N- tribunal primero civil, seccion primera




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IV.-

En el tercer reclamo de disconformidad del defensor particular (folios 117-120), y en el segundo motivo del imputado (folios 132-153) protestan vulneración de las reglas de la sana crítica y del principio in dubio pro reo. Consideran que se dio una valoración errónea de la prueba allegada al proceso, pues de la declaración del menor ofendido, no es posible desprender un comportamiento doloso cuando el imputado realizó los disparos. En síntesis, el licenciado González Campos señala que los disparos que hizo el imputado en la segunda oportunidad fueron sin una dirección determinada -al aire, en su opinión-, con la única intención de asustar a los que invadieron su propiedad, siendo que uno de ellos impactó en el agraviado. Según el Tribunal, la cicatriz que presentó el ofendido de manera circular y regular, implica que el disparo se dirigió directamente contra él. Sin embargo, discrepa de esa conclusión, pues según el relato del menor en el debate, él corrió agachado o encorvado, de ahí que la forma de la cicatriz que se aprecia en su espalda obedece a que el proyectil cayó de manera perpendicular y no de forma inclinada, como hubiese sido la dirección del plomo por encontrarse el imputado en un plano superior al menor. Arguye que si la bala hubiese ingresado de manera inclinada, la cicatriz necesariamente debe ser ovalada y no circular, como se observa la misma. Por otro lado, se omitió considerar que el imputado es una persona que carece de conocimiento y experiencia en el manejo de armas de fuego. Agrega que si hubo una conducta indebida de su defendido, se estaría en el supuesto del artículo 29 del Código Penal, pues no existió intención de lesionar y menos de matar. Por otro lado, señala que lo resuelto por el Tribunal sustituyó sin fundamento alguno, el dictamen pericial del experto en balística, que mostró una conclusión diferente. El imputado en su recurso añade que la victima ni siquiera supo decir la trayectoria que siguieron los balazos, porque en ese instante se encontraba agachado, sin que le conste la dinámica de los acontecimientos, de ahí que no es posible atribuirle una intención homicida en su actuar. Su actitud de tomar un arma de fuego y hacer uso de ella, fue solamente para asustarlo, pues no se puede ignorar que en esa parcela ya se habían dado cuatro incursiones anteriores con el objeto de robar. Considera que no tuvo control sobre la zona en la cual recibió el disparo el ofendido, tratándose más bien, de “…una circunstancia completamente ajena a mi voluntad…” (folio 137), desconociendo incluso la trayectoria que iban a tomar los disparos. Si uno de los proyectiles se introdujo en la cavidad torácica de la víctima, fue debido a la fatalidad y en cierto modo, a una “imprudencia” de su parte como lo estima el recurrente. Opina que se le está sancionando por las consecuencias imprevisibles de su error al disparar el arma en cuestión. Insiste también en que no dirigió los disparos hacia el menor sino al aire, pues los proyectiles cayeron a tierra, en una inclinación perpendicular con respecto al eje común del suelo. En ese sentido, reafirma su tesis de que “…los disparos sí se realizaron hacia un lugar distinto al que se dirigían los ofendidos” (folio 138), siendo que, lastimosamente, se produjo una circunstancia “ajena a su voluntad” y “totalmente imprevista”. Acepta que si bien se dejó llevar por el impulso y procedió a efectuar unas detonaciones “poco cuidadosas” –por las emociones alteradas en que se encontraba en ese instante-, rechaza que el resultado fuera consiente o tácitamente querido por su persona. Además, se equivoca el Tribunal al indicar que la disposición formal del orificio de entrada determina que los hechos se dieron tal como fueron acusados, ya que, por el contrario, coincide más bien con la hipótesis defensiva de que el imputado realizó esos disparos al aire, cayendo uno de ellos de una manera casi perpendicular sobre la espalda del menor, que precisamente caminaba con su dorso flexionado. Señala que el fallo no da razón objetiva alguna para descartar su tesis de descargo rendida en el debate, en el sentido de que el imputado no consintió el resultado al que