Asamblea Nacional Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo




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Asamblea Nacional

Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo



Panamá 20 de diciembre de 2006
Honorable Diputado

ELÍAS CASTILLO

Presidente de la Asamblea Nacional

E. S. D.
Honorable Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política en su artículo 165 numeral “a” y el articulo 67 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley “Que Prohíbe el Aleteo de Tiburones en las Aguas Jurisdiccionales de Panamá” por lo cual lo acompañamos de la siguiente exposición de motivos.


EXPOSICION DE MOTIVOS

Han pasado 40 años desde la promulgación del Decreto Ley 35 del 22 de septiembre de 1966 para reglamentar el uso de las aguas, y desde entonces se han producido cambios importantes en la economía nacional e internacional, como también en nuestros ecosistemas, que están impactando de manera directa en el uso y conservación del recurso hídrico. Estos cambios materiales que se han producido en la base de la nación, están imponiendo los correspondientes cambios en la superestructura jurídica del estado, donde las normas jurídicas que regulan el uso de los recursos hídricos no corresponden a las nuevas exigencias.

Los cambios profundos que se han producido en el planeta como consecuencia de la revolución en el conocimiento científico y tecnológico, han impactado de manera directa en la productividad del trabajo, en el desarrollo del comercio mundial y en el medio ambiente. A medida que avanza el proceso de globalización de la economía y se hace evidente la naturaleza global de muchos de los problemas ambientales, han surgido fricciones inevitables entre los sistemas jurídicos multilaterales que rigen ambos aspectos. Todos estos fenómenos que han sido factores claves de los procesos de integración económica y que están presionando los cambios en la superestructura jurídica mundial y regional, también lo presenciamos en nuestro país.
Por otra parte, la Constitución Política postula en el Capítulo 7, sobre el Régimen Ecológico, normas que procuran regular, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de manera racional, que eviten su depredación. Tales normas, por su carácter programático, requieren de un desarrollo normativo actualizado y acorde a las nuevas exigencias sociales, económicas, políticas, culturales y espirituales, para lograr una verdadera protección del recurso hídrico basado en la gestión integrada. Es por esta razón que Ley, se convierte en el instrumento legal de planificación en el manejo del recurso y permite recoger los postulados reconocidos por Tratados y Convenios internacionales.
Actualmente nuestra legislación carece de las herramientas eficientes que permitan un uso adecuado del agua, debido a los cambios producidos en la base material de la nación y a los fenómenos globales anteriormente señalados. Esta iniciativa de adecuación de la legislación de los recursos hídricos, a las exigencias actuales, no es aislada a la realidad de los países hermanos, quienes igualmente se encuentran en proceso de reforma de manera gradual, de sus disposiciones legales relativas a los recursos hídricos.
La Ley 41 de 1 de julio de 1998, General del Ambiente, articula la Política y Estrategia del Estado en el manejo de los Recursos Naturales, que orienten las acciones, comportamientos y determinen las acciones del sector público y privado. El orden jurídico de esta ley, postula la coordinación interinstitucional y la obligación de los agentes económicos en el cumplimiento de la Ley, basado en los principios de gradualidad y progresividad en la adecuación de la normativa ambiental. Según este esquema, el Estado frente a estas nuevas exigencias, le corresponde actualizar, reformar o derogar toda disposición que no sea acorde a las exigencias de la Ley 41. Es por ello que ante un instrumento jurídico como el Decreto Ley 35 que tiene un marcado sesgo sectorial y al margen de las nuevas tendencias de las políticas hídricas, es que se hace necesario que se derogue las disposiciones del mismo y se acoja un nuevo instrumento jurídico que se fundamente en una gestión integrada del recurso hídrico.
Existe igualmente una dispersión normativa relacionada al aprovechamiento del recurso hídrico, tales como el Código Sanitario, el cual crea competencia al Ministerio De Salud en cuanto al abastecimiento del agua para consumo doméstico, agrícola o industrial, para recreación, balnearios públicos, etc. También contiene normas relacionadas al uso de aguas para actividades agropecuarias y de utilización del agua para riego. Igualmente la Ley 19 de 11 de junio de 1997 por el cual se crea la Autoridad del Canal de Panamá, establece competencia a esa entidad, para conservar, administrar y usar de manera sostenible el recurso hídrico en la cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, asimismo otorga la potestad para reglamentar las materias que considere necesaria.
Toda esta situación dispersión normativa sumado a los problemas globales ya señalados, han conducido a generar dificultades en el manejo de la demanda de los servicios básicos relacionados con el recurso hídrico, tales como agua potable, energía eléctrica, riego, manejo de las aguas servidas, etc.
Por otra parte, los problemas relacionados con la cuestión agraria panameña tales como la mala distribución de la tierra, atraso tecnológico y la ausencia de políticas coherentes con esta realidad, han creado zonas de expulsión que siguen amenazando zonas de fronteras agrícolas, asedios permanentes a los límites de los parques nacionales, deterioros de las zonas boscosas de protección de fuentes de aguas en las cuencas hidrológicas. Estos fenómenos nuevos han comenzado a afectar la disponibilidad del recurso hídrico.
Un problema adicional a los expuestos, es el predominio de los enfoques sectoriales que se expresan cuando se abordan los problemas relacionados con la gestión del recurso hídrico, lo que dificulta la coordinación y la gestión integrada del recurso hídrico. Este enfoque unilateral y departamental genera procedimientos de gestión ineficientes y poco productivos. Todo esto se expresa en una débil y dispersa institucionalidad, lo que dificulta la concentración de los recursos, la aplicación de las políticas, la generación de sinergias y el desarrollo de procedimientos de gestión coherentes y más eficientes.
Hoy son más graves y recurrentes los problemas de inundaciones y las consecuentes pérdidas de importantes recursos naturales y humanos, se agudizan los problemas de contaminación de las aguas tanto por contaminación puntual como difusa, a causa del desarrollo desordenado de la actividad industrial y agropecuaria, las dificultades en la disponibilidad del recurso en algunas regiones del país ha conducido a una explotación desordenada e irresponsable de los recursos hídricos subterráneos, se incrementa el número de cuencas con serios problemas de degradación, creándose un escenario complejo y preocupante para el futuro de este recurso estratégico como lo es el agua.
El incremento en la demanda del recurso, los problemas relacionados con la disponibilidad, las debilidades institucionales, la dispersión de las competencias, los enfoques sectoriales en el aprovechamiento del recurso y la poca equidad en el acceso al aprovechamiento del recurso son factores claves en el agravamiento de la crisis del agua que comienza a manifestarse en nuestro país. La ausencia de mecanismos de democratización en la gestión del agua en las normas jurídicas vigentes, es uno de los factores que está siendo considerado en el proceso de actualización del Decreto Ley 35, como Ley marco para la gestión integrada de los recursos hídricos.

