La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




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2.ª Principios jurídicos que pueden resultar afectados

Corresponde a esta parte del trabajo realizar un enfoque crítico de la nueva dirección jurisprudencial adoptada por el Tribunal Supremo al resolver las impugnaciones de las tasaciones de costas, puesta de manifiesto en los Autos de referencia, con la que somos coincidentes en muchos extremos, más disidentes en otros. Y no sería completo el estudio que se acomete si no alcanzara también los aspectos negativos que la nueva Jurisprudencia objeto de debate puede generar.

Siguiendo este análisis, debe apuntarse que desde la Abogacía Española se han alzado voces, si bien con cierta timidez, que estiman que el criterio sentado por esta doctrina jurisprudencial es perjudicial, al menos en parte, no sólo para los propios abogados, sino fundamentalmente para los intereses generales.

Así, se sostiene que, en aras a la aplicación del principio de proporcionalidad con el trabajo realizado, y sin el apoyo y referencia del dictamen imparcial de los Colegios de Abogados extraído de las normas orientadoras —de tan cuestionada vigencia y, por ende, relevancia—, se ha cruzado una línea roja que nos aparta de la objetividad y la prudencia y nos conduce hacia el terreno de la pura subjetividad, tras la cual quedan desprotegidos algunos principios jurídicos fundamentales. Partiendo de esta consideración, el respeto al Principio de Interdicción de la Arbitrariedad obligaría al mantenimiento de unos criterios objetivos, en aras a la salvaguarda de la igualdad de las partes en el proceso, que impidieran la discrecionalidad del Tribunal en la decisión de la minoración de los honorarios del Letrado vencedor, en beneficio del litigante condenado al pago de las costas —que puede haber actuado con temeridad y mala fe en el proceso—.

Del mismo modo, se sugiere que actuaciones como las llevadas a cabo por el TS en las resoluciones que han sentado la nueva doctrina, afectan al Principio de Seguridad Jurídica. Y ello no sólo porque alteran y vacían de contenido por vía jurisprudencial el marco normativo existente (art. 246.1 y 3, en cuanto a la emisión de informe por el Colegio de Abogados y su carácter vinculante), sino porque impiden al ciudadano, de antemano, conocer con cierta aproximación el coste final del proceso, tanto al litigante vencido —por no poder cuantificar con carácter previo al inicio de la contienda el detrimento económico que le supondría la derrota—, como al litigante vencedor —al limitarle las expectativas del concreto resarcimiento económico que podría obtener con la victoria—. En ambos casos, el desconocimiento del montante económico que implica entablar un pleito —a expensas de la interpretación más generosa o restrictiva que efectúen el Secretario Judicial o el Juez— puede generar, sin duda, una cierta inseguridad jurídica al ciudadano, capaz de desvanecer o disipar el derecho al libre acceso a la justicia. Por ello, es importante poder determinar el montante o crédito que, en concepto de honorarios de abogado, pueda ser repercutido a la parte contraria, vencida en un pleito, para sopesar la viabilidad económica del proceso.

Y se insiste en que los recortes de minutas de honorarios, realizados por los Tribunales y Fedatarios Judiciales sin una pauta o referencia económica uniforme, suponen a priori la imposibilidad, por parte del justiciable, de apreciar o evaluar los riesgos económicos que se asumen ante la interpelación judicial derivados de la condena en costas: cuando la condena en costas es en su perjuicio, porque debe asumir el coste de tales costas, y cuando le favorece porque puede ver frustradas sus expectativas de recuperar los costes soportados por su economía —que puede ser poco saneada e, incluso, deprimida— con ocasión del proceso judicial.

