Síntesis de fundamentos de los fallos de cada una de las instancias?




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Puntos a determinar de la siguiente sentencia:


  • Significado de términos, brocardos, en sí palabra que desconozcan buscar su significado?

  • Qué se entiende por causa petendi?




  • Pretensiones de la demanda (qué régimen de responsabilidad invocó la parte demandante)?

  • Qué perjuicios reclama el demandante?

  • Qué excepciones propone el demandado?

  • Síntesis de fundamentos de los fallos de cada una de las instancias?

  • A qué hace referencia los siguientes términos Ultra Petita, Extra petita, y Citra Petita. En qué jurisdicción se puede hacer uso de las dos primeras figuras?



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil siete (2007).

MAGISTRADO PONENTE:

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

Referencia: expediente número 23162-31-03-001-1999-00097-01.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 22 de abril de 2004, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario instaurado por Tobías Assis Contreras frente a la sociedad Semillas Andree Agrícola Limitada.
I. ANTECEDENTES
1. En el escrito con el que se dio inicio a este proceso el demandante solicitó declarar “la responsabilidad civil derivada del contrato de compraventa en cabeza de la compañía ... Semillas Andree Agrícola Limitada”, como productora, “por cuenta de los perjuicios materiales y morales” que le ocasionó “en virtud de la compraventa” de 469 bolsas de semilla de sorgo de la variedad “sinupar 2R..., cuya malísima calidad se evidencia..., adquiridas en los concesionarios autorizados Semillas & Semillas Ltda.”, y que, como consecuencia, fuese condenada a pagarle los perjuicios causados a raíz del “imperfecto cumplimiento de la obligación del saneamiento cabal y oportuno de la compraventa reclamada, al vender semillas de mala calidad y... casi ningún poder” de germinación.
2. Fundamentó las pretensiones en los hechos que enseguida se compendian.
a) Con el propósito de sembrar en el primer semestre de 1999 en los predios de su propiedad, denominados “El Campalo”, “El Limón”, “La Riachuela” y “Sarmiento” del municipio de San Carlos, así como en el lote “San Antonio” de la localidad de Cereté, el actor, agricultor de profesión, adquirió 469 bultos de semilla de sorgo variedad “sinupar 2R”, producida por la demandada, que fueron compradas al concesionario o distribuidor Semillas & Semillas Limitada, en el municipio de Montería, por $52’762.500.
b) Para cultivar con ese producto las 395 hectáreas correspondientes a dichos terrenos, el demandante adquirió además los elementos necesarios para la adecuada germinación, desarrollo y producción, tales como herbicidas, plaguicidas y otros insumos agrícolas, en lo que invirtió la suma de $20’491.820.
c) Una vez germinó, aquella semilla presentó unos porcentajes muy inferiores a los previstos para su óptima producción, como por ejemplo del 60% en el lote San Antonio; en la visita técnica de uno de los ingenieros agrónomos del Instituto Colombiano Agropecuario “ICA”, seccionales de Cereté y Mosquera, se encontró que la misma presentaba “intoxicación” y “síntomas de bajo vigor”, lo que generó en todos los casos una germinación deficiente, al tiempo que favoreció “su horadación por hormigas u otras causas”.
d) Al poner la referida anomalía en conocimiento de aquella distribuidora, el actor encontró a varios agricultores presentando idénticas reclamaciones; y debido a la gravedad de los perjuicios causados por la mala calidad de dichos granos, se produjo la intervención de “Fenalce”, agremiación que reúne a los cerealistas y cultivadores, quien públicamente denunció esa situación, la cual generó el “bajonazo en la producción a partir del segundo semestre de 1998”.
e) Para llenarse de razones el demandante contrató la gestión técnica del ingeniero agrónomo Jesús Dueñas, quien en su estudio coincidió con el concepto del experto del ICA, al señalar, entre otros aspectos, que el producto presentaba una germinación inferior en un 80% respecto del porcentaje en el que debía encontrarse para esa época, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de la siembra y la de la visita, así como “poco vigor en las plantas”; para la realización de estas inspecciones, aquél solicitó la presencia de representantes de la casa productora, la cual finalmente no se verificó.
