La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




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Por cuanto se refiere a la jurisprudencia del TJUE relevante en materia de honorarios de Abogados merecen ser destacadas las siguientes resoluciones.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 diciembre 2006 que resolvió el asunto C-094/04 «Cipolla/Portolese» y acumulado C-202/04 «Macrino/Meloni»:

En el primero de ellos, se planteó una cuestión prejudicial por parte de la Corte de Apelación de Turín, con el propósito de determinar si los principios comunitarios de competencia y libre prestación de servicios resultaban aplicables a la oferta de los servicios legales y, en tal caso, si resultaba compatible con los mismos la aplicación obligatoria de los honorarios regulados para los abogados.

En el segundo asunto, el Tribunal de Roma había elevado al TJCE otra cuestión prejudicial, conforme a la cual se cuestionaba si los arts. 5 y 85 del Tratado CE (actualmente arts. 10 y 81 CE) se oponían a que un Estado miembro adoptara una medida legislativa o reglamentaria que, partiendo de un proyecto elaborado por un consejo de colegios de abogados, aprobara un baremo que fijara los límites mínimos y máximos de los honorarios de los miembros de la profesión, por lo que se refiere a actividades o prestaciones extrajudiciales que no están reservadas a los miembros del colegio profesional de abogados, sino que pueden ser realizadas por cualquier persona.

La Sentencia vino a determinar que el baremo de honorarios obstaculiza el ejercicio de la libre prestación de servicios, si bien por razón de interés general, la normativa controvertida debe considerarse lícita. No obstante, el Tribunal recuerda los dos requisitos que deben concurrir en la citada regulación, a saber, que la medida sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que se persigue, y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo (apdo. 64). De este modo, el mantenimiento de un sistema de honorarios profesionales de mínimos se justifica no como una indebida protección de los operadores profesionales al margen del mercado, sino como una garantía pública a fin de evitar a la sociedad los efectos más dañosos del libre mercado, sin que por ella pueda inferirse ningún límite en la dinámica de la libre competencia. El Tribunal de Justicia subraya que los objetivos de protección de los consumidores (destinatarios de los servicios judiciales) y de buena administración de justicia pueden considerarse razones imperiosas de interés general que permitan justificar una restricción a la libre prestación de servicios, siempre que se cumpla el doble requisito señalado, confiando esta valoración al órgano jurisdiccional remitente.

-Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 29 de marzo de 2011, asunto C-565/08: Resolvió un recurso interpuesto por la Comisión Europea contra la República de Italia por «incumplimiento de Estado» —de los arts. 43 CE y 49 CE— en relación a los Abogados de dicho país y la obligación de observar las tarifas máximas en materia de honorarios, por considerar dicha conducta una «obstaculización del acceso al mercado».

La profesión de abogado se rige en Italia por un Real decreto Ley de 27 de noviembre de 1933, convertido después en ley y modificado posteriormente. En virtud de tal norma, el Consejo Nacional de la Abogacía (CNF) se constituye ante el Ministro de Justicia, y está formado por abogados elegidos por sus colegas, a razón de un representante por cada distrito judicial. El art. 57 prevé que los criterios que sirven para determinar los honorarios y las compensaciones económicas de los abogados y los procuradores en materia civil, penal y extrajudicial se establecen cada dos años mediante acuerdo del CNF que debe ser aprobado por el Ministerio de Justicia, tras consultar al Consejo de Estado. Los criterios se establecen en función del valor de los litigios y del rango del tribunal que conoce de ellos y, en los procesos penales, en función de su duración. Para cada acto o serie de actos deben fijarse un límite máximo y otro mínimo de la cuantía de los honorarios. El art. 60 dispone que el órgano judicial realiza la liquidación de los honorarios sobre la base de dichos criterios, teniendo en cuenta la gravedad y el número de cuestiones examinadas. Esta liquidación debe respetar los límites máximos y mínimos previamente fijados. No obstante, en los casos de importancia excepcional, cuando el valor intrínseco de la prestación lo justifique, el juez puede sobrepasar el límite máximo. Y a la inversa, cuando el asunto resulta fácil de tramitar, puede fijar honorarios inferiores al límite mínimo. En ambos casos, el juez debe motivar su decisión. Por su parte, el art. 24 de la Ley n.o 794 relativa a los honorarios de los abogados en relación con las prestaciones judiciales en materia civil, de 13 de junio de 1.942, establecía que no puede minutarse por debajo de los honorarios mínimos fijados para las prestaciones de los abogados, so pena de nulidad de todo pacto en contrario. El llamado «Decreto Bersani», de 04/07/2006, dictado para adaptar las normas italianas en esta materia a las Directivas de la Unión Europea, a fin de garantizar la libre competencia y la libre circulación de personas y de servicios, derogó, entre otras, las disposiciones legales y reglamentarias que, con respecto a las profesiones liberales y a las actividades intelectuales, establecían tarifas fijas o mínimos obligatorios, con la salvedad o excepción de posibles tarifas mínimas previamente establecidas con carácter general en aras de la protección de los usuarios. En este último caso, corresponde al juez proceder a la tasación de las costas y de los honorarios, en caso de liquidación judicial y de asistencia jurídica, sobre la base del baremo profesional. Tras efectuar un exhaustivo análisis del ordenamiento jurídico italiano, el tribunal concluye que el régimen italiano sobre los honorarios se caracteriza por una flexibilidad que parece permitir la remuneración correcta de todo tipo de servicio prestado por abogados, siendo posible aumentar los honorarios hasta el doble de las tarifas máximas, o incluso al cuádruple en casos de asuntos que revisten una importancia, complejidad o dificultad especiales, o hasta el cuádruple de dichas tarifas respecto a aquellos que tengan una importancia excepcional… permitiendo también a los abogados celebrar acuerdos especiales para fijar el importe de sus honorarios con sus clientes. Por ello, no resulta probado que las disposiciones controvertidas obstaculicen el acceso al mercado italiano de referencia de los abogados procedentes de los demás Estados miembros, y no se acoge la argumentación de la Comisión.

