La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




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5.º Circunstancias concurrentes e incidencias

Llegados a este punto debemos hacer una breve mención a las circunstancias concurrentes o incidencias que pueden incidir en una tramitación procesal a fin de obtener una adecuada valoración de la carga del condenado en costas. No debemos olvidar que, en ocasiones, la propia actividad o inactividad de la parte demandada o ejecutada es la que origina numerosos retrasos y dilaciones que pueden frustrar el buen fin del proceso que se ha instado. Por ello, consideramos de relevante importancia tener presentes dichas incidencias o vicisitudes que el proceso pudiera padecer cuando las mismas fueren imputables única y exclusivamente a la parte condenada en costas. Así pues, la persistente postura de recurrir toda resolución que en el procedimiento se dictara, la actitud dilatoria constante mantenida por el condenado en costas, la manifiesta y reiterada obstrucción e incumplimiento a los requerimientos judiciales así como cualquier otro tipo de cuestión que dilate o demore el proceso atribuible única y exclusivamente a la parte condenada debería ser incluida como gasto a soportar por el condenado en costas.

Del mismo modo, es preciso indicar que todos aquellos gastos cuya existencia y realización resulte indubitada deberían ser incluidos en toda tasación. A modo de ejemplo citaremos la tasa judicial, que se abona siguiendo las prescripciones del art. 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y cuyo coste debe ser imputado al condenado en costas al obligar a la parte beneficiaria a acudir a la vía judicial para la reclamación de su crédito o derecho. Igualmente deberán ser incluidos los honorarios de peritos que intervengan en el proceso, siempre respetando los límites establecidos en el art. 394.3 LEC. Así, todo gasto debidamente justificado, acreditado y que no resulte superfluo o innecesario debe ser incluido en la tasación de costas que en cada instancia deba efectuar el secretario judicial. Por ello, es necesario que toda minuta, dicho una vez más, venga perfectamente detallada como uno de los requisitos imprescindibles de concreción motivada de los criterios jurisprudenciales.

3. ¿Valorando una fórmula o recetando un patrón?

Al inicio de este trabajo hemos apuntado que no es propósito del mismo concluir un modelo cerrado de tasación de costas a partir de los criterios del Tribunal Supremo, no solo por la inmediatez de estar avanzando por terreno todavía sin hollar sino, y especialmente, por ser una materia de un inherente componente valorativo que penetra en el mismo núcleo de la actividad tasadora del secretario judicial. Con independencia del apartado mecánico de incluir o excluir en la tasación conceptos indubitados dependiendo de su adecuada o no justificación, tales como la tasa judicial, honorarios de peritos, certificaciones registrales o publicaciones en Diarios oficiales, la actividad de tasación de las costas procesales queda muy condicionada por el caso concreto y las particulares circunstancias concurrentes lo que la aproxima a una secuencia casuística difícil de conciliar con sistemas-cierre de general aplicación que pueden llegar a transitar peligrosamente del teórico propósito de hacer predecible el sistema a la práctica de producir una merma de la libertad de valoración del secretario responsable. No encontramos pisando un terreno inhóspito, por desarbolado, y nuestra voluntad se limita a elaborar ese trazo elemental que sirva de hebra inicial de aproximación.

Hemos podido comprobar cómo se puede predecir de un modo amplio el contenido fáctico de valoración a partir del continente estructural procesal: lo que he venido a denominar ecosistema procesal. Existe una cierta predeterminación del sustrato de valoración a partir del modelo en que se inscribe la actividad procesal. Así, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, el vehículo procesal que la parte vencedora en el pleito ha escogido pues ante las distintas posibilidades que se ofrecen, un propósito de mayor celeridad en el pronunciamiento judicial y, por lo tanto, de mayor economía de trámite tiene que ir acompañado de una correlativa menor exigencia del esfuerzo y dedicación profesional (piénsese, por ejemplo, que no existe cuantía máxima para acudir al procedimiento monitorio y, por tanto, interacciona con otros posibles tipos procesales). Inmediatamente entran en juego los criterios fijados por el Tribunal Supremo como valores de referencia y los conceptos de minuta debidamente justificados como valores de contraste. La operación tasadora concluye con el filtrado operado a través de los principios de proporcionalidad y adecuación. Pues bien, como punto final de mi exposición y a modo de propuesta en la compleja actividad que nos ocupa entiendo interesante abordar la operación tasadora sobre la base de la construcción de unos valores-tipo cuya apreciación agregada permita abordar con cierta ordenación la tasación de costas.