f) No obstante las buenas condiciones ambientales previstas y reinantes para las cosechas en el señalado período, la situación descrita obligó a Assis Contreras a rastrillar la tierra y resembrar la semilla, con los consiguientes sobrecostos. A raíz de ello, el cultivo, que para la fecha de presentación de la demanda debía encontrarse en una determinada “etapa de adelanto”, sufrió un retardo notorio, injustificado y ajeno a culpa, dolo o negligencia de aquél, quien por esa causa padeció perjuicios superiores a $200’000.000.
g) Además de los daños relacionados, los terrenos cultivables se verán afectados para cosechas futuras por la proliferación de maleza, el aumento de los costos de producción, competencia por los nutrientes, problemas fitosanitarios y de plagas. También puede ver alterada la producción esperada medida en kilogramos o toneladas por hectárea cultivada, como consecuencia de los retrasos sufridos y las cambiantes condiciones climáticas, con mayor razón siendo que para cuando se presentó la demanda el cultivo se encontraba con un crecimiento y desarrollo inferior al esperado, debido justamente a la mala calidad y al bajo poder de germinación de las semillas.
h) Entre el hecho de la venta de los granos cuya producción no fue técnica o adecuada y los daños causados al demandante existió el nexo causal requerido “para la estructuración de la responsabilidad civil que se depreca”.
3. La demandada contestó el libelo oponiéndose a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, no sin antes señalar que no le constaban los atinentes a la adquisición de la semilla, su uso y costo, la doble preparación que tuvo que hacer el actor de los terrenos para volver a sembrar y los daños padecidos por el mismo, indicó que lo concerniente al requerimiento efectuado a la distribuidora, así como la intervención de la agremiación eran aseveraciones personales del actor, al tiempo que negó los restantes.
Propuso como excepción la que denominó “carencia del derecho de demandar por inexistencia de la obligación y de la relación jurídica pretendida”, fundada en que como no fue ella quien le vendió ni suministró las semillas al demandante, no existía ninguna relación jurídica con éste, motivo por el cual ella resultaba “exenta de cualquier obligación con el actor”.
Aunque por auto de 5 de diciembre de 2001 el juzgado del conocimiento vinculó al proceso a la sociedad Semillas & Semillas Limitada, quien contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, dicho proveído y el trámite surtido a partir del mismo, incluido el fallo de 13 de diciembre de 2002, los declaró nulos el tribunal por medio de la providencia de 15 de mayo de 2003.
4. Por sentencia de 1º de octubre de 2003 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté culminó la primera instancia, en la que accedió a las pretensiones.
5. Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, el tribunal, mediante fallo de 22 de abril de 2004, confirmó el del a-quo, con la modificación consistente en que la condena impuesta quedaba reducida a la cuantía allí determinada.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. De entrada afirmó el ad-quem que las partes ostentaban legitimación en esta causa, pues la condición de perjudicado económico habilitaba al demandante para promover esta reclamación judicial, mientras que la opositora en la contestación de la demanda confesó ser la productora de la semilla de sorgo tipo “Sinupar 2R”, toda vez que al responder el hecho segundo del libelo se limitó a aseverar que el referido germen no le fue comprado a ella y a poner de presente que una era la situación jurídica del productor frente al consumidor y otra la del vendedor; así mismo, por cuanto al fundamentar la excepción expresamente señaló que Tobías Assis le adquirió el producto a Semillas & Semillas Limitada y no directamente a la demandada, quien debió ser llamada “sólo en garantía como productora”.
