La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




descargar 318.81 Kb.
títuloLa tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo
página2/10
fecha de publicación09.02.2018
tamaño318.81 Kb.
tipoDocumentos
med.se-todo.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

a) «Procede hacer constar, por una parte, que la normativa en materia de productos fitofarmacéuticos contenida en la Directiva 94/414 reviste, por su propia naturaleza, un carácter extremadamente técnico y que las cuestiones de Derecho que suscita pueden resultar particularmente complejas. Por otra parte, en el caso de autos, no sólo la jurisprudencia en la materia no estaba todavía bien definida en la fecha en que se interpuso el recurso dirigido a la anulación de la Decisión impugnada, sino que, además, la mencionada Directiva no regulaba expresamente la situación de hecho en la que se encontraba IQV, a saber, la circunstancia de que una de las dos empresas que habían solicitado la inclusión de una misma sustancia activa en el anexo I de dicha Directiva había retirado su solicitud, y ello a pesar de que sólo esta solicitud se consideraba completa» (Auto de 3 de septiembre de 2009, TJUE, en el asunto C-326/05 P-DEP).

b) «No puede considerarse que el asunto, que no se refería a una cuestión de Derecho nueva ni a una cuestión fáctica compleja y que no requería un análisis complejo, presentase una dificultad particular. Por último, ha de señalarse que el asunto no revestía especial importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario» (Auto de 25 de octubre de 2010, TG, en el asunto T-33/08 DEP).

c) «El recurso interpuesto por Group Lottuss no suscitaba ninguna cuestión de Derecho nueva o de especial dificultad, pues Group Lottuss se limitó a poner parcialmente en entredicho la apreciación del riesgo de confusión que había realizado la Segunda Sala de Recurso de la OAMI y Ugly hizo lo propio respecto a otro aspecto de la resolución impugnada. Por último, en lo que atañe a las dificultades del asunto y al volumen del trabajo que el procedimiento ha exigido, procede señalar que la elaboración del escrito de contestación de Ugly no requería un análisis delicado o profundo (…)» (Auto de 16 de noviembre de 2011, TG, en el asunto T-161/07 DEP).

d) «Dicho asunto presentaba, pues, cierta complejidad. Endesa no negó que el asunto principal planteara cuestiones de Derecho comunitario nuevas e importantes. En consecuencia, el litigio revestía cierta trascendencia desde el punto de vista del Derecho comunitario. Aunque dichas cuestiones no suscitaron ninguna dificultad particular que hiciera necesario atribuir el asunto a una Sala ampliada del Tribunal de Primera Instancia, cabe declarar que el litigio presentaba cierta dificultad. El hecho de que Gas Natural calificara el litigio de desprovisto de todo fundamento jurídico no desvirtúa la anterior apreciación» (Auto de 12 de diciembre de 2008, Tribunal de Primera Instancia, en el asunto T-417/05 DEP).

Observamos, pues, a partir de estos ejemplos cómo sobre la base del objeto, naturaleza e importancia del litigio de referencia, se gradúa la dificultad del asunto en un ejercicio eminentemente valorativo y en atención a particulares circunstancias como la complejidad del derecho actuado, de la cuestión de hecho controvertida o el grado de definición de la jurisprudencia al caso.

Llegados a este punto y a fin de extraer una primera conclusión podemos proponer este cuadro integrador del primer criterio de valoración:

a) Objeto y naturaleza del litigio: Alegación de cuestiones de derecho y/o comprobación de hechos (actividad probatoria).

b) Importancia desde el punto de vista del Derecho Comunitario: Novedad, habitualidad o inhabitualidad de la materia. Sensibilidad de la institución pública afectada.

c) Dificultad del asunto: Grado de complejidad técnica del derecho actuado y/o de la cuestión de hecho controvertida. Grado de consolidación de la jurisprudencia aplicada o aplicable.

