N- tribunal primero civil, seccion primera




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   Sentencia: 01320    Expediente: 10-800103-0457-PE      Fecha: 04/10/2011   Hora: 3:42:00 PM    Emitido por: Tribunal de Casación Penal

 






Tipo de Sentencia:  De Fondo

Redactor: Edwin Salinas Durán

Clase de Asunto: Recurso de casación






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   Texto de la sentencia

  Contenido de interés  1

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL

Resolución : 2011-1320

Expediente : 10-800103-0457-PJ (6)

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José . Goicoechea, a las quince horas con cuarenta y dos minutos del cuatro de octubre de dos mil once.

RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra E , menor de edad , […], nació en […], el 16 de setiembre de 1996, hijo de […], soltero, estudiante, y vecino de […], por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de G. Intervienen en la decisión del recurso, el juez Edwin Salinas Durán y las juezas Ingrid Estrada Venegas y Lilliana García Vargas. Se apersonaron en casación, los licenciados Mario Sáenz Pucci, defensor particular del imputado, y Oscar Arroyo Pérez, en representación del Ministerio Público.

RESULTANDO:

1.-

Que mediante sentencia de las 16:22 horas del 7 de junio de 2011 el Juzgado Penal Juvenil de Aguirre y Parrita, Quepos, resolvió: " POR TANTO: De acuerdo al mérito de la prueba evacuada, se declara a E autor responsable de un delito de ROBO AGRAVADO como cometido en perjuicio de G previsto y sancionado por el numeral 213 inciso 2) del Código Penal. En tal carácter, se le impone como pena principal la medida de internamiento por el plazo de seis meses y como sanción alternativa de prioritario cumplimiento, la libertad asistida por el plazo de dos años, igualmente se le imponen como medidas de supervisión y orientación, las siguientes: 1) No tener contacto con el ofendido; 2) Mantenerse estudiando o trabajando; 3) Mantener el domicilio actualizado y 4) Incorporarse al programa de crecimiento personal. NOTIFÍQUESE. (F) LIC. MAURICIO JIMÉNEZ SEQUEIRA. Juez ". ( sic, folio 56 vto.) Por resolución de las 15:00 horas del de junio de 2011 se adicionó la sentencia, indicando que: las costas procesales corren a cargo del Estado y que el menor de edad deberá comunicarse, obligatoriamente, al Programa de Sanciones Alternativas, para solicitar la cita de presentación e iniciar la ejecución de los dispuesto. (cfr. folio 57)

2.-

Que contra el anterior pronunciamiento interpuso el recurso de casación el licenciado Mario Sáenz Pucci, defensor particular del imputado.

3.-

Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en la impugnación.

4.-

Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Casación Penal Salinas Durán; y,

CONSIDERANDO:

I.-

Como un primer motivo de casación el impugnante Sáenz Pucci reclama que se le impidió realizar una conciliación, pese a que había acuerdo para su celebración entre el imputado, el ofendido y la madre de éste. Reprocha que el juzgador rechazó la propuesta sin siquiera dar audiencia a los interesados. Expone que el Fiscal se arrogó la decisión de no conciliar y el juzgador se lo permitió, sin siquiera sopesar esa posibilidad, ni permitir alguna negociación. Desde su perspectiva, esa actuación es violatoria de los principios que rigen la materia, y era obligatorio para el juez garantizar su ejercicio, lo que no ocurrió. El motivo no es procedente. El artículo 64 de la Ley de Justicia Penal Juvenil dispone que:" La conciliación procederá en todos los casos en que es admisible para la justicia penal de adultos " lo que, entonces, remite al articulo 36 del Código Procesal Penal, que señala: " En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción privada, de acción pública a instancia privada, los que admitan la suspensión condicional de la pena, procederá la conciliación entre la víctima y el imputado... ". De lo anterior se desprende, sin ninguna dificultad, que en delitos como el que aquí se acusa, de robo agravado, no es procedente el instituto de la conciliación, ello por cuanto en la legislación de adultos ese delito se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a quince años de prisión, de modo tal, que no admite la ejecución condicional de la pena. Único presupuesto, de los señalados en la norma última citada, que la haría viable la conciliación, en tanto el robo agravado es un delito de acción publica. Bajo esa inteligencia, la negativa que indicó el representante del Ministerio Público de esa propuesta (ver acta de debate de folio 55) estuvo ajustado a derecho y no procedía, entonces, que el juzgador se ocupara con mayor amplitud sobre ese tema, como lo pretende el impugnante, toda vez que, como se dijo, una salida alterna por la vía de la conciliación no era procedente por disposición legal, dado el tipo de delito que se acusó. En consecuencia el motivo debe ser rechazado.

