Y. (Boe 11/1979, de 12 de enero). De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar: Artículo 1




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Gestión del medio natural Parques Nacionales

LEY 91/1978, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA1, y .

(BOE 11/1979, de 12 de enero).

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:

Artículo 1. Finalidad.

1. Es finalidad de esta Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial para el Parque Nacional de Doñana y su reclasificación como tal, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos2.

2. Dicho régimen jurídico especial se orienta a proteger la integridad de la gea, fauna, flora, aguas y atmósfera y en definitiva del conjunto de los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana, así como sus valores histórico-artísticos, y a promover la investigación y la utilización en orden a la enseñanza y disfrute del Parque Nacional, en razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico. Las medidas de conservación se extienden asimismo a las aguas subterráneas y al mar litoral, salvaguardando las competencias del Ministerio de Defensa y especialmente las que se contemplan en la Ley de Costas, de 26 de abril de 19693.

Artículo 2. Ambito territorial.

1 Los linderos del Parque Nacional de Doñana, así como los de las zonas exteriores sometidas a protección especial que se establecen, son los que se especifican en el anexo de esta Ley.

2. No obstante, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, podrá incorporar al Parque Nacional de Doñana otros terrenos colindantes con el mismo, que reúnan características adecuadas para ello, en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que sean de la propiedad del Estado o de alguno de sus Organismos.

b) Que sean expropiados con esta finalidad.

c) Que sean aportados por sus propietarios a tal efecto.

3. El Gobierno deberá adoptar las medidas y habilitar los medios necesarios para que los terrenos incluidos en el Parque Nacional de Doñana, cuyos propietarios no suscriban los correspondientes acuerdos respecto a las limitaciones que sean indemnizables, pasen a ser propiedad del Estado. Asimismo, y sin perjuicio de aplicar la expropiación forzosa cuando fuera preciso, se podrán autorizar permutas de terrenos propiedad del Estado o de otros Organismos públicos por otros situados en el interior del Parque o en su periferia, previo informe del Patronato.

4. Los terrenos incluidos en el Parque Nacional quedan clasificados, a todos los efectos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial.

Artículo 3. Zonas de protección o Preparque.

El entorno natural de este Parque quedará sometido a las limitaciones precisas que requiera la conservación del mismo, en la forma y con los efectos previstos en la legislación correspondiente en cuanto al ordenamiento de las comunicaciones, explotaciones agrícolas, urbanismo y cualquier otra actividad.

1. En cuanto a las zonas terrestres de protección especial previstas en el artículo 2 de esta Ley, su destino se limitará al uso agrario y actividades compatibles con las finalidades del Parque Nacional. A estos efectos, el Ministerio de Agricultura, previo informe del Patronato, regulará en ellos el uso de pesticidas, abonos y, en general, de todos aquellos productos que puedan resultar nocivos para el Parque Nacional.

2. Se consideran como zonas de influencia, a efectos de las aguas superficiales, las cuencas del río Guadiamar y las de los ríos y arroyos situados en la margen derecha del Guadalquivir y, dentro de la cuenca hidrográfica de éste, entre el Guadiamar y el océano Atlántico.

A efectos de las aguas subterráneas se consideran como zonas de protección la zona número 1, definida en el Decreto 735/1971, de 3 de abril4 (la totalidad de los terrenos municipales de Almonte, Rociana, Hinojos, Villamanrique de la Condesa, Pilas y Aznalcázar) y los términos municipales de Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera.

En dichas zonas y cuencas vertientes, y para todas aquellas actuaciones que puedan modificar la cantidad o calidad de las aguas subterráneas o superficiales aportadas al Parque Nacional, será preceptivo un informe del Patronato del mismo, a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Administración por el referido Decreto 735/19715 y por la vigente Ley de Aguas6.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, y previa iniciativa del Patronato, podrá limitar o suspender cualquier actividad que pueda afectar a la cantidad o calidad de las aguas del Parque Nacional. Dicha limitación o suspensión tendrá carácter provisional y se mantendrá hasta tanto se adopten las correcciones oportunas.

