Argumento nuevo puede ser alegado en la etapa jurisdiccional si lo pretendido es la nulidad de actos administrativos / acto demandado el examen de su legalidad debe efectuarse respecto de los fundamentos expuestos en la demanda




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títuloArgumento nuevo puede ser alegado en la etapa jurisdiccional si lo pretendido es la nulidad de actos administrativos / acto demandado el examen de su legalidad debe efectuarse respecto de los fundamentos expuestos en la demanda
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ARGUMENTO NUEVO - Puede ser alegado en la etapa jurisdiccional si lo pretendido es la nulidad de actos administrativos / ACTO DEMANDADO - El examen de su legalidad debe efectuarse respecto de los fundamentos expuestos en la demanda
Para la Sala la excepción propuesta no está llamada a prosperar, porque como lo ha reiterado la Corporación, “al contribuyente le es dable alegar "argumentos nuevos" en la etapa jurisdiccional, es decir, no planteados en la etapa gubernativa, si lo pretendido es la “nulidad” de los actos administrativos, en razón a que el examen de legalidad del acto acusado debe efectuarse respecto de los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, que a su vez deben concretarse a las causales de nulidad previstas en el Estatuto Tributario y las generales a que se refiere el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo”.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 84 INCISO 2
NOTA DE RELATORIA: Sobre los hechos nuevos en la etapa jurisdiccional se reitera sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta de 23 de noviembre de 2005, Rad. 14891, M.P. María Inés Ortiz Barbosa
RENTA BRUTA EN LA ENAJENACION DE ACTIVOS – Determinación / PRECIO DE ENAJENACION – Es igual al valor comercial / VALOR COMERCIAL – Es el señalado por las partes / VALOR COMERCIAL DE INMUEBLES – Determinación / PRECIO DE ENAJENACION BAJO – El contribuyente debe acreditarlo con un avalúo técnico con perito de la Lonja o del Agustín Codazzi / ACTIVOS – El artículo 90 del Estatuto Tributario no diferencia la clase de activos / RENTA BRUTA O PERDIDA – Para determinarlas se debe establecer el precio de enajenación y costo del activo enajenado / COSTO DE LOS ACTIVOS – Se establece teniendo en cuenta la naturaleza del bien
El artículo 90 del Estatuto Tributario regula la fórmula para determinar la renta bruta o la pérdida, cuando ésta se deriva de la enajenación de activos. Conforme con esa fórmula la renta bruta o la pérdida es igual a la diferencia entre el precio de enajenación y el costo del activo o activos enajenados. El precio de enajenación, según la misma norma, es igual al valor comercial por el cual se enajena el activo, sea que se reciba en dinero o en especie. Por valor comercial, a su vez, prescribe el artículo 90 E.T., es el señalado por las partes. Sin embargo, para que así sea, ese valor no puede diferir notoriamente del valor comercial promedio para bienes de la misma especie en la fecha de enajenación. Tratándose de bienes inmuebles, la norma dice que no se aceptará un precio inferior a los siguientes: Al costo del inmueble, Al avalúo catastral del inmueble, Al autoavalúo mencionado en el artículo 72 E.T. De manera excepcional, la DIAN puede aceptar un precio inferior a los anotados. Para el efecto, la norma exige que el contribuyente acredite ese precio inferior con un avalúo técnico realizado por un perito autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Agustín Codazzi. Si el avalúo se presenta en esas condiciones, la DIAN puede cuestionar ese avalúo mediante un peritaje técnico autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz. En el caso in examine se cuestiona si la norma en comento, cuando se refiere a los activos, hace alusión únicamente a los fijos. La Sala considera que no, toda vez que el artículo 90 del E.T. se refiere, sin distinción alguna, a los activos. Y, si la norma no hace distinción alguna, no es pertinente la distinción que hace la entidad demandada. (Art. 31 C.C.). El hecho de que el inciso segundo del artículo 90 E.T. establezca una previsión especial para los activos fijos depreciables, permite confirmar que la referencia a los “activos” se hace in genere. En el mismo sentido, cuando el inciso quinto faculta a la DIAN para rechazar el precio de enajenación notoriamente bajo y