Preguntas frecuentes en torno a la atención de las necesidades educativas especiales de los estudiantes




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fecha de publicación07.04.2016
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Proyecto de Aula Abierta, que es una experiencia de flexibilización del servicio educativo en I y II Ciclo, destinada a la población infantil y adolescente en riesgo social, tanto para aquellos que se encuentran dentro del sistema educativo en condición de sobre-edad, como para los que han desertado del sistema y actualmente desempeñan actividades remuneradas. El propósito es permitir que culmine su formación básica y esté en capacidad de continuar sus estudios, mediante las diversas ofertas de la educación abierta.



SOBRE LAS ADECUACIONES CURRICULARES EN PREESCOLAR


Preguntas realizadas por familias

Preguntas realizadas por docentes

  • ¿Se aplican adecuaciones en kinder?

  • ¿Se aplica adecuación curricular a los niños de preescolar?


RESPUESTA

La respuesta a esta pregunta se contestará por medio del Oficio N° 446-DEP-03; en este sentido los incisos a) y c) son significativos:
a) (…) Debido a las características biopsicosociales de la población meta de la Educación Preescolar costarricense, considerando los Fines y Objetivos del nivel, el enfoque curricular (integral e integrado) centrado en el desarrollo humano infantil, en que se fundamentan los Programas de Estudio, para los Ciclos Materno Infantil y de Transición, y teniendo presente lo que establece el documento “Políticas, Normativas y Procedimientos para el Acceso a la Educación de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (1997)”, en los artículos 6, 7 y 8, se ratifica el criterio ya establecido, de que se aplican las adecuaciones curriculares no significativas y de acceso, para la Educación Preescolar en los Ciclos Materno Infantil y de Transición.
c) Por tanto, queda claro que en la Educación Preescolar, procede aplicar únicamente las adecuaciones curriculares no significativas y de acceso.”



SOBRE EL EMBARAZO EN ESTUDIANTES


Preguntas realizadas por familias

Preguntas realizadas por docentes

  • ¿Existe adecuación curricular para una adolescente embarazada?




  • ¿Cómo se hace con los estudios cuando una estudiante está embarazada?¿Exige algún tipo de adecuación?


RESPUESTA

Esta es una pregunta con muchas implicaciones y amparos legales en beneficio de la adolescente y su bebé.
Para facilitar la comprensión de todas las implicaciones se citarán los artículos correspondientes para resolver y aclarar.
Una primera consideración es que si la joven tiene ya alguna adecuación curricular o de acceso, ésta debe mantenerse, independientemente de la condición de preñez o maternidad en que se encuentre.
La Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” (1996) establece en la exposición de los Objetivos, en el Artículo 3, inciso b):
Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos”.
En el artículo 21, sobre el tema de los “Períodos de hospitalización o convalecencia” se establece:
El Ministerio de Educación Pública garantizará que los estudiantes que, por causa de hospitalización o convalecencia, se encuentren imposibilitados para asistir temporalmente a un centro educativo, cuenten con las opciones necesarias para continuar con su programa de estudios durante ese período. Estos estudios tendrán el reconocimiento oficial”.
Por su parte, en el Reglamento de la Ley 7600 (1998), el artículo 51, sobre el tema “Servicios de apoyo durante hospitalización y convalecencia”, indica lo siguiente:
Cuando un estudiante se encuentre imposibilitado para asistir temporalmente al centro educativo por causa de hospitalización o convalecencia, debidamente acreditada ante el director del centro educativo, será responsabilidad del Director, velar porque se brinden los servicios necesarios que garanticen, al estudiante, la continuidad de sus estudios”.
Del Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), el artículo 52, relacionado con la “Garantía para la lactancia materna”, establece:
Las instituciones oficiales y privadas, así como los empleadores les garantizarán a las madres menores de edad las condiciones adecuadas para la lactancia materna. El incumplimiento de esta norma será sancionado como infracción a la legislación laboral, según lo previsto en el artículo 611 y siguientes del Código de Trabajo”.
En cuanto a la prohibición de prácticas discriminatorias, el artículo 69 indica:
Prohíbase practicar o promover, en los centros educativos, todo tipo de discriminación por género, edad, raza u origen étnico o nacional, condición socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad humana”.