3. En todo caso las medidas protectoras contenidas en los dos apartados anteriores serán compensadas con una política de mantenimiento y promoción del empleo en la comarca.

Artículo 4. Plan Rector de Uso y Gestión.

1. En el plazo máximo de un año, a partir de la promulgación de la presente Ley, el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, confeccionará un Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana, que será sometido a información pública, y previa aprobación provisional del Patronato, será elevado al Gobierno para su aprobación definitiva7.

Dicho Plan Rector, que tendrá una vigencia mínima de cuatro años8, incluirá las directrices generales de ordenación y uso del Parque Nacional, así como las normas de gestión y las actuaciones necesarias para la conservación y protección de sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación, interpretación de los fenómenos de la Naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute por los visitantes. Contendrá también:

a) La zonificación del Parque Nacional, delimitando áreas de diferente utilización y destino, entre las que se incluirán las reservas científicas, sean integrales o dirigidas. A estos efectos son reservas científicas aquellos espacios naturales que por su especial valor científico merezcan ser protegidos, conservados o mejorados, evitando cualquier acción que pueda entrañar destrucción, deterioro, transformación, perturbación o desfiguración de lugares o comunidades biológicas. La utilización de estas reservas se supeditará a las necesidades de su conservación y a los fines científicos y de investigación que hayan motivado su delimitación.

Se dedicarán a tal finalidad las superficies expresamente definidas como tales en el anexo.

A propuesta del Director de la Estación Biológica se podrán establecer reservas científicas por un período de tiempo determinado.

Las reservas científicas, a los efectos de investigación científica, dependerán del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Director de la Estación Biológica de Doñana, quien coordinará todos los programas de investigación a desarrollar en el Parque Nacional. Toda intervención en el interior de las reservas científicas se realizará de conformidad con el Director de la Estación Biológica.

b) Las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales del Parque Nacional, con excepción de aquellas actividades que se consideren necesarias para mantenerlo en su situación actual.

c) Las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios biológicos existentes.

2. El ICONA gestionará la colaboración de otros Organismos públicos nacionales y opcionalmente, y en la medida en que sea posible, la de los Organismos privados nacionales e internacionales, ya sean gubernamentales o no, para el mejor cumplimiento de los fines del Parque Nacional de Doñana.

Los Organismos públicos deberán prestar la colaboración técnica que de ellos sea solicitada, conforme a lo dispuesto en este artículo.

3. Todo proyecto de obras, trabajos o aprovechamiento que no figure en el Plan Rector de Uso y Gestión o en sus revisiones, y que se considere necesario llevar a cabo, deberá ser justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de aquél y autorizado por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, previo informe del Patronato del Parque Nacional.

4. El régimen jurídico especial que se establece por la presente Ley para el Parque Nacional de Doñana lleva aneja la calificación de utilidad pública para todos los terrenos que lo constituyen, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.

5. Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan en relación con los usos permitidos en el suelo no urbanizable.

Artículo 5. Patronato.

1. El Patronato del Parque Nacional de Doñana, a que se refiere la Ley de Espacios Naturales Protegidos, estará adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Agricultura9 y compuesto por los siguientes miembros10:

- Un representante de cada uno de los Departamentos de Presidencia del Gobierno, Hacienda, Educación y Ciencia, Agricultura, Obras Públicas y Urbanismo, Comercio y Turismo, Industria y Energía, Cultura y Transportes y Comunicaciones.

- Un representante de la Junta de Andalucía.

- El Director-Conservador del Parque Nacional.

- Un representante de cada una de las Diputaciones Provinciales de Sevilla y Huelva.

- Un representante designado por cada uno de los Ayuntamientos de Hinojos, Almonte, Aznalcázar, Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda.

- Un representante de cada una de las Cámaras Agrarias Provinciales de Sevilla y Huelva.

- Un representante de los propietarios de los predios existentes en el Parque Nacional, designado entre ellos mismos.

- Un representante del Instituto Geológico y Minero de España.

