Código Tributario – Actual Texto Artículos 97 N° 9 – Ordenanza de Aduanas – Artículos 168 y 178 N° 1 – Ley N° 19. 039 – Artículo 28 letra a




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títuloCódigo Tributario – Actual Texto Artículos 97 N° 9 – Ordenanza de Aduanas – Artículos 168 y 178 N° 1 – Ley N° 19. 039 – Artículo 28 letra a
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Por su parte, la querellante 2 indicó que en octubre de 2006, una publicación local dio a conocer la preocupación de las autoridades de salud, por la venta en la calle de una pasta dental que no tenía autorización para ser distribuida en Chile, y por saber quién estaba distribuyendo el producto falsificado y por qué medios entró al país, de lo que se colige que concurren en este caso el comercio informal y la piratería, dos formas serias de competencia desleal, que deben ser combatidas con energía tanto por la evasión que implica, como por las consecuencias para el correcto desarrollo de la economía, que atraviesa la cadena de abastecimiento, desde el contrabando, pasando por la comercialización intermedia, las bodegas clandestinas, hasta la venta callejera. Dijo, que el artículo 97 N°9 del Código Tributario establece el delito de ejercicio efectivamente clandestino del comercio y la industria. La expresión “comercio” debe entenderse en su sentido natural y obvio pues no está definido por el legislador, aunque el artículo 3° del Código de Comercio contiene una nómina de actividades que significan actos de comercio, pero con carácter meramente enunciativo, entendiendo que el comercio es toda actividad de intermediación entre el productor y el consumidor final, con un ánimo de lucro. En la especie el comercio está dado por el ingreso al país de una gran cantidad de productos, que se dice son pegamentos, lo que es un disfraz, porque no se internan tales mercaderías sino que pastas dentales sin la autorización sanitaria respectiva que no podrían ser comercializadas en el sistema legal, sino al margen del sistema impositivo interno, y sostiene que es comercio clandestino, porque se hace en forma oculta de quien tiene derecho a oponerse, respecto de aquellos que tienen el deber y la obligación legal de impedir su comercialización, y por tanto, fiscalizarla. Sostuvo, que el bien jurídico protegido por el artículo 97 N° 9 del Código Tributario, es el orden público económico, que se traduce en la tutela de la libre competencia, el derecho de propiedad, el derecho de los consumidores, en fin, la igualdad de los contribuyentes, y por los cuales debe velar el servicio que representa.

A su turno, la defensa de Ronald Ceballos sostuvo que los acusadores no podrían acreditar ni los ilícitos materia de la acusación y querellas ni la participación de su representado, pues la tesis de todos se basa en que basta que una persona figure como representante legal de una sociedad anónima, para hacerla responsable de los hechos motivo de la acusación, haciendo caso omiso de lo establecido en el artículo 58 del Código Procesal Penal, y no podrán probar cuál es la conducta determinada atribuida a su mandante, quien es el contador de la empresa Mi Casa, y que sea constitutiva de alguno de los ilícitos referidos. Sostuvo, que en este caso, la realidad supera la ficción jurídica, pues aunque su defendido aparece registrado como representante legal de la querellada, los verdaderos dueños de la empresa son extranjeros sin residencia legal en Chile, de ahí la necesidad que la sociedad fuera constituida en sus inicios por chilenos como su mandante, y de la que posteriormente se desligó, mucho antes del año 2006. Dijo, que su defendido debía ser absuelto, porque es inocente. Asimismo, pidió el rechazo de la demanda civil deducida en su contra, por no haber cometido ninguno de los delitos por los que se le acusa.

