Síntesis de fundamentos de los fallos de cada una de las instancias?




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títuloSíntesis de fundamentos de los fallos de cada una de las instancias?
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CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia de violar, de manera indirecta, los artículos 822, 934 del Código de Comercio, 1494, 1566, 1602, 1613, 1615, 1914, 1915, 1917, 1918 del Código Civil, y 83 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación; 2341, 2343, 2347 del Código Civil, 11 y 29 del decreto 3466 de 1982, por aplicación indebida, a consecuencia del error de hecho en que incurrió el tribunal al apreciar la demanda y su contestación.
1. Con soporte en la trascripción que hace de algunos de los pedimentos y hechos del libelo, así como con apoyo en los fundamentos de derecho incorporados en el mismo, expresa la casacionista cómo, pese a la claridad de esa pieza procesal en todos sus aspectos, el ad-quem se limitó a señalar que el actor había propuesto demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual, absteniéndose de dar las razones de su aserto; y al tratar el tema de la legitimación, dedujo la del actor por ser el perjudicado económico, y la de la demandada por haber confesado en la contestación que produjo la semilla, para seguidamente relacionar las diversas acciones que tendría el consumidor frente al vendedor o al fabricante. Hace ver cómo aquél igualmente indicó que los problemas de calidad presentados por los granos utilizados por el demandante en sus cultivos constituían el hilo que conducía a la conclusión de que era clara la responsabilidad de la sociedad vinculada como demandada.
2. De este modo, señala la censora que el silencio guardado por el juez de segundo grado sobre las razones sustentantes de la tipificación que hizo como extracontractual de la acción intentada no fue caprichoso sino que obedeció a que con anterioridad, por el proveído de 15 de mayo de 2003, mediante el cual anuló lo actuado a partir del auto de 5 de diciembre de 2001, el cual trascribe, ya había fijado su criterio sobre el particular. Afirma entonces que aquél, en uso de la facultad-deber que tenía de interpretar la demanda, al observar, por un lado, que en ella no se adujo ni comprobó la existencia de un acto jurídico que vinculara a quien le vendió la semilla al demandante con la demandada, esto es, “a la ocurrencia de una cadena heterogénea de contratos” y, de otro, que estaba dirigida contra la productora de la semilla, así como por hallarse fundada la reclamación de perjuicios en que su deficiente calidad violó el régimen que ampara a los consumidores, coligió que la acción propuesta era delictual. Añade que como dicha prédica también la sostuvo el a-quo, la confirmación de su fallo tradujo que el juzgador avaló esas razones, en orden a lo cual cita algunos de sus apartes; es decir, el sentenciador desfiguró la demanda al interpretarla, con lo cual cometió error de hecho, pues siendo ella clara en cuanto a que la acción pretendida era de responsabilidad civil contractual, al apreciarla, dedujo que refería una de carácter extracontractual fundada en el incumplimiento de la garantía mínima que el Estatuto del Consumidor impone a todo productor.
3. Insiste en que los jueces de instancia en las providencias que vienen referidas no aludieron a oscuridad o a contradicción interna de la demanda, de donde no podían interpretarla, como lo hicieron, ya que esa labor era admisible sólo con miras a desentrañar su verdadero sentido. Por tanto, si el libelo cumplía los requisitos de precisión en cuanto a la acción intentada y al fundamento de la responsabilidad contractual imputada a la demandada, a aquéllos les estaba vedado desarrollar ese trabajo de hermenéutica.
4. Afirma la recurrente que de admitirse que acá sí le era permitido al ad-quem interpretar la pieza iniciadora del proceso, ese ejercicio no lo facultaba para alterar su contenido material, cual lo hizo, ya que una cosa es establecer lo que en la demanda está implícito, con el propósito de hacer prevalecer el derecho sustancial, y otra es modificar los supuestos fácticos o las peticiones que en ella claramente se aducen, que fue lo que aquél hizo, pues semejante poder, además de desbordado, arrasa con el derecho de defensa.