- Un representante de la Comisaría de Aguas del Guadalquivir.

- Un representante de las Universidades de Andalucía, designado conjuntamente por los Rectores de las mismas.

- Los antiguos Conservadores del Parque Nacional y Directores de la Reserva Biológica.

- El Director de la Estación Biológica de Doñana.

- Un representante de Asociaciones conservacionistas que sean propietarios de terrenos en el Parque.

- Dos representantes de Asociaciones -una de ellas de Andalucía-, elegidos por ellas mismas de entre las que por sus Estatutos se dediquen a la conservación de la Naturaleza.

- Un representante de la Guardería del Parque.

- Uno de libre designación por el Ministro de Agricultura.

El Patronato tendrá su sede en la provincia de Huelva.

El Presidente será designado por el Gobierno de entre los miembros del Patronato.

Dependiente del Patronato existirá una Comisión Permanente cuyo Presidente será el de aquél, y que estará compuesta por los siguientes miembros: Los representantes de los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura y Educación y Ciencia, el representante de la Junta de Andalucía, un representante de los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, un representante de los Ayuntamientos de Huelva, un representante de las Sociedades conservacionistas, el Conservador del Parque y el Director de la Estación Biológica.

2. Cuando se produzcan cambios administrativos o modificaciones en la denominación de las Entidades representadas, el Gobierno, por acuerdo tomado en Consejo de Ministros, adecuará la composición del Patronato a dichos cambios o modificaciones.

3. Son cometidos y funciones del Patronato:

a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en las zonas de protección, promover posibles ampliaciones del Parque Nacional, promover la construcción y acondicionamiento de los accesos precisos, administrar los fondos procedentes de la utilización de los servicios del Parque o de las ayudas que al Patronato otorguen cualquier clase de Entidades o particulares, proponer normas para la más eficaz defensa de los valores y singularidades del Parque Nacional y realizar cuantas gestiones estime beneficiosas para el mismo.

b) Aprobar provisionalmente el Plan Rector de Uso y Gestión y sus revisiones11, velando por su cumplimiento, y la Memoria anual de actividades y resultados que el Conservador del Parque habrá de elevar al ICONA.

c) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras o aprovechamientos y planes de investigación que se pretendan realizar, incluidos o no en el Plan Rector de Uso y Gestión.

Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado c) las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.

d) Delegar en la Comisión Permanente cuantas funciones estime convenientes por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

e) Aprobar y modificar su propio Reglamento de régimen interior, en el que se determinará la estructura funcional de la Administración del Parque.

Artículo 6. Director-Conservador12.

1. La responsabilidad de la Administración y Coordinación de Actividades del Parque Nacional corresponderá a un Director-Conservador designado por el Director de ICONA, previa conformidad del Patronato, y recaerá en un funcionario con titulación universitaria superior.

2. El Director-Conservador formará parte del Patronato y de la Comisión Permanente, a cuyas reuniones asistirá con voz y voto.

Artículo 7. Tanteo y retracto.

La Administración del Estado, a través del ICONA, podrá ejercitar derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos “intervivos” de terrenos situados en el interior del Parque Nacional en la forma que reglamentariamente se determine. El derecho de retracto sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses a contar desde la notificación de la transmisión a ICONA y al Patronato del Parque Nacional.

Artículo 8. Medios económicos.

Para atender a las actividades, trabajos y obras de conservación, mejora e investigación, así como a los gastos generales del Parque Nacional de Doñana, en los presupuestos del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otros Organismos que pudieran tener interés por el Parque deberán figurar las consignaciones correspondientes.

A los mismos efectos se podrá disponer también:

a) De aquellas partidas que para tales fines se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado.

b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al Parque y utilización de servicios, cuya forma y cuantía según los casos, se determinará por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, oído el Patronato a que se refiere esta Ley.

c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así como de los particulares.

d) De todos aquellos ingresos que puedan obtenerse como consecuencia de concesiones y autorizaciones por utilización de servicios en el Parque Nacional, en la forma que se determine en el Plan Rector de Uso y Gestión.