II .-

Como un segundo motivo reprocha que la sentencia arriba a hechos probados sin ningún fundamento, de manera contradictoria valora las probanzas, unas veces dándole mérito y otras veces descalificando la misma prueba. Señala que la única prueba evacuada fue el testimonio de R, pero su valoración fue desconcertante. Se le descalifica, porque al haber afirmado que acompañó al imputado toda la mañana, que no lo vio ausentarse, que en su bolso no portaba armas ni objetos robados, el juzgador considera que es complaciente, pero no explica por qué llega a esa conclusión. Resulta extraño que para fundamentar la sentencia recurre a ese testigo, sacando de contexto su testimonio y dándole un valor distinto al que tenía. Reprocha que es ese testigo, tachado de complaciente, el que sirve de sustento a la condenatoria. El motivo se declara con lugar. Al tenor del respaldo digital y de lo que refiere el sumario, se observa que en el presente asunto el juzgador optó por el dictado de una sentencia oral. Por lo que, abocada esta Cámara a la escucha del disco que contiene los actos del debate y la sentencia, el que, incluso, debió gestionarse ante el órgano de instancia puesto que se remitió primeramente un respaldo sin grabación alguna, se denota que el impugnante, dejando de lado lo que son propiamente los aspectos subjetivos de su motivación, lleva razón en su argumento principal, puesto que la fundamentación, en efecto, resulta viciada. Se acredita que tanto esta, como la propia estructura de la sentencia, resultan deficitarias, principalmente por la forma particular, con que el juzgador abordó la cuestión sometida a su conocimiento. Es así, que en la sentencia del presente asunto, que corre a partir de la secuencia 2:01:41, el juzgador inicia con los planteamientos de la defensa acerca de la calificación jurídica que se refiere a los hechos acusados y de la prescripción de la acción penal para, de seguido, adentrarse en la valoración del material probatorio para sustentar así por qué declara la responsabilidad del menor de edad acusado, partiendo de considerar que el ofendido le merece credibilidad (secuencia 2:24:59), y en tanto se la resta al imputado E, cuya declaración cuenta con el respaldo del testigo R, pero a quien también desmerece (secuencia 2:20:57), porque según refiere la sentencia (secuencia 2:14:27) no hay coincidencia entre ambos en cuanto al nombre de la novia de R, lo que en criterio del juzgador, es suficiente para que el dicho del imputado pierda toda credibilidad relacionado a que durante todo ese día, como ambos lo manifestaron, estuvieron juntos. Sin embargo, del mismo modo, tal y como lo señala el impugnante, el juzgador asume el testimonio de R como veraz porque éste señaló que aproximadamente entre las once y las doce de la mañana perdió contactó visual con el imputado, derivando de esa manifestación que durante ese período fue que el encartado cometió el ilícito, no obstante, que el menor de edad ofendido narró que el delito fue a las diez y treinta de la mañana, diferencia horaria que el Juzgado unió aplicando la lógica (secuencia 2:19:53), más sin indicar a qué regla lógica se refería para esa conclusión. Los anteriores planteamientos del juzgador, quebrantan las reglas de la sana crítica, no porque una persona olvide u omita el nombre de una tercera persona, hace que un testimonio resulte inválido en su totalidad, puesto que no todos los seres humanos tienen la misma capacidad memorística ni, tampoco, ese es un detalle de tal trascendencia que produzca menoscabo en la narración, como eventualmente, habría sido una diferencia en las actividades que desplegaron ambos sujetos, los sitios en donde estuvieron, o las personas que les acompañaron, y sobre lo cual hubo coincidencia en las deposiciones. Del mismo modo, no es una derivación lógica, máxime cuando no se profundizo en el tema durante el interrogatorio, desprender que por haber perdido de vista el testigo R al imputado