La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




descargar 318.81 Kb.
títuloLa tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo
página3/10
fecha de publicación09.02.2018
tamaño318.81 Kb.
tipoDocumentos
med.se-todo.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1. Componente objetivamente cuantitativo: Número de escritos presentados. Número de páginas de cada uno de los escritos. Número de horas alegadas como necesarias para el estudio y ejecución de la defensa jurídica. Tarifa alegada de euros/hora de trabajo.

2. Análisis jurídico realizado: Exhaustividad del análisis. Carácter estandarizado o pionero del análisis. Actuación en la vista.

3. Abogados intervinientes: Especialización y número en defensa de una misma parte. Principalidad y coadyuvantes.

4. Conocimiento previo del asunto litigioso.

5. Otros gastos.

Veamos todos estos componentes incorporados en algunas de las resoluciones judiciales estudiadas.

Siendo la jurisprudencia comunitaria abundante a este respecto vamos a reseñar el Auto de 19 de marzo de 2009, en el asunto C-122 P(R) DEP/2006, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que señala que «en cuanto a la magnitud del trabajo que el procedimiento ante el Tribunal de Justicia pudo causar a los abogados de Gas Natural, es cierto que los motivos invocados por Endesa en apoyo de su recurso de casación requerían una respuesta por parte de Gas Natural, que no sólo hacía referencia a cuestiones de Derecho comunitario, sino también a determinados aspectos del Derecho de sociedades español y del Derecho de la competencia español. Este trabajo dio lugar al escrito de contestación al recurso de casación, de 35 páginas. Gas Natural presentó también un escrito de observaciones al desistimiento de Endesa, de 9 páginas.

Sin embargo, este volumen de trabajo, que según las alegaciones de Gas Natural se traduce en 59,75 horas de trabajo y corresponde a unos honorarios de 26.458,75 euros, debe relativizarse en una amplia medida, en primer lugar, a la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 21 a 24 del presente auto. En segundo lugar, es preciso señalar que la redacción de un escrito de observaciones sobre un desistimiento no suele exigir un análisis jurídico exhaustivo. (…….). En lo que se refiere a las 19,25 horas de trabajo, correspondientes a unos honorarios de 5.910 euros por la propia demanda de tasación de costas, presentada mediante escrito de 14 páginas, es preciso observar que tal demanda es, en principio, más bien estandarizada y que, además, gran parte de dicho escrito se limita a recordar el marco fáctico y procesal del asunto.

En estas circunstancias, el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, incluido el presente procedimiento de tasación de costas, no podía causar a los abogados de Gas Natural una carga de trabajo equivalente a 79 horas facturadas, que se traducen en unos honorarios de 32.368,75 euros, importe cuyo reembolso se reclama en dicho concepto.»

Se observa cómo la parte realiza una liquidación de las horas de trabajo empleadas a partir del número de escritos presentados y páginas integrantes de cada uno de ellos e, inmediatamente, aplicando la correspondiente tarifa euros/hora de trabajo reclama una cantidad concreta en calidad de honorarios/costas recuperables. A partir de esta liquidación última, que en definitiva constituye el petitum de reintegro del vencedor en costas, el tribunal realiza una definitiva valoración en que partiendo de sus consideraciones anteriores cuando señala la necesidad de relativizar la exigencia económica «a la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 21 a 24 del presente auto» (que no son otras que las relativas al objeto y naturaleza, importancia del litigio, dificultad e interés económico), realiza una serie de observaciones sobre la necesidad o no de un exhaustivo análisis jurídico en las alegaciones planteadas o el carácter estandarizado de la demanda que se limita a recordar el marco fáctico y procesal del asunto y, por tanto, no aporta singularidad o procesamiento jurídico relevante para concluir que la cantidad reclamada ha de «relativizarse en una amplia medida» y rebajar los inicialmente demandados 32.368,75 euros a los 6.150 euros finalmente fijados por el tribunal como cantidad exigible como costas recuperables.

Asimismo, la repetición de alegaciones en un procedimiento también, a juicio del tribunal, relativiza a la baja el volumen de trabajo alegado por la parte, como podemos comprobar en el Auto del Tribunal de Primera Instancia de 2 de junio de 2009 cuando señala que «por lo que se refiere, en primer lugar, al aumento de trabajo que ocasionó en el presente asunto el procedimiento de medidas provisionales, su evaluación por el demandante en 50 horas (correspondiente a honorarios adicionales de 7.500 euros) resulta excesiva, habida cuenta del gran número de alegaciones repetidas en este procedimiento y en el procedimiento principal, (….)».

