Para la reforma parcial al decreto con fuerza de ley orgánica de los espacios acuáticos e insulares




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HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1, numeral 3, literal c) de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.076 de fecha 13 de noviembre de 2000, en Consejo de Ministros,

DICTA

el siguiente,

DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES

 

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Este Decreto-Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la soberanía, jurisdicción y control sobre los espacios acuáticos e insulares de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al Derecho Interno e Internacional.

Artículo 2°. Los espacios acuáticos de la República comprenden todas las áreas marítimas, fluviales y lacustres del Espacio Geográfico Nacional.

Artículo 3°. Son intereses acuáticos, aquellos relativos a la utilización y el aprovechamiento sustentable de los espacios acuáticos de la Nación. Los mismos se derivan de los intereses nacionales.

Artículo 4°. Las políticas acuáticas consisten en la definición de las potencialidades acuáticas del país y el diseño de las estrategias de desarrollo sustentable de la nación, con el fin de alcanzar los objetivos acuáticos del Estado mediante la utilización de recursos políticos, económicos, humanos y tecnológicos, entre otros.

Artículo 5°. El Estado debe preservar el mejor uso de los Espacios Acuáticos e Insulares de acuerdo a sus potencialidades y a las estrategias institucionales, económicas y sociales del país, para garantizar un desarrollo sustentable. Estas políticas y las referentes a los espacios insulares, estarán dirigidas a garantizar, entre otros aspectos:

1. El imperio de la ley, vigilancia y control para reprimir la actividad ilícita.

2. El poblamiento armónico del territorio insular y las costas marítimas, y los ejes fluviales y espacios lacustres.

3. La seguridad social de la gente de mar.

4. La seguridad de la vida humana y la prestación de auxilio.

5. La preservación del patrimonio arqueológico y cultural acuático y subacuático.

6. El desarrollo de la marina nacional.

7. El desarrollo, regulación, promoción, control y consolidación de la industria naval.

8. El desarrollo, regulación, promoción y control de la industria turística.

9. El desarrollo, regulación, promoción y control de la actividad científica y de investigación.

10. El desarrollo, regulación, promoción y control de los deportes náuticos.

11. El desarrollo, regulación, promoción y control de las actividades económicas, en los espacios acuáticos.

12. El desarrollo, regulación, promoción y control de los asuntos navieros y portuarios del Estado.

13. El disfrute de las libertades de comunicación internacional, de emplazamiento y uso de instalaciones, de la pesca y la investigación científica en la Alta Mar.

14. La cooperación con la comunidad internacional para la conservación de especies migratorias y asociadas en la Alta Mar.

15. La exploración y explotación sustentable, de los recursos naturales en el Gran Caribe y los océanos, en especial en el Atlántico y el Pacífico.

16. La participación, conjuntamente con la comunidad internacional, en la exploración y aprovechamiento de los recursos naturales, en la distribución equitativa de los beneficios que se obtengan y el control de la producción de la Zona Internacional de los Fondos Marítimos y la Alta Mar.

17. La protección, conservación, exploración y explotación, de manera sustentable, de las fuentes de energía, así como de los recursos naturales, los recursos genéticos, los de las especies migratorias y sus productos derivados.

18. La investigación, conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

19. El desarrollo de las flotas pesqueras de altura y las artesanales.

20. La seguridad de los bienes transportados por agua.

21. La promoción del transporte de personas y bienes y el desarrollo de mercados.

22. La preservación de las fuentes de agua dulce.

23. La preservación del medio acuático contra los riesgos y daños de contaminación.

24. La protección, conservación y uso sustentable de los cuerpos de agua.

25. El disfrute de las libertades consagradas en el Derecho Internacional.

26. La cooperación en el mantenimiento de la paz y del orden legal internacional.

27. La cooperación internacional derivada de las normas estatuidas en las diversas organizaciones, de las cuales la República sea parte.

28. La participación en los beneficios incluidos en acuerdos y convenios con relación al desarrollo, transferencia de tecnología para la exploración, explotación, conservación y administración de recursos, protección y preservación del medio marino, la investigación científica y otras actividades conexas.