Sobre la prohibición de sancionar por embarazo, el artículo 70 es muy claro y firme, ya que plantea:
Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de embarazo, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las estudiantes. El Ministerio de Educación Pública desarrollará un sistema conducente a permitir la continuidad y el fin de los estudios de niñas o adolescentes encinta”.
Para amparar a la joven, existen los artículos 85 y 86 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (2004), que plantean la posibilidad de la reprogramación de exámenes o entregas de trabajos realizados durante una interrupción del proceso educativo.




PREGUNTAS SOBRE LA LEY 7600 Y AFINES


Preguntas realizadas por familias

Preguntas realizadas por docentes




  • ¿Quién ampara las leyes y derechos de los niños? (¿Cuáles leyes amparan los derechos de los niños?)

  • Nos gustaría saber más sobre la Ley 7600.

  • ¿Qué es la Ley 7600?

  • ¿Se está aplicando la Ley 7600 en este momento?

  • ¿Contempla la ley prioridad en la atención de los hijos en le área de salud?







  • ¿Adónde está escrita la ley 7600, en qué documento?

  • ¿Cuáles son los artículos de la 7600 y del Código de Niñez que me pueden ayudar, sobre todo su aplicación?


RESPUESTA INTEGRADA
Durante muchos años se consideró que las personas con discapacidad debían permanecer apartadas del resto de la sociedad, esto con el fin de brindarles mayor protección en algunos casos, y en otros, por considerar que no contaban con posibilidades de relacionarse con otras personas. Por estos motivos, se ha excluido a las personas con discapacidad de muchos espacios necesarios para su adecuado desarrollo, lo que ha generado lo que conocemos como discriminación. Esta discriminación implica no ser consideradas parte de la sociedad en la que todas y todos vivimos, ser tratados (as) de forma distinta y también no tener posibilidad de una vida plena en sociedad.
El Estado Costarricense ha procurado suscribir todas las convenciones y los pactos internacionales que garantizan y desarrollan los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos constituyen un medio para representar el valor de la vida de las personas. Entonces, por medio de los Derechos Humanos se garantiza primero la vida de todas las personas, la igualdad ante la ley, la libertad y seguridad personal, luego con el desarrollo y la evolución de las naciones, la sociedad humana se compromete a proteger la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, etc. Posteriormente, la humanidad se obliga a garantizar la paz y el ambiente sano y a proteger grupos de personas específicos: la niñez, la mujer, las personas adultas mayores, los pueblos indígenas y la población con discapacidad. Se dicta una protección especial hacia estos grupos debido a que se considera que son más vulnerables a la violación de sus derechos; por eso también se les llama “poblaciones vulnerables”.
En este contexto, Costa Rica cuenta con múltiples instrumentos jurídicos, incluida la Constitución Política, para proteger los derechos humanos de todas las personas. Por ello es que también se ha desarrollado una nueva visión de las personas con discapacidad. Esta visión implica reconocerlas como personas autónomas e independientes, con derecho a tener las mismas oportunidades que el resto de la colectividad. En este sentido, es importante recalcar que las personas con discapacidad no deben adaptarse a las condiciones existentes en los servicios de salud, educación y transporte y a la política, por ejemplo, sino que por el contrario, estas condiciones deben variar para adaptarse a las necesidades de estas personas. Esto además implica que las personas con discapacidad vivan con su familia. También significa atenderlas en los sistemas educativos, y que convivan con las personas que no tienen discapacidad. De igual forma, supone incluirlas en las esferas laborales y políticas. Conviene rescatar el contenido del artículo 18 de la Ley 7600, a saber:
ARTÍCULO 18.- Formas de sistema educativo