2. Sobre los intereses económicos en juego y la amplitud del trabajo

En relación a los intereses económicos en juego hay que reconocer cierto laconismo en la jurisprudencia comunitaria. Posiblemente es uno de los conceptos menos desarrollados y más difusos dada la dificultad técnica de identificar y valorar los referidos intereses. No obstante, a partir de la aquí estudiada jurisprudencia sí podemos destacar unos mínimos parámetros que puedan servir para identificar el interés y su gradación. Con ello se contribuye a construir ese soporte que, junto con los otros criterios de valoración, permitan acreditar la justificación del esfuerzo económico realizado por las partes en la defensa de su posición jurídica y que luego, por quien corresponda y a expensas de la suerte del fallo, vayan a reclamar en forma de costas recuperables. No obstante, es un criterio no siempre utilizado por los tribunales comunitarios o, como ocurre en muchas ocasiones meramente apuntado sin aportar gran incidencia sobre otros más particularmente desarrollos en la resolución judicial.

Así, la jurisprudencia comunitaria ha sentado claramente que los intereses económicos a que se refiere no son los generales, ni particulares desde una perspectiva relacional con otros supuestos semejantes sino propiamente los directa e inmediatamente afectados por el litigio, esto es, los que han determinado la acción litigiosa. Así, podemos señalar como ejemplos el Auto de 19 de marzo, TJUE, en el asunto C-122 P(R) DEP/2006 en que el tribunal señala que «el litigio tenía para las partes un interés económico considerable, reflejado por el valor de la OPA litigiosa, que ascendía a 22.549 millones de euros», o el Auto de 3 de septiembre de 2009, TJUE, en el asunto C-326/05 P-DEP en que el tribunal reconoce que «Tal como resulta del auto de 5 de agosto de 2003, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, antes citado —y como lo reconoce, por lo demás, la propia Comisión—, el metalaxil es una sustancia importante para IQV. En efecto, las ventas de metalaxil representan una parte considerable del volumen de negocios de IQV, de manera que la imposibilidad de continuar comercializando tal sustancia podría haber entrañado graves consecuencias para la posición de dicha sociedad en el mercado». La jurisprudencia comunitaria viene a configurar una segunda premisa que constituye un elemento de apreciación que, como veremos ya profusamente en el último de los criterios relativo a la amplitud del trabajo, exige en alto grado la debida justificación por parte del acreedor de las costas recuperables. Resulta evidente que, no obstante el componente objetivo que este elemento presenta a la hora de detectar el interés afectado, es cierto que el elemento subjetivo cobra aquí notable relevancia pues es el «interesado» el agente inmediato para dimensionar la afectación del litigio a su interés que viene a constituir la motivación última que conduce al planteamiento de la controversia. La jurisprudencia configura con mayor precisión ese interés económico cuan mayor precisión es la justificación del mismo por el acreedor de las costas, esto es, cuanto más cierto es ese interés. Así, tenemos desde pronunciamientos en que el tribunal manifiesta que «por lo que respecta, en tercer lugar, a los intereses económicos que el presente asunto suponía para las demandantes, debe recordarse que el Tribunal de Primera Instancia ya estimó en la sentencia del asunto principal (apartado 51) que las demandantes habían indicado de modo oportuno las razones por las que la Decisión impugnada podía lesionar sus intereses. En consecuencia, procede considerar que el resultado del litigio tenía una importancia económica cierta para las demandantes» (Auto de 25 de abril de 2008, TPI, en el asunto T-146/03 DEP), en que el Tribunal de Primera Instancia aprecia el interés económico precisamente por la concretada justificación por los demandantes, a otros en que el Tribunal manifiesta que «si bien es cierto que el asunto presentaba un interés económico para la coadyuvante, a falta de datos concretos aportados por ésta, no puede considerarse que dicho interés sea inhabitual o que difiera de modo significativo del que subyace en toda oposición formulada frente a una solicitud de registro de una marca comunitaria» (Auto de 25 de octubre de 2010, TG, en el asunto T-33/08 DEP), o en que el tribunal observa «que, si bien el asunto de que se trata tenía evidentemente un cierto interés económico para los coadyuvantes, al no haber aportado estos datos concretos, no podía considerarse que dicho interés fuese de importancia excepcional» (Auto de 28 de septiembre de 2009, TPI, en el asunto T-420/03 DEP), en que se comprueba que la falta de acreditación del interés afectado, la falta de concreción por la parte coadyuvante, que también es acreedora de costas, lleva al tribunal a relativizar ese interés lo que en definitiva vendrá a matizar, conjugados el resto de criterios de valoración, su decisión final.

