La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




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1.ª.Necesidad de que la resolución del Secretario Judicial sometida a revisión se encuentre incursa en infracción. Según quedó indicado, el tenor del art. 454 bis 2. LEC impone, como requisito de admisibilidad del recurso de revisión la mención, por parte del recurrente, de la infracción en que hubiere incurrido el decreto del Secretario Judicial sometido a revisión (11) . Supuesta la implícita alusión contenida en el referido precepto a la infracción normativa, procede la determinación de la clase de norma a la que la disposición en concreto alude como requisito imprescindible para que el recurso pueda resultar admitido y, atendida la circunstancia de inexistencia de norma legal —menos aún consuetudinaria— en el ámbito que nos ocupa —pues no participan de tal rango, ni de su eventual índole obligatoria, las normas orientativas de honorarios emitidas por los colegios profesionales, según consta expuesto y asumido por reiterada y constante jurisprudencia (12) —, no cabe sino concluir que la remisión debe entenderse realizada a la manifiesta infracción de un principio general (cfr. art. 1.1 y 4 del CC) lo que en sede de tasación de costas y considerada la doctrina recientemente consolidada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (recogida y desarrollada en los tantas veces invocados Autos de la Sala 1.ª, de fecha 3 de mayo de 2011 —rec. 868/2004)— y en el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, de fecha 19 de julio de 2011 —rec. 337/2007—, por la que se incluyen los nuevos criterios que deben ser tenidos en cuenta por el Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas) no cabe hacerla sino a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad seguidamente objeto de análisis, erigidos como principios generales que ineludiblemente deben impregnar la actividad de ponderación del Secretario Judicial.

Desde la anterior perspectiva, y considerando, pues, que la función tasadora del Secretario Judicial debe someterse necesariamente a dichos parámetros de ponderación, resulta por lógico imperativo que para posibilitar el indicado ajuste o adecuación de la tasación de costas practicada —como actividad valorativa de los gastos a resarcir por el condenado en costas desarrollada por el Secretario Judicial— a los señalados principios se requiere su puesta en contraste con la minuta presentada por el profesional en cuestión, a los efectos de la tantas veces repetida tasación por el mismo interesada. La cuestión señalada no es baladí por cuanto que el final de la reflexión conduce inevitablemente a la exigencia de que la minuta presentada por el profesional deba ser no sólo detallada en cuanto al desglose de los conceptos que en la misma se integran sino, de manera esencial, justificada en el sentido de acreditar con la mayor precisión y exhaustividad —también certeza, en el sentido de ajuste efectivo con la realidad de lo actuado, y no sólo verosimilitud— todos y cada uno de los conceptos reclamados en calidad de gastos repercutibles, y ello a los efectos de facilitar al tasador el desarrollo práctico de su actividad técnica de adecuada valoración y ajuste alejado de posible arbitrariedad ponderativa. Ello implica que si el profesional de que se trate no acredita —o no lo hace suficientemente— la realidad y fundamento de los conceptos por los que reclama el pago, y además lo hace en la extensión o medida en que interesa su abono como gasto resarcible, el Secretario Judicial, como encargado principal de su ponderación, no tiene por qué entenderlos justificados y, por consiguiente, no los estimará en su calidad de gasto repercutible al condenado en costas. Pero también implica que, aunque el profesional minutante justifique según su particular criterio las partidas que reclama, dichos registros igualmente pueden ser cuestionados en todo caso por el Secretario Judicial en su tasación que también justificadamente deberá fundar los argumentos que le conducen a su reducción siempre desde la perspectiva de su adecuación a los principios antedichos. La reflexión precedente permite concluir la significación (por otra parte ya destacada en páginas precedentes) de la minuta profesional justificada como valor de contraste (de todo punto necesario para una adecuada valoración por parte del tasador «oficial», para que ésta pueda ser razonada y razonable) frente a la caracterización del baremo profesional que más bien participa de la consideración de valor de referencia tanto en la confección de la minuta por parte del profesional interviniente como en la práctica de la tasación de costas llevada a cabo por el Secretario Judicial (lo que justifica la configuración normativa de los informes emitidos por los colegios profesionales siempre como preceptivos pero en ningún caso vinculantes).