finalmente se llegó. No se ponderó que si realmente hubiera querido darle muerte, lo habría hecho cuando lo tuvo de frente, lo que excluye también la intención dolosa y alevosa que argumenta el Tribunal. Estima que los hechos acusados a lo sumo configurarían el delito de lesiones culposas, por ausencia de un querer lesivo u homicida. No llevan razón los reclamos. De acuerdo con la escucha y visualización del archivo digital en el que consta la lectura oral integral de la sentencia (respaldo audiovisual 0003110408171438, secuencia 17:44:15 en adelante), los juzgadores le otorgan plena credibilidad al dicho del menor ofendido, el cual, sin asomo de duda o equívoco alguno, hizo referencia directa al imputado, como la persona con que se encontró ese día y le disparó con un arma de fuego hacia donde él se encontraba en ese momento. Para los jueces, se trató de una relación impecable, clara, honesta, en la que no se constató contradicción alguna, que les permitió concluir la actuación dolosa en el actuar criminal del justiciable. Ambos impugnantes intentan desviar la atención en cuanto a la finalidad que tuvo B. cuando realizó los disparos. Afirman que en realidad fueron realizados “al aire” o sea, sin una dirección determinada, y no en forma directa hacia el sitio donde se encontraba en ese momento el ofendido, quien huía entre la maleza para escapar de la amenaza que percibió en el acriminado. No obstante, analizado lo que el menor declaró en el hospital (ver archivo de la grabación de su relato), fue enfático en manifestar que el imputado le salió de frente a él con el arma de fuego, la cual accionó en primeramente en dirección al suelo, cerca del sitio donde se encontraba, indicándole a la vez con rostro severo y fuertes palabras que se fuera de ahí, razón por la que el muchacho huye de inmediato y se lanza hacia una parte que está más abajo con relación al imputado, siendo que cuando trata de escapar por la maleza, escucha que una bala le pasó rozando su cabeza, mientras que otro de los proyectiles le impactó en la parte posterior derecha de su espalda. Agrega que cuando sintió el disparo, volvió la mirada y observó al imputado como la persona que le disparaba con el arma. Incluso reitera que el justiciable se encontraba ubicado en una parte más alta con relación a su persona, es decir, con ventaja. Ante una pregunta de la defensa de si existía visibilidad entre los dos indicó que sí había, aclarando a la vez, con cierto tono de molestia, “si no, ¡cómo va a disparar!” . Resulta claro entonces que, según su dicho, el imputado apuntó y accionó el arma en dirección directa a su persona, a pesar de que ya él había optado por salir del lugar donde se encontraba junto con su amigo J., quien lo acompañaba en la faena de ir a coger unos limones para ir a vendérselos a otra persona, lo que descarta la tesis que pretenden sostener los quejosos, en cuanto a que los disparos no fueron dirigidos en forma dolosa contra él, porque los hizo al aire. Ciertamente, el Tribunal tuvo por demostrado que los dos primeros disparos se hicieron para asustar al ofendido y su amigo, sin manifiesta intención homicida. Pero luego se tuvo por acreditado que las siguientes detonaciones realizadas sí se ejecutaron con la evidente intención de acabar con la vida del menor. Para los jueces, el imputado se enfoca sobre su humanidad para darle muerte, básicamente por dos razones: a)- porque usó un objeto idóneo –arma de fuego-, para lograr su finalidad propuesta; y b)- porque el disparo impactó en zonas vitales ya que lesionó órganos esenciales de su cuerpo, que puso en peligro su vida, de no ser por la rápida y efectiva atención que recibió en el hospital de San Carlos, al que fue trasladado de inmediato. Al respecto, la sentencia señala: “este Tribunal tiene por claro que en realidad usted tenía esa intención ¿por qué?, porque esta persona como ya se dijo intentaba abandonar el sitio donde usted consideraba que lo estaba afectando de alguna manera. Esta persona le da la espalda, esta persona huye, esta persona corre, esta persona no estaba atacándole a usted de ninguna manera, esta persona no le estaba poniendo a usted en riesgo de ninguna manera, el acompañante de esta persona de ninguna manera se estaba dirigiendo en su contra o en contra