En primer lugar, cabría fijar el VALOR DE CONTEXTO que viene a coincidir con ese ecosistema a que hemos hecho mención y que determina el marco de potencial exigencia procedimental que la parte actora escoge para dilucidar su pretensión, determinado ya por una especie de cuño de diseño normativo, que debe participar en la determinación de la carga de reembolso que ha de soportar el condenado en costas. Con independencia de la cuantía del pleito, el vehículo procesal escogido determina el camino que se pretende transitar para, con ello, deslindar adecuadamente la actuación principal de la superflua, y en relación a la primera situar su adecuada dimensión en términos de complejidad y esfuerzo.

En segundo lugar, hay que establecer el VALOR DE REFERENCIA que viene constituido por los criterios que establece el Tribunal Supremo en sus autos de referencia y que en relación a la tasación de costas que se opera en la primera instancia del proceso civil, objeto del presente trabajo, podemos sintetizar en los siguientes:

a) Circunstancias concurrentes en el pleito

b) Esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes

c) Grado de complejidad del asunto

d) Valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito

e) Complejidad y trascendencia de los temas suscitados

f) Los escritos de alegaciones

g) La cuantía del pleito

h) Las normas orientadoras del Colegio de Abogados

Como hemos señalado anteriormente no nos encontramos ante términos estrictamente jurídicos sino más bien descriptivos y la actividad fundamental del secretario judicial ha de ser normativizarlos de forma coherente. Y esta normativización entiendo ha de ser por vía de referencia: por referencia con el marco procesal que, hemos visto, llega a determinar la intensidad con que han de ser apreciados los parámetros de valoración concurrentes, y por referencia con el detalle de minuta con que el profesional aportante justifique su actuación a fin que la condena en costas obtenga traducción en la correspondiente tasación.

En tercer lugar, hay que establecer el VALOR DE CONTRASTE que viene constituido por la minuta detallada presentada por la parte vencedora en el pleito y favorecida por la condena en costas del demandado. Ya hemos comentado la trascendental importancia que la actuación profesional venga pormenorizada y detallada con debida justificación de todos aquellos conceptos de actuación que acompañen traducción económica. Es el elemento indispensable para que pueda operar una adecuada ponderación de los criterios de valoración con los detalles de actuación reflejados en los autos y un instrumento fundamental para que el profesional minutante justifique unas cuantías que de otro modo quedarían sujetas a un examen de valoración estricto muy condicionada por la ausencia de alegaciones de parte. Resulta evidente que esa justificación ha de estar adaptada a los criterios de valoración establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que los conceptos de cuantía del pleito y baremo son uno más entre tantos otros necesitados asimismo del correspondiente detalle de justificación.

Finalmente, los factores de valoración señalados han de quedar debidamente tamizados por los principios de proporcionalidad y adecuación. En esta última fase del proceso de tasación, el secretario judicial ha de tener presente el carácter técnico de su actuación que también ha de dominar un estadio ahora afectado por principios que, no obstante, han de presentar una traducida impronta económica. Se puede definir la proporcionalidad como una relación entre magnitudes medibles y la RAE define el término proporción como «la disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí». Por lo tanto la proporcionalidad juega en la tasación de costas el papel de la argamasa que viene a relacionar los elementos hasta ahora vistos bajo una unidad conceptual de «correspondencia debida». Supone la necesidad de integrar los componentes internos de cada valor-tipo a fin de alcanzar una unidad de apreciación que luego habrá que relacionar con el resto de valores-tipo en juego. Constituye el esfuerzo de reducir la ingente cantidad de variables que pueden presentarse a la hora de practicar la tasación a unas magnitudes coherentes que permitan su contraste relacionado, y ello con un propósito final armónico, esto es, adecuado a los elementos de valoración concurrentes. Aquí entra en juego el principio de adecuación que ha de ser instrumento para que las conclusiones parciales de valoración que se vayan alcanzando tengan una ordenada ubicación, por coherente integración, que permita que la decisión final no guarde disonancias con esos valores-tipo que resultan los componedores de la unidad de tasación.