Las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación en el Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo requeridos. Los estudiantes que no puedan satisfacer sus necesidades en las aulas regulares, contarán con servicios apropiados que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de enseñanza especial.
La educación de las personas con discapacidad deberá ser de igual calidad, impartirse durante los mismos horarios, preferentemente en el centro educativo más cercano al lugar de residencia y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema educativo”.
Tomando esto en cuenta, en 1996 se publicó en Costa Rica la Ley 7600, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Por medio de esta ley, que se encuentra vigente y en aplicación, se tratan temas relacionados con el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y se promueve su desarrollo integral en la sociedad. En este sentido, es importante mencionar que a través de esta ley se desarrollan los principios y fundamentos de los convenios internacionales de Derechos Humanos. Entonces, la ley 7600 desarrolla el acceso a varios derechos: a la información y comunicación, a la vida familiar, al transporte público, a la educación, al espacio físico, al trabajo, a la recreación, al deporte y a la cultura. Posteriormente, en 1998 se publicó el Reglamento de la Ley 7600, mediante el cual se establecen las normas y los procedimientos para la aplicación de los principios contenidos en la ley.

Se pretende que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de la colectividad. Existen múltiples instrumentos jurídicos, convenios, leyes y reglamentos que garantizan los derechos a la vida, a la salud, a la educación, al desarrollo, a los servicios para todas las personas, pero evidentemente, no es posible acceder a estos derechos si físicamente no es posible siquiera ingresar a los lugares donde se prestan estos servicios.

Este compromiso del Estado costarricense supone la obligación de todas las personas que trabajan en la función pública, de cumplir con estos tratados y normativa en general. Es por ello que los funcionarios(as) públicos(as) deben respetar los derechos de las personas con discapacidad y de la niñez, ya que además de la ley 7600, existen varios convenios referentes a los derechos de las personas con discapacidad y en el caso de la niñez, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo, los artículos 28 y 29 de la Convención obligan a los Estados a garantizar el derecho a la educación. Esto implica que las personas funcionarias públicas, como los docentes y las docentes, deben cumplir su labor de forma eficiente y continua, respetando los derechos contenidos en estas normas. En este sentido, en el caso en que un(a) funcionario(a) incumpla la ley, debe hacerse la denuncia ante el jerarca de la institución.

La ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600) regula la materia del acceso a la Educación en el Título II, Capítulo I. Estos artículos señalan la obligación del Estado de garantizar el acceso oportuno a la educación, la promoción de los programas que atiendan las necesidades educativas especiales, y la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios educativos.

En el Reglamento de esta ley se desarrolla este derecho en los artículos 31 al 65, los cuales comprenden temas como servicios de apoyo, funciones del Comité de Apoyo Educativo y adecuaciones curriculares, entre otros.

En cuanto a la atención médica de las personas menores de edad, el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 7739), en los artículos 41 al 47, regula el derecho de recibir la atención médica directa y gratuita. Esta atención se puede solicitar y recibir sin que estén acompañadas por una persona mayor de edad. Se deben atender de forma inmediata en clínicas y hospitales aunque no cuenten con seguro social. La Ley 7600 regula el acceso a la Salud, en el Título II, Capítulo III. El Reglamento se refiere a este derecho en los artículos 90 al 102.


PREGUNTAS SOBRE LA NO APLICACIÓN DE LAS ADECUACIONES CURRICULARES


Preguntas realizadas por familia

Preguntas realizadas por docentes

  • ¿Cuál es el procedimiento para denunciar un profesor que no aplica las adecuaciones curriculares y además de eso hace mofa de la deficiencia el alumno?

  • ¿Qué normas o reglamentos se aplican en las adecuaciones curriculares?

  • ¿Qué puedo hacer cuando un profesor no aplica la adecuación curricular a mi hijo?

  • ¿Qué se debe hacer si no se cumple esta ley (7600), en relación con los derechos de los niños?

  • ¿Puede un padre de familia demandar a un docente por no aplicar adecuación curricular?