de alguien cercano por quien usted tuviera que preocuparse o por quien usted tuviera que defender en aquel momento. Esta persona huía, esta persona le dio la espalda y fue ese el momento que usted aprovechó para accionar esa arma de fuego directamente hacia su humanidad y no es que aquí el tema de la maleza pues tampoco se pase por alto, no es que usted haya hecho un disparo inconsciente hacia la maleza y, accidentalmente, haya impactado a esta persona. No. Está claro que usted sabía que en esa dirección iba corriendo una persona de manera tal que, independientemente haya existido una alta maleza o no, e independientemente de que esa persona haya huido agachado o haya huido totalmente erguido, usted sabía precisamente que en esa dirección hacia la cual lanzó esos tres disparos se encontraba un ser humano, usted sabía que en esa dirección había una persona que, recientemente, había intercambiado palabras con usted y que evidenció temor en ese instante y que evidenció que respetaría su decisión, esa decisión que usted estaba manifestando por palabras y por hechos en ese momento de abandonar el sitio. Esa persona corrió en respeto de esa decisión suya y aún así usted optó por dispararle por la espalda, teniendo la oportunidad de no hacerlo de esa manera” (ver archivo digital número 0003110408180000.vgz, secuencia 18:00:57 a 18:02:55). Para el Tribunal resulta evidente que el imputado, teniendo la posibilidad de actuar de otra manera, optó por esa solución es decir, por enfrentar al ofendido con un arma de fuego, la que accionó en dirección a su persona, quien intentaba alejarse del peligro que percibió en el gesto de enojo que mostró B., por las fuertes y agresivas palabras que le dirigió en un primer instante y por los disparos que también accionó en esa primera ocasión. En ese sentido, no resultan de recibo los argumentos que rindió el imputado en el debate cuando alegó que sus disparos fueron al aire y jamás en dirección al menor. Contrario a una de las quejas que se contienen en este motivo, el Tribunal sí ponderó su versión de descargo (ver archivo audiovisual, 0003110408171438.vgz, secuencia 17:49:30 a 17:51:12, y archivo número 0003110408180000.vgz, secuencia 18:12:56 a 18:16:36), en la que hace un recuento de su dicho, pero al que no le otorga mérito alguno, en razón de la plena credibilidad que le mereció lo indicado por el ofendido. Un indicio por el que el Tribunal descarta la versión del imputado, reside en que la cicatriz mostrada por el ofendido durante el debate, resulta ser circular, lo que demuestra que el disparo provino desde la parte posterior del cuerpo de la víctima. Para los jueces, si hubiese provenido desde otro ángulo, su cicatriz sería de otra forma. La defensa sostiene que ello se debe a que al darse el disparo hacia arriba, la trayectoria de la bala tomó un rumbo perpendicular y no de forma inclinada, como hubiese sido si el imputado le dispara desde la posición superior en la que se encontraba. Sin embargo, como ya se señaló, su versión resulta injustificada, toda vez que no se demostró que el encartado accionara el arma en una dirección que no fuera en forma directa hacia la humanidad del ofendido, quien fue claro en señalar que al sentir el impacto en su espalda, volteó su rostro y miró al imputado quien le dispara hacia donde se encontraba, razón por la que, tal y como narró la forma en que intentó huir del sitio, encuentra asidero lógico que la bala penetrara por la parte posterior de su cuerpo, precisamente porque le había dado la espalda cuando huía por la maleza, lo que excluye cualquier intento de sostener otra posible trayectoria como lo sugieren los quejosos. Es cierto que el Tribunal no contó con prueba científica que explicara la ruta que siguió el disparo, pero sí está claro que venía desde la parte posterior de la humanidad de la víctima, es decir, del lugar donde solamente se encontraba el justiciable. Como lo señala el razonamiento judicial, no se trató entonces de un disparo “accidental”, ya que se descartó por la declaración del menor en el debate y por la forma en que impactó el proyectil en su cuerpo, de manera que las lesiones halladas en él, son inconfundibles para concluir que el imputado disparó en dirección hacia el ofendido y no a otro lado, lo que