Ley de Salud Mental de Puerto Rico




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Terapia Electroconvulsiva.-
Toda entidad proveedora de servicios hospitalarios de salud mental que emplee como procedimientos terapéuticos la restricción, el aislamiento o la terapia electroconvulsiva, tendrá un protocolo en el que incorporará las mejores prácticas y estándares en el tratamiento, para personas con trastornos mentales o emocionales, según los parámetros establecidos por los organismos médicos reguladores de estos procedimientos terapéuticos, y a tenor con lo requerido por la Administración.
Artículo 2.06- Manual de Servicios.-
Toda institución proveedora de servicios de salud ambulatorio, contará con un manual descriptivo de servicios, en el cual se consignará como mínimo, lo siguiente:
(a) Los criterios de admisión que deben reunir las personas que soliciten los servicios;
(b) La edad y el nivel de cuidado de los solicitantes;
(c) El modelo del plan individualizado de tratamiento, recuperación y rehabilitación;
(d) La composición de personal que tendrá la institución, así como las cualificaciones del mismo, disponiéndose que este Artículo no será de aplicación en el caso de oficinas de profesionales de salud mental en la práctica privada.
Artículo 2.07.- Notificación Sobre Derecho de Confidencialidad.-
Siempre que la persona que reciba servicios de salud mental pueda comunicarse racionalmente, el proveedor de servicios de salud mental le notificará por escrito y verbalmente, al momento de la evaluación inicial o lo antes posible luego de la misma, sobre el derecho que posee de confidencialidad. Se le informará además, que cualquier violación a las disposiciones que protegen la confidencialidad es un delito, a tenor con las disposiciones del inciso (b) del Artículo 14.08 de esta Ley, y se le proveerá por escrito el procedimiento a seguir para informar en caso de cualquier violación. La notificación requerida en este Artículo será hecha al padre o madre con patria potestad o custodia o a su tutor legal, en todos los casos en que los servicios de salud mental sean provistos a un menor o incapacitado.
El profesional en salud mental designado por reglamento institucional para llevar a cabo la notificación dispuesta en este Artículo, consignará en el expediente clínico el contenido de dicha notificación, así como la fecha y hora en la cual se proveyó la misma, en un formulario provisto por la Administración, el cual deberá ser firmado por la persona recipiente de dicha notificación, con el fin de que ésta se entienda completada.
Artículo 2.08.- Inspección del Expediente Clínico.-
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Las personas que reciban servicios de salud mental, podrán inspeccionar sus expedientes clínicos, siempre que el equipo inter o multidisciplinario, dentro de la institución, determine que la persona que los recibe se encuentra mentalmente capacitada para interpretar razonablemente la información, disponiéndose que no se proveerá aquella información que constituya riesgo para terceros. Podrá tener además, copia de la totalidad de su expediente, mediante petición escrita para ello y el pago de los derechos correspondientes. La institución proveedora asignará un profesional de salud mental para explicar cualquier asunto relacionado con la información contenida en el expediente clínico.
Cualquier otra persona expresamente autorizada, según se dispone en esta Ley, por la persona que recibe servicios de salud mental, por el tribunal, o por el tutor legal de la misma, podrá inspeccionar el expediente clínico dentro de la institución, obtener un resumen del expediente y copia de aquel documento expresamente autorizado a ello, mediando el pago de los derechos correspondientes, siempre que la reproducción de documentos no constituya la totalidad del expediente.
El padre o madre con patria potestad o custodia, o el tutor legal del menor que recibe servicios de salud mental, tendrá derecho a examinar, dentro de la institución, el expediente de dicho menor exclusivamente en lo relacionado al diagnóstico, severidad, pronóstico, plan de tratamiento, medicamentos, recomendaciones a la familia y, la cantidad y tipos de terapias ofrecidas. Cualquier otra información solicitada por estas personas deberá tener la autorización expresa del menor si éste tiene catorce (14) años o más, o del Tribunal cuando el menor no autoriza la inspección de la información solicitada o si el menor tiene trece (13) años o menos. Así también podrá obtener copia o un resumen de ello, mediando una solicitud escrita a tales efectos y el pago correspondiente de derechos.
Cuando la persona que recibió servicios de salud mental haya fallecido, cualquier petición presentada por un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad para inspeccionar u obtener copia de parte o de la totalidad del expediente requerirá una orden del tribunal.
En todos los casos y previo a toda inspección o copia del expediente, la Institución proveedora ofrecerá una orientación sobre las consecuencias posibles de la divulgación de la información contenida en el expediente.
El pago correspondiente por concepto de copias de parte o totalidad del expediente, no excederá del cien por ciento (100%) del costo real del original. Para aquellos casos en los cuales la persona no tenga los medios económicos para el costo de las copias, el procedimiento a seguir se establecerá mediante reglamento por la Administración.
Artículo 2.09.- Informes.-
Todo informe que no constituya un expediente clínico y que contenga información directa o indirecta sobre una persona que recibe o haya recibido servicios de salud mental, utilizará codificaciones para referirse a la persona y no incluirá, ni en todo ni en parte, nombre o apodo alguno. Este Artículo no impide la divulgación de la información en los casos que apliquen leyes federales y estatales que provean protección a las personas que reciben servicios de salud mental.