De esta manera el juez de segundo grado supuso que en el libelo se planteó una acción extracontractual, dejando de ver que allí el actor promovió una de responsabilidad civil contractual afincada en la compraventa que invocó como supuesto fáctico. Ese yerro lo condujo a incurrir en otro igual frente a la contestación de la demanda, por cuanto pretermitió el sustento fáctico de la excepción, consistente en que la opositora no fue parte en aquel contrato, pues ese planteamiento aquél lo pasó por alto al desestimar esa defensa.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. En tratándose de la causal segunda de casación, prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la Corporación tiene sentado cómo, para establecer si ella tuvo suceso o no, ha de empezarse por comparar los hechos, las pretensiones reclamadas y las excepciones propuestas con la parte resolutiva de la decisión, pues a partir de lo que emerja de contrastar tales factores podrá determinarse si el fallo desbordó los límites trazados por los enunciados actos procesales, y si resultó por ello ultra, extra o citra petita, e incurrió en un error in procedendo.
Y conforme lo ha señalado la Corte, la incongruencia relativa a los fundamentos fácticos que integran la causa petendi ocurre cuando el juzgador “al considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados”(G. J., t. CCXXV, pag.255), pues, como también lo ha expresado, se trata de un “yerro por invención o imaginación judicial, producto de la desatención o prescindencia de los hechos de la demanda”(sentencia número 225 de 27 de noviembre de 2000, exp.#5529).
2. Desde otro punto de vista, es claro que la labor de interpretación de la demanda, desarrollada con el único propósito de descubrir la intención original de quien acude a la jurisdicción, el juez la podrá adelantar en la medida en que el libelo se lo permita sin desfigurar la realidad que por sí sola allí se patentice, esto es, en aquellas hipótesis en que al hacerlo no modifique la esencia de lo pedido ni de las circunstancias fácticas en que el actor haya fundado esas súplicas; ya que, para decirlo en sentido contrario, si el contenido integral del acto introductorio ostenta claridad y precisión meridianas o si, en cambio, su oscuridad y confusión es de tal magnitud que objetivamente se hace imposible encontrar ese verdadero horizonte, entonces el sentenciador no podrá más que sujetarse a la literalidad que aparezca expuesta, con las respectivas consecuencias para el promotor del proceso, por supuesto que aquél no goza de esta facultad interpretativa, ha dicho la Corte, por un lado, cuando la imprecisión y oscuridad de sus términos es tal que obstaculice por completo la averiguación de lo que el demandante quiso expresar, evento en el que, so pena de incurrir en yerro fáctico, no es posible la interpretación porque se suplantaría la presentada por su autor, sustituyéndolo de esa carga consagrada en la ley de manera exclusiva para él, y, por el otro, en los casos en que los términos del aludido escrito “sean de tal precisión y claridad que no dejen ningún margen de duda acerca de lo pretendido por el demandante, caso este último en el que el juez debe estarse a ellos en la forma como se los presenta el actor, por cuanto pretender una interpretación de los mismos lo conduciría a un yerro similar, que en ambos casos sería manifiesto(G. J., t. CCXLIII, pags.112 y 113).
En este sentido deviene incuestionable afirmar que el ad-quem cometerá yerro fáctico si al interpretar la demanda se aparta de los lineamientos que vienen precedidos, pues al hacerlo estaría tergiversando el texto de la pieza inicial del proceso o cercenando su contenido original, falencias que, de presentarse, por contera configurarían la causal de casación prevista en el inciso 2º, numeral 1º, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que fueren evidentes y trascendentes, toda vez que, como lo tiene dicho la Sala, “para que se configure el error en la interpretación de la demanda, es necesario como lo exige la ley, que sea manifiesto, ostensible o protuberante, es decir que salte a la vista de la simple lectura de la demanda, pues la actividad de interpretación solamente es atacable en casación cuando fuere notoria y evidentemente errónea, lo que no se daría cuando entre varias interpretaciones razonables y lógicamente posibles, el tribunal ha elegido alguna de ellas…´”(G. J., t. CCXXV, 2ª parte, pag.185).
3. Como quedó visto de la sinopsis que se hizo del fallo combatido, el juzgador aseguró que, a términos del decreto 3466 de 1982, en casos como el presente la acción podía instaurarse directamente contra la persona que ostentara la calidad de productora, quien, por esa condición, al tenor del aludido Estatuto del Consumidor tenía la obligación de garantizar la buena calidad del producto que distribuyera a través de sus expendedores; por tanto, indicó, estaba al arbitrio del demandante dirigir su demanda de responsabilidad contractual únicamente en contra del vendedor, promoverla frente a ese sujeto y al fabricante de las cosas, evento en el que debía acreditar la cadena contractual, o, en últimas, intentar su pretensión de responsabilidad civil extracontractual sólo contra el productor.
