Para la reforma parcial al decreto con fuerza de ley orgánica de los espacios acuáticos e insulares




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Artículo 96. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, para el cumplimiento de los fines previstos en él Articulo 93 de esta ley, no puede comprometer más del setenta y cinco por ciento (75%) de los recursos del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos.

Artículo 97. La gestión del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos está a cargo de una Unidad Técnica y una Administrativa, cuyos miembros serán designados por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y sus operaciones están subordinadas a éste.

Artículo 98. El Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos ejercerá la representación del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos y la suscripción de todos los actos, contratos, convenios y mandatos que éste debe realizar o celebrar, previa autorización del Consejo Directivo.

Artículo 99. Constituyen recursos del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos:

1. Los aportes provenientes del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

2. Los ingresos generados del producto de su gestión.

3. Los aportes provenientes de la alícuota calculada en razón del arqueo bruto de los buques nacionales y extranjeros que efectúen tránsito internacional y los buques de bandera extranjera que por vía de excepción realicen tráfico de cabotaje.

4. El aporte correspondiente a una porción de las tarifas, tasas y derechos por servicio de uso de canales, señalización acuática, pilotaje, remolcadores y lanchaje, concesiones, habilitaciones y autorizaciones, de puertos, dependientes del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

5. Los aportes provenientes de los entes administradores portuarios.

6. Los ingresos provenientes de donaciones, legados y transferencia de recursos efectuados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

7. Cualquier otro aporte o ingreso que se le asigne por ley.

Artículo 100. La alícuota a que se refiere él articulo 99, numeral 3 del presente Decreto Ley, será calculada en razón del arqueo bruto de los buques, nacionales o extranjeros, que efectúen tráfico internacional y los buques de bandera extranjera que por vía de excepción realicen cabotaje. Esta alícuota será pagada directamente por el armador, operador o agente, cada vez que arriben a puerto, conforme a la siguiente escala no acumulativa:

1. Los buques de arqueo bruto inferior o igual a quinientas unidades (500 AB), pagarán una unidad tributaria (1 UT)

2. Los buques de arqueo bruto entre quinientas una unidades (501 AB) y cinco mil (5.000 AB), pagarán cuarenta y cinco diez milésimas de unidad tributaria (0,0045 UT) por cada unidad de arqueo bruto,

3. Los buques de arqueo bruto entre cinco mil una unidades (5.001 AB) y veinte mil unidades (20.000 AB), pagarán cuarenta diez milésimas de unidad tributaria (0,0040 UT) por cada unidad de arqueo bruto,

4. Los buques de arqueo bruto entre veinte mil una unidades (20.001 AB) y cuarenta mil unidades (40.000 AB), pagarán treinta y cinco diez milésimas de unidad tributaria (0,0035 UT) por cada unidad de arqueo bruto,

5. Los buques de arqueo bruto mayor de cuarenta mil unidades (40.000 AB), pagarán treinta diez milésimas de unidad tributaria (0,0030 UT) por cada unidad de arqueo bruto.

El pago de la alícuota, prevista en este artículo, es requisito indispensable para la autorización del zarpe del buque. Los buques inscritos en Registro Naval Venezolano pagarán cincuenta por ciento (50%) de la alícuota correspondiente cuando realicen tráfico internacional. Esta rebaja se aplicará hasta por el mismo porcentaje, a aquellos buques de bandera extranjera bajo el principio de reciprocidad conforme a la ley.

El Ejecutivo Nacional, mediante decreto podrá modificar las alícuotas antes mencionadas.

Artículo 101. A los efectos del presente Decreto-Ley, el arqueo bruto se verificará mediante el Certificado Internacional de Arqueo.

Artículo 102. Los aportes establecidos en el artículo 99, numeral 4 del presente Decreto-Ley, por los organismos correspondientes, se calcularán sobre la base de los siguientes parámetros:

1. Dos por ciento (2%) de la recaudación por el servicio de uso de canales,

2. Dos por ciento (2%) de la recaudación por el servicio de la señalización acuática,

3. Diez por ciento (10%) de los ingresos recaudados por la concesión del servicio de remolcadores,

4. Diez por ciento (10%) de los ingresos recaudados por la concesión del servicio de lanchaje,

5. Veinte por ciento (20%) de los ingresos recaudados por la concesión del servicio de pilotaje,

6. Diez por ciento (10%) de los ingresos recaudados por las concesiones, habilitaciones y autorizaciones, correspondientes a los derechos que se establezcan en los contratos de concesiones, habilitaciones y autorizaciones, de puertos públicos de uso público y privado dependientes del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos.