Por último, debe tenerse en cuenta que la valoración de la minuta de honorarios que efectúen el Secretario Judicial o, en su caso, el Juez o Tribunal, en la tasación de las costas impugnada, con arreglo a los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en la doctrina Jurisprudencial objeto de debate, nos plantea otra reflexión, cuanto menos intranquilizante, para los profesionales de la Abogacía: la posible colisión de tal valoración, de forma negativa, con la Dignidad y el Decoro de la Profesión de Abogado e, incluso, la lesión de tan preciado derecho. Adviértase que el examen que deba realizar el Secretario Judicial o Tribunal, en su caso, para determinar la concurrencia de los criterios fijados por el Tribunal Supremo sobre la minuta objeto de impugnación (esfuerzo y estudio exigido, grado de complejidad y trascendencia, extensión y desarrollo del escrito de impugnación, trabajo profesional puesto de manifiesto…) deberá ser extremadamente cuidadoso y respetuoso con la actuación profesional desarrollada por el Letrado minutante, evitando en todo caso juicios de valor que puedan dañar la imagen del mismo o cuestionar sus cualidades profesionales ante su propio cliente, el cual verá frustrada la posibilidad de repercutir sobre el condenado en costas la parte de la minuta objeto de minoración y puede caer en el error de responsabilizar al Abogado de su desdicha económica, pese a haber ganado el pleito. Pues bien, una excesiva depreciación de la minuta bajo tales consideraciones, sin el respeto a unas mínimas cuantías, aún meramente orientativas —no justificada por ningún parámetro cuantificador objetivo, sino por el propio criterio o parecer, más o menos racional, más o menos acertado, del Secretario o Tribunal llamado a resolver— puede llegar a vulnerar la dignidad profesional del abogado, pese a la ausencia de intención en ello.

Llegados a este punto, consideramos conveniente hacer referencia al acuerdo adoptado por la Reunión de Pleno de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo para la Unificación de criterios y la Coordinación de prácticas procesales (art. 264 LOPJ) celebrada el día 18 de diciembre de 2007 —al que también se hará referencia en la última parte de este estudio—, que trata en parte esta última cuestión expuesta, al referir que:

«… 2.- El tribunal debe limitarse a fijar el crédito de la parte vencedora frente a la parte vencida, haciendo abstracción del que pueda corresponder al abogado frente a su cliente. La motivación debe ser cuidadosa para no prejuzgar este último aspecto, por lo que las referencias a la valoración del trabajo del abogado deben limitarse a los aspectos directamente vinculados a la determinación de la cuantía que debe ser objeto de la tasación en concepto de importe de los honorarios que debe ser repercutido sobra la parte vencida.

3.-…Debe ponderarse la fijación de una cantidad mínima por debajo de la cual resultaría inadecuada la tasación de los honorarios, atendida la importancia del recurso de casación.»

4. Apuntes y sugerencias. Propuesta de minuta de Letrado

Al entender de quienes esto suscriben, supone una tarea muy compleja efectuar la valoración del trabajo realizado por el Letrado minutante, dentro del terreno de la impugnación de la tasación de costas, en la forma pretendida por el Tribunal Supremo, tarea que, por más que se quiera atinar, no está en absoluto exenta de desviaciones subjetivas, arbitrariedades, desigualdades y un largo etcétera de inconvenientes, hasta llegar a la determinar cuáles son las costas resarcibles.

Cierto es que —en este punto estamos de acuerdo— la aplicación automática de los baremos, en aquellos supuestos directamente relacionados con la cuantía del pleito, puede dar lugar a injusticias palmarias ocasionadas por la redacción de minutas desorbitadas que no guardan proporción razonable con el trabajo profesional realizado, constituyendo un buen ejemplo de ello —hay algunos más—, los supuestos que se plantean en las tasaciones de costas practicadas con ocasión de las ejecuciones hipotecarias, en muchos casos promovidas mediante escritos y demandas completamente estereotipadas que, salta a la vista, no han supuesto al abogado que las confeccionó más que un mínimo esfuerzo.

Ahora bien, tal consideración no debe conducir, necesariamente, a la supresión de los baremos orientadores, ya que justo es que sean reconocidas sus bondades, que no es ocioso detallar: certeza, seguridad, unificación de criterios, objetividad, igualdad de las partes en el proceso, cálculo previo aproximado de los costes del pleito…, etc.