Artículo 9. Participación de las Corporaciones Locales.

1. Los Ayuntamientos de los municipios incluidos en la demarcación del Parque y su zona de protección tendrán derecho preferente para la obtención de concesiones y autorizaciones de establecimientos y prestación de los servicios de utilización pública previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión13.

2. Las normas de desarrollo de esta Ley fijarán la participación que corresponda a dichos Ayuntamientos en las tasas que se establezcan por acceso del público a las instalaciones del Parque u otras finalidades.

Artículo 10. Régimen de sanciones.

La inobservancia o infracción de la normativa aplicable a este Parque Nacional será sancionada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos y en el Real Decreto 2676/1977, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación14, y de conformidad con la legislación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.

Artículo 11. Acción pública.

Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativo la estricta observancia de las normas de protección del Parque Nacional de Doñana.

Disposición Adicional.

El Gobierno, en el plazo máximo de cuatro meses, a partir de la aprobación de esta Ley, propondrá o adoptará medidas destinadas a promover el desarrollo socioeconómico de la comarca y, en particular, a través de una adecuada red de comunicaciones, la ordenación turística y el fomento de actividades agrícolas y ganaderas.

Estas medidas serán consideradas como actuaciones previas y se completarán por un Plan Director Territorial de Coordinación de la Comarca que se elaborará en un plazo máximo de 18 meses, a partir de la aprobación de esta Ley15.

Disposición Transitoria.

Las actuales realizaciones que incidan en la cantidad y calidad de las aguas de aportación, superficiales y subterráneas, se someterán en el plazo de seis meses, a partir de la promulgación de la presente Ley, a informe preceptivo del Patronato.

Disposiciones Finales.

1. En el plazo máximo de un año el Gobierno, previo informe del Patronato, dictará las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

2. El Patronato del Parque Nacional de Doñana quedará constituido en el plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

3. Queda derogada la Ley 67/1967, de 22 de julio sobre enajenación de terrenos en montes de Huelva y cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.

4. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la de 24 de junio de 1918, sobre desecación y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos pantanosos, no será de aplicación a los terrenos comprendidos en la delimitación territorial del Parque Nacional de Doñana y su zona de protección.

Anexo16

Límites del Parque.

Los límites del Parque Nacional de Doñana quedan delimitados por el perímetro comprendido a partir de la línea paralela a 22 metros del eje de la carretera autonómica Bollullos-Matalascañas (A-483)desde el punto kilométrico 33,900 y hasta el primer pilar del lado derecho del puente de la Canariega, en la margen derecha del arroyo de la Rocina. El límite atraviesa el arroyo, continuando en dirección Oeste-Este por la margen izquierda de la zona inundable al borde de la Aldea del Rocío hasta la confluencia con la prolongación del muro de contención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el Rocío en el punto de coordenadas X =724511,Y =4111903 (huso 29).Desde aquí, hacia el Norte por el talud Oeste del citado muro de contención hasta la intersección de este con la Raya Real de Villamanrique de la Condesa al Rocío. Continúa por la linde de la vía pecuaria hasta su cruce con el Arroyo del Partido, en el Puente del Ajolí. Pasando sobre el Arroyo y desde el final del puente, el límite del Parque Nacional discurre en la línea recta hacia la Casa de la Galvija, en dirección Oeste-Este, hasta pasar 500 metros de la Casa de Raposo, situada al Sur de dicha línea. Continúa en dirección Norte-Sur en una longitud de 2.400 metros y desde este punto en dirección noreste-suroeste hasta encontrar el muro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, conocido como muro de la FAO, en la llamada Cancela de la Escupidera. Se sigue por el muro de la Confederación en dirección Sur y posteriormente en dirección al Este hasta llegar a la finca propiedad de ADENA, continuando por la linde de la misma hasta el punto de confluencia de las fincas de ADENA y Los Caracoles, a la altura de la Casa del Lobo, prosiguiendo a lo largo del muro por la linde norte de Los Caracoles en dirección Oeste-Este hasta el extremo noreste de la misma.