2. Los Baremos y Criterios Orientativos. Su cuestionada vigencia

Tras la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 y su transposición al ordenamiento jurídico español, el estado español mostró un afán liberalizador acorde y coherente con los principios de aquélla. Ello determinó que los diferentes Colegios y Consejos de Abogados de España se vieran obligados a modificar formalmente el carácter de sus respectivos «Baremos», «Normas orientativas», «Criterios de Orientación», «Criterios de Honorarios», etc. …, introduciendo en el texto de los mismos las aclaraciones, modificaciones y precisiones necesarias a fin de que no existiera duda alguna sobre la libertad absoluta del Abogado a la hora de pactar los honorarios con sus clientes. No obstante, han venido manteniendo su vigencia en las tasaciones de costas y las juras de cuentas, aunque una buena parte de ellos no hayan revisado sus cuantías con posterioridad a la entrada en vigor de las Leyes 17/2009, de 23 de nov. y 25/2009, de 22 de diciembre. Cabe señalar, sin embargo, que la liberalización de los honorarios correspondientes a los servicios profesionales prestados por los abogados ha sido mucho más teórica que práctica, pues nunca se llegó a derogar de facto los baremos de honorarios profesionales.

Con posterioridad a la entrada en vigor de las citadas normas legales, la genérica Disposición Derogatoria contenida en la Ley 25/2009 declaró derogadas cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario, o estatutos profesionales y demás normas internas colegiales se opusieran a lo en ella dispuesto, perdiendo los baremos, ya sin ninguna duda, su carácter normativo.

No obstante, la excepción contenida en la Disposición Adicional Cuarta de la meritada Ley 25/2009, antes transcrita, ha permitido que se mantuviera la vigencia de los mismos, si bien como meros criterios orientadores, «a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados».

Además, hay que destacar la circunstancia de que las Juntas de Gobierno de los diferentes Colegios de Abogados han ido remitiendo a sus colegiados, con cierta regularidad, circulares recordatorias del carácter meramente orientativo de los baremos, de su vigencia a los solos efectos de las tasaciones de costas y juras de cuentas y de la conveniencia de suscribir con el cliente una Hoja de Encargo previa.

A continuación se recogen algunas referencias, relativas a la propia descripción que, sobre la denominación y alcance de los cuestionados Baremos, Criterios Orientativos, Normas Orientativas…, han realizado algunos Colegios y Consejos de Abogados españoles y, en la materia que atañe al objeto de este trabajo, la concreción de su ámbito de aplicación con carácter exclusivo a las tasaciones de costas y juras de cuentas:

Criterios de Minutación de los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León:

«La aplicación de estos criterios, respetando la normativa vigente en materia de libre competencia, servirá especialmente de guía siempre que se solicite el parecer de los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León, en los siguientes supuestos:… b) Cuando la minuta pretendida por el abogado haya sido objeto de impugnación ante cualquier órgano judicial, ya sea en un procedimiento específico de reclamación o repercusión de honorarios (reclamación de honorarios o tasación de costas), ya sea en cualquier otro procedimiento …» (1 de mayo de 2004).

Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Baremo de Orientación de Honorarios Profesionales:

«Las presentes Normas responden a una finalidad orientadora…» «… El carácter orientador se ha predicado siempre en las Normas de Honorarios, por lo que se cumple el presupuesto del apartado ñ) del art. 5 de la Ley de Colegios Profesionales 2/1974 según redacción dada por R.D-Ley 5/1996 de 7 de junio.» «Tasación de costas: Si los honorarios son a cargo del litigante vencido, se aplicará el presente Baremo, entendido como Baremo máximo de honorarios…» (1 de febrero de 2008).

Criterios de Honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona:

«El presente libro de honorarios pretende servir de pauta orientadora para su cálculo… Sin embargo dentro de esta finalidad orientadora es esencial para el Letrado cuya parte ha sido favorecida en costas, realizar una valoración de su actuación y los correspondientes cálculos con vocación de seguridad, con el fin de evitar la impugnación de su minuta de honorarios.

Es decir, más allá de la relación entre el abogado y su cliente, la posibilidad de una condena en costas implica el derecho al resarcimiento de aquellos importes que de acuerdo con las leyes sean repercutibles a través de las costas procesales. La condena en costas no implica, sin embargo, una inversión de la carga de pagar los honorarios del Letrado, y es por eso, que, partiendo de criterios de justicia se considera que el contrario vencido no tiene que soportar unos honorarios superiores a los recomendados y que hay que hacer uso de unos criterios de moderación que directamente incorpora este libro…» (noviembre 2004).

• Criterios del Colegio de Abogados de Madrid en la emisión de sus dictámenes sobre Honorarios Profesionales a requerimiento Judicial:

«Los presentes criterios… responden a una finalidad orientadora… La aplicación de los presentes criterios, respetando la normativa vigente en materia de libre competencia, servirá especialmente de guía siempre que se solicite el parecer de este Colegio en los siguientes supuestos: …b) Cuando la minuta pretendida por el Abogado haya sido objeto de impugnación ante cualquier órgano judicial, ya sea en un procedimiento específico de reclamación de honorarios (jura de cuentas o tasación de costas), ya sea en cualquier otro procedimiento» (6 Nov. 2008).

En semejantes términos se expresan el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, de Málaga, Consejo Vasco de la Abogacía y el Ilustre Colegio de Abogados de Santiago, entre otros.

3. Cuestiones sometidas a debate

Con anterioridad a la situación actual, ya descrita ampliamente en la primera parte de este trabajo, era infrecuente y casi anecdótico descubrir alguna resolución judicial que atribuyera al Secretario Judicial una extralimitación en sus funciones en cuanto a moderar los honorarios de los Letrados, como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 28 de junio de 2005:

«Cabe señalar, además, en cuanto a los honorarios del Letrado…, que no existe base legal para que el secretario judicial por propia iniciativa minore el importe de tales honorarios aplicando las Normas Colegiales Orientadoras para su fijación».

Ahora, tras la reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial y la novedosa doctrina jurisprudencial sometida a análisis, el Secretario Judicial ha adquirido un nuevo e incuestionable protagonismo en la Administración de Justicia y, más concretamente, en lo que aquí es objeto de estudio, en la tasación de las costas. Nos preguntamos si, una vez efectuada la impugnación por la parte desfavorecida, oídas las alegaciones del Letrado minutante, discrepantes por razones obvias de tal impugnación, tras pasar testimonio de los autos o de la parte de los mismos que resulte necesaria al Colegio de Abogados para emisión de informe y una vez obtenido éste, el Secretario Judicial debe sentirse vinculado a su contenido o, como postula el Tribunal Supremo, el dictamen emitido por la Corporación carece de toda validez, esto es, no sirve para nada.

1.ª. La validez del Informe o dictamen del Colegio de Abogados

El art. 246 LEC contiene la regulación legal de la impugnación de la tasación de costas, por considerar excesivos los honorarios del Abogado vencedor, habiendo quedado configurada su actual redacción al introducir la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal, para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-20) los actuales apartados 3 y 4 del precepto referido. El apartado 1 señala que, hecha la impugnación, se oirá en el plazo de cinco días al abogado de que se trate y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe, añadiendo el apartado 3 que a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, el Secretario dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones.

