N- tribunal primero civil, seccion primera




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Edwin Salinas Durán

Ingrid Estrada Venegas Lilliana García Vargas

Juez y juezas de Casación Penal

Expediente : 10-800103-0457-PJ (6)

Imputado : E

Delito : Robo Agravado

Ofendido : G EBONILLAV

Teléfonos: 2247-9011 ó 2247-9012. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tcasacion-sgdoc@poder-judicial.go.cr

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Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 26/3/2013 2:45:27 PM








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  Sentencia: 00454    Expediente: 98-002034-0058-PE      Fecha: 05/05/2000   Hora: 9:05:00 AM    Emitido por: Sala Tercera de la Corte

 







Tipo de Sentencia:  De Fondo

Redactor: Daniel González Alvarez

Clase de Asunto: Recurso de casación







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   Texto de la sentencia

   Documentos relacionados: Referencia a otra jurisprudencia

  Contenido de interés  1

Exp: 98-002034-0058-PE

Res: 2000-00454





SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas con cinco minutos del cinco de mayo del dos mil.

Recurso de casación, interpuesto en la presente causa seguida contra ALEXANDER MONTOYA RAMIREZ, mayor, operario industrial, cédula de identidad número 1-1010-930, vecino de Concepción de La Unión, y JOSE VARGAS GARITA, mayor, dependiente, cédula número 1-1022-847, vecino de San Francisco de Concepción de La Unión,  por el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, en perjuicio de WALTER UREÑA VARGAS.  Intervienen en la decisión del recurso, los Magistrados  Daniel González Alvarez, Presidente, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Mario Alberto Houed Vega, Alfonso Chaves Ramírez y Rodrigo Castro Monge. También interviene el licenciado Germán Brenes Montero, como defensor de los imputados y la licenciada Laura Monge Cantero en representación del Ministerio Público.





Resultando:

1-Que mediante sentencia N° 476-99, dictada a las trece horas quince minutos del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el Tribunal de Juicio de Cartago, resolvió:  “POR TANTO: De conformidad con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 265, 360 a 372 del código procesal penal, 1, 24, 30, 45, 59 a 60, 71, 73, 213 inciso 2 del código penal, por unanimidad, se declara a ALEXANDER MONTOYA RAMIREZ Y JOSE VARGAS GARITA autores responsables del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA en perjuicio de WALTER UREÑA VARGAS. Se le impone la pena de TRES AÑOS DE PRISION a cada uno de ellos, que deberán descontar previo abono de la preventiva sufrida en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos carcelarios. Son las costas a cargo del Estado. Por un período de prueba de CINCO AÑOS se concede a los sentenciados el BENEFICIO DE EJECUCION CONDICIONAL DE LA PENA, advertidos de que si dentro de dicho período cometen nuevo delito  doloso en que sea sancionado con pena superior a seis meses de  prisión, se les revocará el Beneficio y deberán cumplir ambas penas. Por lectura notifíquese. Fs). LIC. RONALD CORTES COTO, JUEZ.  LIC. MACARIO BARRANTES RAMIREZ, JUEZ.   LIC. EDWIN SALINAS DURAN, JUEZ. ”

2-Que contra el anterior pronunciamiento el licenciado Germán Brenes Montero, defensor de los imputados Alexander Montoya Ramírez y José Vargas Garita, interpuso recurso de casación. El recurrente reclama como violados los artículos 36 y 30 inciso K) del Código Procesal Penal. Solicita que se anule la sentencia condenatoria.

3- Que verificada la deliberación respectiva la Sala entró a conocer del recurso.

4-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes .   

                 Informa el Magistrado  González Alvarez  y,





Considerando:





             I.-

Unico motivo: Inaplicación errónea del instituto de la conciliación: Como único motivo del recurso, el licenciado German Brenes Montero, defensor público del acusado Wálter Ureña Vargas reclama la violación de los artículos 36 y 30 inciso k) del Código Procesal Penal. Señala el recurrente que en el caso concreto el Tribunal de Juicio de Cartago estimó que no  resultaba procedente la conciliación por tratarse, en la especie, del delito de Tentativa de Robo Agravado el cual tiene una penalidad mínima de cinco años y que, por tanto, no sería aplicable a los acusados el beneficio de ejecución condicional de la pena. Sin embargo, estima el gestionante que siguiendo la tesis del delito de tentativa como un tipo penal dependiente, con su propia penalidad, descrita en el artículo 73 del Código Penal, la cual es diferente del delito consumado, debe concluirse que para determinar si resulta aplicable el beneficio de ejecución condicional de la pena, y por tanto la conciliación,  debemos atenernos a la penalidad abstracta del tipo penal y,   en el caso del delito de tentativa “ sabemos que es la misma que la del tipo consumado pero disminuida o no a juicio del juzgador. De tal manera que la penalidad abstracta del tipo tentado resultará de la aplicación del artículo 73 (en cuanto al mínimo) y del tipo penal específico (en cuanto al máximo). Necesariamente debemos acudir a diferentes normas –igual que lo hacemos a la hora de analizar la tipicidad- porque estamos en presencia de un tipo penal dependiente”. Así, señala el recurrente que el mínimo de la pena, en el delito tentado, es de un día de prisión conforme a la norma sustantiva citada, permitiendo por tanto la posible aplicación de la suspensión condicional de la pena y/o, por ende, de la conciliación. Agrega que “Cuando la acusación describe un delito tentado debemos tener en cuenta que por ser un tipo dependiente tiene también una penalidad abstracta diferente de la del delito consumado con las características ya descritas. No hablamos solo de la penalidad que en el caso concreto el juzgador, al final del debate, podrá imponer. Hablamos de una penalidad con límites preestablecidos por la normativa penal que de antemano, desde el principio del proceso sin necesidad de llegar a un juicio oral, podemos conocer”.   Concluye que interpretar estas normas de otra forma provoca un absurdo jurídico como el que se dio en el caso objeto de análisis, pues al inicio del debate el tribunal determinó que no era procedente la conciliación por cuanto el delito de tentativa de robo agravado tenía una pena en abstracto de cinco años que no admitía el beneficio de ejecución condicional, pero luego al finalizar el debate,  con base en los mismos hechos de la acusación y la misma calificación jurídica se les impuso a los imputados una pena de tres años y se les concedió el beneficio aludido.

            IIo.-

Sobre el tema de la conciliación y la posibilidad de llegar a ella en los delitos tentados, especialmente respecto del rango de pena a considerar para efectos del requisito contemplado  en el numeral 36 del Código Procesal Penal cuando señala que, para conciliar, es necesario, entre otros, que para el delito en cuestión y, en el caso concreto, sea viable “la suspensión condicional de la pena”, la Sala Constitucional se ha pronunciado recientemente en la sentencia número 430-00 de las 16:09 hrs. del 12 de enero del año en curso y al efecto consideró:

I I.-

Objeto de la Consulta: El artículo 36 del Código Procesal Penal establece, en lo que interesa

Artículo 36.-

Conciliación. En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción privada, de acción pública a instancia privada y los que admitan la suspensión condicional de la pena, procederá la conciliación entre víctima e imputado, en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio. También procederá en los asuntos por delitos sancionados, exclusivamente, con penas no privativas de libertad, siempre que concurran los demás requisitos exigidos por esta ley."

Cuestiona el Tribunal consultante si, en virtud de la frase "los que admitan la suspensión condicional de la pena", resulta constitucionalmente válido permitir la conciliación en caso de delitos graves, en concreto si se trata de un delito de homicidio en grado de tentativa.

II II.-

  Sobre el fondo: Son dos, las razones de inconstitucionalidad que se cuestionan: en primer término, si el permitir la conciliación en los casos de delitos de homicidio tentado atenta contra el contenido del artículo 21 constitucional, al dejar "desprotegido", sacando de la tutela jurisdiccional, la protección del bien jurídico "vida". El segundo argumento se refiere a la posible violación del principio de igualdad, si el juez opta por valorar el caso concreto, aceptando o rechazando la conciliación según las circunstancias. El aceptar la conciliación como una forma de resolución de conflictos no implica una renuncia del Estado a la tutela de un determinado bien jurídico; por el contrario, se pretende al permitirla, legitimar a la víctima en la solución del conflicto penal, autorizando ser escuchada y formar parte de un proceso del cuál antes estaba prácticamente excluida, lo que constituye, a lo sumo una forma diferente de tutela. En el artículo 36 del Código Procesal Penal, el legislador establece varios límites para que la conciliación entre víctima e imputado sea procedente. Uno de estos límites se refiere a que el delito que se discute admita la suspensión condicional de la pena, lo que podría ocurrir en el caso de los delitos tentados. Es labor propia del juez valorar el caso concreto y determinar si  una vez examinado el caso y sus circunstancias, el delito atribuido admitiría la suspensión condicional de la pena,  valoración que también incluye tomar en cuenta la gravedad del hecho atribuido. El que el juez examine y valore el caso concreto para determinar si homologa o no la conciliación solicitada forma parte de sus facultades como juez y en forma alguna violenta el principio de igualdad ante la ley, máxime si se toma en cuenta que cada caso sometido a su conocimiento es único y que presenta características que lo individualizan, debiendo el juez, valorar los factores objetivos y subjetivos del caso a efecto de establecer si procede acordar o no la suspensión condicional de la pena y en consecuencia si debe o no homologar la conciliación, pues son esas circunstancias particulares las que diferencian el hecho –le individualizan- y en tal razón la respuesta penal al ajustarse a ellas, según el criterio del juzgador, no lesiona el principio de igualdad a que se refiere el artículo 33 de la Constitución, sino que lo cumple. Así el Juez está legitimado para “ex ante”, establecer si se dan las circunstancias que autorizan la suspensión condicional de la pena, pues sólo en ese caso podría homologar la conciliación acordada por la víctima y el imputado. En el caso de los delitos tentados, debe establecer si la disminución que permite la relación de los artículos 24 y 73 del Código Penal, es procedente y si para el caso esa disminución permitiría la suspensión condicional de la pena, disminución que debe estar directamente relacionada con la gravedad del hecho atribuido. Lo anterior conlleva a que se concluya que permitir la conciliación en el caso de los delitos tentados, aún entratándose del delito de homicidio, no resulta inconstitucional”.