No sin antes aludir a la importancia que tenía en la Unión Europea el tema atinente a la obligación legal de garantía a cargo del productor dentro de la órbita del derecho de protección al consumidor, el sentenciador dio por establecida la legitimación de las partes en esta causa, así: la del promotor del proceso, debido a que tenía la condición de perjudicado económico, y la de la opositora, por cuanto al contestar la demanda confesó ser la productora de la semilla de sorgo tipo “Sinupar 2R” adquiridas por aquél, en la medida en que al responder el hecho segundo señaló que tales artículos no le fueron comprados, que una era la situación jurídica del fabricante frente al consumidor y otra la del vendedor o distribuidor, a lo que añadió que la demandada, al fundamentar la excepción expresamente afirmó que el actor le compró los aludidos granos a la sociedad Semillas & Semillas Limitada y no directamente a ella, quien ha debido ser llamada “sólo en garantía como productora”.
Con esa base, apoyado en las pruebas que relacionó, el ad-quem aseveró que como el dictamen pericial practicado dentro del proceso, no objetado por ninguna de las partes, ostentaba especial connotación demostrativa, en particular por la incuestionable competencia de los peritos y el aquilatado fundamento en que aparecían soportadas sus conclusiones, debía tener por cierta la circunstancia consistente en que las aludidas semillas, utilizadas por el demandante en los cultivos de sorgo por él plantados durante 1999, habían presentado “problemas en su calidad”. Por ahí mismo, concluyó que era clara la responsabilidad civil de la demandada, para finalmente precisar que la suma por la cual impondría la condena correspondía sólo a la restitución del precio de la semilla debido a la anotada mala calidad, y no al concepto de lucro cesante.
4. De lo que viene de compendiarse se aprecia que el juez de segundo grado, para otorgarle mérito a las pretensiones y desestimar la excepción planteada, entendió que a Semillas Andree Agrícola Limitada se la demandó no propiamente porque tuviera la condición de parte de una determinada relación negocial sino por la calidad que de productora tenía de los granos adquiridos por el demandante, con relación a los cuales éste había deprecado el correspondiente resarcimiento de los daños padecidos. Fueron precisamente estos extremos, valga reiterar, los hechos consistentes en que aquélla era la productora de las semillas y que Assis Contreras sufrió perjuicios económicos por cuanto las mismas presentaron “problemas en su calidad”, los que lo condujeron a pregonar la legitimación en la causa de las partes del proceso y, por contera, a desestimar, aunque implícitamente, la excepción de “carencia del derecho de demandar por inexistencia de la obligación y de la relación jurídica pretendida”, pues comprendió que dadas esas puntuales circunstancias fácticas, a la luz de las normas positivas que protegen los derechos de los consumidores incorporadas en el decreto 3466 de 1982, el actor sí podía promover esta acción contra aquella persona jurídica para que le reparara el derecho lesionado a raíz de que los aludidos productos resultaron de mala calidad. Con esa específica inteligencia dedujo entonces que era “clara la responsabilidad civil” de la opositora, a quien condenó a restituirle al actor nada diferente al “precio de la semilla debido a la anotada mala calidad de la misma”.
5. Como se verá enseguida, el entendimiento que del modo expuesto el juzgador le otorgó a la controversia no se aparta del marco que le trazó el contenido objetivo, lógico y razonable que emana de la demanda y su contestación.
En efecto, sin desconocer que en la parte introductoria del libelo el actor de manera explícita dijo presentar “demanda ordinaria de responsabilidad civil contractual e indemnización de perjuicios” y que tanto en las pretensiones como en la causa petendi hizo referencia al contrato a través del cual él adquirió los artículos que le causaron daño por su bajo vigor y deficiente poder de germinación, lo cierto es que del análisis de esa pieza procesal se encuentra que de ella también podía advertirse una reclamación como las que trata el decreto 3466 de 1982, que regula lo concerniente a la protección de los derechos del consumidor.
