La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




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2.º Procedimiento declarativo verbal de desahucio

El Capítulo I, del título I, del libro II de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regula el ámbito del llamado juicio verbal cuya regulación se contempla particularmente en los arts. 437 y siguientes de la ley procesal civil. Al tiempo la reforma operada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal hizo que este procedimiento experimentase una amplia modificación en aras a la supresión y simplificación de trámites procesales con el objetivo de dar respuesta a la demanda social generada en torno a los contratos de arrendamiento, dotando la respuesta procesal de agilidad y eficacia y configurando así un modelo dotado de mayores garantías y protección al arrendador. Su regulación jurídica la encontramos en los arts. 22.4 y 440. 3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Siguiendo con el análisis procedimental podemos decir que, en materia de costas, la valoración que en este tipo de procedimientos realiza el secretario judicial debiera ser básicamente concordante con la establecida para el procedimiento especial descrito anteriormente. Esto es, la gran mayoría de los juicios verbales (con exclusión de aquellos que proceden de la conversión monitoria) principian con la presentación de un escrito de demanda que, en la inmensa mayoría de los casos apreciados, es verdaderamente sucinta, de escasa complejidad técnico-jurídica pues se limita a la reclamación de la cantidad debida por alegación de la relación contractual correspondiente, siguiendo, si es el caso, una breve actividad de la parte circunscrita a solicitar la averiguación domiciliaria del demandado, presentar escrito aportando nuevo domicilio conocido u otros de idéntica escasa incidencia técnica, tales como la solicitud de suspensión de la vista señalada por coincidencia de señalamientos o de citación de los testigos, peritos y demás personas por no poder aportarlas por sí a la vista. Por tanto, y previamente a la celebración de la preceptiva vista oral, la actividad procesal de la parte actora se puede calificar de escasa complejidad que, a la par que el proceso monitorio, afecta a una materia muy definida jurídicamente que no requiere de una elaboración compleja sino su mera enunciación, ni gran esfuerzo de exposición ni de estudio y que cuenta con una muy asentada jurisprudencia. Tras la demanda inicial, la subsiguiente actividad de parte y hasta la celebración de la vista apenas tiene contenido jurídico e incluso se podría calificar, en algún caso, como no necesaria.

En materia de desahucios, todavía se observa mayor reducción de trámites. La intervención de los profesionales se circunscribe única y exclusivamente a la presentación de la demanda de juicio verbal por la que se solicita el desahucio y, habitualmente de forma acumulada, la reclamación de rentas debidas y no satisfechas hasta el momento de la interposición de la misma así como las que pudieran devengarse con posterioridad. Fuera de aquí, y tras la nueva regulación, nada más deben efectuar, toda vez que el demandado tendrá 10 días para pagar u oponerse ya que, en caso contrario, se procederá al desahucio sin más trámite.

Es por ello que, atendiendo a la escasa complejidad de la materia jurídica afectada, la sencilla tramitación procedimental exigida, la básica exigencia probatoria, el contenido, en muchas ocasiones no necesario, de los escritos de parte y la exclusiva trascendencia inter-partes de la controversia planteada, hace muy necesario que se adecuen, por juego de los principios de proporcionalidad a la real actividad desarrollada y razonabilidad de lo pedido, las minutas presentadas por los letrados, trascendiendo la mera cuantía del pleito en aras de objetivizar el esfuerzo procesal que el condenado en costas ha de soportar mediante reintegro a la contraparte y evitar que existan sensibles variaciones de tasación sin más justificación que una fijación externalizada de valores habiendo concurrido en el ámbito de examen idéntica actividad profesional o incluso menor. Es más, en la especialidad del desahucio, resulta frecuente observar cómo la parte minutante se decanta por la opción prevista en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil (7) de fijar la cuantía del procedimiento en una anualidad de renta, lo que supone que, a la hora de proceder a su valoración en trámite de tasación nos encontremos con tasaciones que, de aplicar baremos o aranceles, puedan conceder cantidades que resulten a todas luces desproporcionadas.

Siendo ejemplificativa la selección de procedimientos, no vamos a hacer expresa mención al juicio verbal de configuración típica aunque sí señalar que, en muchas ocasiones, estos procedimientos quedan inscritos en la reducida complejidad descrita anteriormente, pero en otras pueden presentar verdaderas contiendas jurídicas investidas de numerosas complicaciones y perfectamente subsumibles en la descripción que más adelante realizaremos del juicio ordinario.

3.º Procedimiento de ejecución hipotecaria

El libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los distintos procedimientos de ejecución siendo el hipotecario, por sus especiales características e indudable impacto social el que requiere especial mención. Este procedimiento es, sin lugar a duda, uno de los más habituales a que todo secretario judicial ha de enfrentarse en su quehacer diario. Es en materia de tasación de costas donde cabe situar especial atención a fin de realizar una adecuada valoración de la carga económica que el condenado en costas debe soportar. Y especialmente, por la mayor frecuencia de abusos que pueden encontrarse, en relación a otro tipo de procedimientos, en las minutas de los profesionales intervinientes al tener como referencia de cálculo la cuantía del procedimiento y el baremo orientador correspondiente, dando unos resultados realmente desproporcionados a la actividad procesal desarrollada y los intereses en juego.

