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Obligaciones específicas


Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas


        1. Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales establecidos en la LIOISPD, las PcD deben contar con la certificación del COMPIN y estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad. Por excepción, para la asignación y financiamiento de servicios y ayudas técnicas que requieran niños menores de seis años, será suficiente el diagnóstico del médico tratante y la presentación de un plan de tratamiento.

        2. Desde la realización del ENDISC del año 2004, Chile cuenta con una nueva base estadística en discapacidad que mantiene información relevante acerca de las condiciones de la población con discapacidad, conforme a los estándares vigentes, lo que además permite su comparación a nivel internacional.

        3. La información estadística existente hasta esa fecha registraba grandes diferencias en sus datos, dando lugar a lo que se llamó dilema estadístico. Las diferencias se explicaban por las distintas conceptualizaciones de la discapacidad y la diversa metodología empleada en cada una de las mediciones. Hasta esa fecha se había registrado principalmente la deficiencia –o déficits– en sus grados severos, y en la mayoría de los casos sólo mediante la formulación de una sola pregunta.

        4. El último Censo de Población y Vivienda realizado el año 2002 introdujo la consulta sobre deficiencias totales y severas, figurando como resultado que el 2,2% de la población (334.377 personas) presentaba una o más de ellas. La metodología censal consideró como discapacitados a las personas que declararon ceguera total, sordera total, mudez, lisiado/parálisis y deficiencia mental.

        5. Por su parte, la Encuesta CASEN 2003 indicó que un 3,6% de la población (565.913 personas) presenta a lo menos una discapacidad. Para estos fines se consideraron a las personas que declararon tener alguna deficiencia para oír, para ver, para hablar, deficiencia mental, o una deficiencia física o deficiencia por causa psiquiátrica (es decir, discapacidades de grados severos y moderados).

        6. Conforme la Encuesta CASEN 2009, un 7, 6% de la población (1.254.949 personas) declaró presentar alguna condición deficitaria de salud de larga duración, tales como ceguera o dificultad aún usando lentes, sordera o dificultad auditiva aún usando audífonos; mudez o dificultad en el habla, dificultad física y/o movilidad, dificultad mental o intelectual y dificultad psíquica o psiquiátrica. Además, a partir de un conjunto de preguntas para medir discapacidad, este porcentaje se desagregó según su graduación distinguiendo entre Autovalente (5%), Leve (1,4%), Moderado (0,7%), grave o postrado (0,4%) y sin discapacidad (92,5%).

        7. El tercer instrumento que había sido utilizado para medir la prevalencia de la discapacidad en Chile fue la Encuesta de Calidad de Vida y Salud del MINSAL, desarrollada en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas (el INE) el año 2000. Ella consideró siete preguntas sobre dificultades para el desarrollo de actividades habituales, arrojando un dato completamente diferente a las anteriores: 21,7% de la población, es decir 3.292.296 personas. Consideró las discapacidades sensoriales y del habla, para la realización de actividades de la vida cotidiana y las que requerían utilización de prótesis. Esta Encuesta representó un enorme aporte al conocimiento de la población con discapacidad, con una conceptualización más dinámica, ligada a las consecuencias de un estado negativo de salud a nivel de dificultades para la realización de actividades cotidianas. A su vez, permitió reconocer un número mayor de PcD moderadas y un enorme número de discapacidades leves, permanentes y transitorias invisibles para efectos estadísticos hasta esa fecha.

        8. El ENDISC de 2004 tuvo entonces como objetivo conocer la prevalencia de la discapacidad en sus diversos tipos y grados, así como la medida en que esta condición afecta a las personas en las distintas dimensiones de su vida. De acuerdo con este estudio, el 12,9% de la población vive con discapacidad, lo que supone 2.068.072 personas. Es decir 13 de cada 100 personas (o 1 de cada 8) presentan esta condición.

        9. Las principales variables en estudio fueron: a) caracterización general de la discapacidad; b) características socio-demográficas y socioeconómicas; c) estado de salud y deficiencias; d) dificultades para el desarrollo de actividades de la vida diaria, restricciones para la participación social, acceso a servicios de salud y rehabilitación y situación de derechos; e) tiempo libre, presencia de maltrato, apoyos sociales, familiares, técnicos y barreras físicas y de actitud.

        10. Su definición conceptual e instrumento de recolección de información se basaron en la CIF aprobada por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud de 2001. A la luz de dichos criterios se han perfeccionado los procesos de evaluación, valoración y calificación de las discapacidades, así como los estudios y recolección de información estadística. La calificación de la discapacidad debe hacerse de manera uniforme en todo el territorio nacional, adaptándose las Bases conceptuales del Modelo de la CIF como instrumento estándar de calificación y creándose el Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad (IVADEC). Además, se actualizó el sistema de certificación de la discapacidad acorde a la nueva LIOISPD, encontrándose en trámite el Reglamento de Calificación y Certificación de Discapacidad, además de su Manual correspondiente. La aplicación en régimen de esta metodología e instrumentos se hará de manera progresiva a partir del último trimestre del año 2011.