2.ªConsideración de que la revisión llevada a cabo por el órgano judicial no es una segunda tasación de costas. De conformidad con la doctrina jurisprudencial expuesta, de obligada remisión en este punto, no cabe entender que en el ámbito ahora considerado la revisión implique el desarrollo de un nuevo juicio de mejor criterio llevado a cabo por el Juzgador respecto de la ponderación de los gastos resarcibles desarrollada por el Secretario Judicial sino más bien una tarea de control a los efectos de poder corregir supuestos de arbitrariedad o irrazonabilidad paradigma de los cuales es, sin duda, la falta de proporcionalidad en la valoración y ponderación económica final de los gastos tasados como costas procesales. Desde esa consideración debe rechazarse que el propósito de la revisión realizada por el órgano judicial vaya encaminado a poner en entredicho la actuación técnica desarrollada por el Secretario Judicial sino más bien a controlar su adecuación a los principios que necesariamente deben presidirla, esto es, proporcionalidad y razonabilidad, considerados específicamente en el epígrafe siguiente.

2. El método: la comprobación de la adecuación de la tasación de costas practicada por el Secretario Judicial a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Significado y alcance del criterio. Conclusión: los nuevos parámetros considerados y su valoración global

Según ha quedado expuesto, la actividad verificadora del Juzgador, respecto de la resolución emitida por el Secretario Judicial y sometida a revisión, necesariamente debe sujetarse a criterios de razonabilidad y, como especificación de éstos, a un patrón objetivable de proporcionalidad, igualmente caracterizados con anterioridad como principios generales. Es precisamente esta naturaleza de principio general de la que participan los indicados conceptos la que impone su necesidad de concreción, o determinación práctica, a los efectos de su idónea aplicación como fundamento resolutivo de la revisión realizada por el Juez, incluso en este ámbito del juicio de revisión en el que los señalados criterios, de manera diversa a como lo hacen en la práctica de la tasación de costas realizada por el Secretario Judicial (en que la razonabilidad o, más señaladamente, la proporcionalidad, no es sino el enunciado de un principio técnico, por consiguiente susceptible de ser traducido incluso a parámetros aritméticos —como, de hecho, ha habido ocasión de proponer en un apartado anterior—, en definitiva, en última instancia, económicamente cuantificables), operan desde una perspectiva digamos más abstracta o, mejor y más precisamente, de sustancial genérica. Pues bien, a los efectos de alcanzar la indicada necesaria concreción, superadora de su consustancial indeterminación, esta parte de la exposición ahora epigrafiada demanda inicialmente una referencia a la específica alusión de los indicados principios en sede de lo que constituye presupuesto objetivo de trabajo referenciable para el Juzgador que debe practicar la revisión. Para ello se hace preciso acudir a los recursos de que se dispone, básicamente de índole jurisprudencial. Así:

1.º Jurisprudencia europea.

Partiendo de la ya indicada consideración general (en su esencia extrapolable a nuestro ámbito normativo) de que el Derecho comunitario no prevé disposiciones equiparables a un arancel profesional, coyuntura que permite al Tribunal apreciar libremente los datos del asunto atendiendo a sus circunstancias concurrentes (cfr., por todos, Auto del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 2010, Celia/Leche Celta, Auto del Tribunal General de 10 de enero de 2002, Starway/Consejo y, en el mismo sentido, Auto del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 3 de septiembre de 2009, en el asunto C-326/2005 P-DEP), el Auto del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre de 2009, en el asunto T-420/03 DEP apunta, sin desarrollo ulterior que la precise, a la idea de razonabilidad, acogida igualmente en línea de principio por el Auto del Tribunal General (Sala Sexta), de 25 de octubre de 2010 (asunto T-33/08 DEP), como criterio esencial de valoración y cuantificación posterior del trabajo desarrollado por el profesional a considerar como honorarios recuperables. El mismo criterio se acoge en el Auto del Tribunal General (Sala Primera), de 16 de noviembre de 2011 (asunto T-161/07 DEP).

2.º Resoluciones emanadas de nuestros órganos jurisdiccionales.

Nuevamente vuelve a resultar de obligada mención la referencia a los Autos del Tribunal Supremo de la Sala 1.ª, de fecha 3 de mayo de 2011 (rec. 868/2004) y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, de fecha 19 de julio de 2011 (rec. 337/2007), por integrar ambos el cuerpo consolidado de jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal más reciente en materia de tasación de costas que, en definitiva, ha obligado a reubicar la tarea tasadora del Secretario Judicial en el ámbito definido por su primigenia y más genuina dimensión de valoración razonable y no arbitraria de los gastos repercutibles al condenado en costas. En el primero de ellos, con un criterio acorde con el manifestado en el contexto jurisprudencial europeo, vuelve a insistirse en que «la minuta incluida en la tasación sea razonable dentro de los parámetros de la profesión y no solo calculada de acuerdo con criterios de cuantía, sino adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito ..., sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados» (subrayado por los autores). Al criterio de proporcionalidad, con específica referencia a la posibilidad de atemperar los derechos arancelarios de los procuradores, se refiere la segunda de las resoluciones citadas que, en reiterados pasajes de su fundamentación jurídica, declara expresamente la necesidad de adecuar los honorarios de los indicados profesionales al criterio de proporcionalidad, consagrado como principio general limitativo y actuante directo en la fijación de una minuta de honorarios que, como gasto resarcible, debe rechazarse siempre en los supuestos de manifiesta desproporción. Además, en este ámbito igualmente conviene traer de nuevo a colación la manifestación contenida en los ya referidos Autos del Tribunal Supremo, Sala 1.ª, de 31 de enero de 2012 y de 28 de febrero de 2012, en los que, a propósito de la determinación del alcance del recurso de revisión en el preciso contexto de la tasación de costas practicada por el Secretario Judicial, se declara la posibilidad de que «se pueda someter al control del Tribunal, además de las infracciones de índole procesal, los casos de arbitrariedad o de irrazonabilidad, y dentro de ellos la desproporcionalidad, por cuanto afectan el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)» (subrayado por los autores).