Artículo 2. 10.- Autorización Expresa; Requisitos.-
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La autorización expresa requerida para efectos de esta Ley, deberá reunir los siguientes requisitos:
(a) el nombre específico de la institución proveedora autorizada para divulgar la información;
(b) el nombre de la persona natural o jurídica autorizada para recibir la información;
(c) el nombre de la persona que consciente a la divulgación. Cuando no sea la persona que recibe servicios de salud mental, deberá acompañarle una declaración en la que se establezca de donde emana la facultad de consentir;
(d) la información específica a divulgarse la cual no incluirá datos psicológicos y sociales, familiares, o contenido específico del diálogo de las sesiones;
(e) el propósito para el cual se va a utilizar la información solicitada; y la firma y fecha en la cual se presta el consentimiento.
La autorización expresa deberá constar en un documento escrito, el cual caducará seis (6) meses después de la firma y fecha en la cual se prestó, sin menoscabo al derecho del autorizante a revocarla en cualquier momento.
Artículo 2.11.- Sistema de Control de Calidad (Quality Assurance System).-
Toda institución proveedora de servicios del sistema de cuidado de salud mental, tendrá un sistema de control de calidad de los servicios prestados, el cual recogerá y vigilará por mantener la calidad de los mismos y el uso adecuado de los procedimientos administrados a los pacientes, según las mejores prácticas en el campo de la salud mental Este sistema vigilará, estudiará y mantendrá informado al Director Clínico y a la Facultad de Salud Mental de las instituciones, sobre todo en lo relacionado al servicio y las prácticas que se implantan en el mismo. La Administración especificará mediante reglamento el alcance de estos sistemas de calidad, compatibles con las regulaciones federales para estas poblaciones.
Será responsabilidad de los proveedores de servicios de salud mental mantener un acopio de datos estadísticos básicos que provea indicadores de la incidencia de trastornos mentales y de abuso de sustancias, según las características de la población. Dichos datos estadísticos serán informados a la Administración.
Artículo 2.12.- Oficinas de Orientaciones al Consumidor y Manejo de Querellas.-
Todos los proveedores de servicios de salud mental, mantendrán oficinas de orientación a los consumidores de sus servicios. En el caso de la reforma de salud las mismas estarán ubicadas en lugares céntricos en el área de mayor concurrencia de la región. Estas oficinas atenderán querellas de los consumidores sobre los servicios que reciben. El manejo de querellas se hará hasta lograr satisfacer la necesidad de servicio del consumidor.
Artículo 2.13.- Expediente Clínico.-
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Toda institución proveedora mantendrá y conservará un expediente preciso, claro y legible de cada persona que reciba servicios de salud mental. Este expediente contendrá los requisitos establecidos por las Leyes y reglamentos aprobados por el Secretario de Salud, además de la siguiente información:
(a) Las circunstancias bajo las cuales la persona fue evaluada o ingresada, según el caso:
(b) La documentación para su ingreso.
(c) Los hallazgos clínicos de un profesional calificado que provea servicios de salud mental.
(d) El diagnóstico o impresión diagnóstica.
(e) El Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación.
(f) Pronóstico y fecha estimada de alta.
(g) Cualquier cambio que surja en su estado.
El expediente clínico será propiedad de la persona que recibe servicios de salud mental y estará bajo la custodia de la institución proveedora y no será removido de la misma salvo por orden del tribunal El Director de la institución velará por la confidencialidad del mismo. A tales efectos, la institución proveerá los recursos necesarios para establecer los mecanismos que protejan la confidencialidad, divulgación y la información clínica contenida en el expediente contra uso indebido, acceso no autorizado y alteración del mismo.
En el caso de que el paciente necesite su expediente por razones de mudanza a otro lugar del mundo, o decida cambiar otro servicio de prestación de salud. La institución deberá facilitar al nuevo servidor de servicios, dichos expedientes, una vez el paciente lo haya autorizado por escrito.
Artículo 2.14.- Deber de Guardar la Confidencialidad.-
Se prohíbe la divulgación no autorizada de información relacionada a una persona que recibe servicios de salud mental, incluyendo a terceros que hayan recibido esta inflamación, sea verbal o escrita, mediando autorización expresa, conste o no dicha información en el expediente.
La persona que recibe servicios de salud mental deberá ofrecer su autorización expresa para el envío de información mediante el uso del faxcímil. Si la accesibilidad de la información es mediante sistemas de computadora o electrónico, éste estará protegido por códigos de seguridad o por cualquier otro sistema de seguridad aceptable. El Administrador adoptará un reglamento para esos fines. Tanto el remitente como el recipiente de la información cumplirá con el reglamento. Se prohíbe además que se divulgue información sobre la persona con trastorno mental que haya sido informada por un tercero y que pueda causar daño corporal o ponga en riesgo a ésta u otra persona.