Es así como en los hechos de la demanda se señaló, en lo fundamental, que para sembrar en el primer semestre de 1999 en algunos predios de su propiedad, Tobías Assis adquirió 469 bolsas o bultos de semilla de sorgo variedad “sinupar ‘2R’ producida por Semillas Andree Agrícola...”(se subraya), las cuales había comprado en Montería en el concesionario o distribuidor Semillas & Semillas Limitada; asimismo, que para la adecuada germinación, desarrollo y producción de los cultivos respectivos, el demandante dispuso de los elementos necesarios, tales como herbicidas, plaguicidas y otros insumos agrícolas; igualmente, que acaecido su nacimiento, la aludida semilla apareció “con síntomas de bajo vigor” e “intoxicación”, situación que generó una deficiente germinación, así como favoreció la “horadación por hormigas u otras causas”; que esa mala calidad de los señalados artículos, causante de graves perjuicios, motivó no sólo la intervención de la agremiación de los cerealistas y cultivadores sino la realización de estudios por parte de profesionales en la materia, para cuya práctica se solicitó la presencia de un “representante de la casa productora”(se resalta), vale decir, la opositora; del mismo modo se expresó que estos análisis demostraron cómo la semilla en cuestión presentaba “una germinación inferior al 80% en el que debía encontrarse para la época transcurrida entre la siembra y la visita” y “poco vigor en las plantas” que nacieron; y que, justamente, debido a la mala calidad y al bajo poder de crecimiento los cultivos se verían afectados, incluso en las cosechas futuras.
Y en las pretensiones se solicitó declarar que la demandada, como casa productora de los granos, era civilmente responsable de los daños padecidos por Assis Contreras con las 469 bolsas de semilla de sorgo variedad “‘sinupar 2R’..., cuya malísima calidad se evidencia..., adquiridas en los concesionarios autorizados” Semillas & Semillas Limitada, y que, como consecuencia, se condenara a aquélla a pagarle los perjuicios causados a raíz del “imperfecto cumplimiento de la obligación del saneamiento cabal y oportuno de la compraventa reclamada, al vender semillas de mala calidad y... casi ningún poder” de germinación.
6. Emerge así palmario que la referencia que en los diversos apartados del libelo el actor hizo al negocio jurídico de compraventa no necesariamente debía ser entendida en el sentido de que estuviera afirmando que él adquirió directamente de la demandada las semillas en cuestión o que le atribuyera a ella una responsabilidad ceñida única y exclusivamente al campo contractual, como equivocadamente lo da a entender la casacionista, pues, conocido el ámbito de la causa petendi y del petitum que fueron incorporados en el acto introductorio, la relación convencional allí aludida podría aceptablemente ser comprendida como la determinación de la fuente de donde aquél obtuvo esos productos, sin que pueda perderse de vista que, en todo caso, la vinculación de la opositora a esta acción habría tenido como causa fundamental el hecho de que ella fue la productora de tales artículos, por supuesto que si en esa particular condición Tobías Assis convocó a juicio a Semillas Andree Agrícola Limitada, era apenas natural, como aplicación manifiesta de la teoría de la sustanciación1[1], que revelara o explicara dónde, cómo y cuándo se hizo a los bienes que por su carácter defectuoso le causaron los daños cuyo resarcimiento pretendía.
Desde esta perspectiva, sin pasar por alto que el demandante intituló su libelo como de responsabilidad civil contractual, ni que en los hechos y pretensiones mencionó el contrato por medio del cual adquirió de Semillas & Semillas Limitada los referidos granos, ha de puntualizar la Corte que tampoco podía descartarse que su acción estuviera encaminada a hacer efectiva la responsabilidad a cargo de la demandada, en su calidad de productora de las mentadas especies, tal como lo percibió el ad-quem, toda vez que del contenido integral de la demanda podía extractarse razonablemente que tal condición -la de productor- también constituía un soporte esencial de la reclamación, enderezada precisamente a que le fueran resarcidos los perjuicios derivados de la mala calidad de dichos elementos, representada en su poco vigor y bajo o casi ningún poder de germinación, supuesto que bien podría enmarcarse dentro de la normativa prevista por el artículo 11 del Estatuto del Consumidor, concerniente a la llamada “garantía mínima presunta” de bienes y servicios, según la cual se “entiende pactada en todos los contratos de compraventa y prestación de servicios la obligación a cargo del productor de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad”, en consonancia con el artículo 23 de la misma codificación, cuando al ocuparse específicamente de la “responsabilidad de los productores por la idoneidad y calidad de sus bienes y servicios” dispone, respecto de aquellos cuya calidad e idoneidad haya sido registrada, que ella será establecida de conformidad con los términos y condiciones allí previstos, y, en lo que toca con los que no hubieran sido objeto de registro, que “bastará para establecer la responsabilidad por la mala o deficiente calidad e idoneidad, la demostración del daño”.