señalar un precio acorde con “la naturaleza, condiciones y estado de los activos”. En ese orden de ideas, cuando se trate de establecer la renta bruta o la pérdida, necesariamente hay que establecer, por una parte, el precio de enajenación que, como se precisó, equivale al valor comercial, y, por otra, el costo del activo enajenado. Cuando la norma hace referencia “al costo de los activos”, no se está refiriendo al costo de “los activos fijos” sino, en general, al costo que corresponda de conformidad con la naturaleza de los mismos. Para establecer el costo del activo enajenado, dependiendo de la naturaleza del activo, habrá que remitirse a las reglas que establece el E.T. para establecerlo. Así, si se trata del costo de los activos fijos habrá que remitirse a los artículos 69 y subsiguientes del E.T, y si se trata del costo de los activos movibles, habrá que remitirse al art. 62 y subsiguientes del E.T. Precisado el costo del activo, para determinar la renta bruta o la pérdida, el costo del activo debe cotejarse con el precio de enajenación o valor comercial.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 90
AVALUO COMO COSTO FISCAL – Se refiere a activos fijos / RENTA BRUTA PARA LA ENAJENACION DE ACTIVOS – La forma de determinación es aplicable para toda clase de activos / PERDIDA EN LA ENAJENACION DE ACTIVOS – El artículo 90 del Estatuto Tributario no hace distinción en la naturaleza de los activos
Como para que el precio de enajenación sea aceptado, este no puede ser inferior al costo mismo, o al avalúo catastral, o al autoavalúo a que hace referencia el artículo 72 del E.T., debe tenerse en cuenta que tratándose del autoavalúo a que hace referencia el artículo 72 del E.T., estaba referido a un caso específico. Concretamente, el autoavalúo del artículo 72 ibídem estaba referido al avalúo declarado para los fines del impuesto predial unificado, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley 44 de 1990 y 155 del Decreto 1421 de 1993, y los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales en los términos del artículo 5º de la Ley 14 de 1983. Este avalúo podía ser tomado como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la “enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente”. En consecuencia, es pertinente aclarar que ese autoavalúo no se podía tomar como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación de activos movibles. Adicionalmente, se precisa que la referencia al artículo 72 del E.T. no quiere significar, de ninguna manera, que el artículo 90 rija, única y exclusivamente para activos fijos.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 72
LONJAS DE PROPIEDAD RAIZ – Concepto / AVALUOS TECNICOS - Son valuaciones hechas por peritos que se encuentran autorizados por una asociación o colegio o en su defecto por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi / AVALUOS TECNICOS AUTORIZADOS POR LA LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ O POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – Son los que acreditan el requisito del artículo 90 del Estatuto Tributario para determinar la perdida en la enajenación de activos
El artículo 9º del Decreto 1420, por su parte, define las Lonjas de Propiedad Raíz como aquellas asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles. La Corte Constitucional, con ocasión de la demanda que se formuló contra el artículo 27 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 79 de la Ley 223 de 1995, precisó que la referencia normativa a las “Lonjas de Propiedad Raíz”, “(…) no puede entenderse hecha con nombre propio a las actualmente existentes sino al género de (…) asociaciones y colegios que agrupen a profesionales dedicados a ese ramo. [Avalúos]” De acuerdo con el artículo 10º del mismo decreto, las Lonjas de Propiedad Raíz o colegios o asociaciones que agrupen a profesionales dedicados al ramo de avalúos deben elaborar un sistema de registro y acreditación de los avaluadores afiliados. El artículo 12 a su vez dispone que cuando se solicite la elaboración de un avalúo a las lonjas o Lonja de Propiedad Raíz del sitio donde se encuentre ubicado el bien, éstas designarán para el efecto a uno de los peritos privados que se encuentren registrados y autorizados por ella o, en su defecto, podrán solicitarlo directamente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En ese contexto, de