  • ¿Cuál es el proceso a seguir si un docente no aplica la adecuación?

  • ¿Qué respaldo legal tiene un padre de familia cuando le solicita al docente que aplique la adecuación curricular y no la realiza?

  • ¿Puede un docente negarse a aplicar una adecuación curricular que ha sido aprobada por el comité de Apoyo u otro ente?

  • ¿Es obligatorio para un docente brindar un seguimiento especial a los niños con necesidades educativas especiales?

  • ¿Puede un docente negarse a atender un niño con necesidades educativas especiales, aduciendo falta de capacitación o que no es su especialidad?

  • ¿Hasta dónde al Ministerio de Educación Pública a través de la Ley 7600 respalda al docente en su función?

  • ¿Se pueden hacer las denuncias de manera oral?

  • ¿Cuál es el orden lógico para denunciar irregularidades en la atención educativa de los estudiantes?

  • ¿Qué procede legalmente cuando a un estudiante se le recomienda una adecuación curricular y el padre o encargado no acepta?





RESPUESTA INTEGRADA
Según se establece en la legislación costarricense, las personas funcionarias públicas, en este caso los docentes y las docentes, tienen la obligación de cumplir y respetar las leyes.
Cuando se habla de adecuaciones curriculares, existe normativa específica que regula su aplicación. Estas normas comprenden la Ley 7600 o Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento, y los instrumentos publicados por el Ministerio de Educación Pública: “Política, Normativa y Procedimientos para el Acceso a la Educación de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales”, el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, y el documento “La evaluación de los aprendizajes en el contexto de la atención de las necesidades educativas de los estudiantes”. De igual forma, el Ministerio de Educación Pública ha girado múltiples circulares y directrices que contemplan la aplicación de las adecuaciones curriculares y de acceso.
Esta normativa señala deberes específicos tanto para los docentes y las docentes, como para quienes integran los Comités de Apoyo Educativos, los directores y las directoras de los centros educativos, y todas las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. Existen deberes y obligaciones claramente establecidos en instrumentos legales como la Ley General de la Administración Pública, la cual rige la actividad administrativa del Sector Público; y dentro de estos deberes se encuentra el de brindar un servicio público eficiente, continuo, sin discriminación y en cumplimiento del interés público.
Por su parte, el Estatuto de Servicio Civil en el Título II12, rige específicamente deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones de las personas docentes. Dentro de estas obligaciones se encuentra la de cumplir las leyes y los reglamentos, y se agrega que deben cumplir “…toda otra disposición emanada de autoridad en el ramo…”13 En este sentido, una vez que ha sido aprobada la adecuación, el (la) docente recibe esta autorización como una disposición emitida por el órgano a cargo, especialista en el tema, el Comité de Apoyo Educativo y la Asesoría Regional o Nacional de Educación Especial, según sea el caso14.
El Estatuto también señala que el Personal Docente debe: “…administrar personalmente los contenidos de la educación; atender a los educandos con igual solicitud, preocupándose por superar sus diferencias individuales…”15 Esto permite resaltar el hecho de que son los (las) docentes quienes tienen el deber de aplicar las adecuaciones y de darles seguimiento a los (las) estudiantes. En el caso de las adecuaciones no significativas y de acceso, la aplicación le corresponde exclusivamente al personal docente, con el apoyo de la institución. En el caso de las adecuaciones curriculares significativas, la aplicación le corresponde al docente o a la docente, pero también involucra la participación del Comité de Apoyo Educativo.
El seguimiento de la población estudiantil con adecuaciones curriculares le corresponde tanto al docente, como al Comité de Apoyo Educativo. Este seguimiento también involucra al Departamento de Orientación de cada institución, en el III y IV Ciclo.