Por último, se viene a considerar la relación habida entre ese interés y los instrumentos jurídicos de defensa utilizados. Es evidente que mal queda acreditado el interés cuando se emplean mecanismos dilatorios o claramente estériles en relación a lo que debe ser objeto nuclear de protección: el interés económico afectado. Y lógicamente, por ello, la exigencia económica a la contraparte en calidad de costas recuperables debe ser proporcionada a esa potencial efectividad de los medios utilizados. Así, podemos exponer como en alguna ocasión el Tribunal manifiesta que «sin embargo, también es preciso subrayar las dudas que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia expresó acerca de la aptitud del procedimiento sobre medidas provisionales que dio lugar al recurso de casación ante el Tribunal de Justicia para proteger estos intereses económicos. En efecto, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia declaró que Endesa no había demostrado que las vías de recurso que tenía abiertas en el Derecho español no fueran más adecuadas para evitar los perjuicios invocados» [Auto de 19 de marzo de 2009, TJUE, en el asunto C-122 P(R) DEP/2006], o en otra que «en segundo lugar, por lo que respecta al interés económico que el litigio representaba para Nador Cott, es preciso poner de relieve que, como ha alegado FECOAV, el asunto principal concernía exclusivamente a los problemas de admisibilidad del recurso interpuesto por FECOAV ante la sala de recurso de la OCVV y no se refería en absoluto a los derechos de Nador Cott sobre la variedad de mandarina objeto de dicho recurso. Por lo tanto, el interés económico invocado por Nador Cott en el asunto principal sólo podía resultar indirectamente afectado» (Auto de 6 de octubre de 2009, TPI, en el asunto T-95/06 DEP).

De este modo, podemos extraer las siguientes conclusiones:

— Los intereses económicos en juego han de serlo para las partes en litigio.

— Los intereses económicos en juego afectados han de estar justificados.

— Relación de utilidad entre el interés que se pretende preservar y la defensa articulada por el litigante.

Por último, vamos a abordar la amplitud del trabajo desarrollado. Podemos afirmar que con este último criterio de valoración se produce la completa «simbiosis» con la totalidad de los criterios valorativos anteriores en la medida en que la justificación del trabajo por parte del acreedor de las costas recuperables aquí sí alcanza términos cuantitativos precisos y mensurados sobre la base de un patrón cierto. Es, en la apreciación de este criterio, cuando los números y las cantidades quedan debidamente matizados por las consideraciones valorativas anteriores y bajo el último principio de la razonabilidad a fin de determinar la cantidad que en calidad de costas resulta exigible de abono. La casuística es abundante, pero haciendo abstracción de los hilos argumentales habituales utilizados por los tribunales comunitarios podemos llegar a esbozar un mapa básico de este particularísimo y esencial criterio de valoración.

En primer lugar, los tribunales comunitarios vienen a concluir categóricamente que la única posibilidad de ajustar con precisión el valor del trabajo realizado es que la parte acreedora de las costas aporte con la mayor de las exactitudes la naturaleza del trabajo desarrollado, sus características y su cuantificación. La jurisprudencia comunitaria es recurrente al afirmar que mal puede llevar una debida valoración si la parte no aporta todos los datos que permitan identificar el trabajo realizado y justificar seguidamente el precio puesto al mismo en calidad de costas recuperables. Podemos comprobar como señala el Tribunal de Primera Instancia, en su Auto de 28 de septiembre de 2009, en el asunto T-420/03 DEP señala que «el Tribunal de Primera Instancia recuerda que la posibilidad de que el órgano jurisdiccional comunitario aprecie el valor del trabajo efectuado depende de la precisión de la información facilitada». Resulta habitual esta acreditación pero ello no ocurre siempre así por lo que el tribunal viene a afirmar que «por lo que respecta a la nota de honorarios, si bien incluye una indicación de los escritos redactados y de los trámites realizados por el abogado de los coadyuvantes en el marco del asunto que dio lugar a la sentencia Boomerang TV, citada en el apartado 6, no indica la tarifa horaria ni el tiempo invertido por cada uno de los conceptos indicados, y por lo tanto, no está detallada, como alega la demandante. Pues bien, la falta de mayores precisiones en cuanto a las tarifas horarias y al tiempo invertido por cada concepto hace particularmente difícil la comprobación de los gastos efectuados con motivo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y de los que con tal motivo fueron necesarios, y obliga al tribunal de Primera Instancia a realizar una apreciación estricta de los honorarios recuperables en el caso de autos». Como observamos el tribunal condiciona la apreciación del valor del trabajo a la precisión de la información facilitada y ante la falta de datos expresa la dificultad de la comprobación obligándolo a realizar una apreciación estricta de los honorarios recuperables.