El límite del parque continúa, a lo largo del muro oeste de Entremuros, por la linde de Los Caracoles en dirección Norte-Sur hasta su punto de intersección con la linde de la finca de El Matochal, siguiendo por el límite de esta última en dirección Oeste-Este hasta el Brazo de la Torre.

A partir de este punto sigue en dirección Norte-Sur por el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre deslindado en la margen izquierda de dicho Brazo de la Torre hasta su confluencia con el río Guadalquivir. Desde ésta, el límite sigue a lo largo de la margen derecha del estuario de dicho río por la línea que delimita la zona marina de la marítimo-terrestre —línea que coincide con la de bajamar máxima del año —hasta su desembocadura a la altura de la Punta de Malandar.

Desde este punto, y en dirección Norte-Oeste, el límite sigue a lo largo del litoral por la línea que delimita la zona marina de la marítimo-terrestre —igualmente coincidente con la línea de máxima bajamar —hasta alcanzar el punto situado a 4.100 metros de la torre vigía, en ruinas, denominada Torre de la Higuera. Desde este punto, y en perpendicular a la costa, en una distancia de 1.000 metros, hasta la cerca de la Estación Biológica de Doñana, continuando por ella en dirección Noroeste hasta confluir con la carretera autonómica Bollullos-Matalascañas.

Se cierra el recinto del Parque Nacional de Doñana con la línea que partiendo del punto anterior sigue al borde izquierdo de la carretera autonómica, a 22 metros del eje de la misma, hasta alcanzar el punto kilométrico 33,900, que corresponde al punto de partida del Parque Nacional, cerrando el perímetro que delimita el territorio incluido en el mismo.

1 La Ley 91/1978 ha sido afectada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE 266/1997, de 6 de noviembre).

El 18 de marzo de 1982, se firmó el Instrumento de Adhesión de España al Convenio relativo a humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el día 2 de febrero de 1971 (BOE 199/1982, de 20 de agosto). En su texto se indica que “el Gobierno español ha designado como Humedales españoles de Importancia Internacional a incluir en la lista de los mismos, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el Parque Nacional de Doñana, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Convenio”.

Por otro lado, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE 74/1989, de 28 de marzo), establece lo siguiente en su Disposición Adicional Primera:

Los Parques Nacionales existentes en el territorio nacional a la entrada en vigor de esta Ley quedan automáticamente integrados en la Red Estatal de Parques Nacionales a que se refiere el artículo 22.2 de la presente Ley.

Dichos Parques Nacionales son los siguientes: Caldera de Taburiente, Doñana, Garajonay, Montaña de Covadonga, Ordesa y Monte Perdido, Tablas de Daimiel, Teide y Timanfaya”.

y Nuevos límites geográficos y linderos del Parque Nacional de Doñana resultantes tras la ampliación que ahora se aprueba y que sustituye a los recogidos en el anexo de la Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Doñana, según Resolución de 6 de febrero de 2004, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004, por el que se amplían los límites del Parque Nacional de Doñana por incorporación de terrenos colindantes al mismo. (BOE 47/2004, de 24 de febrero).

2 Derogada por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (BOE 74/1989, de 28 de marzo).

3 En la actualidad la legislación vigente sobre esta materia se contiene en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE 181/1988, de 29 de julio).

4 Decreto 735/1971, sobre normas para la explotación de aguas subterráneas en determinadas zonas de Andalucía (BOE 93/1971, de 19 de abril).

5 Véase nota al párrafo anterior.

6 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE 189/1985, de 8 de agosto).

7 Real Decreto 1772/1991, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana (BOE 301/1991, de 17 de diciembre), prorrogada su vigencia por Orden del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de 29 de febrero de 1996 (BOE 54/1996, de 2 de marzo).

8 El Real Decreto 1772/1991 establecía una vigencia de 4 años del Plan Rector de Uso y Gestión; la Orden del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de 29 de febrero de 1996, lo prorrogó hasta la aprobación de un nuevo Plan, y como máximo durante un plazo de dos años.