La génesis establecida para este tipo de procedimientos debe ser considerada como rígida, los motivos de oposición vienen perfectamente tasados por el legislador, el régimen de notificaciones al deudor hipotecario se sujeta al del domicilio que conste en la escritura de constitución de hipoteca y que el Registrador hará constar en la misma (art. 682.2.2.º y 3.º LEC) y los posibles ocupantes de hecho o derecho del inmueble hipotecado gozan de un trámite específico para intentar hacer valer sus derechos (art. 661 LEC).

El presente procedimiento se inicia mediante la presentación de la correspondiente demanda de ejecución hipotecaria, que debe reunir los requisitos y prescripciones previstos en el art. 685 LEC, junto con la correspondiente documentación anexa. Acto seguido es el secretario judicial el encargado de acordar la práctica de la correspondiente notificación en el domicilio que consta en el Registro en la forma establecida en el art. 686 LEC y, en caso negativo, se puede acudir a la vía edictal. A partir de aquí sólo queda la fijación de la fecha de subasta, la celebración de la misma (art. 691 LEC) y, finalmente, el dictado por parte del secretario judicial del correspondiente decreto de adjudicación. En escasas ocasiones podemos encontrar oposición a la ejecución por parte del ejecutado hipotecario o el planteamiento de algún recurso, pues en la inmensa mayoría de ocasiones la ejecución se despacha frente a ejecutados que no se personan.

Con todo ello, la parte ejecutante, en la práctica, presenta minutas que toman como punto de referencia la cuantía que obra en el correspondiente apartado de los fundamentos jurídicos de su demanda. Es frecuente pues, que las cantidades por las que se despacha ejecución sean considerables debiendo plantearnos la imperativa necesidad de aplicar los criterios de valoración del Tribunal Supremo. El procedimiento de ejecución hipotecaria se desarrolla con una fluida mecanicidad, la complejidad del asunto es mínima bastando en sustancia únicamente la solicitud de despacho con la correspondiente aportación del título de ejecución, se desarrolla con la sencillez anteriormente relatada, no requiere de gran esfuerzo jurídico ni dedicación a su estudio y preparación pues en la inmensa mayoría de los casos los ejecutantes hipotecarios son entidades bancarias que impulsan la ejecución con textos normalizados que llegan a ser idénticos cuando se trata de la misma entidad crediticia. La legislación hipotecaria y la jurisprudencia que acompaña gozan de pleno asentamiento y salvo alguna aventura interpretativa, hoy en día especialmente notoria, o el planteamiento por el ejecutado de alguna oposición que cuestionara algún extremo complejo, y que pudieran matizar lo dicho hasta ahora, la actividad en la generalidad de los casos requerida para una ejecución hipotecaria exige una escueta elaboración jurídica como para justificar un reintegro en concepto de costas de decenas de miles de euros.

Un elemento esencial en este punto es el criterio jurisprudencial de adecuación de la minuta a «las circunstancias concurrentes en el pleito», y en estos pleitos el ejecutado no sólo pierde la vivienda, sino que, en la mayoría de los casos, continúa debiendo a la entidad ejecutante parte de las cantidades que no han sido compensadas tras la celebración de la subasta y cuyo abono se puede perseguir ya como ejecución ordinaria. Puede observarse en la práctica jurídica cómo las minutas presentadas en este tipo de procesos no aparecen detalladas ni desglosadas, tan sólo limitadas a indicar la cuantía del procedimiento, baremo aplicable y resultado de su aplicación, y es aquí donde resulta más tangible la perversión del modelo hoy en día practicado de tasación de costas. Esa prefabricación de la actividad tasadora que sujeta irremisiblemente a una cuantía como absoluto y no como componente, como así identifica nuestro Alto Tribunal, y a unos baremos de adecuada e incluso necesaria ordenación de la actividad profesional pero no de la actividad procesal, hace que el sistema dinamite cuando se pierde toda proporcionalidad entre la entidad del interés económico y las circunstancias concurrentes al caso, y la cuantía de un litigio determinada únicamente por el precio del bien hipotecado con los conceptos acumulados. Siendo gráficos, no resulta entendible, en modo alguno, que la actividad procesal de recuperación de un inmueble tenga un coste en ocasiones de un tercio del valor del propio inmueble cuando esa actividad tiene en el marco en que se desarrolla un bajo perfil de exigencia de la actuación profesional. Es en estos supuestos, cuando, a falta de adecuada justificación por parte del letrado minutante, se impone la apreciación estricta de los honorarios recuperables practicando una drástica reducción de los inicialmente peticionados.