        11. Constituye un importante avance para asegurar la igualdad en el ejercicio de cada uno de los derechos reconocidos en la Convención la ejecución del proyecto Seguimiento, Evaluación y Fortalecimiento de las Políticas Descentralizadas de Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad en Chile, que tiene por objeto la elaboración de un sello e índice de inclusión, un Plan Nacional de Discapacidad 2010-2018 y la adecuación de los distintos instrumentos estadísticos a nivel nacional a fin de que incluya la variable de discapacidad eficientemente.

        12. Como se mencionó anteriormente, a partir de 2011 el SENADIS se encuentra elaborando el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC), el cual se espera concluir en diciembre de 2012. Dicho estudio proporcionará información estadística y análisis a nivel nacional sobre prevalencias, categorías, causales, severidad, dependencia, así como las brechas de acceso que afectan a las PcD en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo, accesibilidad al entorno físico, comunicaciones e información.

        13. Entre sus principales hitos contemplará: a) Proyección estadística del primer ENDISC (2004-2010); b) Constitución de mesas técnicas con las Encuestas CASEN y CENSO donde se acordaron las nuevas preguntas que deben conferirse en materia de discapacidad, las que deben estar basadas en los criterios definidos en la CIF y deben dar cumplimiento a lo suscrito por Chile en el acuerdo del Washington City Group de Naciones Unidas en materia de preguntas CENSALES; c) Digitalización de la información contenida en los certificados de las COMPIN, para generar una base de datos que contenga la individualización de las PcD, patologías, grado y déficit de salud, y que permitirá su incorporación en una Base de Datos integrada sobre Discapacidad; d) Diseño e implementación de una Base de Datos Integrada de la Discapacidad, que incluya ENDISC, CASEN, CENSO, Encuesta de Calidad de Vida del Ministerio de Salud, entre otras; e) Implementación de mesas técnicas estadísticas para validar resultados del Segundo ENDISC, en conjunto con el INE, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros; f) Diseño, publicación y difusión del Segundo ENDISC.


Artículo 32. Cooperación internacional


        1. Desde la década de los noventa, los esfuerzos del Estado chileno en materia de discapacidad han contado con el importante apoyo de la cooperación internacional. A este respecto es importante señalar la cooperación brindada por el Gobierno de Japón que hace más de quince años, a través del MINSAL y el FONADIS –hoy SENADIS– contribuye a la prevención y rehabilitación en discapacidad, con un gran impacto en el ámbito del sector público, teniendo entre sus principales componentes la asistencia técnica a los equipos nacionales en los modelos de atención de la discapacidad. Asimismo, colaboró estrechamente con el ENDISC de 2004.

        2. En segundo término, cabe destacar el Programa de Cooperación Conjunto de la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, mediante la implementación del proyecto “Seguimiento, evaluación y fortalecimiento de políticas descentralizadas de inclusión social de las personas en situación de discapacidad en Chile”. Dicho proyecto se comenzó a ejecutar en el año 2010 y concluye a fines del año 2013. Su objetivo general es incrementar la participación social y el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad, contribuyendo a la disminución y eliminación de las barreras y restricciones que la sociedad les impone al desempeño de sus actividades y a su inclusión social. Sus líneas de acción están orientadas a:

        3. a) Proporcionar información estadística y análisis a nivel nacional sobre prevalencias, categorías, causales, brechas de acceso y otros temas de interés en el ámbito de la discapacidad. Lo anterior a través del diseño, publicación y difusión del Segundo ENDISC;

        4. b) Definir un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social de las PcD (PLANDISC), que integre las políticas públicas y compromisos sectoriales en su favor, en el marco de los lineamientos de la Política Nacional de la Discapacidad. Lo anterior a través del diseño, ejecución y monitoreo del PLANDISC 2012-2020, y que deberá ser sometido a la opinión fundada del Comité de Ministros de la Discapacidad36 y al Consejo Consultivo de la Discapacidad, según lo establecido en la LIOISPD;

        5. c) Elaboración y aplicación de instrumentos para la evaluación y reconocimiento de los estados efectivos de inclusión en establecimientos públicos y privados. Para ello, el SENADIS está desarrollando un Programa denominado Sello Chile Inclusivo, cuyo propósito es fomentar la adopción de buenas prácticas que fomenten la inclusión social de las PcD en empresas privadas e instituciones del sector público, las que serán distinguidas y recibirán el reconocimiento público de dicha certificación.