2. A vuelta de transcribir opiniones emitidas por una autoridad estatal acerca de la responsabilidad que se le puede endilgar al fabricante dentro de la órbita del derecho de protección al consumidor, sostuvo el juez de segundo grado que la obligación legal de garantía a cargo de aquél ha cobrado importancia en el derecho moderno a tal extremo que en la Unión Europea se habla de una responsabilidad objetiva que “compromete solidariamente a aquél y al consumidor final, de la cual sólo se libera demostrando que no puso el producto en circulación, que el defecto causante del daño afloró después de que” lanzó el bien al mercado, que éste no haya sido producido “para una venta de la que aquél obtendría un beneficio, que el mismo no fue fabricado ni distribuido en el ámbito de su actividad profesional, que el defecto se debió a que quiso ajustar el producto a las normas imperativas y que en el momento en que se puso en circulación el conocimiento científico y técnico no permitían descubrir la existencia del defecto”.
3. Luego de citar apartes de un fallo de constitucionalidad relacionado con el decreto 3466 de 1982, señaló que en casos como el presente la demanda podía dirigirse directamente contra el productor, calidad que en este asunto radicaba en cabeza de la sociedad Semillas Andree Agrícola Limitada, quien, por esa condición, al tenor del Estatuto del Consumidor tenía la obligación de garantizar la buena calidad de la semilla que distribuyera a través de sus expendedores, como lo era precisamente Semillas & Semillas Limitada.
4. No sin antes mencionar que estaba al arbitrio del demandante dirigir su demanda de responsabilidad contractual únicamente en contra del vendedor, o frente a ese sujeto y al fabricante, debiendo acreditar en este evento la cadena contractual, o, en últimas, intentar su pretensión de responsabilidad civil extracontractual sólo contra éste, y de relacionar las pruebas allegadas y practicadas, dentro de las que destacó las facturas a través de las cuales el actor adquirió de Semillas & Semillas Limitada 469 bolsas de semillas de sorgo Sinupar 2R por $52’762.500, el dictamen pericial rendido por José Hernando Rodríguez Romero y Nacira Palomo Vargas, del que enfatizó que no fue objetado, el informe y su complementación, realizado por Héctor Giraldo P., coordinador nacional de la unidad de evaluación agronómica del ICA, sobre el genotipo de sorgo Sinupar 2R sembrado en Córdoba, el reporte de visita elaborado por José Nicolás Acosta Romero, funcionario de control en comercialización de la nombrada entidad, el análisis practicado por la seccional Valle del Cauca de dicho organismo en relación con muestras tomadas en otros cultivos de sorgo, en los que se utilizó aquella variedad, producida por la demandada, el informe técnico emitido por el ingeniero agrónomo asesor del demandante, en relación con la cosecha de sorgo de 1999 en predios de éste, así como los testimonios del mismo Acosta Romero, ingeniero agrónomo al servicio de la Seccional Córdoba del ICA, Jesús Dueñas Lengua, Hermes Miguel Peña Padilla, Orinson Durango Moreno, ingeniero agrónomo promotor de Semillas Andree Agrícola Limitada, y Sergio Antonio Petro Bolaño, aseveró el sentenciador que como la experticia arriba aludida había adquirido especial connotación demostrativa, no sólo porque no fue objetada sino debido a la incuestionable competencia de los peritos y al aquilatado fundamento de sus conclusiones, ella era base sólida para tener por cierta la circunstancia de que la nombrada semilla utilizada por el demandante en los cultivos de sorgo por él plantados durante 1999 en las fincas allí nombradas, presentó “problemas en su calidad”. Asimismo indicó que este hilo conductor lo llevaba a dar por sentado que era clara la responsabilidad civil de la sociedad demandada.
5. Puntualizó, eso sí, que de dicho dictamen pericial no se podía afirmar que los problemas en la calidad de la semilla hubiesen sido la única causa determinante de su baja producción; antes bien, prosiguió, del resto del material probatorio emergía “la existencia de otros factores concausales”, los cuales también debían tenerse en cuenta al valorar el mérito probatorio de la experticia, como lo dispone el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil. En esta dirección recalcó el ad-quem que de los demás informes técnicos, así como de los testimonios, excepto el del asesor del actor, fluía la posibilidad de que igualmente hubieran incidido en el resultado desastroso que advertía en el video que hacía parte del material probatorio, factores tales como el ataque de hormigas, los efectos del suministro del insumo químico llamado “Concept III” y la mala calidad del suelo en uno de los terrenos utilizados para el cultivo.