E por algún lapso, esto implique que durante el mismo éste cometió el delito, cuando es claro, conforme a los testimonios del ofendido G y del testigo Sáenz, que no hubo coincidencia temporal, entre ambos eventos. Lo que, entonces, no puede dejarse sin explicación alguna, como se hace en la sentencia de mérito. Situación que, igualmente, sucede con la prueba documental que corre en autos y de la cual se omitió la valoración, pese a la incidencia que puede tener para el resultado del proceso. Es decir, las conclusiones a que arriba el juzgador surgen de una apreciación poco razonable de la prueba, lo que implica, que lo resuelto devenga en infundado. Adicional a lo anterior, sin mayores consideraciones, el juzgador acoge la petición fiscal, optando por la sanción principal de internamiento, la libertad asistida de prioritario cumplimiento y las órdenes de orientación y supervisión (secuencias 2:00:48 y 2:28:36), de modo tal, que se evidencia que ni siquiera se tomó en consideración lo dispuesto en el numeral 122 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y que, entonces, permita derivar que, en el caso particular, esa sanción no solo era la apropiada sino que fue debidamente apreciada por el juzgador, conforme a las condiciones particulares del menor de edad, aun y cuando éste no haya querido someterse al estudio psicosocial. Cabe acotar, a la luz del fallo de mérito, que no puede considerarse que la resolución cumpla con los requisitos exigidos para una sentencia emitida oralmente, en tanto que aunque, es lo cierto, no es necesario un excesivo formalismo en su elaboración, si debe la decisión oral contener, como mínimo, una adaptación a los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y que permita que la sentencia se valga por sí misma de forma independiente, en tanto que quien la escuche perciba de forma coherente: qué autoridad juzga, a qué persona se juzga, por cuáles hechos se da el juzgamiento, los razonamientos del juzgador para determinar qué acredita, y su decisión, que en caso de una sentencia condenatoria, debe contener una especial referencia al tema de la sanción, pues dada la amplia gama de sanciones que presenta la Justicia de menores, esta no puede resultar improvisada. En el presente caso, la sentencia aparte de informal carece de unidad lógico-jurídica que faculte no solo entender qué es el objeto de juzgamiento sino derivar cómo se concluye la responsabilidad del imputado, y sobre todo, comprender por qué la sanción que se impone es la adecuada ne el caso particular de E, sin que se expliquen tampoco los términos de la libertad asistida, o el plazo de las órdenes de orientación y supervisión, pues de nada de ello se ocupó el juzgador. Ciertamente, esta Cámara no prejuzga sobre cómo debe ser resuelto el asunto, sino que debe hacerse de forma fundada, y de dictarse en forma oral, que sea con observancia, al menos, de requisitos formales mínimos. Si bien la sentencia oral es posible en materia penal juvenil, no puede obviarse que esta obedece a una propuesta escrita (artículos 107 y 108 de la Ley de Justicia Penal Juvenil), de modo que el juzgador que opte por una emisión oral debe ser extremadamente cauteloso, lo que no ocurre en el presente caso. En consecuencia de lo anterior, procede acoger el recurso, anular la sentencia y el debate que la precedió, y ordenar el reenvío para que, mediante nueva integración del juzgado de instancia, se proceda conforme a Derecho. Así resuelto, no solo resulta innecesario pronunciarse sobre los motivos tercero y cuarto del recurso interpuesto, sino la realización de la audiencia oral solicitada por el defensor impugnante, en tanto carecen de interés.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el licenciado Mario Sáenz Pucci. Se anula la sentencia impugnada y el debate que la precedió. Se ordena el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia. NOTIFÍQUESE.
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