7. Por tanto, es de verse que el juzgador no incurrió en los yerros que le achaca la censura, no sólo porque estuvo lejos de inventar o suponer los hechos y súplicas contenidos en el libelo, sin que tampoco se apartara o prescindiera de ellos, sino porque, como se lo permitían los supuestos en él descritos, adoptó el peculiar sistema de responsabilidad contemplado en las disposiciones que protegen los derechos del consumidor, las cuales, valga la pena destacarlo, desde la misma Constitución Política trazan como lineamiento general la premisa consistente en que “serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”(artículo 78).
Precisamente, al amparo de este principio superior puede afirmarse que la tutela efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios, habida cuenta de la posición de inferioridad o debilidad que ordinariamente ocupan en el tráfico mercantil y la asimetría que caracteriza sus relaciones jurídico-económicas con los distribuidores o fabricantes2[2], no puede verse restringida o limitada por el principio de la relatividad de los contratos, cuyo alcance, por cierto, tiende cada vez a ser morigerado por la doctrina jurisprudencial3[3], puesto que, con independencia del vínculo jurídico inmediato que ellos pudieran tener con el sujeto que les enajenó o proveyó un determinado bien o servicio, las medidas tuitivas propias de su condición han de verse extendidas hasta la esfera del productor o fabricante, como quiera que éste es quien ha gestionado, controlado o dirigido el diseño y elaboración del producto, entre otros aspectos, así como ha determinado ponerlo en circulación o introducirlo en el mercado, adquiriendo, por contera, un compromiso en torno de la calidad e idoneidad del mismo, por lo que, desde luego, no puede resultar ajeno o indiferente a sus eventuales defectos o anomalías, ni a los peligros o riesgos que estos pudieran generar, como tampoco a las secuelas de orden patrimonial que llegaren a afectar a su destinatario final -consumidores o usuarios- o a terceros, con lo que queda claramente establecida una “responsabilidad especial” de aquél frente a éstos -ex constitutione-4[4], que los habilita para accionar directamente contra el fabricante en orden a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar o a reclamar el resarcimiento de los daños que les fueran irrogados, sin que tal potestad pueda ser coartada por la simple inexistencia de un vínculo de linaje contractual, pues un entendimiento semejante no acompasaría con las directrices inequívocamente fijadas por la Carta Política, pues, como se sostuvo en el fallo que sujetó la constitucionalidad de los artículos 11 y 29 del decreto 3466 de 1982 precisamente a la existencia de una acción directa del consumidor frente al fabricante, “el productor profesional produce para el mercado, se beneficia del mercado y debe responder ante el mercado”5[5].
8. Por otra parte, no ha de pasarse por alto que el ad-quem tampoco dejó de considerar lo atinente a la excepción planteada, la cual, como la impugnadora a la postre lo reconoce, ciertamente resolvió cuando determinó que las partes sí ostentaban legitimación para proponer y enfrentar esta causa, el demandante, debido a que era el perjudicado a raíz de la mala calidad de las semillas que adquirió, y la demandada, por razón de que era la productora de las mismas; estos aspectos, valga reiterarlo, no fueron ajenos a la materia que constituyó el eje central de la controversia.
9. Ahora, tomando en consideración lo dicho, en particular, que en el acto introductorio se aseguró que la demandada era la productora de las semillas, que ella no infirmó dicha aseveración, que la causa de la reclamación efectuada, antes que en el mentado contrato, estribó en la mala calidad de los productos, tanto por su escasa capacidad de vigor como por su bajo poder de germinación, lo cual se enmarcaba dentro del contexto de la responsabilidad que el Estatuto del Consumidor le impone al productor de bienes, tampoco puede sostenerse que el juez de segundo grado, al interpretar de aquel modo el libelo, cometió yerro fáctico manifiesto y trascendente, pues, como se consideró, en la implementación de esa cardinal tarea no se alejó de los lineamientos que arriba quedaron expuestos, toda vez que no tergiversó ni cercenó su contenido original, en la medida en que, conforme a lo visto, objetiva y razonadamente el libelo permitía la comprensión que aquél le otorgó.
A este respecto ha de reiterar la Sala que “si la conclusión a la que llegó el ad-quem, luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido por el fallador en la providencia motivo de impugnación”(G. J., t. CCLVIII, pags.212 y 213).
10. Por tanto, los cargos no prosperan.
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