La pregunta que cabe hacerse es ¿qué se ha de entender por apreciación estricta? El propio Tribunal nos da la clave al afirmar que «considera que los importes señalados por la redacción de los escritos procesales y por la representación de los coadyuvantes en la vista son razonables, tanto si dichos importes se calcularon basándose en una tarifa horaria no especificada como si se fijaron a tanto alzado». Es, por tanto, la razonabilidad de los honorarios presentados el instrumento de mesura a que se acoge el Tribunal para concluir su decisión sobre lo ajustado o no de las cantidades exigidas. Así, explicita conclusivamente el Tribunal que «considerando el carácter impreciso de la nota de honorarios controvertida y la circunstancia de que, como consecuencia de ello, el Tribunal de Primera Instancia se ve obligado, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 19, a realizar una apreciación estricta de los honorarios recuperables, el importe de las costas recuperables en tal concepto deberá revisarse ligeramente a la baja y fijarse en 6.500 euros».

En otras ocasiones de mayor precisión justificativa de los honorarios, el tribunal también acude al principio de razonabilidad. Así, el Tribunal General en su auto de 25 de octubre de 2010, en el asunto T-33/08 DEP, afirma que «en las circunstancias del caso de autos, tanto el número total de horas dedicadas por los abogados de la coadyuvante al procedimiento contencioso, independientemente del número de abogados entre los que se repartieron las prestaciones realizadas, como las tarifas por hora cuya aplicación se solicita, son razonables». El tribunal, no obstante haberse justificado debidamente los honorarios, recurre nuevamente al principio de razonabilidad. Por lo tanto, ¿qué hemos de entender por razonabilidad?

La razonabilidad es un concepto que elevado a la categoría de principio tiene amplia vinculación con la noción misma de derecho y de justicia. El derecho tiene por fin último y fundamental procurar relaciones justas entre las personas, y es por esa búsqueda de la justicia por lo que el derecho ha de ser razonable y, por ende, las resoluciones de los encargados de aplicarlo. La razonabilidad resulta un elemento justificador del ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, cuando un tribunal dicta una resolución pretende lograr una finalidad. Y ello a partir de una previa interpretación jurídica que abre un espectro de posibilidades y alternativas para esa pretendida finalidad. La alternativa que resulta racional, sensata y prudente, en sí misma y frente a todo el ordenamiento jurídico, cabe entenderla como la alternativa razonable y sólo así adquiere el atributo de justa. La jurisprudencia comunitaria recurre a la razonabilidad tal que manto legitimador del proceso técnico de valoración de los honorarios recuperables. Es la argamasa que permite unir todos los elementos de apreciación para, sin aristas y en perfecta armonía, construir un posicionamiento inequívoco, fundado y solvente sobre si lo reclamado por la parte vencedora en costas resulta en justicia exigible o no, y en qué grado. Hemos visto cómo la jurisprudencia, ya existiendo defectos de documentación justificativa de los honorarios o siendo completa la información facilitada, finalmente aprecia las costas que resultan recuperables y, por tanto, exigibles a la contraparte, sobre el parámetro de la razonabilidad. No obstante, en el caso de la escasa precisión informativa facilitada por la parte, el propio tribunal valora sobre el principio de razonabilidad que, en este caso, califica particularmente de «apreciación estricta». Con ello, podemos descubrir en la valoración del tribunal comunitario dos tipos de razonabilidad: una razonabilidad por justificación y una razonabilidad por referencia.