Y quizás lo más aconsejable y conveniente, finalmente, sea mantener los baremos orientativos de honorarios —idea postulada por la Abogacía— basados en tarifas mínimas como punto de partida. Más no sin proceder previamente a una razonable y profunda revisión de los mismos, sus conceptos, criterios, partidas y unidades de medida y valoración, acorde con las normas de libre mercado establecidas por la Unión Europea y, a la vez, que garantice unos parámetros de cálculo dirigidos a mantener la seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad y la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la justicia.

Esta tarea de revisión podría ser el terreno de cultivo para una aproximación de los baremos a la doctrina del Tribunal Supremo sometida a estudio, reduciendo las minutaciones o cálculos automáticos fijados única o principalmente a tenor de la cuantía del litigio, tan repudiados por el Alto Tribunal, y estableciendo con claridad y precisión otro tipo de parámetros más próximos a la incipiente doctrina del Tribunal Supremo. En definitiva, se hace necesaria una adaptación de los baremos a los criterios sentados por la nueva corriente jurisprudencial, que se impondrá, sin duda, con la aquiescencia de unos operadores jurídicos y la discrepancia de otros, por la propia inercia de la Administración de Justicia.

Por nuestra parte —refiriéndonos siempre a las tasaciones de costas— propugnamos la conveniencia de unificar, a través del Consejo General de la Abogacía —en su condición de órgano representativo coordinador de los 83 Colegios de Abogados y los 10 Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados que forman la estructura territorial de la Abogacía Española—, todos los baremos existentes, elaborados por los distintos Colegios y Consejos de Abogados españoles que, en muchas ocasiones, mantienen entre sí distintos módulos de medición para una misma actuación profesional, a fin establecer los mismos parámetros de forma generalizada en todo el territorio español.

De conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referida más atrás (Sentencia TJUE de 6 diciembre 2006, asunto C-094/04 «Cipolla/Portolese, y Sentencia TJUE de 29 de marzo de 2011, asunto C-565/08 referidas al Estado Italiano), de manera excepcional resulta admisible el establecimiento de unos honorarios mínimos como medida adecuada para alcanzar los objetivos de protección de los consumidores (destinatarios de los servicios judiciales) y de buena administración de justicia, si bien debe ser el Estado (y no el Colegio profesional) quien ejerza la facultad de tomar decisiones sobre el baremo mínimo de los honorarios de los abogados.

Partiendo de esta premisa, con inspiración en el sistema italiano y para su exclusiva aplicación en el ámbito de la impugnación de la tasación de las costas, sería factible, como modelo alternativo (que apuntamos sin mayor pretensión que la de ofrecer un punto de vista compatible con la nueva Jurisprudencia del TS en esta materia, y sin perjuicio de los distintos modelos que puedan aconsejarse desde otras fuentes), que el Consejo General de la Abogacía propusiera al Ministerio de Justicia la aprobación de un baremo orientativo de honorarios, previamente estudiado y confeccionado por el propio Consejo, que garantizara unas tarifas mínimas —no susceptibles de minoración en ningún caso, a fin de garantizar la dignidad y decoro de la profesión—, a partir de las cuales se introdujeran unidades de medida —por ejemplo, puntos— hasta un máximo —por ejemplo, de 1 a 10—, que otorgaran valor ascendente al trabajo profesional realizado, desgranado en conceptos y partidas, en función de la concurrencia en los mismos de los criterios de valoración fijados por el Tribunal Supremo: dificultad del asunto, complejidad (de 1 a 10 puntos); amplitud del trabajo desarrollado (de 1 a 10 puntos); intereses económicos en juego (de 1 a 10 puntos), horas de trabajo dedicadas (de 1 a 10 puntos); pluralidad de partes contrarias y/o de clientes (de 1 a 10 puntos), fase del procedimiento (de 1 a 10 puntos), así como cualquier otro criterio de valoración que resultara conveniente introducir. Todos estos criterios vendrían a conformar, en definitiva, la adecuación de la minuta así confeccionada al principio de razonabilidad exigido por el Alto Tribunal, pasando la cuantía del litigio, tan criticada por éste, a constituir tan sólo uno más de los criterios objeto de valoración. Correspondería al Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General de la Abogacía, la revisión anual del valor económico asignado al punto.