7. Uno por ciento (1%) de los ingresos brutos correspondientes a los entes administradores portuarios.

El Ejecutivo Nacional, mediante decreto podrá modificar los aportes antes mencionados.

Artículo 103. Los aportes señalados en él artículo anterior serán liquidados trimestralmente por los entes recaudadores.

Artículo 104. Los recursos del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos señalados en el presente Decreto-Ley, serán colocados en una Institución Financiera regida por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, en cuenta especial y bajo la denominación del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos, cuya movilización corresponde al Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos conjuntamente con una de las firmas autorizadas al efecto por su Consejo Directivo.

Artículo 105. Los financiamientos previstos en el presente Decreto-Ley podrán otorgarse por un periodo de hasta siete (7) años.

Artículo 106. Los recursos del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos serán administrados conforme a las políticas y criterios determinados por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y no formarán parte del patrimonio de éste.

Artículo 107. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, contra el pago correspondiente proveerá los servicios, bienes, personal y demás facilidades necesarias para el funcionamiento del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos.

Artículo 108. La contabilidad del Fondo de Desarrollo constara en el balance general, en el estado de ingresos y egresos y, en su caso, en el flujo de efectivo llevado al efecto por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos en cuentas separadas.

El control sobre la utilización de los recursos del Fondo de Desarrollo será reflejado en los registros contables llevados por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

Los Estados Financieros del Fondo serán auditados anualmente por una firma de auditores independientes quienes emitirán la opinión correspondiente.

TITULO XVI

DE LA JURISDICCION ESPECIAL ACUATICA Y LAS ACTIVIDADES CONEXAS

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículo 109. Se crean tres (3) Tribunales Superiores Marítimos con jurisdicción sobre todo el espacio acuático nacional y sobre los buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, independientemente de la jurisdicción de las aguas donde se encuentren.

El Tribunal Superior Marítimo es un tribunal unipersonal, el juez deberá ser abogado, venezolano, mayor de treinta años, de reconocida honorabilidad y competencia. Será condición preferente para su escogencia poseer especialización en Derecho Marítimo, Derecho de la Navegación y Comercio Exterior o su equivalente, ser docente de nivel superior en esta rama o haber ejercido la abogacía por más de diez (10) años en el mismo campo.

Artículo 110. Se crean los Tribunales de Primera Instancia Marítimos. Dichos tribunales serán unipersonales.

Para ser designado juez de un tribunal marítimo se requerirá ser abogado, venezolano, mayor de treinta (30) años de edad, de reconocida honorabilidad y competencia. Será condición preferente para su escogencia poseer especialización en Derecho Marítimo, Derecho de la Navegación y Comercio Exterior o su equivalente, ser docente de nivel superior en esta rama o haber ejercido la abogacía por mas de cinco (5) años en el mismo campo.

Artículo 111. La designación de los respectivos magistrados y jueces titulares, suplentes y demás funcionarios y empleados, y en general todo lo relativo a su organización y funcionamiento, se regirá por las pertinentes disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Carrera Judicial.

CAPITULO II

DE LA COMPETENCIA

Artículo 112. Los Tribunales Superiores Marítimos son competentes para conocer:

1. De las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas, en primera instancia, por los Tribunales Marítimos.

2. De los conflictos de competencias que surjan entre tribunales cuyas decisiones pueda conocer en apelación y entre estos y otros tribunales distintos cuando el conflicto se refiera a materias atribuidas a los tribunales marítimos.

3. De los recursos de hecho intentados contra las decisiones relativas a la admisibilidad de la apelación en causas cuyo conocimiento le corresponda en segunda instancia.

4. De cualquier otro recurso o acción que le atribuya la ley que regula la materia.

De las decisiones que dicten los tribunales superiores marítimos podrá interponerse recurso de casación dentro del término de cinco (5) días ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 113. Los Tribunales Marítimos de Primera Instancia, son competentes para conocer:

1. De las controversias que surjan de los actos civiles y mercantiles relativos al comercio y tráfico marítimo, así como las relacionadas a la actividad marítimo portuaria, y las que se sucedan mediante el uso del transporte multimodal con ocasión del comercio marítimo.

2. De las acciones dirigidas contra el buque, su Capitán, su armador, o su representante, cuando aquel haya sido objeto de medida cautelar o embargo preventivo.

3. De los casos que involucren a más de un buque y que alguno fuere de matrícula nacional, o cuando resulte aplicable la legislación nacional en virtud del contrato o de la ley, o cuando se trate de buques extranjeros que se encuentre en aguas jurisdiccionales de la Republica.