9 Conforme al art. 23 de la Ley 4/1989, en su redacción dada por la Ley 41/1997, la gestión de los Parques Nacionales se efectuará por la Administración General del Estado y por la Comunicad Autónoma en que se halle ubicado, a través de una Comisión Mixta de Gestión, que estará integrada por el mismo número de representantes de la Administración General del Estado, designados por el Ministerio de Medio Ambiente, que de la Comunidad Autónoma.

El Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por el que se determina la composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, de las Comisiones Mixtas de Gestión de dichos parques y de sus Patronatos (BOE 209/1998, de 1 de septiembre), establece en su Anexo I.3:

La Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional de Doñana estará compuesta por dos representantes de la Administración General del Estado y dos de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

10 Conforme al Real Decreto 1760/1998 (véase nota anterior), para adaptar la figura del Patronato al art. 23.bis de la Ley 4/1989 a la redacción dada por la Ley 41/1997 (Disposición Final Segunda de la Ley modificadora), el Patronato del Parque Nacional de Doñana estará compuesto por:

a) El Presidente.

b) Siete representantes de la Administración General del Estado, uno de los cuales lo será por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y otro por el Instituto Tecnológico y Geominero de España.

c) Siete representantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, uno de los cuales será el Director del Parque Natural de Doñana.

d) Un representante de la Diputación Provincial de Sevilla y otro de la Diputación Provincial de Huelva.

e) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos con territorio en el Parque Nacional.

f) Un representante del Ayuntamiento de Puebla del Río y otro del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

g) Un representante de la universidad o universidades públicas de Andalucía.

h) Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

i) Dos representantes de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios inspiradores de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

j) Dos representantes de las asociaciones profesionales agrarias.

k) Dos representantes de los propietarios con terrenos ubicados dentro del Parque Nacional, uno de los cuales debe representar a las asociaciones conservacionistas propietarias de terrenos en el Parque Nacional.

l) El Director-Conservador del Parque Nacional.

m) El Director de la Estación Biológica de Doñana.

n) Un representante de la Guardería del Parque Nacional.

ñ) Los antiguos directores del Parque Nacional de Doñana y de la Estación Biológica de Doñana.

o) En su caso, un representante del SEPRONA. (Anexo II.7).

11 Véase nota al artículo 4.1 párrafo 1º.

12 Téngase en cuenta el art. 23.ter. introducido en la Ley 4/1989 por la Ley 41/1997.

Artículo 23 ter.

1. La responsabilidad de la administración y coordinación de las actividades del Parque Nacional recaerá en su Director-Conservador, que será nombrado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente previo acuerdo de la Comisión Mixta de Gestión.

2. Los Directores-Conservadores de Parques Nacionales cuyo ámbito territorial supere el de una Comunidad Autónoma serán nombrados por el Ministerio de Medio Ambiente a propuesta de la Comisión Mixta de Gestión.

3. El nombramiento de Director-Conservador recaerá en un funcionario de cualquier Administración pública.

4. Los Directores-Conservadores asistirán a las reuniones de las Comisiones Mixtas de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del artículo 23 de la presente Ley.

13 Véase nota al artículo 4.1 párrafo 1º.

14 En la actualidad la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (BOE 74/1989, de 28 de marzo):

TITULO VI. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 37

1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir.

2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la restauración del medio natural al ser y estado previos al hecho de producirse la agresión. Asimismo, la Administración competente podrá subsidiariamente proceder a la reparación a costa del obligado. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.

3. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

4. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

Artículo 38

Sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica que desarrolle estas normas de protección y las leyes reguladoras de determinados recursos naturales, se considerarán infracciones administrativas:

Primera. La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el derrame de residuos que alteren las condiciones de habitabilidad de los espacios naturales protegidos con daño para los valores en ellos contenidos.

Segunda. La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones.

Tercera. Las acampadas en lugares prohibidos, de acuerdo con las previsiones de la presente Ley.

Cuarta. La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies en espacios naturales protegidos.