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El deber de guardar la confidencialidad de la información relacionada a una persona que reciba servicios de salud mental en cualquier institución proveedora, será de aplicación a todos los profesionales que provean dichos servicios y al personal de apoyo, incluyendo a los proveedores indirectos de servicios de salud. Este deber se extenderá a toda persona que esté o haya recibido servicios de salud mental, aún después de su muerte.
Artículo 2.15.- Prohibición al que Recibe Información Confidencial de Divulgarla a Terceros.-
La persona que recibe información confidencial queda mediante esta Ley prohibida de divulgar la misma a terceros.
Toda información confidencial divulgada bajo los términos de esta Ley, estará acompañada por una aseveración que indique que la información divulgada está protegida por las disposiciones y reglamentos de confidencialidad aplicables, y que las mismas prohíben a la persona que recibe la información la divulgue a terceros.
Artículo 2.16.- Divulgación a Personal Autorizado del Sistema de Justicia Criminal y Juvenil.-
Cuando la persona reciba servicios de tratamiento de salud mental como condición establecida por el tribunal para su probatoria, libertad condicional, u otros, la institución proveedora podrá divulgar al personal autorizado del Sistema de Justicia Criminal o Juvenil, según sea el caso, únicamente aquella información necesaria para efectuar la supervisión requerida para el cumplimiento de la condición pautada por el tribunal. La persona que recibe la información sólo podrá divulgar la misma para cumplir con sus derechos oficiales con relación a la condición impuesta por el tribunal.
Artículo 2.17.- Prohibición en Cuanto al Uso de Tarjetas de Identificación.-
Ningún proveedor de servicios de salud mental podrá requerir a quien reciba dichos servicios, que lleve una tarjeta de identificación o cualquier otro objeto sobre su persona que lo identifique como persona que recibe servicios de salud mental, mientras esté fuera de la Institución proveedora de dichos servicios. Esta prohibición no tendrá efecto mientras la persona se encuentre en los predios de la institución proveedora.
Artículo 2.18.- Deber de Advertir a Terceras Personas en Riesgo o Amenaza de Daño.-
Cuando una persona le comunique a un psiquiatra, psicólogo clínico o trabajador social, una amenaza de violencia física contra tercero, el psiquiatra, psicólogo o trabajador social tendrá el deber de advertir a ese tercero sobre la posibilidad de amenaza, cuando éste pueda ser razonablemente identificado, y luego de cumplir con lo dispuesto en este Artículo.
En caso de que la amenaza de daño a tercero sea comunicada a otro profesional de salud mental, éste lo comunicará de inmediato al psiquiatra, psicólogo clínico o trabajador social a cargo de prestar los servicios de salud mental a la persona y así lo hará constar de manera detallada en el expediente clínico.
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Para que surja el deber de advertir, tanto el psiquiatra, el psicólogo clínico o el trabajador social, deberá:
a) Haber identificado, evaluado y corroborado la existencia de una amenaza de daño a una tercera persona en particular, y
b) Establecer que al tomar en consideración los factores de riesgos asociados. a la violencia, con gran probabilidad esa amenaza podría llevarse a cabo.
Una vez comunicada la amenaza, el psiquiatra, psicólogo clínico o trabajador social deberá advertir a la persona amenazada, y deberá realizar los siguientes actos:
a) Siempre que sea indicado terapéuticamente, informará a la persona que profiere la amenaza el deber de advertir que le impone esta Ley;
b) Comunicará la amenaza de daño al cuartel de la policía más cercano a la residencia de la tercera persona sujeta a la amenaza;
c) Notificará la amenaza de daño a tercero, manejando con tacto y cautelosamente esta situación; y
d) Si tiene base razonable para creer que la tercera persona carece de la capacidad para entender o es menor de edad, comunicará sobre la existencia de la amenaza a un familiar de ésta.
En aquellas situaciones en las que el profesional entienda que la persona que profiere la amenaza reúne los criterios para ser hospitalizado, iniciará los procedimientos para su hospitalización voluntaria o involuntaria.
En caso de que la amenaza sea comunicada mientras la persona se encuentre hospitalizada, el psiquiatra, psicólogo clínico o trabajador social informará al Director Clínico y así lo hará constar de manera detallada en el expediente clínico.
Cuando un psiquiatra, psicólogo clínico o trabajador social determine que una situación en particular requiere que se ejerza el deber de advertir, quedará exento de responsabilidad civil siempre que no exista negligencia crasa en el cumplimiento de su deber. De igual manera, estos profesionales de salud mental que de buena fe ejerzan su deber de advertir, no incurrirán en violación del privilegio médico-paciente, según establece la Regla 26 de las Reglas de Evidencia de 1979, según enmendadas.
Artículo 2.19.- Deber de Advertir Riesgo Suicida o Automutilación.-
Cuando una persona le comunique a un psiquiatra, psicólogo clínico o trabajador social sobre su intención de cometer suicidio o automutilación, el psiquiatra, psicólogo clínico o trabajador social, tendrá el deber de advertir a un familiar sobre la posibilidad de que se intente la ejecución del acto.
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