            Así las cosas y de conformidad con el precedente citado, es viable considerar la posibilidad de conciliación en los casos de delitos tentados, para lo cual deberá el juzgador realizar un análisis “ex ante” de las circunstancias propias del caso con el objeto de determinar si resultaría procedente la suspensión condicional de la pena, por la eventual sanción a imponer. Verificará entre otros requisitos, si cuentan los acusados, con juzgamientos anteriores o no, para determinar su calidad de “primarios”, exigida por el numeral 60 del Código Penal. Además, analizará la gravedad de los hechos, la forma de comisión, la conducta del agente, siguiendo efectivamente los parámetros que el legislador ha fijado en el numeral 71 del Código Penal como elementos a considerar para el dimensionamiento del juicio de reproche y que se concreta en la fijación de la pena, solo que el análisis en este supuesto se haría antes del juicio, con base en  los elementos probatorios que obran en autos y que fueron admitidos para el juicio, junto a la voluntad externada por las partes de llegar a una conciliación, para lo cual además, deberá oír el criterio de todos los involucrados, especialmente del Ministerio Público y velará por las condiciones en que se expresa la voluntad del ofendido y aquéllas en que se pacta el acuerdo, como debe hacerse en cualquier caso en que se pretenda conciliar.

IIIo.-

El caso concreto:   En este asunto el recurrente pretende la nulidad de la sentencia dictada contra sus defendidos, porque el Tribunal no accedió a su pedido para que se permitiera la conciliación. En primer lugar debe señalarse que este caso nació al amparo de la nueva normativa procesal penal, pues los hechos imputados ocurrieron el 26 de octubre de 1998. Así, es evidente cómo desde el inicio del proceso los acusados y su defensor han tenido todas las oportunidades para proponer cualquier solución alterna al conflicto, incluida la conciliación. Del examen de las actuaciones  solamente se evidencia la petición hecha por el recurrente al celebrarse la audiencia preliminar, oportunidad en la que solicitó, ante la incomparecencia del ofendido, que se suspendiera la diligencia para hacerlo comparecer y “llegar a una medida alternativa” (folio 29), petición que no fue aceptada. Ya en sede de juicio y una vez iniciado el debate, el defensor no formuló petición alguna en ese sentido sino hasta que se logró la comparecencia del ofendido, luego de haber suspendido el debate para tal fin en dos oportunidades (acta de debate, folio 46).  A lo largo de la investigación preparatoria la defensa tuvo oportunidad de solicitar la convocatoria a una audiencia de conciliación y no lo hizo. Tampoco cuando fue convocado a la audiencia preliminar formuló petición alguna en ese sentido (Véase convocatoria de folio 25 y escrito de la defensa de folio 28). Así, la petición que hizo al Tribunal muy avanzado el debate resulta del todo extemporánea. Es cierto que el Tribunal denegó su pedido, no por haber precluido el momento procesal para ello sino porque en la especie se trataba de un delito tentado y para ello se apoyó en jurisprudencia de esta Sala, especialmente las sentencias 796-98, de las 10:30 hrs. del 21 de agosto de 1998 y 137-99 de las 8:57 hrs. del 12 de febrero del año anterior, jurisprudencia que, en virtud del antecedente de la Sala Constitucional transcrito, debe variar y por ello las razones para rechazar la petición no son válidas, aunque finalmente no pueda accederse a lo solicitado, precisamente por haber precluido el momento procesal para plantear el tema y en ese sentido debe señalarse que las razones dadas por el Tribunal al respecto tampoco son correctas.  El a quo determinó que la solicitud, pese a haberse formulado ya muy avanzada la audiencia, no era extemporánea, interpretando para ello que la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, número 7727 del 9 de diciembre de 1997, establece que la conciliación puede acordarse en cualquier estado del proceso y que, por tratarse de ley especial y posterior al Código Procesal Penal, debe entenderse que lo modifica. La Sala no comparte tal argumentación pues el Código Procesal Penal contiene reglas específicas respecto de la conciliación en materia penal, tratándose de normativa de eminente orden público e indudablemente especial por ser específica la materia de que trata. La ley citada si bien es posterior en nada modifica las reglas procesales establecidas en el Código Procesal respecto a las características, requisitos y tiempo procesal de la