Es importante que las familias se involucren en el proceso de educación de sus hijos e hijas con el fin de apoyarlos y darles el seguimiento correspondiente en caso de que exista alguna necesidad educativa especial. En este sentido, es de suma importancia que los (las) docentes incluyan a la familia o al personal encargado en todo lo que se refiere a la educación de sus hijos e hijas. De esta forma se puede trabajar y coordinar con un padre o una madre que no quiera admitir la necesidad educativa de su hijo o hija. Debe informárseles adecuadamente a las familias en qué consiste la necesidad educativa y la forma en que va a ser atendida. De existir negativa por parte de los padres (o madres), deberá hacerse constar en el expediente del alumno o de la alumna para que no se pueda indicar que el personal docente no cumplió con lo correspondiente a la aplicación de las adecuaciones curriculares.
En los casos en que el (la) docente no se encuentre capacitado para aplicar la adecuación, es su obligación acudir al Comité de Apoyo Educativo, o a los Equipos Regionales Itinerantes con el propósito de recibir la asesoría y ayuda necesaria para cumplir con la adecuación aprobada, según corresponda.
Cuando el derecho a la educación es violentado por la acción o por la omisión de un funcionario o una funcionaria pública, en este caso el personal docente, surge la necesidad de denunciar. Lo mismo ocurre en los casos en que ha sido violentado cualquier derecho de las personas menores de edad.
Como principio general, la lucha por la reivindicación, recuperación o aplicación de un derecho, no debería exigir más trámite que denunciar los hechos de cualquier forma posible. Sin embargo, para lograr una respuesta efectiva a las solicitudes, es importante iniciar cualquier procedimiento de denuncia de forma escrita.
En este sentido, en los casos en que el (la) docente se rehúsa a aplicar la adecuación que ha sido aprobada o que cuenta con el visto bueno, está violentando el derecho a la educación y se encuentra en un claro incumplimiento de sus deberes legales, los cuales ya han sido comentados. Entonces, es necesario que el padre o la madre de familia, o la persona encargada del estudiante o de la estudiante se presenten a la institución para solicitarle al docente el criterio técnico por escrito del por qué no está aplicando la adecuación curricular o de acceso a su hijo(a). De persistir la no aplicación de las adecuaciones, será necesario preparar una denuncia por escrito ante la Dirección del centro educativo.
En esta denuncia deberá hacerse referencia a la adecuación aprobada, a lo que ha ocurrido y a las pruebas con las que se cuenta. La Dirección tiene el deber de contestar por escrito esta denuncia y de corregir la situación; es decir, ordenar la aplicación de la adecuación. De igual forma, la Dirección tiene potestades suficientes para sancionar al personal docente que no cumpla con la aplicación de las adecuaciones16.
En los casos en que no haya respuesta por parte de la Dirección del centro educativo, o que esta respuesta no sea satisfactoria, la denuncia deberá presentarse ante la Asesoría Regional de Educación Especial. Esta denuncia debe ser por escrito y debe contener toda la información recopilada. Si no hay respuesta, la denuncia deberá hacerse ante la Asesoría Nacional de Educación Especial.
Es importante recalcar que estos medios de denuncia son los medios ordinarios y administrativos para lograr que se cumpla con los derechos de los (las) estudiantes con necesidades educativas especiales.
Existen otros medios para defender estos derechos, los cuales incluyen la presentación de la denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, y en algunos casos, la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
En el caso de la Defensoría de los Habitantes, dentro de las funciones de defensa y promoción de los derechos humanos, se encuentra el deber de velar porque toda la actuación del Estado se ajuste a la ley, a la moral y a la justicia. Por ello, en el momento en que existe una violación a los derechos, la Defensoría puede investigar y solicitar al centro educativo que corrija la situación. Para denunciar ante la Defensoría, es importante que ya se haya presentado la denuncia de la no aplicación en la Dirección del centro educativo, con el fin de que ya sea exigible una respuesta o una acción por parte de ésta.
En el caso de la Sala Constitucional, es recomendable utilizar el recurso de amparo cuando es evidente que no habrá respuesta de las personas funcionarias; es decir, cuando no ha habido respuesta de la Dirección del centro educativo, ni de la Dirección Regional, ni de la Asesoría Nacional de Educación Especial.
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