N- tribunal primero civil, seccion primera




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Por Tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Daniel González A.

Jesús A. Ramírez Q.                                                                                            Mario A. Houed V.

Alfonso Chaves R.                                                                                                 Rodrigo Castro M.                     

(1199-3/6-99).gml


Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 17/1/2013 5:04:29 PM

 S

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   Sentencia: 00132    Expediente: 03-001080-0183-CI      Fecha: 30/04/2004   Hora: 3:45:00 PM    Emitido por: Tribunal Segundo Civil Sección II

 







Tipo de Sentencia:  De Fondo

Redactor: Alvaro Castro Carvajal

Clase de Asunto: Proceso ordinario







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   Texto de la sentencia

  Contenido de interés  1

N° 132

         TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION SEGUNDA.-

San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del treinta de abril del dos mil cuatro.-

         En el proceso ORDINARIO establecido en el JUZGADO CUARTO CIVIL DE SAN JOSE bajo el expediente número 03-001080-183-CI, por DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AMPO SOCIEDAD ANONIMA contra MOTOROLA INC., en virtud de apelación interpuesta por el licenciado Alejandro Bettoni Traube, en su carácter de coapoderado especial judicial de la actora, conoce este Tribunal de la resolución de las trece horas cuarenta minutos del veintiuno de enero del año en curso, la cual acogió la excepción de falta de competencia con fundamento en la de acuerdo arbitral, remitió a las partes al proceso arbitral que correspondiere y condenó a la actora a pagar ambas costas.

REDACTA el Juez CASTRO CARVAJAL; y,

CONSIDERANDO:

         I.   Por estar correctos se prohíjan los hechos que, como probados, contiene la resolución apelada.  Se añade otro hecho de igual categoría:

         c)   Con fecha 12 de marzo de 2003 la parte actora le comunicó a la demandada que estaba en disposición de aplicar el procedimiento de mediación no vinculante establecido en la cláusula 17 del contrato y que de no obtener una respuesta para el 22 de marzo de dicho año, se presumiría que la demandada no estaba de acuerdo con el reclamo de la actora y que no deseaba someterse al procedimiento de mediación amigable citado.   (Folios 31 a 37 y   41 a 43).

         II.   La resolución impugnada, dictada a las 13 horas 40 minutos del 21 de enero de 2004   -folios 194 a 197- acogió la excepción de falta de competencia con fundamento en la de acuerdo arbitral, remitió a las partes al proceso arbitral que correspondiere y condenó a la actora a pagar ambas costas.

         III.   Contra lo así decidido apela el apoderado especial judicial de la sociedad demandante.  Dice que la resolución que dio traslado sobre las excepciones previas, de 11 horas del 16 de octubre de 2003, aún no se encuentra firme, en virtud de que fue recurrida y el recurso en cuestión nunca fue resuelto, por lo que en su criterio se dio una desviación procesal que anula los actos posteriores.  Indica que los abogados que interpusieron la excepción de incompetencia aportaron un poder que es nulo, o por lo menos muy defectuoso y que no tienen capacidad para oponer esa excepción.  Añade que sin capacidad procesal no puede haber excepción y menos ser declarada con lugar.  Señala que no hay ninguna cláusula de arbitraje en el contrato.  Que las partes pactaron una mediación no vinculante en caso de diferencias, no un arbitraje.  Luego analiza la supuesta cláusula arbitral, la que considera confusa y manifiesta que de ella no se infiere, inequívocamente, fuera de toda duda, que las partes realmente quisieran un arbitraje.  Agrega que no hubo tampoco ninguna renuncia expresa a la jurisdicción ordinaria y que más bien las partes previeron la posibilidad de acudir a un proceso legal formal como el presente.  Dice que la conclusión del a quo es incongruente con la jurisprudencia que cita como fundamento de su resolución.  En esta instancia reiteró sus argumentos y solicitó, como petitoria principal, que se revoque la resolución recurrida y en su lugar se declaren sin lugar las excepciones previas de incompetencia y de cláusula compromisoria.  Como petitoria subsidiaria:   que se anule lo resuelto y se ordene al Juzgado que rectifique la marcha del procedimiento, tramitando primero el recurso de revocatoria con apelación en subsidio que se interpuso contra el auto de 11 horas del 16 de octubre de 2003.  Finalmente pidió que en caso de que no fueren compartidos sus argumentos, se impondría absolver del pago de ambas costas a la actora por litigar con evidente buena fe.

