La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




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2.º Asistencia a la Audiencia Previa el día XXXX y proposición de prueba. Siendo controvertida la cuestión de hecho planteada, ha requerido de una amplia proposición de prueba, con cuidadosa selección de prueba pericial, a los efectos de justificar la enfermedad de la demandante en la fecha de la firma del documento objeto de nulidad, que sirve de soporte a la demanda, así como seis testigos, y solicitud de remisión de oficios a 5 entidades bancarias. Igualmente, en este acto, fue necesario recurrir en reposición la denegación de 2 pruebas testificales por parte del Tribunal que esta parte consideraba claves para el resultado final del pleito, por los argumentos y motivaciones que constan en soporte videográfico, así como impugnar la admisión de contrario de la declaración testifical de D.XXXX, amigo del demandado, por considerar esta parte que el mismo no tenía conocimiento directo sino por referencia de los hechos controvertidos.

3.º Preparación y asistencia al juicio celebrado los días XXXX y XXXXX.

La preparación del juicio, dada la abundante prueba propuesta por ambas partes, ha requerido plena dedicación del letrado minutante durante los cuatro días consecutivos previos, a razón de 8 horas diarias: estudio de los informes periciales presentados por el demandado y de los practicados en sede judicial; preparación del interrogatorio del demandado y de las declaraciones de los testigos de ambas partes (9).

La vista se ha desarrollado durante dos sesiones, en horario de 10:00 a 14:15 horas la primera (día XXXX) y de 10:00 a 13:00 horas la segunda (día XXXX), requiriendo la atención y dedicación exclusiva del letrado durante ese tiempo, en detrimento de otras actuaciones profesionales.

4.º Impugnación del Recurso de Apelación interpuesto por el demandado, con celebración de vista y práctica de prueba pericial en Sala (día XXXX)

Por las mismas razones expuestas, la impugnación del recurso de Apelación ha requerido un notable esfuerzo en el análisis pormenorizado de la compleja y abundante prueba practicada, a fin de desvirtuar los argumentos del demandado apelante, y posterior trabajo de síntesis para llegar a las conclusiones finales. Asimismo, revisión de los fundamentos jurídicos esgrimidos por la contraparte en su recurso. Finalmente, preparación de nueva prueba pericial —propuesta por el demandado en la audiencia previa e inadmitida— reproducida por éste en el recurso de Apelación, y asistencia a la vista en Sala.

CÁLCULO DE LOS HONORARIOS ( (3) ):

1.- Honorarios mínimos para el Juicio Ordinario … X €

2.- Por la complejidad del asunto … 6 puntos.

3.- Valor económico de las pretensiones ejercitadas … 4 puntos

4.- Esfuerzo y dedicación … 8 puntos

Total puntos … 18

Importe … X €

Honorarios mínimos … X €

Total Minuta … X €

IVA 21% … X€

Total Honorarios recuperables … X €

III. TASANDO

1. Inmersión

Como cuestión introductoria debemos decir que la función tasadora del secretario judicial viene reconocida en el párrafo primero del art. 243 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en cuyo tenor literal se indica que «en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del Tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, o, en su caso, por el Secretario judicial encargado de la ejecución». Sin embargo, no es propósito de este trabajo realizar un análisis, ni sobre el concepto de las costas procesales, ni sobre su regulación procesal pues lo que aquí pretendemos es dar un paso más allá y aproximarnos al impacto real que sobre la actividad tasadora tienen los criterios rectores fijados por el Tribunal Supremo. No perseguimos tampoco trazar una teoría desarrolladora de esos criterios jurisprudenciales que podría llevarnos a una interesante concreción teorética pero, al efecto pretendido en este trabajo, resultaría una construcción ciertamente encerrada en un magma excesivamente valorativo y de escasa trascendencia empírica. El propósito básico de este ejercicio de reflexión es procurar un arriesgado descenso al plano de la realidad cotidiana de unos parámetros trazados por el Tribunal Supremo, tal vez, con excesiva ingravidez.