Quinta. La instalación de carteles de publicidad y almacenamiento de chatarra en los espacios naturales protegidos y en su entorno, siempre que se rompa la armonía del paisaje y se altere la perspectiva del campo visual.

Sexta*. La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición para el comercio o naturalización no autorizadas de especies de animales o plantas catalogadas en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat, así como la de sus propágulos o restos.

Séptima*. La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campo o alimentación.

Octava*. La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición para el comercio o naturalización no autorizada de especies animales o plantas catalogadas como vulnerables o de interés especial, así como la de propágulos o restos.

Novena*. La destrucción del hábitat de especies vulnerables y de interés especial, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campo o alimentación y las zonas de especial protección para la flora y fauna silvestres.

Décima. La captura, persecución injustificada de animales silvestres y el arranque y corta de plantas en aquellos supuestos en que sea necesaria autorización administrativa de acuerdo con la regulación específica de la legislación de monte, caza y pesca continental.

Undécima. El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.

Duodécima. La ejecución, sin la debida autorización administrativa de obras, trabajos, siembras o plantaciones en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.

Decimotercera. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley.

Artículo 39

1. Las citadas infracciones serán calificadas de leves, menos graves, graves y muy graves, atendiendo a su repercusión, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como a la irreversibilidad del daño o deterioro producido en la calidad del recurso o del bien protegido.

Las infracciones anteriormente tipificadas serán sancionadas con las siguientes multas:

- Infracciones leves, multa de 10.000 a 100.000 pesetas.

- Infracciones menos graves, multas de 100.001 a 1.000.000 de pesetas.

- Infracciones graves, multas de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.

- Infracciones muy graves, multa de 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas.

2. En todo caso, atendiendo al valor natural y a la importancia del bien jurídico protegido, se calificarán como muy graves las infracciones comprendidas en los números 1, 6 y 7 del artículo anterior.

Las faltas graves y muy graves conllevarán la prohibición de cazar o pescar durante un plazo máximo de diez años, y las menos graves hasta un plazo de un año.

3. La sanción de las infracciones leves, menos graves, graves y muy graves corresponderá al órgano de las Comunidades Autónomas que tenga atribuida la competencia en cada caso. Compete a la Administración Central la imposición de sanciones en aquellos supuestos en que la infracción administrativa haya recaído en ámbito y sobre materias de su competencia.

4. Podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsus de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado en los supuestos establecidos en el artículo 99* de la Ley de Procedimiento Administrativo y cuya cuantía no excederá en cada caso de 500.000 pesetas.

5. El Gobierno podrá, mediante Real Decreto, proceder a la actualización de las sanciones previstas en el apartado 1 de este artículo, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo.

Artículo 40

En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador, con base, en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.

Artículo 41

1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán: En el plazo de cuatro años, las muy graves; en el de un año, las graves; en el de seis meses, las menos graves, y en el de dos meses, las leves.

2. DEROGADO*.

* Modificación de los artículos 38 y 39.4, y derogación del artículo 41.2 operadas por la Ley 41/1997.

15 Decreto 472/1996, de 22 octubre, por el que se aprueba la Revisión del Plan Director Territorial de Coordinación (PDTC) de Doñana y su Entorno, formulada por Acuerdo de 20 de febrero de 1996, del Consejo de Gobierno, y se modifica parcialmente el Decreto 87/1993, de 6 de julio, por el que se acuerda la revisión del PDTC de Doñana y su entorno (BOJA 123/1996, de 26 de octubre).

16 Nuevos límites geográficos y linderos del Parque Nacional de Doñana resultantes tras la ampliación que ahora se aprueba y que sustituye a los recogidos en el anexo de la Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Doñana, según Resolución de 6 de febrero de 2004, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004, por el que se amplían los límites del Parque Nacional de Doñana por incorporación de terrenos colindantes al mismo. (BOE 47/2004, de 24 de febrero)



Consejería de medio ambiente (Coordinación General de la Secretaría general Técnica) §73. Ley 91/1978



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