De este modo, y como esquema-resumen, podemos construir la siguiente formulación:

(Valor de contexto + Valor de referencia) x Valor de contraste / Principios-valor: Proporcionalidad y adecuación = Tasación de costas

Principios-valor: Proporcionalidad y adecuación

Con todo ello no pretendemos ofrecer una fórmula de solución sino de comprensión de un proceso realmente complejo de alto componente casuístico y que la experiencia espero sepa cincelar a fin de procurar una pacífica y asumida normalización.

IV. REVISANDO

Recorrido el camino precedentemente expuesto e integrado por los hitos revisados (a saber, minuta justificada presentada por el profesional interviniente en el procedimiento y tasación de costas practicada por el Secretario Judicial mediante la aplicación de criterios técnicos dirigidos a la obtención de una cuantificación de los gastos resarcibles que resulte proporcionada y razonable), el Decreto por el cual el Secretario Judicial aprueba la tasación de costas (supuesta incluso la previa eventual resolución de las impugnaciones de honorarios procedentes) queda pendiente de llegar a ejercitarse la adecuada vía impugnatoria, de la decisión final del órgano jurisdiccional, procedimentalmente vehiculada a través del recurso de revisión.

Con carácter anticipatorio de un aspecto que a continuación será adecuadamente analizado de manera más extensa, conviene precisar que la tasación de costas practicada por el Secretario Judicial no resulta, en tal caso (de interponerse el procedente recurso de revisión ante el Juez), sometida a una segunda instancia tasadora sino a lo que más precisamente debe plantearse como una reconsideración de la valoración realizada por aquél y verificada ahora por el Juez desde un prisma diverso, presidido por los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, entendidos como principios desde los que necesariamente el Tribunal deberá descender al análisis de las concretas circunstancias concurrentes y demás incidencias específicas del supuesto (fase procesal en la que se encuentre la causa, complejidad del asunto, intereses económicos subyacentes, trabajo profesional desarrollado por el minutante, intervención de otros profesionales en la misma posición procesal …). No se trata pues, llegados a este estadio procesal, de que el Juzgador someta a cuestión la actividad técnica —integrada por los parámetros utilizados— desarrollada por el Secretario Judicial ni de poner en entredicho sus procedimientos valorativos de los conceptos atendidos y elementos por él mismo graduados en orden a la obtención de una cuantificación de los gastos a soportar por el condenado en costas sino, en todo caso, de considerar si esa ponderación realizada por el Secretario Judicial ha sido desplegada en el ámbito propio de los apuntados principios de la razonabilidad y proporcionalidad.

Desde las anteriores consideraciones dos son los aspectos a desarrollar en este apartado. En definitiva: en primer lugar, el propio recurso de revisión como vía procedimental a través de la cual se articula la verificación judicial —en cuanto a su adecuación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad— de la tarea tasadora llevada a cabo por el Secretario Judicial, con especial atención a la determinación del alcance de esta vía impugnatoria en su propia esencia y propósito derivados de su configuración legal de reciente compostura;en segundo lugar, los mismos principios de razonabilidad y proporcionalidad,en su propio significado, y desde una consideración general que va a servir de filtro para concluir la adecuación valorativa de la actividad técnica desempeñada por el Secretario Judicial y, en el contexto apuntado, el sentido de la revisión judicial, desde una perspectiva necesariamente global, de las específicas circunstancias ponderables y ponderadas en el caso concreto de que se trate supuestamente consideradas por el Secretario Judicial pero ahora desde un juicio que debe ser de adecuación a los parámetros generales apuntados como instrumentos o filtros de interdicción de una eventual arbitrariedad, principios de proporcionalidad y razonabilidad que, en el contexto apuntado, actúan a modo de argamasa, forja o criterio homogeneizador aglutinante, como crisol, en su propósito específico de la tarea desarrollada por aquel a quien la ley otorga la consideración de encargado principal de realizar la tasación de costas.

1. El vehículo procesal: el recurso de revisión

Nos referimos seguidamente al recurso de revisión que constituye la vía procesal legalmente establecida para canalizar la pretensión de la parte contraria al resultado de la tasación de costas realizada por el Secretario Judicial, considerando de manera esencial su propósito y alcance en el ámbito de la función tasadora de las costas del proceso desarrollada por el Secretario Judicial.