excluye por tanto, cualquier causa de justificación que se ha intentado invocar por los impugnantes, o bien una circunstancia “ajena a su voluntad” o “totalmente imprevista”. El a quo también sopesó el argumento esbozado por el defensor en sus conclusiones, de que cuando lo tuvo de frente, pudo haberlo matado si esa realmente era su intención. Sin embargo, como aclara el fallo, sólo les compete determinar si el justiciable es responsable o no de haberle disparado instantes después por la espalda cuando el muchacho huía del lugar, aspecto que es justamente el que se discutía en el debate, acreditándose entonces que la intención dolosa de quitarle la vida, se evidenció con las acciones posteriores que ejecutó cuando disparó al ofendido. La Sala estima que la declaración del ofendido, principal soporte probatorio del fallo, fue correctamente analizada por el a quo, valorándose todas las circunstancias por él narradas, ponderándose su credibilidad y explicándose las razones de ella, de la cual se extraen los elementos necesarios para el juicio de certeza sobre la responsabilidad del encartado, descartándose en forma correlativa, su versión de descargo rendida en el contradictorio, sin que se aprecie ningún quebranto de reglas lógicas, científicas o de experiencia en su fundamentación. En virtud de lo expuesto, se rechazan los alegatos presentados por los recurrentes.

V.-

Como cuarto alegato, el imputado reclama falta de fundamentación de la pena, porque el Tribunal no justifica en forma válida su razón de no decantarse por una rebaja por tratarse de un delito tentado en cuanto al homicidio calificado. Se omitió ponderar que no existió un daño significativo para sustentar la imposición de las penas mínimas por ambos delitos. Básicamente la sentencia no aplicó la facultad de disminuir la sanción con base en dos elementos: a).-

en que el ofendido tenía trece años y, b)- el carácter profesional del imputado. Respecto al primer punto, indica que al momento de los disparos, desconocía la edad del menor, pues ni siquiera lo conocía con anterioridad. En cuanto al otro aspecto, se desconoce que no se actuó de manera premeditada o con la intención de hacerle daño. Por otro lado, su comportamiento posterior al hecho ha sido honorable, demostrando su voluntad de ajustarse a las pautas de comportamiento que impone el orden jurídico. Además, no cuenta con antecedentes penales, evidenciándose una actitud de respeto hacia la ley. En síntesis, el Tribunal no se ajustó a los lineamientos contenidos en el artículo 71 del Código Penal, así como se inobservó lo indicado por el numeral 73 del mismo cuerpo normativo. El motivo se declara sin lugar. Acorde con el análisis de fundamentación de la pena que realiza el Tribunal en su sentencia (ver archivo número 0003110408180000.vgz, secuencia 18:35:41 a 18:42:47), no encuentra la Sala reparo alguno a las razones que exponen los jueces como motivadores de la sanción impuesta. De manera expresa, aplicaron las penas mínimas establecidas para los delitos de agresión calificada y homicidio calificado –seis meses y veinte años de prisión respectivamente-, tomando en consideración que el acriminado carece de juzgamientos anteriores, que enfrentó el proceso en todo momento y que no se demostró que influenciara el ánimo del ofendido. Sin embargo, optaron por no rebajar la pena en cuanto al delito de homicidio calificado, con fundamento en que el numeral 73 del Código Penal estipula que la posibilidad de disminuir el monto, queda a criterio del juzgador. En ese sentido, tratándose de una facultad que le compete al Tribunal, deciden en este caso justificar su no rebaja, por la forma en que se desarrollaron los hechos, ampliamente explicados en el fallo, en los que se demostró que el muchacho agraviado no le estaba causando ningún tipo de perjuicio patrimonial al acriminado, ni éste corría algún riesgo físico, toda vez que el menor decidió acatar de inmediato la petición mostrada por aquel de que saliera del lugar. Además, porque la víctima resultó ser un adolescente, quien estando desarmado, huía de la actitud altamente agresiva que mostró su ofensor. Carece de interés si el imputado desconocía la edad del menor; lo que no podía obviar era que se trataba de una persona menor de edad, dadas sus