Otro de los problemas que se han puesto de manifiesto, frente a las serias manifestaciones de ingobernabilidad, es la no valoración económica del recurso hídrico. Este principio básico no es contemplado en el Decreto Ley 35 del 22 de septiembre de 1966. Es notoria la ausencia de instrumentos económicos de valoración de los recursos hídricos, de cargos ambientales, cánones por contaminación y aprovechamiento, instrumentos de consulta e información al público, de los principios de prevención, precautorio, contamina paga y de Responsabilidad Ambiental que logren un desempeño ambiental de todos los actores de la sociedad. Todo esto demuestra el desfase histórico de la actual normativa jurídica de los recursos hídricos con respecto a las nuevas exigencia de una gestión integrada de los recursos hídricos. Si a todo lo anterior se agrega la falta de espacios de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en torno a la gestión de los recursos hídricos y en la asignación y priorización de sus usos, es fácil predecir que se intensificarán los conflictos sociales relacionados con el uso del agua, se saturarán las máximas esferas de la justicia del país, y se harán cada vez más evidente los problemas de ingobernabilidad del recurso que a su vez se traducirá en causa de graves conflictos sociales, conforme se vaya agudizando la crisis actual por el uso del agua.
La Autoridad nacional del Ambiente, como entidad rectora en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente, tiene que realizar esta labor conjuntamente con el Sistema Interinstitucional del Ambiente. Es por ello la necesidad de contar con un instrumento jurídico que facilite la gestión integrada del recurso hídrico.
Finalmente, señores Diputados, por todas las razones expuestas, presentamos a ustedes este Anteproyecto de Ley, como iniciativa de la Autoridad Nacional del Ambiente, dirigida a la actualización de la Ley General de Aguas (Decreto Ley 35 del 22 de septiembre de 1966), mediante un nuevo instrumento jurídicos que sirva de marco para la gestión integrada de los recursos hídricos de la República de Panamá. Esperamos que la misma sea bien acogida por este cuerpo legislativo con miras al mejoramiento la gestión de los recursos hídricos en particular y la gestión ambiental en general.


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