Y, a la luz de la inquietante Jurisprudencia del Tribunal Supremo ya examinada en la primera parte de este trabajo (Auto Sala Primera, de 3 de mayo de 2011, rec. 868/2004, y Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 3.ª, de 19 de julio de 2011, rec. 3337/2007) que considera que el informe o dictamen del Colegio de Abogados no es vinculante para resolver la impugnación de los honorarios de los abogados por excesivos, nos preguntamos por qué razón el legislador no aprovechó la oportunidad de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre —en vigor el 4 de mayo de 2010—, que operó modificaciones en más de 300 artículos de la LEC, para suprimir la necesidad de recabar dicho informe, pues se mantiene no sólo para las tasaciones de costas, sino también para las juras de cuentas (art. 35 LEC).

No cabe ninguna duda acerca de naturaleza jurídica meramente orientadora de las normas reguladoras de honorarios y de su falta de carácter imperativo, si bien en la práctica, a pesar de la novedosa Jurisprudencia objeto de estudio y examen en este trabajo, los tan cuestionados baremos orientadores —sin perjuicio de su concreta denominación— continúan sirviendo de referente para las cuantificaciones de honorarios profesionales e, incluso, se sigue produciendo su aplicación automática, tanto por la mayor parte de los letrados, al confeccionar las Minutas de Honorarios objeto de tasación (tasación de costas, Jura de cuentas y determinación de honorarios de los Letrados en designaciones por turno de oficio con denegación de la justicia gratuita) con acomodo a las mismas, como por un número significativo de Secretarios Judiciales y de Jueces y Magistrados, al aprobar las tasaciones de costas, los unos y al resolver los recursos interpuestos contra aquéllas, los otros.

Y pese a que el fenómeno indicado constituye un claro y sólido indicio de su necesidad o, cuanto menos, de su utilidad, sin embargo la meritada Jurisprudencia del Alto Tribunal ha sustraído a los Colegios Profesionales la tarea de ser los árbitros e intérpretes de la razonabilidad de las minutas de honorarios, al determinar éste «sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados».

En este sentido, puede producirse la irónica situación en la cual el Letrado vencedor, que haya minutado por debajo de los honorarios consignados en el informe emitido por el Colegio de Abogados, sufra la imposición de las costas correspondientes al incidente de impugnación (art. 246.3 LEC) al no sentirse el Tribunal vinculado por dicho informe y considerar que, pese a la cuantificación superior del mismo, el importe de la minuta es, a su juicio, excesivo.

Sin embargo, existen resoluciones judiciales que optan por una posición intermedia, como el Auto del TS, de 11 de enero de 2011 (Rec. 1985/2005, ponente Xavier O’Callaghan Muñoz), no tan distante cronológicamente de los que son objeto de anàlisis en este trabajo (Auto Sala Primera, de 3 de mayo de 2011, rec. 868/2004, y Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 3.ª, de 19 de julio de 2011, rec. 3337/2007), en el cual, habiéndose impugnado la tasación de costas por honorarios excesivos del Letrado vencedor, el Secretario Judicial moderó la minuta de conformidad con el informe emitido previamente por el Colegio de Abogados de Madrid, acogiendo íntegramente su recomendación y, frente a la suma de 28.533,40 euros solicitados por el Letrado minutante, se redujo su importe a 9.462,14 euros, más IVA, tal como recomendaba el informe del Colegio de Abogados. El Tribunal Supremo, al resolver el recurso, dio por válida la reducción de la minuta operada por el Secretario Judicial y, con ello, la corrección y acierto del dictamen elaborado por el Colegio de Abogados de Madrid.

Visto con otro enfoque diferente, cabría considerar que la genérica Disposición Derogatoria contenida en la Ley 25/2009, que declaró derogadas cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario, o estatutos profesionales y demás normas internas colegiales se opusieran a lo en ella dispuesto, derogó la parte del precepto antes examinado (art. 246 LEC) relativa a la solicitud de informe o dictamen al Colegio de Abogados, pese a la excepción contenida en la Disposición Adicional Cuarta de la meritada Ley 25/2009, que ha permitido que se mantuviera la vigencia de los baremos, si bien como meros criterios orientadores, «a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados».

De lege ferenda, sería conveniente que la norma estableciera con toda claridad si el trámite que obliga al Secretario Judicial (ex art. 246.1) a remitir testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que éste emita informe mantiene su vigencia y, en su caso, determinar si el Fedatario queda vinculado por su contenido (art. 246.3 «a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, el Secretario dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas») y el alcance del mismo. En todo caso, se impone la necesidad de que se proceda a una unificación de criterios en una materia como ésta, de tan hondo calado.
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