Con carácter general, de conformidad con la disposición contenida en el art. 454.bis.2 LEC, el recurso de revisión «deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido», resultando que de no cumplirse el indicado requisito, que lo es de admisibilidad del recurso, el Tribunal lo inadmitirá mediante providencia. La anterior prescripción se completa con la exigencia contenida en el art. 448.1 LEC (8) , de manera que la resolución del Secretario Judicial deberá afectar desfavorablemente al recurrente. Ciertamente, la previsión del art. 454.bis.2 LEC no permite una corrección generalizada por parte del órgano judicial de las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial con el propósito de que éstas se adapten al criterio de cada recurrente. Se trata, más bien, de un medio de impugnación por el cual el Juzgador debe valorar la existencia de infracciones —legales o, más ampliamente, normativas— de conformidad con los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta al tiempo del dictado del decreto en cuestión objeto de la revisión. Por lo expuesto, en esta sede impugnatoria de la tasación de costas practicada por el Secretario Judicial igualmente es posible realizar alegaciones, aclaraciones o precisiones, siempre y cuando las mismas mantengan relación con la supuesta infracción cometida, si bien no procede la reproducción de cuestiones ya resueltas en las que no concurra infracción alguna ni tampoco convertir el trámite del recurso de revisión en una suerte de apelación abreviada (cfr. art. 458.1 en relación con el art. 454 bis 3, ambos de la LEC) ni traer por esta vía impugnatoria a conocimiento del Tribunal hechos nuevos que no pudieron ser tenidos en cuenta al tiempo del dictado del decreto recurrido o bien que no se formularon pues, bajo tal condición, resultaría que la afectación desfavorable a que se refiere el art. 448.1 LEC habría sido provocada por el propio impugnante y no por el Secretario Judicial, supuesto que iría abiertamente en contra de la pretensión contenida en la previsión legal.

Con precisa referencia al tema que nos ocupa la determinación del ámbito y alcance del recurso de revisión aparece acotado en recientísimas resoluciones del Tribunal Supremo. En efecto, a este respecto resultan de obligada mención los Autos del Tribunal Supremo, Sala 1.ª, de 31 de enero de 2012 (9) y de 28 de febrero de 2012 (10) en los que, con mimética fundamentación jurídica se declara, sobre este particular, lo siguiente: «El nuevo régimen jurídico, implantado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la LEC, que atribuye al Secretario Judicial la resolución de la impugnación del carácter excesivo de los honorarios de Letrado, supone confiar al mismo una función similar a la que tenían los Tribunales, los cuales ejercían la misma con atención a determinadas pautas ponderativas. Contra la resolución judicial —auto— que decidía el incidente no cabía recurso alguno (art. 246.3 LEC). En cambio, en el régimen actual, contra la resolución procesal del Secretario, cabe el recurso de revisión (art. 246.3 LEC en su nueva redacción). Pues bien, aunque el recurso de revisión es un recurso ordinario, y devolutivo, que coloca al órgano que resuelve en segundo lugar en la misma posición procesal del que lo hace en primero, sin embargo, habida cuenta el carácter y circunstancias de la función ponderativa que significa el cálculo de los honorarios, no cabe entender que es posible utilizar el recurso para sustituir la realizada por el Secretario mediante un nuevo juicio de mejor criterio por el Tribunal, porque ello, además de no ajustarse a la propia naturaleza de la actividad procesal realizada, desvirtuaría la "ratio" de la reforma legal, pues, en lugar de simplificar la materia, se produciría el efecto contrario de multiplicar el trabajo de la oficina judicial, y probablemente, sin descargar de forma efectiva la carga del titular del órgano jurisdiccional. Lo anterior no obsta a que mediante el recurso de revisión se pueda someter al control del Tribunal, además de las infracciones de índole procesal, los casos de arbitrariedad o de irrazonabilidad, y dentro de ellos la desproporcionalidad, por cuanto afectan el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)» (subrayado por los autores).

De lo expuesto cabe inferir las siguientes conclusiones que, en definitiva, vienen a resumir la esencia del fundamento y propósito que debe presidir la revisión realizada por parte del Juzgador del resultado obtenido como consecuencia del ejercicio de la función tasadora llevada a cabo por el Secretario Judicial.
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