De este modo, tanto al Secretario Judicial como al Tribunal, les resultaría una tarea más sencilla, con total capacidad de decisión —salvo el respeto a las cuantías mínimas no susceptibles de minoración—, determinar la adecuación del montante de la minuta a la realidad del trabajo profesional realizado por el abogado mediante la adición o sustracción de puntos a cada uno de los criterios exigidos, y su posterior conversión en euros. De tal manera que podrían restar o añadir puntos, pero no podrían alterar el valor económico asignado periódicamente al punto desde el Ministerio de Justicia, previo informe del Órgano representativo de los abogados españoles.

Pero insistimos, esto es sólo un apunte en el cual hemos esbozado un modelo alternativo que, en nuestra modesta opinión, podría acomodarse a las exigencias de la doctrina jurisprudencial analizada en el presente trabajo, así como a las reglas de libre mercado de la Unión Europea, sin riesgo de incurrir en desviaciones subjetivas o arbitrarias. Pero que, en modo alguno, pretende ser concluyente.

Finalmente, reproducimos una minuta confeccionada de acuerdo con el modelo propuesto:

MINUTA DE HONORARIOS PROFESIONALES

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO NÚM. XXXX.

ÓRGANO JUDICIAL: J.P.I. NÚM. XXX DE DENIA Y SECCIÓN XX DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

INTERÉS ECONÓMICO/VALOR DE LOS BIENES RECUPERADOS: XXXX Euros

CLIENTE: D.ª XXXX

RESOLUCIÓN JUDICIAL DICTADA: SENTENCIA ESTIMATORIA DE LA DEMANDA DE FECHA XXX Y POSTERIOR SENTENCIA CONFIRMATORIA DE FECHA XXXX DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, SECCIÓN XXXX.l

CONDENADO AL PAGO DE LAS COSTAS: EL DEMANDADO DON XXXX,

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS:

1.º Estudio previo del asunto y redacción de la demanda:

El objeto del litigio lo ha constituido la nulidad de pleno derecho, o anulabilidad en su defecto, por mediar fraude y engaño, por parte del esposo, y vicio en el consentimiento por parte de la demandante, de la escritura de liquidación de la Sociedad de Gananciales (en la que el demandado se adjudicó dos inmuebles privativos de la demandante, simulando la entrega de capital a la misma en compensación) otorgada por la demandante, D.ª XXXX, y el demandado, D. XXXX, en fecha XXXX, ante el Notario de Valencia D. XXXX, con numero XXXX de protocolo.

El estudio previo de los antecedentes fácticos del asunto ha sido laborioso, dada la causa de nulidad radical y/o anulabilidad invocada y la dificultad técnica en la interpretación del lenguaje médico: análisis de 20 informes médicos relativos a la demandante, estudio de monografías médicas, de lenguaje estrictamente técnico, que analizan con detalle el síndrome que afecta a la demandante; valoración de dicho síndrome como causa de la nulidad del consentimiento prestado; recopilación de abundante documentación acreditativa de la naturaleza privativa de los bienes adjudicados al demandado (movimientos de cuentas bancarias de los últimos cinco años, testamentos y adjudicaciones de herencia de los padres de la demandante; compraventas encadenadas con dinero procedente de las herencias indicadas…)

La redacción de la demanda ha presentado gran complejidad técnica, con estudio pormenorizado de la abundante casuística contenida en la jurisprudencia aplicable al caso concreto.
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