En este sentido, el principal problema que al secretario judicial responsable de la tasación de costas se le presenta no radica en la fijación de un espectro definido de significación de los conceptos jurisprudenciales ofrecidos por nuestro Alto Tribunal sino en su traslación a la casuística procesal, lo que demanda cierta praxis objetivizada. Así, esta materia, en el nuevo estado de configuración, tiene un altísimo componente casuístico-valorativo. Pudiera entenderse que con carácter previo habría que desgranar conceptualmente, al menos de forma sintética, los criterios genéricos que emplea el Tribunal Supremo a fin de concretar ese conjunto indefinido que, con cierta inseguridad, se vierte sobre la actividad de tasación, tan sensible por su inmediata repercusión económica. Y no sólo conceptuar esos criterios sino, y especialmente, su encaje en el amplio espectro normativo que recoge los distintos resortes reguladores de la materia que nos ocupa. Sin embargo, los criterios jurisprudenciales no ofrecen semánticamente problema alguno. Conceptos tales como «circunstancias concurrentes en el pleito», «grado de complejidad del asunto», «fase del proceso», «motivos del recurso», «contenido del escrito de impugnación», «esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes», «valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito», «la complejidad y trascendencia de los temas», son términos de evidente significación que incluso llegan a resultar descriptivos de la actividad a que están llamados. No se trata de términos estrictamente jurídicos sino más bien narrativos y la actividad fundamental del secretario judicial ha de ser normativizarlos de forma coherente con la envoltura jurídica del instituto de la tasación de costas. Por ello, como ya he anticipado, el verdadero problema que se plantea es eminentemente práctico: cómo obtener una traducida cuantificación dineraria que resulte de una debida correspondencia entre los criterios jurisprudenciales y su razonado reflejo en autos.

No obstante lo anterior, sí entendemos imprescindible señalar como punto de partida que con la tasación de costas se viene a cuantificar la cantidad dineraria que dentro de los límites legales (4) se han de reintegrar a la parte vencedora en el pleito por los gastos que ha tenido que realizar en el proceso judicial al que la parte condenada en costas le ha obligado a acudir. Así, no se cuantifican honorarios profesionales sino gastos procesales reintegrables a la parte. Es el derecho que tiene la parte vencedora en el pleito, y que tiene a su favor una condena en costas, de obtener reintegro económico por la obligación legalmente impuesta de tener que contratar un profesional a fin de obtener, a través de un proceso judicial, el restablecimiento del orden jurídico vulnerado. Así el propio Tribunal Supremo señala que con las costas no se trata de cuantificar los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas pues «su actividad se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación contractual libremente estipulada» (5) , sino la carga que la parte condenada ha de soportar en calidad de reintegro a la parte vencedora de los gastos procesales. Por lo tanto, no hay afectación a la cualidad del letrado minutante. Ésta queda perfectamente identificada en la totalidad de los conceptos afectados por el contrato libremente celebrado con su cliente y sujeto jurídicamente a la naturaleza contractual correspondiente en lo referente a las recíprocas prestaciones pactadas. De este modo, el concepto de libertad que se maneja en el estadio en que nos encontramos no tiene parentesco con aquella originaria libertad contractual inicial, sino más bien con la derivada consecuencia de desafectar la actividad tasadora de cuantías y baremos, como único criterio de referencia.

Se podría argumentar que esta libertad tasadora del secretario judicial, inserta en esos criterios jurisprudenciales, es fácilmente subsumible en conceptos de subjetividad e inseguridad por cuanto resulta harto complicado finalmente cuantificar la dificultad, la complejidad del asunto o el esfuerzo y dedicación dados por el letrado minutante entendiéndose muy delgada la línea cuyo franqueo puede adentrar la actividad tasadora en el ámbito de la discrecionalidad. Se ha entendido por algunos letrados, en la experiencia que acumulo en esta materia, que la sujeción a la cuantía del litigio y a los baremos orientadores dotan al sistema de tasación de seguridad y certidumbre, y que el elemento subjetivo ha de jugar únicamente un papel secundario de matización del importe de las costas.

Obviamente no participamos de este pétreo argumento, no sin desconocer que precisamente estos recelos provienen precisamente de la escasísima experiencia del nuevo modelo de tasación que hace que los escasos pronunciamientos judiciales resulten algo esqueléticos pero no precisamente por carencia medular del modelo sino de adaptación de los distintos operadores jurídicos al mismo. Hemos adoptado la referencia del modelo comunitario y a él hemos de volver en este punto al señalar la jurisprudencia comunitaria, como ya vimos en el capítulo I de este trabajo, que la debida apreciación valor del trabajo efectuado por el letrado minutante depende de la precisión de la información facilitada. Por tanto, la falta de precisión en ese sentido dificulta la comprobación de los gastos efectuados y obliga a realizar una apreciación estricta de los honorarios recuperables. Así pues, ante la falta de justificación de honorarios, el Tribunal comunitario se ve abocado a realizar una interpretación estricta que no es otra que la realizada acudiendo a la cláusula de cierre del modelo: la razonabilidad; constituye entonces una completa, precisa y exhaustiva justificación de honorarios el esencial elemento objetivizador del modelo de tasación aquí examinado. La subjetivización del modelo rinde en proporción inversa a la exhaustividad justificadora del letrado, permitiendo, esta última, el pleno desarrollo de la motivación tasadora que hará de éste un modelo de contrastada previsibilidad cuantificadora y seguridad resolutiva.