De esta manera, determinó el juez de segundo grado reducir en un cincuenta por ciento el monto de la indemnización, para cuya tasación acogió la cuantificación efectuada por los peritos, en la que estimaron tales daños en $337’491.000, lo que arrojaba una condena neta por $168’745.500; precisó, seguidamente, que la referida suma incluía la restitución del precio de la semilla debido a la anotada mala calidad, concepto éste que correspondía a la noción de daño emergente y no de lucro cesante.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Tres cargos propone la recurrente contra la sentencia combatida; el primero con respaldo en la causal segunda y los dos restantes con fundamento en el motivo primero de casación. La Corte resolverá en forma conjunta y por adelantado los dos primeros, por cuanto aluden a unos mismos aspectos, para luego decidir el último.
CARGO PRIMERO
Dice la recurrente que el fallo no está en consonancia con las pretensiones y hechos de la demanda, ni con la excepción planteada, por cuanto el juzgador se pronunció sobre una acción diferente de la propuesta, con soporte distinto del aducido por el actor y sin resolver aquel mecanismo defensivo.
1. Luego de anotar las diversas actuaciones y las piezas procesales en las que el actor reiteró que la acción ejercida era de responsabilidad civil contractual por incumplimiento o imperfecta satisfacción de la obligación de saneamiento de la compraventa de la semilla, y referir el argumento a cuyo amparo la opositora propuso la excepción de “carencia del derecho de demandar por inexistencia de la obligación y de la relación jurídica pretendida”, sostiene la casacionista que el tribunal, con desconocimiento de lo expuesto en el poder y en la demanda, asumió la acción como si se tratara de responsabilidad civil extracontractual y confirmó el fallo estimatorio de primera instancia, que había negado el acogimiento de dicha excepción, cual lo advertía del capítulo de “antecedentes” de la decisión acatada, así como de sus consideraciones cuando afirmó que las partes ostentaban legitimación, el actor por ser el perjudicado económico y la demandada debido a que confesó ser la productora de la nombrada variedad.
2. Tras comentar que el tribunal nada dijo acerca de la excepción planteada, pregona la impugnadora que el hecho de que en el acápite de “antecedentes” de la sentencia ahora recurrida hubiese estimado que la demanda era de responsabilidad aquiliana, sin dar las razones de ese aserto, obedeció a que tal posición ya la había fijado a través de la providencia de 15 de mayo de 2003 -que transcribe-, cuando conoció del proceso por primera vez. Sostiene que como el juzgado del conocimiento predicó que el actor ejerció precisamente dicha acción, la confirmación dispuesta por aquél del fallo de éste, sin observaciones sobre el punto, tradujo que avaló esa consideración; es decir, pese a que Assis Contreras en el libelo hizo mención a una responsabilidad civil contractual derivada del imperfecto cumplimiento de la obligación de saneamiento de la venta de las semillas, el juez de segundo grado condenó a la opositora por la responsabilidad civil extracontractual que dedujo de la desatención del deber de garantía mínima que el Estatuto del Consumidor impone a los productores, y desestimó la excepción aduciendo que la demandada era la productora de los gérmenes; deduce así que la inconsonancia deviene de haber resuelto el ad-quem una acción no propuesta, con base en circunstancias distintas a las señaladas, y decidido la excepción con desatención de sus verdaderos fundamentos.
3. Después de resaltar cómo no se podía sostener que el cambio de acción encontraba explicación en la labor de hermenéutica que de la demanda supuestamente efectuó el juzgador, por cuanto sólo se interpreta la que es oscura pero no la que es clara, como la que dio nacimiento a este conflicto, más cuando los jueces de instancia no aludieron a falta de precisión alguna o a contradicción interna del libelo, y de citar pasajes de un precedente jurisprudencial sobre el tema planteado, dice la recurrente que del modo expuesto emerge evidente el quebrantamiento del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; añade que si el sentenciador hubiese decidido la acción de responsabilidad civil contractual necesariamente habría concluido en la falta de legitimidad de la demandada, por no estar vinculada a la específica convención aludida en el escrito con el que se inició el pleito, que fue lo que ella planteó como excepción.
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