acuerdo con la doctrina judicial de la Corte Constitucional a que se hizo referencia anteriormente, y de conformidad con el Decreto 1420 de 1998, se debe entender que cuando el artículo 90 hace referencia a avalúos técnicos autorizados por la Lonja de Propiedad Raíz o por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, debe entenderse que son valuaciones hechas por peritos idóneos en la materia y que se encuentran autorizados por una asociación o colegio que agrupa profesionales dedicados a dicho ramo o, en su defecto, por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin embargo, para la Sala no es suficiente con que se afirme que los peritos se encuentran inscritos ante alguna de esas dos entidades, sino que además es necesario que se pruebe que dichos peritos han sido autorizados por alguna asociación o lonja de propiedad raíz que haga parte de dichas entidades.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1420 DE 1998 – ARTICULO 9
ANTICIPO DE LA SOBRETASA AL IMPUESTO DE RENTA - Equivalía al 50 por ciento del valor de la sobretasa calculada sobre el impuesto neto de renta por el año 2002 / PAGO DEL ANTICIPO DE LA SOBRETASA AL IMPORRENTA - Podía hacerse durante el segundo semestre de 2003 / LIQUIDACION DE LA SOBRETASA AL IMPUESTO DE RENTA - Podía efectuarse en la declaración por el año gravable 2002 aunque el plazo para su pago fuera en el segundo semestre de 2003 / ANTICIPO DE IMPORRENTA - Debe liquidarse en la liquidación privada mas no en la de revisión / LIQUIDACION DE REVISION - No debe incluir el anticipo de imporrenta porque la situación para el siguiente ejercicio ha dejado de ser hipotético
El artículo 260-11 del E.T., vigente para la ocurrencia de los hechos, estableció una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar, para el año gravable de 2003, equivalente al 10% del impuesto neto de renta determinado por dicho año gravable, y a partir de la vigencia fiscal de 2004, en un porcentaje del 5% del impuesto neto de renta del respectivo período gravable. La sobretasa del Impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 260-11, debía liquidarse en la respectiva declaración. Así mismo, dicho artículo también previó un anticipo de la sobretasa para el ejercicio 2003, equivalente al 50% de su valor, calculada con base en el impuesto neto de renta del año gravable de 2002 y para ser pagado durante el segundo semestre del año 2003. En relación con el pago anticipado de la sobretasa, esta Sección ha precisado que si bien el artículo 260-11 “permite que el contribuyente cancele el anticipo de la sobretasa del Impuesto sobre la Renta en el segundo semestre de 2003, su liquidación en el formulario de declaración de renta del año gravable de 2002, no se opone a la disposición toda vez que con tal anticipo se busca el pago adelantado de la sobretasa del período fiscal 2003.” Igualmente, la Sala, en repetidas oportunidades, “ha considerado que el anticipo forma parte de la liquidación privada del contribuyente y su determinación debe efectuarse en dicha liquidación y no en la de revisión, porque una vez transcurrido el término que tiene el contribuyente para presentar la declaración de renta por una vigencia gravable, sumado al plazo de que goza la Administración de Impuestos para practicar la liquidación de revisión, la situación económica para la vigencia gravable siguiente a la declarada, ha dejado de ser hipotética o incierta, pues ha fenecido el ejercicio impositivo, porque se ha presentado o debido presentarse la declaración de este otro ejercicio y cuantificado por lo menos previamente el impuesto, caso en el cual la presunción establecida por la ley de "ingreso futuro", ha desaparecido para dar paso a una cuantificación real de los hechos económicos del sujeto pasivo de la obligación tributaria.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 260-11
SANCION POR INEXACTITUD – No procede cuando existe diferencia de criterios
La Sala considera que la sanción por inexactitud es improcedente, por cuanto la controversia giró en torno a la interpretación de los artículos 90 y 72 del Estatuto Tributario y 7º del Decreto 326 de 1995. En consecuencia, como lo ha precisado la Sala1, al no ser pertinente la aplicación de la sanción por diferencia de criterios, la Sala levantará la sanción.

CONSEJO DE ESTADO

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