En el Auto del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, en el asunto C-326/05 P-DEP, se señala que «a la hora de determinar la cuantía de las costas recuperables debe tenerse en cuenta el número total de horas de trabajo que objetivamente pueden resultar necesarias a efectos del procedimiento, con independencia del número de abogados entre los que se haya repartido el trabajo en cuestión (…….). A este respecto, IQV sostiene que el número total de horas de trabajo que fueron necesarias para llevar a cabo su defensa ante los tribunales comunitarios se eleva a 2.012,75, por un valor total de 452.028,94 euros, incluidos otros gastos además de los honorarios de abogados.

La Comisión considera, en cambio, que podrían haber sido suficientes 380 horas de trabajo, por un importe total de 76.000 euros en concepto de honorarios de abogados. Tal como alega IQV, procede recordar que el procedimiento duró varios años y que el trabajo de los abogados de dicha sociedad se tradujo en la elaboración de nueve documentos presentados al Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal de Justicia, en el análisis de siete documentos de la Comisión y en las observaciones orales expuestas con ocasión de tres vistas celebradas ante los tribunales comunitarios. No obstante, consta en autos que los abogados de IQV forman parte de un bufete de abogados que dispone de acreditada competencia en los litigios comunitarios en general y en la legislación comunitaria en materia de productos fitofarmacéuticos en particular. Resulta, pues, que dichos abogados deberían haber tenido experiencia suficiente para llevar un asunto de una complejidad como la del litigio entre IQV y la Comisión, sin que ello requiriera un trabajo de un volumen excepcional.

Por otro lado, consta que los abogados de IQV tenían ya conocimiento del asunto, puesto que habían representado a dicha sociedad en el procedimiento administrativo. Lo anterior no sólo habría debido facilitar su trabajo, sino también reducir el tiempo consagrado a la fase contenciosa del procedimiento.

En lo que atañe, en particular, a los procedimientos sobre medidas provisionales, procede declarar que el volumen del trabajo necesario para llevar tales procedimientos debe apreciarse tomando en consideración la circunstancia de que los elementos de hecho y de Derecho sobre cuya base se iniciaron ya habían sido parcialmente objeto de análisis por esos mismos abogados en el momento de la redacción del recurso de anulación.

Tales consideraciones resultan asimismo válidas a efectos de determinar el volumen del trabajo necesario para preparar las observaciones orales. A este respecto, también debe tenerse en cuenta que en las vistas celebradas ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia únicamente tomó la palabra un solo abogado y que, al menos en cierta medida, los informes orales hicieron referencia al contenido de las observaciones escritas.

En tales circunstancias, habida cuenta de los criterios enunciados en los apartados 34 y 35 del presente auto, es preciso declarar que IQV no ha demostrado que el importe de 452.028,94 euros, reclamado en concepto de costas recuperables causadas en los procedimientos correspondientes al litigio que la enfrentó con la Comisión, constituya un importe objetivamente necesario».

En esta resolución observamos cómo el tribunal toma en consideración nuevos componentes para matizar definitivamente la reclamación de la parte demandante. Así, partiendo, como siempre hace, de las consideraciones ya realizadas en relación al objeto y naturaleza, importancia del litigio, dificultad e interés económico («En tales circunstancias, habida cuenta de los criterios enunciados en los apartados 34 y 35 del presente auto»), hecha la liquidación por la parte demandante de las horas empleadas y el importe resultante, el tribunal matiza considerablemente las horas que entiende suficientes para desarrollar el trabajo alegado con la correspondencia económica y hace referencias a la especialidad del bufete de abogados en la materia sobre la que versa el litigio, su competencia y experiencia a fin de cuestionar el exigido volumen de trabajo alegado, el conocimiento previo del asunto litigioso por los citados abogados al haber intervenido en un previo procedimiento administrativo, lo que viene a cuestionar nuevamente el volumen de trabajo alegado y el tiempo de preparación manifestado que, entiende el tribunal, no puede desentenderse del hecho que esos mismos abogados ya habían tenido previamente que realizar un análisis jurídico de la cuestión, y finalmente de su intervención en el acto de la vista que, de nuevo, señala el tribunal no puede desentenderse, a efectos de determinar el volumen de trabajo, del conocimiento previo que los abogados tenían del asunto a la hora de preparar sus observaciones orales, del hecho que en los actos de vista oral sólo haya tomado la palabra un solo abogado y que en ellas se haya limitado a recordar el contenido de las observaciones escritas.