         IV.   La cláusula 17 del contrato que suscribieron las partes se titula  “Resolución de Controversias”.  Señala, en primer término, que:  “cualquier reclamo o controversia será presentada a una mediación no vinculante antes de iniciar cualquier proceso legal formal”.  Luego añade que los costos de esa mediación serán compartidos por partes iguales.  En tercer lugar indica que:   “Dicho arbitraje se realizará en San José, Costa Rica si el comprador  es el demandado, o en Chicago, Illinois, Estados Unidos si el Vendedor es el demandado,...”   No es clara la cláusula en cuestión.  Empieza haciendo referencia a una mediación no vinculante.  Después insiste en punto a esa mediación, para después señalar que  “Dicho arbitraje”, cuando en ningún momento anterior ha hecho alusión a arbitraje alguno.  Pareciera que la cláusula en cuestión considera sinónimos los términos  “mediación”   y  “arbitraje”.  La resolución citada por el a quo, número 475-C-01 de 14 horas 40 minutos del 27 de junio de 2001, dictada por la Sala Primera de la Corte, señala que:  “..., el acuerdo arbitral, aunque no está condicionado a formalidad alguna, si debe constar por escrito, y puesto que comporta una excepción a la solución judicial, es menester que la voluntad de las partes de optar por esta alternativa se infiera, inequívocamente, de sus manifestaciones o declaraciones...”  (Lo destacado es suplido).   Según la resolución citada no debe quedar ningún tipo de duda en punto a que las partes han  decidido dirimir sus controversias por la vía arbitral.  En otras palabras, ha de quedar sumamente claro que la voluntad de las partes se encamina a resolver sus diferencias por esa vía.  En el caso bajo examen esa necesaria claridad se echa de menos.  Se usan    -tal y como fue indicado supra-   los términos    “mediación”  y   “arbitraje”  como si fueran sinónimos, cuando se trata de cosas distintas.   La Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, en su artículo 2, señala al respecto:  “Solución de diferencias patrimoniales.  Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible”.  La referida ley regula de manera distinta la mediación y el arbitraje.   A la primera hace referencia en los preceptos 4, 5 y 12.  El arbitraje lo regula en el Capítulo III, artículos 18 a 70.  Posteriormente, en el Capítulo IV de la citada ley, especialmente en el artículo 71, alude a los procesos de mediación y de arbitraje, mas no como procesos sinónimos ni mucho menos.  Por otro lado, la decisión que se toma en el proceso arbitral, es decir, el laudo, es definitivo, vinculante para las partes e inapelable, salvo el recurso de revisión y produce los efectos de cosa juzgada material.  Así lo establece el ordinal 58 de la ley de repetida cita.  De conformidad con el precepto 64 ibídem contra el laudo solamente caben los recursos de nulidad y revisión.

         V.  De lo anterior se deduce que la cláusula 17 del convenio suscrito entre las partes no contiene, en realidad, un acuerdo arbitral.  A lo que se refiere esa cláusula es a una mediación no vinculante y previa a un posible proceso legal formal.  Si no es vinculante no es arbitral, así de simple.  De ahí que son atendibles los argumentos con los que la parte actora combate lo resuelto.  Consecuentemente procede revocar la resolución impugnada, para, en su lugar, denegar la excepción de incompetencia fundada en el acuerdo arbitral.  No cabe decretar la nulidad que solicita la parte actora, en virtud de que el hecho de que los recursos interpuestos por la parte actora contra la resolución de 11 horas del 16 de octubre de 2003 no hayan sido resueltos no amerita tomar tal medida.  De la resolución de 8 horas del 2 de diciembre de 2003  -folio 189-   ha de interpretarse que tales recursos están pendientes de resolución, luego de dirimirse el tema de la competencia.  Ello no ha generado indefensión, ni   quebranto de las normas fundamentales que garantizan el curso normal del proceso.  De ahí que la nulidad pedida no es atendible.   Firme esta resolución el a quo deberá resolver los aludidos recursos.

POR TANTO

         Se deniega la nulidad pedida.  Se revoca la resolución apelada.  En su lugar se deniega la excepción de incompetencia fundada en el acuerdo arbitral.  Tome nota el a quo de lo señalado en el último considerando in fine. 

Alvaro Castro Carvajal

José Rodolfo León Díaz                                             Patricia Molina Escobar

Ordinario 117 – 2004

Distribuidora de Productos Ampo S.A.

Contra

Motorola Inc.

Jzj

Juez 1 a. i.


Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 17/1/2013 5:06:34 PM










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   Sentencia: 00023    Expediente: 05-000208-0504-CI      Fecha: 27/01/2006   Hora: 9:00:00 AM    Emitido por: Tribunal Segundo Civil Sección I

 







Tipo de Sentencia:  De Fondo

Redactor: Juan Carlos Brenes Vargas

Clase de Asunto: Proceso ordinario







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