Hemos de entender la razonabilidad por justificación aquella que se construye sobre la adecuada ponderación, con los restantes criterios valorativos, incorporando el «trámite de alegaciones» de la parte constituido por las justificaciones aportadas en base a los criterios propios de valoración y precisa cuantificación de su trabajo. Esto es, se agrega un componente retrosubjetivo al proceso de formación de la convicción del órgano judicial constituido por los argumentos de la parte acreedora sobre los pormenores de las complicaciones, dificultades y obstáculos que, en la construcción de la defensa jurídica y atención del procedimiento, entiende ha soportado. Por lo tanto, cuando el tribunal en ausencia de esa información de la parte manifiesta que procede a realizar una «apreciación estricta» cabe entender que va a proceder a valorar sin posibilidad de ponderación con esa información de parte y, en consecuencia, con referencia únicamente a los criterios valorativos anteriores de objeto y naturaleza, importancia del litigio, dificultad e interés económico. Acude, pues, a una razonabilidad por referencia que se centra en consideraciones de raíz propia del órgano judicial sin moderación, o con moderación atenuada, con los datos justificativos de la parte, y que, por tanto, el tribunal califica de «estricta».

En segundo lugar, la jurisprudencia afirma reiteradamente que el juez comunitario sólo va a tener en cuenta el trabajo objetivamente indispensable para el conjunto del procedimiento jurídico. Así lo podemos leer en Autos como los de 12 de diciembre de 2008 y 2 de junio de 2009 del Tribunal de Primera Instancia, Así, en el de 2 de junio el tribunal señala que «aunque estas horas de trabajo parezcan debidamente justificadas desde el punto de vista contable, corresponde al juez comunitario tener en cuenta el trabajo objetivamente indispensable para el conjunto del procedimiento judicial, independientemente del número de abogados entre los que hubieran podido repartirse las prestaciones efectuadas (véase el auto OMPI, apartado 59, y jurisprudencia allí citada). A este respecto procede recordar que la novedad y la importancia de las cuestiones jurídicas suscitadas y el interés económico del litigio justifican que los abogados del demandante le hayan dedicado mucho trabajo (auto OMPI, apartado 60). Sin embargo, habida cuenta de las explicaciones proporcionadas por las partes, el Tribunal de Primera Instancia no puede considerar objetivamente necesario para el procedimiento que se desarrolló ante él el importe de 97.500 euros, correspondientes a las 650 horas de trabajo de abogados que se alegan». Por tanto, un segundo principio aplicable a este último criterio de valoración viene constituido por la consideración del tribunal sobre el trabajo objetivamente indispensable para el procedimiento, lo que conecta con la posición de la jurisprudencia comunitaria que asevera que «según reiterada jurisprudencia, el juez comunitario no es competente para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios abogados, sino para determinar hasta qué límite máximo puede exigirse el reembolso de tales remuneraciones a la parte condenada en costas». En definitiva, la determinación de qué gastos han de tener la consideración de costas y, en segundo lugar, cuáles de éstas tienen la estricta consideración de recuperables.

Del examen de la jurisprudencia comunitaria podemos observar los distintos elementos de justificación del trabajo desarrollado por la parte vencedora en costas que son apreciados por el tribunal y que podemos sintetizar en el siguiente cuadro que posteriormente ejemplificaremos con pronunciamientos judiciales concretos:

Componentes de la información de la parte apreciada por el tribunal sobre el trabajo desarrollado:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

similar:

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconJuez de primera instancia civil, mercantil y del tránsito de la circunscripción...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconRepublica bolivariana de venezuela tribunal de primera instancia en funcion de juicio nº V

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconN- tribunal primero civil, seccion primera

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconResumen Se estudia la unidad didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje,...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconResumen: Se examina la regulación de las drogas en el Código Penal...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconNuevos criterios para la valoración del potencial de irritación y...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconTribunal supremo de elecciones

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconTribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo icon1. El contrato objeto del presente Pliego es la redacción del Plan...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconDe acuerdo con los datos del Primer Simposio sobre Potabilización...


Medicina



Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com