4. De los procedimientos de ejecución de hipotecas navales, y de las acciones para el reclamo de privilegios marítimos.

5. De la ejecución de sentencias extranjeras, previo al exequátur correspondiente.

6. De la ejecución de laudos arbítrales y resoluciones relacionadas con causas marítimas.

7. De juicios concursales de limitación de responsabilidad de propietarios o armadores de buques.

8. De las acciones derivadas con ocasión de la avería gruesa.

9. De las acciones derivadas con ocasión de los servicios de pilotaje, remolques, lanchaje, señalización acuática, labores hidrográficas, meteorológicas, oceanográficas, la cartografía náutica y la canalización y mantenimiento de las vías navegables.

10. De las acciones que se propongan con ocasión del manejo de contenedores, mercancías, materiales, provisiones, combustibles y equipos suministrados o servicios prestados al buque para su explotación, gestión, conservación o mantenimiento.

11. De las acciones que se propongan con ocasión de la construcción, reparación, modificación o desguace de buques.

12. De las acciones que se propongan con ocasión de primas de seguro, incluidas las cotizaciones de seguro mutuo, pagaderas por el propietario del buque o el arrendatario a casco desnudo, o por cuenta, en relación con el buque.

13. De las acciones relativas a comisiones, corretajes u honorarios de agencias navieras pagaderos por el propietario del buque o el arrendatario a casco desnudo, por su cuenta, en relación con el buque.

14. De controversia a la propiedad o a la posesión del buque, así como de su utilización o del producto de su explotación.

15. De las acciones derivadas del uso de los diversos medios y modos de transporte utilizados con ocasión del comercio marítimo.

16. De las hipotecas o gravámenes que pesen sobre el buque.

17. De las acciones derivadas de hechos ilícitos con ocasión de actividades efectuadas en los espacios acuáticos nacionales.

18. De cualquier otra acción, medida o controversia en materia regulada por la ley.

CAPITULO III

DE LAS ACTIVIDADES CONEXAS

Artículo 114. El Registro Naval Venezolano para buques, será llevado localmente, en todo lo atinente a su circunscripción, en cada una de las Capitanías de Puerto; la ley respectiva regulará todo lo referente a este registro.

Artículo 115. La industria naval está conformada por los astilleros, fábricas de embarcaciones, talleres navales, industria auxiliar de apoyo y empresas consultoras navales; la ley respectiva regulará todo lo referente a la industria naval.

Los entes de la industria naval deberán cumplir los requisitos de registro y control que al efecto establezca la ley respectiva.

Artículo 116. El Estado fomentará y desarrollará la modalidad de educación náutica, la cual incluye a todas las actividades inherentes y conexas a los espacios acuáticos, abarcando todos los niveles del Sistema Educativo Venezolano y establecerá las directrices y bases de esta, como un proceso integral que impulse la vocación acuática.

Los entes dedicados a la modalidad de educación náutica, en todos los niveles del Sistema Educativo Venezolano deberán cumplir los requisitos de registro, control y las directrices que al efecto establezca la ley respectiva.

El Ejecutivo Nacional queda facultado para adecuar la modalidad de educación náutica a las características de crecimiento regional y nacional.

Artículo 117. Los servicios de pilotaje, remolcadores y lanchaje, constituyen servicios públicos, los cuales podrán ser otorgados en concesión por el Estado, de conformidad con la ley.

Artículo 118. Los servicios de búsqueda y salvamento acuático serán prestados por el Estado a través del Ministerio de Infraestructura.

El Ministerio de Infraestructura deberá coordinar la participación en el Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento; de Defensa Civil, Búsqueda y Salvamento Aéreo y demás Autoridades nacionales y regionales y de las organizaciones certificadas para ello, según el reglamento respectivo.

La Ley determinará los casos en los cuales el Estado podrá cobrar por la prestación del servicio de salvamento de bienes, en los términos y condiciones establecidos en las Convenciones Internacionales.

Artículo 119. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos mantendrá actualizados los planes de contingencia en materia ambiental, tanto nacionales e internacionales; en especial el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos; en los mismos se establecerán los mecanismos de coordinación.

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos coordinará todo lo referente al Convenio del Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos.

Artículo 120. Son servicios públicos: la señalización acuática, las labores hidrográficas, meteorológicas, oceanográficas, la cartografía náutica y la canalización y mantenimiento de las vías navegables. La organización, funciones y demás aspectos relacionados con estos servicios, serán establecidos en la ley.

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos supervisará o coordinará, según el caso, todos los servicios previstos en éste artículo, en los términos establecidos en la ley.
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