4.º Juicio ordinario

En relación al procedimiento ordinario que obtiene regulación en el Título II, del Libro II de la ley procesal civil y, dejando a un lado todos aquellos supuestos en los que tras la presentación de la correspondiente demanda (arts. 399 y ss. LEC) el demandado no procede en plazo legalmente establecido a contestar la misma, se declara su rebeldía (arts. 496 y ss. LEC) y el actor, en aras a la facultad que le confiere el art. 429.8 LEC en el acto de la audiencia previa solicita el dictado de la correspondiente sentencia, presenta una fisonomía que permite su distinción respecto de los procesos vistos con anterioridad dado que por su estructura completa permite un perfecto acogimiento de todos y cada uno de los criterios de valoración señalados por el Tribunal Supremo.

En la práctica jurídico procesal es habitual encontrarnos en supuestos en los que, de la lectura de la demanda, análisis de los fundamentos jurídicos alegados, estudio de la jurisprudencia invocada, duración y asistencia a la audiencia previa y posterior vista, así como de la eventual interposición de recurso de apelación frente a la resolución que pone fin al proceso, se puede concluir que estamos ante un procedimiento de especial complejidad. El juicio ordinario es el proceso declarativo por excelencia y, por tanto, dotado plenamente de los estadios procesales necesarios para obtener el correspondiente pronunciamiento judicial proporcionando amplias posibilidades instrumentales a las partes para una adecuada ponderación de los distintos elementos de juicio. Es el procedimiento en el que con mayor trascendencia se declara el derecho.

Esto tiene especial trascendencia si tomamos por referencia a aquellos otros procesos que, siendo igualmente declarativos, están informados por cierta celeridad de pronunciamiento, lo que determina la necesidad de reducir trámites, limitar las posibilidades procesales de las partes y tasar el espectro sustantivo de la declaración judicial. Todo ello, como hemos visto, «abarata» el esfuerzo procesal de la parte obligada a acudir a la vía judicial para el debido restablecimiento del orden jurídico vulnerado y, por tanto, debe tener una propia traducción en la correspondiente tasación de costas.

En el juicio ordinario brotan con fuerza criterios de valoración que en los otros modelos procedimentales no emanan o lo hacen de forma muy débil. Las circunstancias concurrentes suelen ser de complicada presentación, los asuntos planteados presentan notable complejidad, bien recayente sobre la propia decisión jurídica que exigen, bien por la dificultosa y técnica materia probatoria que requieren, el valor económico de las pretensiones ejercitadas suele ser de entidad lo que suele conllevar aparejada una mayor trascendencia de los temas suscitados y el esfuerzo de dedicación de los profesionales intervinientes suele ser mayor. Piénsese en asuntos como la reparación de obras o los desperfectos producidos en una vivienda o varias de ellas, la resolución de contratos de compra-venta o de contratos de productos financieros complejos en que la complejidad puede variar desde la debida configuración jurídica del objeto controvertido a la necesaria subsunción de los elementos fácticos de discusión a la horma legal a partir de un complicado puzzle probatorio. Es posible que en ocasiones, como ocurría en los modelos procesales anteriores, el instituto jurídico afectado goce de asentamiento en su legal configuración y jurisprudencial interpretación pero, en el caso que nos ocupa, puede ocurrir que la dificultad de la actividad procesal recaiga sobre la exigida y exigente certidumbre de configuración de los elementos fácticos controvertidos, o en otras ocasiones, la dificultad radica en la misma construcción legal de la cuestión suscitada y que requiere propiamente de un exigente trabajo de definición argumental dadas las limitaciones normativas existentes o la poco labrada jurisprudencia aplicable al caso. Ejemplo paradigmático vienen a ser las demandas de «juicio declarativo ordinario por el que se pretende la rescisión del contrato financiero o bursátil» que versan sobre los productos financieros complejos o los conocidos contratos de «acciones preferentes». En estos casos, la práctica demuestra que el estudio y planteamiento jurídico del objeto de discusión requiere una particular eleboración y el manejo de una recientísima jurisprudencia de la que resulta un cierto grado de volatibilidad argumental que es necesario asentar y a pesar de estar centrado el debate en la solicitud de reintegro de cantidades dinerarias, la configuración y argumentación de la demanda requiere una compleja actividad, no sólo intelectual sino también probatoria, soliendo proponerse en la audiencia previa la testifical de directores de sucursales bancarias, gestores, personal de la entidad, periciales caligráficas y otros.

En definitiva nos encontramos ante la estructura procesal más compleja y viene a suponer, por lo general, un modelo en el que se inscriben los litigios cuya definición y exposición exigen mayor complejidad. Esa exigencia, obviamente, ha de tener una concreción en la justificación de minuta que realice el profesional actuante y reflejo evidente en la tasación de costas que se practique. Con independencia de la cuantía del pleito, la esencia de la técnica tasadora ha de radicar precisamente en estas particularidades que, por lógica selección procesal, se dan con más habitualidad en este modelo procedimental que en otros vistos con anterioridad y que por comparativa justificada permite graduar adecuadamente la particular tasación de costas que se realice en unos y otros procedimientos por razonada adaptación de la minuta presentada a la actividad procesal desarrollada mediante filtrado de los criterios de valoración establecidos por el Tribunal Supremo.
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