29. La promoción de la integración, en especial la latinoamericana, iberoamericana y del Caribe.

30. La promoción de la no proliferación nuclear en el Caribe.

31. Otras que sean contempladas en los planes de desarrollo nacional.

Artículo 6°. Es competencia del Estado, la ejecución de labores hidrográficas, oceanográficas, meteorológicas, de dragado, de señalización acuática y otras ayudas a la navegación, así como la cartografía náutica, todo ello sin perjuicio de la participación de entes privados, siempre bajo la supervisión del Estado. El Estado también garantizará la coordinación de estas actividades con los organismos internacionales especializados en la materia.

Artículo 7°. Se declaran de interés público y de carácter estratégico todo lo relacionado con los espacios acuáticos, especialmente el transporte marítimo nacional e internacional de bienes y personas y en general, todas las actividades inherentes y conexas, relacionadas con la actividad marítima y naviera nacional.

Artículo 8°. El Estado adoptará las medidas necesarias en materia de defensa y de seguridad nacional en sus espacios acuáticos e insulares, para proteger los intereses de la República.

TITULO II

DE LOS ESPACIOS FLUVIALES Y LACUSTRES

Artículo 9°. El Estado asegurará la ordenación y la explotación sustentable de los recursos hídricos y de la biodiversidad asociada de sus espacios acuáticos.

La promoción, investigación científica, ejecución y control de la catalogación de los recursos naturales, la navegación y otros usos de los recursos, así como todas las actividades relacionadas con la ordenación y su aprovechamiento sustentable, serán reguladas por la ley.

El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en cuanto a las cuencas hidrográficas transfronterizas y los cursos de agua contiguos y sucesivos, así como el aprovechamiento de sus recursos y protección de sus ecosistemas, especialmente con los países limítrofes, salvaguardando los derechos e intereses legítimos del Estado.

TITULO III

DEL MAR TERRITORIAL

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículo 10. La soberanía nacional en el mar territorial se ejerce sobre el espacio aéreo, las aguas, el suelo y subsuelo, y sobre los recursos que en ellos se encuentren.

Artículo 11. El mar territorial tiene, a todo lo largo de las costas continentales e insulares de la República una anchura de doce millas náuticas (12 MN) y se medirá ordinariamente a partir de la línea de más baja marea, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala publicadas oficialmente por el Ejecutivo Nacional o a partir de las líneas de base establecidas en este Decreto-Ley.

Artículo 12. Cuando las circunstancias impongan un régimen especial debido a la configuración de la costa, a la existencia de islas, o cuando intereses propios de una región determinada lo justifiquen, la medición se hará a partir de las líneas de base recta que unan los puntos apropiados a ser definidos por el Estado. Las aguas comprendidas dentro de las líneas de base recta son aguas interiores integrantes del territorio nacional.

El Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto, fijará tales líneas de base recta, las cuales se harán constar en las cartas náuticas oficiales.

Artículo 13. En los ríos que desembocan directamente en el mar, la línea de base será una línea recta trazada a través de la desembocadura entre los puntos de la línea de más baja marea de sus orillas.

Artículo 14. La línea de base en las bahías, incluyendo las bahías históricas, es una línea de cierre que une los puntos apropiados de entrada de dichas bahías, en la línea de más baja marea de sus orillas.

Artículo 15. En los casos en que, por la existencia de un delta o de otros accidentes naturales, la línea de la costa sea muy inestable, los puntos apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de bajamar más alejada mar afuera y aunque la línea de bajamar retroceda ulteriormente, las líneas de base recta seguirán vigentes, salvo que sean modificadas por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 16. Las construcciones portuarias permanentes más alejadas de la costa que formen parte integrante del sistema portuario, son parte de ésta y servirán de línea de base para medir la anchura del mar territorial.

Artículo 17. Cuando una elevación que emerja en la más baja marea esté total o parcialmente a una distancia del territorio continental o insular nacional que no exceda de la anchura del mar territorial, la línea de más baja marea de esta elevación será utilizada como línea de base recta para medir la anchura del mar territorial.

CAPITULO II

DEL PASO INOCENTE

Artículo 18. Los buques extranjeros gozan del derecho de paso inocente por el mar territorial de la República. Por paso inocente se entiende:

1. La navegación por el mar territorial con el fin de atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores o hacer escala en una parte del sistema portuario.

2. Penetrar en las aguas interiores o puertos de la República o salir de ellos.

Artículo 19. El paso será considerado inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad de la República. Se considerará que el paso es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad de la República si el buque extranjero, realiza alguna de las siguientes actividades:

1. Amenazas o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República o que de cualquier otra forma viole los principios de Derecho Interno e Internacional enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.