En tanto, la defensa de Mirta Fuenzalida expresó que si alguna vez hubo un representante legal de la persona jurídica acusada, fue el coimputado, pero su defendida jamás lo fue, pues sólo era mandataria designada ante el Servicio de Aduanas para firmar documentos, porque el sistema de tramitación de formularios únicos en la zona franca lo requería así, limitándose a desempeñarse como una secretaria en la sociedad querellada, y nunca tuvo facultades de administración ni disposición de bienes. Agregó, luego de repasar el concepto de delito de acuerdo a su acepción clásica, que en la especie si bien se configura el tipo, no existe tipicidad del hecho, porque respecto del delito de contrabando imputado por el Servicio de Aduanas, las diversas hipótesis que contiene el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, no se ajustan a los hechos que se atribuyen a la acusada, pues nunca se introdujo las mercaderías al territorio nacional ni ellas están prohibidas, y tampoco configuran el hecho de su artículo 182. Por su parte, señaló, el Servicio de Impuestos Internos plantea su posición doctrinal pero poco práctica, porque no acompañó ningún elemento de prueba que justifique el comercio clandestino. A su turno, la querellante Colgate Palmolive, se refirió a la esencia y dominio de la marca comercial, pero lo que busca en esta materia la Organización Mundial de Comercio, es la libertad de comercio y no el monopolio (en la Ronda de Uruguay), como lo da a entender su contradictor. En cuanto al delito de falsificación, se debe perseguir la responsabilidad penal de los fabricantes en China, inserta en dicha organización, teniendo presente que la marca “Coolmate” (“menta fresca”) se encuentra registrada en el resto del mundo, en todos los clasificadores de diferentes tipos. También, se sabe que en Chile, el envase de la querellante se encuentra registrado pero con un diseño de color negro o gris, por lo cual, si lo desea podrá inscribir el color rojo como fondo. Sostuvo que el artículo 19 bis E de la Ley 19.039, establece que no se podrá prohibir a terceros el uso de la marca respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por el titular, amén de que las mercaderías en este caso iban destinadas a Bolivia. En resumen, tales hechos no son típicamente antijurídicos. Por último, en cuanto al elemento subjetivo del delito, la culpabilidad, su representada jamás tuvo facultades de administración de la persona jurídica acusada, a mayor abundamiento, nunca actuó con conocimiento de lo que hacía, con dolo, comprensivo tanto del elemento cognitivo como volitivo, pues la empleada que llenó el Z anticipado, que fue suscrito por su mandante, al equivocarse en la descripción de las mercaderías recibió un gran reto, aún más, el proveedor mandó la rectificación y las explicaciones del caso, los cuales se acompañarán. Finalmente, en forma obsecuente, el Servicio de Aduanas no permitió el auto-denuncio por parte de la sociedad acusada, que no fue admitido a tramitación porque el Z correspondiente no estaba ingresado, pese a que la resolución N°74 de 1984 de Aduanas lo permite, porque tal como adujo dicho servicio, las mercaderías no entraron al país ni a la zona franca, es decir, que no hubo delito de contrabando ni algún otro consignado en la acusación.

OCTAVO: Que, advertidos los acusados sobre su derecho a guardar silencio, se acogieron a él.

EN CUANTO A LAS ACCIONES PENALES

NOVENO: Que, para demostrar los supuestos fácticos de sus acusaciones, el Ministerio Público y los querellantes rindieron la testimonial de Carmen Castillo Moreno, Antonio Marino Maldonado, Bernardo Serrano Spoerer y Marcos Ortíz Tapia, y la pericial de Carmen Duvauchelle Ruedi y Claudio Rojas Oyanedel, convocando además el fiscal y los querellantes 1 y 2 a los testigos Antonio Marino Maldonado, Orlando Godoy González y Eugenio Olea Solís. Todos los referidos expusieron en lo sustancial:

1.- Carmen Castillo Moreno: que el 6 de octubre de 2006 efectuó el aforo físico en el patio de aforos del Servicio ubicado dentro del recinto amurallado de la zona franca de esta ciudad, a mercancías amparadas por la declaración de traslado o Z de 4 de octubre de 2006 a nombre de la Importadora Mi Casa, que las manifestaba como pegamentos, sin embargo al romper los sellos y verificar la carga constató que se trataba de pastas dentales. Explicó, que se realizó esta revisión debido a la existencia de denuncias sobre mercancías falsificadas, y al hecho de que al analizar los manifiestos de cargas anteriores del usuario se evidenciaron diferencias en cuanto a los códigos y manera de individualizar las mismas mercancías, pues antes usaba el código M y ahora el código P. Precisó, que la carga venía directamente del puerto.