Cabe recordar aquí que según el art. 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Secretarios Judiciales «son responsables de la función de documentación que les es propia, así como de la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos cuando así lo autorice la ley», por lo que resulta evidente que se atribuya a estos funcionarios públicos la tasación de costas. El Secretario Judicial tiene atribuida la función documentadora y por lo tanto tiene funcionalmente posibilitada la inmanencia examinadora de los autos. Tiene un conocimiento exacto de cada uno de los movimientos procesales producidos y es el operador jurídico llamado a realizar la función revisora a fin de determinar la razonable concordancia de los conceptos de minuta señalados con la realidad de los autos. Así, el Secretario Judicial efectúa un examen tasado de la actividad desarrollada por los distintos agentes procesales para finalmente determinar la correspondencia económica con esa actividad.

Podemos afirmar que a los secretarios judiciales, en materia de costas, se les abre la puerta hacia el ejercicio de una función tasadora dinámica o activa en contraposición al rituario y tradicional ejercicio estático o de adecuación a parámetros fijados en baremos y aranceles, modelo éste que entiendo ampliamente superado por no ser fiel reflejo del efectivo esfuerzo procesal desarrollado por la parte. Rescato aquí la premisa que antecede toda decisión sobre costas en las sentencias comunitarias: «al no prever el Derecho comunitario disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Tribunal debe apreciar libremente los datos del asunto». Así, no habiendo en el Derecho comunitario baremos ni aranceles profesionales, la premisa es la «no sujeción», esto es, la de libertad de apreciación. Y seguidamente se vienen a definir los criterios que han de ser apreciados por traducción al caso concreto. El Tribunal Supremo reitera el carácter no vinculante del preceptivo informe del Colegio de Abogados, lo que en la práctica supone incidir en la relativización, por transformación en un criterio entre tantos, de las normas que motivan básicamente esos informes: los baremos orientadores. Y, lo que es más importante, rompe el «sagrado», por unívoco, vínculo hasta ahora existente entre tasación y cuantía del proceso. Así, el principio de libertad se introduce también en nuestro sistema por cuanto los elementos sujetadores del modelo hasta ahora practicado han perdido su papel definidor y siendo sustituidos por la proporcionalidad y adecuación a unos criterios de narrada traslación práctica.

Hemos señalado que la complejidad de este modelo de tasación de costas reside en su casuismo procedimental pues la configuración teórica de los criterios de valoración no requiere una elaborada significación jurídica, y depende en gran medida, por un lado de la adecuada justificación de honorarios y, por otro, de las acreditadas incidencias procesales resultantes del correspondiente examen de los autos. Y acudiendo a esa trascendental vertiente práctica voy a encomendar esta siguiente parte del trabajo a hacer un somero análisis sobre algunos de los procedimientos, los que resultan más ejemplificativos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que sobre el aterrizaje práctico pueda aproximarme al propósito antes enunciado de procurar un modelo de actuación objetivizado.

2. Apreciando el ecosistema procesal

La cuestión que hemos de plantearnos es cómo penetran los criterios de valoración del Tribunal Supremo en materia de tasación de costas en la primera instancia del sistema procesal civil español para luego, examinada la interacción sobre la variable de la habitualidad, operar una gradación que permita una ordenada cuantificación de conceptos.

Así el examen va a transitar por los siguientes procesos: monitorio, declarativo verbal de desahucio, ejecución hipotecaria, juicio ordinario, para concluir con la mención a ciertas incidencias comunes.