conciliación en materia penal. Por lo demás, la propia ley en su artículo 2 define la materia que desarrolla y establece que “Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible”, sin que pueda entenderse comprendida en tal marco de acción la conciliación del conflicto penal, cuyo establecimiento y desarrollo lo hace el legislador en el Código Procesal, siendo la norma de principio el numeral 7 de dicho cuerpo legal. Nada impide que los principios inspiradores de la Ley citada, puedan complementar la interpretación de la conciliación en materia penal, especialmente en temas no regulados en forma expresa, pero ello sería en forma supletoria y nunca para sustituir o variar las reglas que el Código establece, como sucede con lo relativo al tiempo procesal para la aplicación de las medidas alternas. Es menester señalar que ni aún con la interpretación que ha dado la Sala Constitucional respecto de la frase “hasta antes de acordarse la apertura a juicio“ podría estimarse que la petición del recurrente es admisible. En efecto, la Sala Constitucional en la sentencia 5836-99, de las 17:18 hrs. del 27 de julio del año anterior, estableció:

(…) III III.-

  Sobre la situación jurídica. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 7594 del diez de abril de mil novecientos noventa y seis, el principio de legalidad que regía en el ejercicio de la acción penal, ha sido flexibilizado debido a la incorporación de diversos institutos procesales, entre ellos el criterio de oportunidad reglado.  De manera que la persecución penal no será ejercida obligatoria e indiscriminadamente, sino con fundamento en criterios de conveniencia y utilidad, que serán aplicados de conformidad con la ley procesal, la política criminal del Estado y el interés de las partes en la solución del conflicto.  En consecuencia, el Código Procesal Penal integra al sistema jurídico penal formas alternativas de finalización del proceso, a saber, la aplicación de criterios de oportunidad (artículos 22 a 24), la suspensión del procedimiento a prueba (artículos 25 a 29), la reparación integral del daño (artículo 30 inciso j), la conciliación (artículo 36), el proceso abreviado (artículos 373 a 375).   Los principios en los que se funda el orden procesal penal vigente, para permitir el acceso de las partes a estas salidas procesales alternativas, están inspirados en una filosofía iushumanista, que concibe la potestad ius puniendi del Estado como un instrumento de justicia, cuya prioridad no es vigilar y castigar sino restituir la armonía social.  Al respecto, el artículo 7 del Código Procesal Penal literalmente establece: 

"Artículo 7.-

  Solución del conflicto.   Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido como consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas".  

En igual sentido, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34 del veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco,  estipula:

"4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: 

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas".

Por lo tanto, interpretar restrictivamente el tiempo procesal de estas acciones (criterios de oportunidad, suspensión del procedimiento a prueba, conciliación, reparación integral del daño, proceso abreviado), significaría limitar en forma ilegítima el derecho que tienen las partes a obtener la pronta resolución de sus conflictos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 41 de la Constitución Política, 8.1 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.  De manera que la interpretación del tiempo procesal, tratándose de la aplicación de aquellos institutos jurídicos que permiten a las partes concluir el proceso penal y solucionar el conflicto suscitado entre los ciudadanos (víctima e imputado) como consecuencia de la transgresión de la ley penal, deberá ser acorde al interés del Estado de restaurar la armonía social, tal y como lo indica la Parte General del Código Procesal Penal, en su artículo 7.  No es posible, entonces, que se limite el acceso de las partes a la solución del conflicto, con fundamento en una interpretación restrictiva del tiempo procesal para la aplicación de tales institutos jurídicos expresamente contemplados en la ley procesal.  En cuanto a este aspecto, procede transcribir el artículo 2 del Código Procesal Penal, que en lo conducente indica:

"Artículo 2.-

  Regla de interpretación.   Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso.  En esta materia, se prohiben la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento". 

