación de incorporar estas normas en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, a los que están obligadas las empresas con 10 o más trabajadores permanentes. Como consecuencia, la LIOISPD modificó el artículo 154 No. 7 del Código del Trabajo, de modo que actualmente “el reglamento interno deberá contener: (…) las normas especiales pertinentes a las diversas clases de faenas, de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores, y a los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado”.

        7. A fin de favorecer la inclusión de las PcD al mercado del trabajo, se han dictado o adecuado algunas disposiciones legales, tales como:

        8. a) El contrato de aprendizaje es un tipo de contrato especial de trabajo regulado en el Código del Trabajo y lo pueden celebrar sólo los menores de 21 años de edad. Por el artículo 47 de la LIOISPD, las PcD puedan celebrar este contrato sin límite de edad;

        9. b) En el marco del Código de Buenas Prácticas Laborales sobre No Discriminación para la Administración Central del Estado, en todas las bases y procesos de selección quedan estipuladas consideraciones especiales para los postulantes que presenten alguna discapacidad física que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección. Esta obligación ha sido recogida, por ejemplo, por la Defensoría Penal Pública mediante la implementación de políticas internas y mecanismos que garantizan el acceso igualitario a los cargos de defensor penal público, consistentes en la confección de la prueba de conocimientos técnicos en modo Braille, la estipulación en las pruebas de disposiciones específicas respecto de las personas que sufran alguna discapacidad, como extensión del tiempo de respuestas y otras para el caso de discapacidad visual. Así, el Departamento de Recursos Humanos de la Defensoría Penal se encuentra actualmente trabajando en políticas específicas en la parte “ingreso y selección”;

        10. c) En materia de trabajo y emprendimiento, se otorga a las Municipalidades la facultad para conceder, en forma gratuita, espacios para la instalación de negocios de propiedad de PcD en las ferias autorizadas. Si no existieran éstas, las municipalidades podrán mantener puestos comerciales, en forma gratuita, para la instalación de negocios de pequeños y medianos empresarios con discapacidad;

        11. d) El Estado también puede impulsar e incentivar la contratación de las PcD en el ámbito de las compras públicas, dado que el mercado público, por su peso y magnitud (3,5% del Producto Interno Bruto, PIB) puede aportar decisivamente a su inclusión laboral. Por ello la Ley No. 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios incorporó en las políticas de las compras públicas incentivos especiales para aquellos proveedores del Estado que incorporen entre sus trabajadores PcD. Las empresas que tengan en su plantilla de trabajadores habituales un porcentaje, 3% ó 5%, o un número determinado de PcD, obtendrán puntaje adicional en la evaluación de sus ofertas (5%);

        12. e) Dentro de las salvaguardias existentes para proteger a los trabajadores con discapacidad de despidos injustos y de trabajos forzosos u obligatorios, de conformidad con el artículo 2 del Código del Trabajo, actualmente se tipifica como contraria a la ley laboral cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores; norma que se ajusta a la normativa internacional sobre la materia, en especial lo dispuesto en el Convenio Nº 111 sobre discriminación en el empleo de la OIT, ratificado por Chile el 20 de septiembre de 1970;

        13. f) Para garantizar la existencia de distintas modalidades de empleo, como el trabajo presencial, el teletrabajo y la subcontratación, acorde con las oportunidades laborales que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, destaca la reciente modificación al Código del Trabajo, que introduce el nuevo contrato de trabajo a distancia o teletrabajo. Éste dice relación con la prestación de servicios desde el hogar o desde otro lugar diferente al del establecimiento de la empresa o del empleador, libremente elegido por el trabajador o convenido entre las partes, con todos los beneficios que el código laboral concede a los restantes trabajadores, tales como derecho a negociación colectiva, salas cunas, cobertura de Seguridad Social, etc.;

        14. g) Dentro de las medidas adoptadas para retener a los trabajadores que, como consecuencia de un accidente de trabajo, quedan con una discapacidad que les impide seguir realizando sus anteriores tareas, el Seguro de Accidentes del Trabajo cubre las prestaciones médicas que sean necesarias hasta la completa rehabilitación del trabajador, incluida la reeducación profesional;

        15. h) En cuanto a la prohibición de discriminación, la jurisprudencia judicial y de la Dirección del Trabajo ha sido clara al sostener que es amplia, extendiéndose más allá de la enumeración efectuada por el legislador. En consecuencia, la condición de discapacidad también se encuentra incluida entre las causales de la prohibición, dado que el precepto legal aplica la norma constitucional que prohíbe cualquier discriminación que no se base en la idoneidad o capacidad personal, así como aplica las normas internacionales vigentes en Chile sobre la materia contenidas en el Convenio 111 de la OIT;

        16. i) La Ley No. 20.087, de enero de 2006, que Sustituye el Procedimiento Laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, ha incorporado en su texto un procedimiento de tutela laboral de las garantías constitucionales de los trabajadores en lo relativo a: la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, la libertad de trabajo, el derecho a su libre elección y también para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2 del citado Código. En igual sentido se protege al trabajador de las represalias ejercidas en su contra, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.