1.º Proceso monitorio (especial mención a las reclamaciones de las comunidades de propietarios)

El Capítulo I, del título III, del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regula el ámbito jurídico procesal que sigue este tipo de procedimiento especial, de acceso prácticamente universal por cuanto a él puede acudir todo aquel que «pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible…» (6) . El esquema que sigue este tipo de procedimientos y, más aún, en su vertiente o modalidad prevista en la propia Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal en su art. 21.6, pone ya de relieve el lógico y deseable avance que proponemos de la función tasadora. Así, la actividad procesal se puede resumir en la presentación de la demanda o papeleta inicial de procedimiento monitorio y el escrito solicitando el despacho de la ejecución, tanto para el caso de positivo requerimiento de pago sin que el deudor requerido haga abono de la cantidad debida, como negativo, y en este caso debiendo añadir la solicitud de acudir a la vía edictal cuando la parte actora es una comunidad de propietarios. Observamos que en puridad se trata de un proceso sumario, de sencilla configuración, de tasada materia jurídica y de unívoca actividad probatoria. A efectos de costas, la mayor incidencia de este tipo de proceso se da en las reclamaciones de las comunidades de propietarios frente al impago de gastos comunes, y en éstos la primera reflexión ha de partir de esta pregunta: ¿por qué en los procedimientos monitorios de reclamación de gastos comunes unos deudores deben pagar más que otros, por lo que a costas se refiere, cuando el trabajo de los profesionales jurídicos intervinientes ha sido el mismo? A la hora de dar estabilidad a un estadio procesal como la tasación de costas, la simple referencia a la cuantía del procedimiento sobre los estándares de los baremos profesionales correspondientes dinamita cualquier propósito de valoración objetiva, pues la repercusión sobre el condenado en costas se aleja del valor real del servicio profesional desarrollado necesario para restablecer el orden jurídico vulnerado. El modelo actual sujeta la actividad tasadora del secretario judicial de manera que no puede descender a efectuar una tasación-valor actividad real al tener que respetar un suelo ciertamente elevado en lo que viene a ser una tasación-valor actividad presunta.

Sobre el 80-85% de los procesos monitorios de reclamación de gastos comunes por las comunidades de propietarios no contemplan deudas elevadas, notorias o de especial importancia y apreciándose en las actas de estas comunidades cómo los honorarios del letrado interviniente representan más del 70% de la deuda judicialmente reclamada. Por lo tanto, la tasación ha de contemplar exclusivamente el valor del trabajo desarrollado por el profesional para restablecer el orden jurídico porque el resto de variables que afectan a su servicio profesional quedan enmarcadas por unos honorarios sujetos por referencia al principio de libre competencia en el actual sistema económico. Si los baremos han de proporcionar esa certeza y seguridad que se ha argumentado por los letrados ha de serlo en ese ámbito económico ajeno al proceso.

El proceso monitorio es masivamente utilizado por las grandes empresas, entidades financieras y otras de semejante dimensión a fin de obtener recuperación de los impagos que soportan. Al contrario, son pocos los particulares que acuden a este proceso y no muchas las medianas y pequeñas empresas dado que en caso de no ser localizado el deudor a efectos de realizar el requerimiento de pago no cabe acudir a la vía edictal del art. 164 y 815.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debiendo archivarse el procedimiento, y prefiriendo acudir al procedimiento verbal en que cabe el edicto, se desarrolla con mayor celeridad y se ahorran costes pues si acudiendo al monitorio se opusiera el deudor, el procedimiento se habría de transformar al correspondiente según la cuantía y, por ello, quedarían incrementados los honorarios de los profesionales actuantes por ambos procesos. Obviamente todo impago genera un impacto económico pero su trascendencia en los balances de las grandes empresas debe entenderse menor que el que se pueda producir en una mediana, en un pequeño comercio o en un particular, en que la trascendencia o interés económico en juego debe jugar un papel, en consonancia con los criterios jurisprudenciales estudiados, a la hora de valorar la minuta presentada a tasación.

Nos encontramos pues ante un proceso con escaso grado de complejidad limitado a una mera papeleta de reclamación de deuda y, en su caso, una petición para que se despache ejecución, cuyo contenido viene a estar normalizado sin requerir gran esfuerzo de dedicación y estudio jurídico, afectando a una materia muy definida jurídicamente y muy asentada jurisprudencialmente, en que la prueba no requiere gran elaboración pues se limita a la aportación de la documentación acreditativa de la deuda en los términos exigidos legalmente y la trascendencia económica de la controversia, con generalidad, viene aminorada por la masiva intervención de grandes empresas y entidades financieras.

Es por todo ello que a la hora de examinar la minuta presentada a efectos de tasación de costas, tenemos un proceso de muy baja intensidad que exige una estricta adecuación a esta realidad arriba descrita y por tanto alejada de cualquier pretensión de acudir al artificial sistema regulador de la cuantía y los baremos.
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