facciones físicas y su contextura, las que resultan constatables de una simple apreciación, tal y como el mismo Tribunal lo hizo ver en su sentencia. Por otro lado, se tomó en cuenta que el imputado es una persona profesional es decir que posee estudios universitarios, el cual labora para la empresa A.A.D. A pesar de esta circunstancia, no sopesó las consecuencias de su actuar, y del daño que podía generarle a la víctima, sobre la cual lanzó los disparos cual si fuera una presa que deseaba evitar a toda costa que se le escapara. De acuerdo a lo anterior, aprecia esta Cámara que la fijación de las sanciones impuestas al justiciable por parte de los integrantes del Tribunal, resultan ajustados al desarrollo de los parámetros del artículo 71 del Código Penal. Además, motivan con claridad y amplitud su decisión de no hacer uso de la facultad de disminuirla para el delito que quedó en tentativa. Sobre este punto que reprocha el imputado, no existe arbitrariedad alguna que deba ser aceptada. Los juzgadores justifican en forma suficiente los motivos por los que estimaron que, en este caso, no obstante el hecho de sangre quedó en tentativa, la pena se ajusta a los requerimientos establecidos en la normativa procesal que citan, lo que permite establecer, en forma correlativa, la imposibilidad de acceder a una rebaja de la pena mínima impuesta, viable en los casos de delitos tentados como ocurre en este asunto respecto al ilícito de homicidio calificado. Véase que no se limitaron a imponerle al encartado el extremo mínimo, sino que justificaron su negativa a disponer alguna disminución, criterio que resulta acorde con el fallo de esta Sala Nº 1181-2006, de 16:05 horas, de 17 de noviembre de 2006, en el que se dispuso: “En lo que concierne a lo previsto en el artículo 73 del Código Penal, ha de apuntarse que la posibilidad de disminuir la pena por debajo del mínimo establecido, en los supuestos de tentativa, es una facultad y no un deber de los jueces. La Sala, en otras ocasiones, ha decretado la anulación de ciertos fallos por la ausencia de pronunciamiento en cuanto a si se hacía o no se hacía uso de dicha facultad, pero solo en aquellos supuestos en los que el Tribunal ni siquiera se planteó la procedencia (eventual o potencial) de acordar alguna disminución y, por ende, el punto no llegó a considerarse. En el presente caso, sin embargo, es obvio que el a quo sí estuvo conciente de que los hechos, tal como los calificó, obedecían a un delito tentado (con la consecuente posibilidad eventual de fijar una pena inferior al extremo mínimo previsto en la ley), pero de forma expresa y amplia explicó por qué decidió establecer el monto mínimo de cinco años de pena privativa de libertad, tras sopesar con claridad los distintos factores contemplados en la ley. De esta suerte, cualquier lector imparcial del fallo estará en capacidad de conocer las razones por las que no se disminuyó aún más la pena y se estimó que la dispuesta es razonable y proporcionada”. Queda claro que, en lo que concierne a lo previsto en el artículo 73 del Código Penal, la posibilidad de disminuir la pena por debajo del mínimo establecido, en los supuestos de tentativa, es una facultad y no un deber de los jueces, siendo que en este asunto, hicieron uso de la potestad que les otorga la norma de no hacer rebaja alguna. En ese sentido, no es posible acceder a lo peticionado por el encartado en su escrito de queja, toda vez que el pronunciamiento es claro en brindar las razones por las que no se hizo uso de esa facultad, razonamiento que a su vez, constituye el fundamento que avala la sanción impuesta y que echa de menos el justiciable, imposición que responde de manera proporcionada y razonable al reproche que merece la conducta atribuida al señor B.. En esta tesitura, el fallo posee una fundamentación clara y adecuada, permite conocer con sencillez los extremos valorados por el Tribunal para fijar las penas, con estricto apego a las previsiones de los artículos 71 y 73 del Código Penal y se evidencia, por parte del imputado, una simple disconformidad subjetiva con lo resuelto, la que de ningún modo puede generar el control casacional. Así las cosas, se declara sin lugar este extremo de su recurso.
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