        6. La cooperación internacional también ha sido relevante en materia de rehabilitación, donde destaca el Curso Internacional de Rehabilitación: Políticas y Programas. Su primer ciclo se ejecutó entre 2006-2010, capacitando en diseño de políticas y programas de habilitación y rehabilitación a 98 profesionales de 16 países de Latinoamérica y el Caribe. El segundo ciclo, en preparación, se ejecutará entre el 2012 y 2015.

        7. Con la participación del MINSAL se realizaron los siguientes programas y proyectos de cooperación internacional: a) el Centro Nacional de Rehabilitación de Costa Rica (CENARE) incorporó el Modelo Biopsicosocial de atención; b) en Paraguay, el fortalecimiento de los servicios y modelo de atención temprana en 4 de los 17 Servicios de Atención Técnica de ese país; c) en Bolivia, la instalación de las carreras de Fonoaudiología (patólogo del lenguaje) y Terapia Ocupacional en la Universidad Mayor de San Andrés.

        8. Finalmente, cabe destacar que el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) viene organizando un programa de actividades que se orienta a destacar los cuarenta años de trabajo conjunto entre los Ministerios de Salud de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. En este marco, su Comisión de prevención de discapacidad, atención, habilitación y rehabilitación de PcD desarrolla la Política Andina de Prevención de Discapacidad, atención, habilitación y rehabilitación de PcD, aprobada por la Reunión de Ministros/as de Salud del Área Andina (REMSA) en noviembre de 2010 y acogida en la Cumbre de Vice-Ministros de las Américas, celebrada en Quito, Ecuador, en diciembre 2010. Por último importa mencionar que Chile participa en la Red Latinoamericana de Rehabilitación Basada en la Comunidad.


Artículo 33. Aplicación y Seguimiento nacionales


        1. Como se señaló previamente, el SENADIS es el servicio público que tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las PcD, y debe, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las PcD. En este sentido, uno de sus principales objetivos estratégicos es asesorar e integrar las políticas públicas hacia las PcD en el marco de los lineamientos de la Política Nacional de la Discapacidad, cumpliendo con la LIOISPD y la Convención.

        2. Para tales efectos se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y lidera la labor de coordinación de las políticas nacionales en discapacidad, al amparo del Comité Interministerial de Desarrollo Social (que reemplazó al Comité de Ministros de la Discapacidad). Asimismo, cuenta con el apoyo del Consejo Consultivo de la Discapacidad37. Ese órgano, que se encuentra en etapa de constitución, forma parte del SENADIS y sus principales funciones son: a) Participar en la elaboración de la Política Nacional y sus actualizaciones, y en el plan de acción; b) Presentar la propuesta de adjudicación de los concursos de proyectos; c) Servir como instancia de consulta y apoyo para el desarrollo de las funciones del servicio; d) Recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, selección y supervisión de los proyectos concursables; e) Ser informado periódicamente de la marcha del servicio y del cumplimiento de sus fines.

        3. Finalmente, a lo anterior cabe añadir la labor de seguimiento nacional realizada mediante el trabajo en Red Intersectorial que realiza el SENADIS en conjunto con entidades del sector público, privado y asociativo, promoviendo y adoptando alianzas estratégicas que contribuyan a avanzar en la inclusión social de las PcD en la cultura, en los accesos a los espacios físicos, en el deporte y la recreación, en la educación y la inserción laboral, donde las PcD hagan efectivos sus derechos.

        4. En el ámbito internacional, el Servicio Nacional de la Discapacidad es la entidad competente para el seguimiento de los temas sobre discapacidad en los foros internacionales, relacionándose para tales efectos de modo coordinado con la Dirección de Derechos Humanos (DIDEHU) del Ministerio de Relaciones Exteriores. En tal sentido, desarrolla un Programa de Relaciones Internacionales cuya finalidad es apoyar el seguimiento del cumplimiento de la Convención, participando en reuniones oficiales en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estado Americanos (OEA), el MERCOSUR, así como en reuniones de Cooperación Técnica Interamericana e Internacional.

        5. Finalmente, se debe destacar la iniciativa legislativa sobre creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. Esta será la entidad pública encargada y responsable de coordinar todos los esfuerzos que el Estado realiza en materia de derechos humanos, actualmente distribuidos en distintas reparticiones del Estado, asumiendo la responsabilidad en la elaboración de los planes, programas, decisiones y acciones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos. El proyecto plantea, principalmente, la creación de un Comité Interministerial, cuya primera misión sería elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos. Fue ingresado al Senado con fecha 19 de marzo de 2012, con urgencia simple, encontrándose en primer trámite constitucional (Boletín 8207-07)
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