Reconoció como el Z aludido el documento exhibido por el acusador, indicando que fue presentado por doña Mirta Fuenzalida como representante de la Importadora Mi Casa, quien se apersonó como tal firmando el documento, identificando como tal persona a la acusada Fuenzalida Rivera.

Aseveró que la carga traía los sellos en buenas condiciones, constatando que se trataba de cajas en cuyo exterior se indicaba que eran pastas dentales, las que ingresaron al territorio chileno desde su manifestación, en este caso con el manifiesto 230 de 5 de octubre de 2006, lo que consta en el reverso del original del Z 40.651, que ostenta el timbre del servicio.

En las fotografías que le exhibió el acusador reconoció el contenedor y su carga, junto a las pastas dentales que contenía.

Reconoció en la evidencia signada D 5, los tres tubos o pomos revisados por ella al momento de la fiscalización, de 90,120 y 150 gramos, confirmando la cadena de custodia.

Señaló que las cantidades declaradas coincidían con diferencias en algunos ítems, realizando el aforo y liquidación de derechos, reconociendo como tal el documento signado B) 3, que tuvo a la vista, que no señala data, pero que efectuó el 6 de octubre de 2006, arrojando las mercaderías un valor aduanero de $88.505.130, un perjuicio para el fisco de $23.135.241 correspondiente a derechos que dejó de percibir, y ello, porque durante la tramitación aduanera rige el principio de buena fe, entendiendo que los interesados suscriben la documentación en base a los antecedentes que tienen, pero cuando se detecta un ilícito, se pierde la buena fe y las mercancías se someten al régimen general de derechos, calculándose los eludidos, siendo la infracción en este caso haber declarado mercancías que no venían y haber recibido otras, tratándose de un declaración maliciosa.

Agregó que en la especie, se trataba de mercancías que necesitaban autorización del Servicio de Salud antes de salir del puerto y previo ingreso a la Zona Franca, la que debía consignarse en el Z, señalando en un primer momento que este tramitación fue normal, y al exhibirle el documento rectificó indicando que era anticipado, sosteniendo que el trámite de autorización debe constar en el detalle de las mercancías, pero en este caso no lo tenía, autorización que debía obtenerse independientemente de su destino dentro o fuera del país. Precisó que la autorización sanitaria era necesaria para el traslado desde el puerto a la zona franca, y según tiene entendido, requería otra autorización para la venta.

Respondió a los querellantes que el Z es una declaración del usuario Zofri en la que debe indicar el tipo de trámite, la ubicación, el detalle con indicación del código arancelario y consignar las autorizaciones correspondientes, y que el aforo físico consiste en la revisión en un solo acto de las mercancías y de sus documentos de respaldo para verificar su correspondencia y el cumplimiento de de todos sus requisitos para el ingreso, indicando que sólo se revisa el 2% de los Z. Agregó, que en la valoración se establece el valor aduanero teniendo en cuenta la clasificación arancelaria, en este caso 3503 para las pastas dentales, tasando cada unidad de acuerdo a su tamaño, Dijo, que tal mercancía no tenía respaldo documental, y que las 190.000 unidades excedían el uso o consumo de un pasajero o viajero.

Respondió a la defensa de Ceballos, que la mercancía venía del recinto portuario, y de acuerdo al BL de China, desconociendo su origen.