El conocimiento previo del asunto por parte de los abogados defensores como circunstancia que matiza el volumen de trabajo alegado lo podemos situar en otro Auto del Tribunal de Primera Instancia de fecha de 25 de abril de 2008 cuando señala que «por lo que se refiere, en segundo lugar, a la apreciación del volumen de trabajo que haya podido ocasionar el procedimiento contencioso, corresponde al juez comunitario tener en cuenta el trabajo objetivamente indispensable para el conjunto del procedimiento judicial. No obstante, cuando los abogados de una parte ya la han asesorado en los procedimientos o gestiones anteriores al correspondiente litigio, también debe tenerse en cuenta que esos abogados conocen datos pertinentes para el litigio, lo que les facilita el trabajo y reduce el tiempo de preparación necesario para el procedimiento contencioso».

Por último, y dentro del componente identificado en el esquema más arriba reseñado como «otros gastos», se incluyen una serie heterogénea de desembolsos que no tienen la consideración de honorarios del tipo reseñado en numerosos Autos como «trabajo nocturno, transporte local, búsqueda por ordenador, producción de documentos, telecomunicaciones, gastos de fotocopias, gastos de correos, etc.». Son apreciados por la jurisprudencia comunitaria en base a dos criterios básicos: En primer lugar, su detallada y particular justificación y, en segundo lugar, su carácter necesario en relación al procedimiento. Y ello en base a las consideraciones que ya hemos contemplado con posterioridad. Como ejemplo podemos citar el Auto, ya mencionado reiteradamente en este capítulo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2009, en que se señala que «los gastos presentados por Gas Natural bajo las rúbricas "staff late work" (trabajo nocturno), "local transportation" (transporte local) y "miscellaneous" (diversos), por un total de 118,89 euros, no pueden considerarse objetivamente indispensables para el procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Por último, en lo que se refiere a los importes de los otros conceptos, entre los cuales figuran 215,45 euros por "computer research" (búsqueda por ordenador), 150,99 euros por "conference expenses" (gastos de conferencias), 253,77 euros por "document production" (producción de documentos) y 46,70 euros por "telecommunications" (telecomunicaciones), estos conceptos no están suficientemente detallados. A falta de precisión a este respecto, procede estimar los gastos recuperables en 150 euros».

Llegados a este punto del análisis cabe ya preguntarnos: ¿Cabe algún tipo de asimilación entre estos criterios de valoración de costas y los apuntados por el Tribunal Supremo en su Auto de 3 de mayo de 2011? ¿Es posible asimilar los conceptos de la jurisprudencia comunitaria analizados como «los intereses económicos que el litigio haya supuesto para las partes, el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho de la Unión, sus dificultades y el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido exigir a los agentes o abogados que intervinieron», a los criterios propuestos por el Tribunal Supremo como «el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, los motivos del recurso, el contenido del escrito de impugnación del mismo, el esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento»?

Creemos que es posible un ejercicio de asimilación pues es, de momento, el único camino que cabe transitar una vez despojados los baremos y aranceles de su condición de valor-referencia. No obstante la posibilidad, no resulta, en modo alguno, sencilla habida cuenta que implica la reorientación de todo un espectro procesal, las costas procesales, desde el estadio de planteamiento de la minuta de honorarios por parte del abogado/procurador interviniente, pasado por el estadio nuclear de la tasación por el secretario judicial responsable y hasta, en su caso, definitivo reexamen en vía de impugnación. Esta apuesta implica asimismo un arriesgado ejercicio de elucubración dada la nula experiencia que nos antecede y el terreno convulso que ha dejado las arriba reseñadas sentencias de nuestro Alto Tribunal. No obstante lo arriesgado, es un camino que hay que transitar porque, coincidiendo con el principio de razonabilidad tan utilizado por los tribunales comunitarios y, curiosamente, doblemente referenciado por el propio Tribunal Supremo en su Auto como propósito a alcanzar, entendemos es el único camino razonable.

II. MINUTANDO

1. Los honorarios de los Abogados. Antecedentes legales y normativa actual. Jurisprudencia del TJUE relevante en materia de honorarios de Abogados

Los sucesivos Estatutos Generales de la Abogacía han venido configurando formalmente los honorarios que debe percibir el Abogado por su actuación profesional como un derecho básico que corresponde al mismo.

