La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




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V. FINALE

Se dice de Claude Debussy que componía imágenes con pequeñas pinceladas sonoras. Así hemos querido componer este trabajo, a modo de suite impresionista que permita trasladar al lector trazos de intenso color que obtengan significación en el conjunto. Desde el abogado dedicado a una ingente justificación para paliar una patente indefinición, pasando por el secretario judicial obligado a tecnificar unos criterios que debe cincelar caso a caso para su ajustada aplicación y llegando al juez destinado a ponderar la adecuada elevación de conceptos y valores a principios. Con ello, como ya se ha afirmado a lo largo de este trabajo, no pretendemos abrir un camino con destino determinado sino únicamente abrirlo para caminar.

Queda señalar que, por razones de extensión, hemos decidido no abordar el apartado correspondiente a los procuradores y su minuta guiada por arancel. Merece un tratamiento detenido que abordaremos en su momento.

(Según se cuenta, durante un recital de Beethoven, Claude Debussy se dirigió a un amigo, también estudiante, y le dijo «Vamos, empecemos a innovar»).

(1)

MARTÍ MARTÍ, J., Diario La Ley, n.o 7751, Sección Práctica Forense, 9 de diciembre 2011, Año XXII.

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(2)

«A tenor del artículo 73, letra b), del Reglamento de Procedimiento, se considerarán como costas recuperables los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento». Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de septiembre de 2009 en el asunto C-326/05 P-DEP.

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(3)

Fijados por el Consejo General de la Abogacía y aprobados por el Ministerio de Justicia el día XXXX (BOE XXXX), vigentes desde el día XXXXX, a los exclusivos efectos de la tasación de costas recuperables.

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(4)

Art. 394.3 LEC.

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(5)

Auto de la Sala Primera de fecha 3 de mayo de 2011.

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(6)

Art. 812 LEC.

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(7)

Artículo 251.9 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

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(8)

Igualmente redactado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, a cuyo tenor: «Contra las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la Ley».

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(9)

ROJ: ATS 847/2012. Rec. 2283/2003. Ponente: Excmo. Sr. D. Juan A. Xiol Ríos.

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(10)

ROJ: ATS 2332/2012. Rec.: 225/2006. Ponente: Excmo. Sr. D. Xavier O´Callaghan Muñoz.

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(11)

Al respecto, es doctrina común concluir que los requisitos imprescindibles del recurso de revisión resultan coincidentes con los del de reposición, es decir, ha de interponerse en el plazo de cinco días y citarse la infracción en que ha incurrido el decreto dictado por el Secretario Judicial, siendo su trámite siempre escrito («mediante escrito», ex art. 454 bis.2 LEC). Cfr., por todos, TORIBIOS FUENTES, F., y otros, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Valladolid, 2012, pág. 776.

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(12)

Cfr., por todos, Auto del Tribunal Supremo, Sala 1.ª, de 11 de enero de 2012 (ROJ: ATS 66/2011. Rec.: 1985/20005. Ponente Excmo. Sr. D. Xavier O´Callaghan Muñoz, así como las resoluciones que el mismo cita.

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(13)

Cfr. art. 243.2 LEC que excluye de la tasación de costas los derechos correspondientes a escritos y demás actuaciones que sean inútiles o superfluas o no autorizadas por la Ley.

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(14)

Al respecto conviene precisar que, en efecto, la imputación del abono de las costas ordinariamente corresponde a las partes, no obstante lo cual la Ley procesal establece excepciones, resultando de interés considerar que el artículo 241.1 LEC omite la característica básica que permite diferenciar los gastos del proceso con las costas, sustanciada en la circunstancia de que únicamente estas últimas pueden repercutirse en el supuesto de condena.

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(15)

Ciertamente, la posibilidad de un pacto entre los litigantes sobre las costas generadas por el procedimiento, en un tiempo admitida por la jurisprudencia (cfr. por todas, SSTS de 13 de abril de 1885, de 20 de marzo de 1895, de 20 de mayo de 1909, de 4 de julio de 1919, 22 de marzo de 1928 y 7 de diciembre de 1942), resultó excluida de nuestro panorama jurisprudencial desde la conocida Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1952, en la que se declararon nulos e ilícitos todos los convenios entre partes por los que se hiciera recaer sobre el deudor la obligación de abonar los gastos originados por los procedimientos dimanantes del contrato celebrado por cuanto que, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 1168, inciso segundo, del Código Civil —en sede de regulación contractual, a cuyo tenor: «Respecto de los —gastos— judiciales, decidirá el Tribunal con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento civil»—, únicamente el órgano judicial, siempre de conformidad con la disposición legal que la organiza (cfr. arts 394 a 398 LEC), puede decidir sobre esta materia que, de tal manera, se sustrae de la autonomía de la voluntad de las partes. Y así, en ningún caso podrá ser invocado pacto alguno entre las partes como fundamento del recurso dirigido contra el pronunciamiento impositivo de las costas ni como base jurídica argumental de la impugnación de la tasación de costas en su modalidad de indebidas (cfr. STS de 25 de mayo de 1999). Cuestión diversa es el convenio que las partes puedan alcanzar en orden a la fórmula de abono de las costas ya impuestas por resolución judicial, en todo caso invocable (ex art. 556.1.II LEC) como motivo de oposición de fondo en el ámbito del proceso ejecutivo de las costas previamente impuestas por el órgano judicial.

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