Contra interrogada por la defensa de Mirta Fuenzalida reiteró que la carga se manifestó con el manifiesto de carga N° 230, que es un documento que presentan todas las naves y aeronaves, donde detallan las mercancías que traen consignadas, y no se practicó el aforo físico en el barco, porque se hizo un trabajo de inteligencia respecto a alertar al Servicio de Impuestos Internos sobre la denuncia de ingreso de mercancías falsificadas y adulteradas. Señaló que el Servicio de Aduanas tiene el control de todas las mercancías que ingresan al país y ejerce sus atribuciones de frontera en diferentes formas, entre ellas, a través de la oficina en el puerto. Dijo, que el manifiesto de la carga se presenta por la empresa naviera que agencia el barco, la que puede ser redestinada no ingresando al territorio nacional y en tal caso no está gravada con impuestos, y que para confeccionar el Z se requiere la factura comercial, el conocimiento de embarque o BL, las autorizaciones del SAG, Servicio de Salud, Ley Control de Armas, según corresponda, debiendo suscribirse el documento único portuario de recepción de mercaderías. Aseveró, que tanto el invoice como el BL del Z, indicaban pegamento.

Dijo, que la normativa sobre auto denuncio está contenida en el Manual de Ingreso Zofri, Resolución 74, explicando que la autodenuncia es el documento por medio del cual el usuario Zofri puede aclarar diferentes datos omitidas, para lo cual tiene un plazo, no autorizándose respecto del campo del consignatario, desconociendo si en este caso se presentó una.

Expresó que practicó el aforo tanto para ingresar la mercancía a tal recinto a al barrio industrial; que las mercancías pueden ser vendidas entre usuarios, con declaración de salida a módulo, con reexpedición a otro país o a otra zona franca, pagando impuesto sólo la solicitud de registro de factura y la factura de importación; que todo puede ser aclarado.

Respondió al tribunal que en este caso las mercancías no estaban amparadas por un seguro, porque cuando así sucede se comunica a la aseguradora respectiva la realización del aforo; que las mercaderías van asociadas al código arancelario, y éste detalla todas las mercancías y documentos.

2.- Don Antonio Marino Maldonado, quien bajo el interrogatorio del fiscal expresó que como secretario regional ministerial de salud, y en virtud de la facultad fiscalizadora, frente a la denuncia de un particular efectuada el 26 de septiembre de 2006, sobre la venta de pastas de dientes en el terminal agropecuario de esta ciudad, constató que la que le fue presentaba no contaba con la autorización del Instituto de Salud Pública, el que tiene a su cargo la protección sanitaria, por lo que a través de la prensa se alertó a la población al respecto, y no obstante la investigación realizada no se obtuvo resultado por tratarse de venta clandestina que impidió llegar al origen. Agregó, que unos 7 días después, el Director Regional de Aduanas le comunicó la presencia de un container con pastas dentales, anunciadas como partida de pegamento, que no cumplían con la legislación vigente, al no haberse obtenido el certificado de destinación aduanera. Dijo, que verificó el 6 de octubre de 2006, que se trataba de pastas dentales similares a una de marca conocida, indicando Coolmate, variando sólo en una letra, la que no contaba con autorización del ISP.

Señaló que antes de la llegada de la carga, el importador debe obtener y llenar el formulario indicando el transporte y el sitio de depósito autorizado, y una vez que se paga el arancel correspondiente, se permite el movimiento vigilado desde el puerto al sitio autorizado, para después someterlo al ISP en caso de venta y consumo dentro del país. En caso contrario, sólo se exige el certificado ya aludido y se sigue la pista de la carga hasta su salida del país.

Dijo, que el 3 de enero de 2007 Mi Casa S.A. pidió autorización, indicando que no hay registros autorizados anteriores, y sólo tiene dos o tres importaciones de pegamentos. Precisó que si el importador saca las mercancías del puerto sin obtener el certificado comete infracción al Código Sanitario, pudiendo constituir una infracción sanitaria sancionable con una multa de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales, o un delito denunciable ante la fiscalía, y en ambos casos la mercancía debe ser destruida.

Puesto ante su declaración de 12 de febrero de 2007, aclara que le nombre del dentífrico era “Coolmate”.

Respondió a los defensores que desde el 3 de enero de 2007, la importadora Mi Casa cuenta con un recinto habilitado para cosméticos y alimentos, y que al referirse al arancel señala que se refiere al certificado respecto de cosméticos, productos farmacéuticos y alimentos; que no hizo una denuncia formal, sólo en forma pública.
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