El Estatuto de 1946 así lo estableció en el art. 37: «El Abogado tiene derecho a una compensación económica por los servicios prestados…». «La retribución económica de los Abogados se fijará en concepto de honorarios, sin estar, por tanto, sometida a arancel».

Este mismo precepto establecía la facultad de los Colegios de Abogados y del Consejo General de la Abogacía para publicar «Tarifas de Orientación» de carácter mínimo o máximo, para conocimiento de los colegiados.

• Por su parte, el Estatuto General de la Abogacía de 1982, aprobado porel Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio, recogía un precepto con contenido similar al citado, el art. 56.1, conforme al cual «El Abogado tiene derecho a una compensación económica por los servicios prestados». Y, del mismo modo, facultaba a los Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía para establecer normas orientadoras, al disponer que «Los Colegios de Abogados y el Consejo General podrán publicar normas orientadoras».

El Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales, introdujo una modificación en el art. 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, disponiendo que «Los Baremos de honorarios tendrán carácter meramente orientativo» eliminando de este modo la potestad atribuida a los Colegios de Abogados para establecer y fijar honorarios mínimos, criterio que vendría confirmado en la Exposición de Motivos de la Ley 7/1997, de 14 de Abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia del Suelo y de Colegios Profesionales, disposición legal en la que también se estableció que el ejercicio de las profesiones colegiales se realizaría en régimen de libre competencia y estaría sujeto, en cuanto a la oferta y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y Competencia Desleal.

• Posteriormente, el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, aprobó el Estatuto General de la Abogacía actualmente vigente, cuyo art. 44.1, de forma análoga a los anteriores Estatutos, mantiene que: «… La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el abogado, con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal». Pero, además, el precepto señalado añade que «A falta de pacto expreso en contrario, para la fijación de los honorarios se podrán tener en cuenta, como referencia, los baremos orientadores del Colegio en cuyo ámbito actúe, aplicados conforme a las reglas, usos y costumbres del mismo, normas que, en todo caso, tendrán carácter supletorio de lo convenido y que se aplicarán en los casos de condena en costas a la parte contraria».

• La Directiva 2006/123/CE,del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. En su art. 15 impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de determinar si sus respectivos ordenamientos jurídicos condicionan el acceso a una actividad de servicios o el ejercicio de la misma al cumplimiento de ciertos y determinados requisitos, tales como «tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el prestador debe respetar». Y en el art. 15.3 les impone la obligación de comprobar que los requisitos de acceso exigidos (tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el prestador debe respetar) cumplan estas dos condiciones: 1- necesidad (consistente en que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general), y 2- proporcionalidad (que los requisitos sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, estableciendo con ello una excepción a dicha restricción, siempre condicionada al cumplimiento de los citados requisitos.

• Más recientemente, con la finalidad de efectuar la transposición al Ordenamiento Jurídico Español de la citada Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (cuyo plazo de transposición finalizó el 28 de diciembre de 2009), han sido dictadas dos normas jurídicas relevantes: la Ley 17/09, de 23 de noviembre, de Libre acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio (BOE núm. 283, de 24 de noviembre), que ha supuesto la prohibición de establecer baremos o criterios orientativos de cualquier tipo en materia de honorarios profesionales, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de Modificación de Diversas Leyes para su adaptación a la antes mencionada, que ha modificado la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, introduciendo en la misma la nueva redacción del art. 14, confiriéndole el siguiente tenor literal: «Los Colegios Profesionales y sus Organizaciones Colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales», bien que, en lo que concierne a los Abogados, la prohibición no se estableció de forma absoluta, toda vez que su Disposición Adicional Cuarta estableció que: «Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita».
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

similar:

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconJuez de primera instancia civil, mercantil y del tránsito de la circunscripción...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconRepublica bolivariana de venezuela tribunal de primera instancia en funcion de juicio nº V

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconN- tribunal primero civil, seccion primera

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconResumen Se estudia la unidad didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje,...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconResumen: Se examina la regulación de las drogas en el Código Penal...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconNuevos criterios para la valoración del potencial de irritación y...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconTribunal supremo de elecciones

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconTribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo icon1. El contrato objeto del presente Pliego es la redacción del Plan...

La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo iconDe acuerdo con los datos del Primer Simposio sobre Potabilización...


Medicina



Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com