2. Ejercicios o prácticas con armas de cualquier clase.

3. Actos destinados a obtener información en perjuicio de la defensa o la seguridad de la República.

4. Actos de propaganda destinado a atentar contra la defensa o la seguridad de la República.

5. El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves.

6. El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares.

7. El embarque o desembarque de cualquier producto, dinero o persona en contravención de la ley.

8. Actos o hechos que impliquen cualquier acción contaminante.

9. Actividades de pesca ilícitas.

10. La realización de actividades de investigación o levantamientos hidrográficos.

11. Actos dirigidos a perturbar los sistemas de comunicaciones o cualesquiera otros servicios e instalaciones de la República.

12. Cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso inocente.

Artículo 20. La República tomará medidas en su mar territorial para impedir todo paso que no sea inocente.

En caso de los buques que se dirijan hacia aguas interiores, o a recalar en una instalación portuaria, la República tomará las medidas necesarias para impedir cualquier incumplimiento de las condiciones a que esté sujeta la admisión de buques.

Artículo 21. El paso inocente será rápido e ininterrumpido. Sólo se permitirá detenerse o fondearse, en la medida que tales hechos constituyan incidentes normales de la navegación, o vengan exigidos por fuerza mayor o grave dificultad o se realicen con el fin de prestar auxilio a personas y buques o aeronaves en peligro. Los buques de pesca extranjeros deberán durante su paso guardar los aparejos, equipos y demás utensilios de pesca, o recogerlos en una forma que impidan su utilización.

Artículo 22. Se prohíbe la entrada de buques al mar territorial, aguas interiores o puertos venezolanos, si lleva a bordo armas nucleares, armas químicas o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva, así mismo si transporta estas o sus municiones o cualesquiera otras mercancías o productos expresamente prohibidas.

Los buques extranjeros de propulsión nuclear podrán entrar en las instalaciones portuarias previa aprobación del Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de la Defensa, la cual debe solicitarse con por lo menos treinta (30) días antes de la fecha de ingreso. Estos deberán portar los documentos establecidos por acuerdos internacionales para dichos buques y la carga que transportan y observarán las medidas especiales y precauciones establecidas en dichos acuerdos y en las regulaciones nacionales.

Artículo 23. Cuando sea necesario, en función de la seguridad de la navegación, el Ejecutivo Nacional, demarcará y exigirá en su mar territorial, la utilización de vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico marítimo para la regulación del paso de los buques, así como un sistema de notificación de la posición de buques. Igualmente, se podrán establecer vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico marítimo especiales para los buques de guerra extranjeros o buques especiales por su naturaleza, o de su carga, que naveguen en el mar territorial o las aguas interiores. Las vías marítimas y los dispositivos de separación del tráfico serán indicados en las cartas náuticas respectivas.

Artículo 24. El Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto, podrá ordenar el establecimiento de zonas de jurisdicción de vigilancia exclusiva en los espacios acuáticos, cuando los intereses de la República así lo exijan. En dichas zonas, el Estado ejercerá poderes para identificar, visitar y detener a personas, buques, naves y aeronaves, sobre las cuales existan sospechas razonables de que pudieren poner en peligro el orden público en los espacios acuáticos. Quedará a salvo el derecho de paso inocente, cuando sea aplicable.

Artículo 25. El Ejecutivo Nacional podrá suspender temporalmente el derecho de paso inocente a los buques extranjeros, en determinadas áreas de su mar territorial por razones de seguridad y defensa del Estado.

Artículo 26. La jurisdicción penal venezolana no será aplicable a las infracciones cometidas a bordo de buques extranjeros durante su paso por el mar territorial, salvo que:

1. Las consecuencias de la infracción se extiendan al territorio de la República.

2. La infracción altere la paz de la Nación o el buen orden en el mar territorial.

3. El Capitán del buque, el agente diplomático o consular del Estado del pabellón del buque, hayan solicitado la asistencia de las autoridades nacionales competentes.

4. Esa jurisdicción sea necesaria con el fin de combatir el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de blancas, tráfico de órganos y cualquier otro delito de lesa humanidad.

Estas disposiciones no limitarán la aplicación de la jurisdicción penal sí el buque extranjero atraviesa el mar territorial luego de abandonar las aguas interiores.
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