Verbigracia, los artículos 17, 25, 36 y 373 del Código Procesal Penal establecen que la revocatoria de instancia, la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y el procedimiento abreviado podrán solicitarse "en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio".  Evidentemente, interpretar que una vez dictado el auto de apertura a juicio (artículo 322 del Código Procesal Penal) no procede, bajo ninguna circunstancia, la aplicación de los institutos jurídicos citados, constituye una interpretación literal del texto normativo.  Sin embargo, una interpretación literal del tiempo procesal regulado en los artículos 17, 25, 36 y 373 del Código Procesal Penal, limita el derecho conferido a los sujetos procesales, de obtener solución al conflicto mediante soluciones procesales alternativas después de ordenado el auto de apertura a juicio.  En consecuencia, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 2 y 7 del Código Procesal Penal, esta interpretación literal deberá ser sustituida por una interpretación extensiva de la frase "en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio", que favorezcan el ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a quienes intervienen en el procedimiento, para la solución pronta y efectiva del conflicto.  De manera que el tiempo procesal a que se refiere esta frase, no podrá interpretarse como un plazo perentorio -dado que limitaría el derecho de las partes a solucionar el conflicto mediante salidas procesales alternativas-, sino como un plazo ordenatorio que podrá ampliarse con el consentimiento de las partes.  En consecuencia, si la víctima y el imputado así lo solicitan, el juez deberá valorar, aún después del auto de apertura a juicio (artículo 322 del Código Procesal Penal), en qué casos procedería la aplicación de la conciliación, la suspensión del proceso a prueba o el procedimiento abreviado -verbigracia-, con fundamento en los principios y valores que instauran el proceso penal(…)”.

En este caso no se trata de peticiones reiteradas de la defensa en etapas previas y de forma oportuna, respecto a la necesidad y conveniencia de convocar al ofendido para “negociar” alguna forma de solución del conflicto. Se trata de una propuesta UNILATERAL, hecha casi a punto de concluir el debate, para que el Tribunal le permita “poder hablar con el ofendido para ver si se puede conciliar porque el ofendido no se presentó” (acta de debate, folio 46). Ya se ha indicado que el motivo de rechazo por parte del Tribunal a tal petición fue no el tiempo procesal sino la consideración de que, por tratarse de un delito de Tentativa de Robo Agravado, con un extremo mínimo de la pena de cinco años de prisión, no permitía la suspensión condicional de la pena, no obstante y por las razones que se han dado, aunque tal razonamiento no es válido, de igual forma procedía rechazar la solicitud por ser extemporánea.  Véase cómo la defensa ni siquiera tiene una propuesta concreta para lograr una salida alternativa sino que lo que desea es “conversar” lo que bien pudo haber gestionado a lo largo de todo el proceso, o haberlo procurado por su cuenta conversando con el ofendido, o transmitiéndole al menos alguna propuesta concreta para conciliar, sin que fuese indispensable la intervención del tribunal, así como tampoco era necesario esperar a la fecha de celebración del debate hasta que el ofendido se presentara. A su vez, el ofendido desde el inicio de la causa fue informado de sus derechos como víctima y las posibilidades que le acordaba la legislación (denuncia, folio 7), sin que manifestara ningún interés y aún más, al declarar en debate no hizo manifestación alguna respecto a que “no tenía interés” en el asunto, como lo manifestara el defensor y, por el contrario, rindió su declaración identificando plenamente a los acusados y describiendo la acción que realizaron en su perjuicio.  Incluso al finalizar el debate el Tribunal le concedió la palabra, sin que se diera alguna manifestación  en ese sentido (acta de debate, folio 47). No se trata de una negativa infundada o de un simple obstáculo erigido para evitar una solución real del conflicto. Se trata de rechazar una solicitud evidentemente extemporánea, máxime que a lo largo de todo el proceso de investigación la defensa tuvo oportunidad de solicitarlo, considerando el parecer del ofendido a quien nunca pidió citar, nunca solicitó formalmente la convocatoria a una audiencia de conciliación y tampoco existe un propuesta concreta ni evidencia alguna de que exista interés del ofendido en acceder a ello. Consecuentemente, aún cuando el fundamento del tribunal haya sido errado al momento de denegar la solicitud de la defensa, lo cierto es que la petición resultaba improcedente por tratarse de una gestión unilateral y extemporánea, lo que obliga a rechazar el recurso.
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