        17. Entre las políticas y programas implementados para promover la inclusión laboral de las PcD en empresas públicas y privadas, en igualdad de condiciones, destacan:

        18. a) El programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra de la Subsecretaría del Trabajo, creado por la Ley Anual de Presupuestos, que subvenciona a las empresas que decidan contratar a personas que se encuentren en situación de desempleo, ofreciendo además fondos para que éstas capaciten a los usuarios. Para la línea de Bonificación a la Contratación en Empresas de PcD, grupos vulnerables o prioritarios, el Programa Regular ejecutado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (el SENCE), en colaboración con la Subsecretaría del Trabajo y el SENADIS, contempla un bono de capacitación para el trabajador con discapacidad incorporado en la empresa. Para el año 2009 se incluyó bonificación a la contratación de mano de obra de hasta 300 personas con algún grado de discapacidad. La ejecución real para ese mismo año fue de 32 beneficiarios. De una bonificación del 40% en el año 2010, se elevó a un 80% en el año 2011. Para el año 2010 se incluyó una bonificación en las empresas de hasta 150 personas con algún grado de discapacidad que se encuentren participando en algún programa desarrollado por el SENADIS. Para el año 2011 se aumentó el porcentaje de bonificación y el monto de la capacitación para la línea vulnerable, específicamente para SENADIS.

        19. b) En los programas desarrollados por el Departamento de Programas Sociales del SENCE cabe destacar la capacitación a grupos vulnerables o de difícil integración al mundo del trabajo, ya sean jóvenes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, entre otros, con participación de un importante número de PcD. Sobre la base de una franquicia tributaria se permite a las empresas imputar un 1% de sus impuestos a la capacitación de sus trabajadores, y en el caso que no se ocupen dichos recursos, el SENCE recupera éstos y los destina a capacitación de grupos vulnerables de la sociedad. Entre los organismos que requieren estos servicios y que se adjudicaron planes de capacitación en 2010, cabe mencionar la Fundación Teletón y la Fundación de Ayuda al Niño Limitado COANIL.

        20. c) Programa de Intermediación Laboral (PIL) del SENADIS. Bajo un modelo de gestión activa del empleo, y según datos del período 2002-2009, de un total de 10.104 personas inscritas, de las cuales 7.842 eran personas empleables, un total de 1.306 personas resultaron colocadas en condiciones formales de empleo en empresas. El número total de colocaciones de beneficiarios del PIL, al 30 de diciembre de 2010, fue de 168 PcD. En la ejecución del programa se observa que los puestos de trabajo mayormente ofertados son para auxiliares y operarios, con un sueldo mínimo mensual, denominado empleo de segunda categoría. Además, existe una brecha significativa entre hombres y mujeres, ya que del total de colocaciones sólo el 33% corresponde a mujeres (67% son trabajadores hombres), lo que indica claramente que en el mercado de trabajo son las mujeres las que presentan mayores dificultades para acceder a un empleo competitivo en igualdad de condiciones. Por grado de discapacidad, el mayor número de colocaciones dependientes están en los grados leves y moderados y solo el 19% presenta discapacidad severa, principalmente con daño auditivo.

        21. Dentro de los diferentes factores que dificultan la inserción laboral y empleabilidad de las PcD se identificaron, entre otros, los prejuicios sociales y empresariales, su baja cualificación profesional y nivel de escolaridad, la falta de adaptación y barreras arquitectónicas para acceder al puesto de trabajo, y la poca disposición de algunas empresas.

        22. El PIL funciona desde el año 2002, como una alternativa a la propia búsqueda de trabajo de los trabajadores/as que presentan discapacidad, promoviendo las oportunidades de empleo para dicha población. Dentro de la información que ha recogido se pueden identificar las contrataciones efectuadas en los últimos 3 años ordenadas según región y sexo, tipo de contrato (a plazo fijo, indefinido, por obra o faena, etc.), de discapacidad y de empleo.


Contrataciones según región y sexo


        1. Según la tabla anterior, en el año 2009 las contrataciones de mujeres con discapacidad fueron 118, correspondientes al 43,2%; en el año 2010 fueron 74, correspondientes al 35,3% y, finalmente, en el año 2011 fueron 83, correspondiente al 35,6% de las contrataciones efectuadas en ese año. Actualmente el programa esté siendo evaluado a fin de integrar información sobre la duración y calidad de los empleos generados.

        2. d) El concurso nacional de proyectos de inclusión laboral para las PcD es financiado a través del concurso del Programa de Acceso al Trabajo del SENADIS, que tiene como propósito incentivar y promover iniciativas que apunten a su mayor participación en el mercado laboral, asegurando un empleo remunerado, formalizado y normalizado.

        3. e) La RED INCLUYE, articulada por el SENADIS, tiene como propósito generar un trabajo organizado, participativo y técnico para la inclusión laboral de las PcD en el mercado laboral. Destaca la creación de la Mesa Técnica para el Empleo de Grupos vulnerables, liderada por la Subsecretaría del Trabajo, que monitorea el subsidio a la contratación de mano de obra para PcD. El SENADIS entrega asistencia técnica y evaluación de la ejecución de los subsidios a través del citado PIL.

        4. f) El financiamiento de proyectos para el acceso al trabajo en forma dependiente responde a iniciativas que tienen estrategias o modelos para ese fin, tales como el taller protegido, empleo con apoyo, empresas sociales, intermediación laboral.




Fondo Nacional Concursable, Montos asignados 2010 y 2011




Total entregado

Línea Independiente

Línea Dependiente

2010

$         437.405.537

$               380.677.051

$              56.728.486

2011

$         345.739.648

$               311.581.970

$              34.157.678




$         783.145.185

$               692.259.021

$              90.886.164
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