3.º. Otros materiales de aporte conceptual.

En esta sede, de marcada intervención judicial, resulta también de interés la cita de algunos pasajes del Acuerdo del Pleno para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, celebrado el 18 de diciembre de 2007, en el que expresamente se declara que «la decisión del Tribunal sobre aprobación de la tasación de costas debe tener en cuenta que la cuantificación de las costas está en directa relación con la efectividad del derecho a la tutela judicial en su aspecto de acceso a la jurisdicción. El Tribunal debe limitarse a fijar el crédito de la parte vencedora frente a la parte vencida, haciendo abstracción del que pueda corresponder al abogado frente a su cliente. La motivación debe ser cuidadosa para no prejuzgar este último aspecto, por lo que las referencias a la valoración del trabajo del abogado deben limitarse a los aspectos directamente vinculados a la determinación de la cuantía que debe ser objeto de la tasación en concepto de importe de los honorarios que debe ser repercutido sobre la parte vencida» (2), a lo que se añade que «bajo el régimen de la LEC 2000 el Tribunal debe aplicar criterios de equidad para fijar la remuneración que sea procedente cuando considere que la cantidad fijada en el dictamen del Colegio de Abogados emitido con ocasión de la impugnación de honorarios por excesivos no es adecuada. Entre otras circunstancias, debe tenerse en cuenta para el ejercicio de la facultad de moderación de los honorarios la falta de complejidad del asunto, la concurrencia de una pluralidad de partes recurridas, la excesiva repercusión de las cuantías elevadas y la irrelevancia de la actuación de la defensa. Esta última circunstancia debe tenerse especialmente en cuenta en los incidentes de admisión de los recursos de casación. Debe ponderarse la fijación de una cantidad mínima por debajo de la cual resultaría inadecuada la tasación de los honorarios, atendida la importancia del recurso de casación» (3) (subrayado por los autores).

Sentado cuanto antecede, material de referencia ineludible que debe actuar como premisa indispensable para elaboraciones posteriores, es posible extraer consecuencias importantes que bien podrían resumirse en las consideraciones siguientes.

Sin duda, la razonabilidad integra un criterio consagrado conceptualmente por nuestros tribunales como principio de destacada vinculación con la esencia misma de la equidad, en consecuencia, argumento de inmanencia sustancial a toda actuación que persiga la búsqueda de la justicia, entre las que, obviamente, la función jurisdiccional, por imperativo constitucional (cfr. art. 117.3 CE), emerge como básica en un Estado de Derecho cuyo fin último es conseguir, con fundamento ineludible en el principio de legalidad (cfr. art. 9.1 y 3 CE), la conclusión de relaciones justas entre las personas que no pueden ver impedido su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Desde esta perspectiva, que define y justifica la actuación del órgano jurisdiccional, entre las varias posibles soluciones que —siempre con sometimiento a la legalidad vigente— se le ofrecen al tribunal como alternativas de resolución al caso concreto que se le plantea en una específica causa sometida a su conocimiento y decisión, lo justo se equipara a lo que, en términos ponderativos y siempre desde una objetividad mínima, bien podría calificarse de razonable. Es por lo que la jurisprudencia revisada recurre con frecuencia al criterio de razonabilidad configurado como principio que legitima al tasador en su actividad técnica de valoración de los honorarios repercutibles al condenado en costas. Sin duda es el crisol que posibilita la verificación de esa tan ansiada aleación que permite unificar armoniosamente todos los elementos ponderados en la tasación de costas en la consecución del propósito práctico de ofrecer una cuantificación de los gastos recuperables por el «víctor» que se compadezca realmente con la esencia misma del concepto de costas procesales, valorado éste desde su inmanente condición de gasto justificado por la «necesidad» [en el sentido de que los gastos deben ser inmediatamente necesarios o, al menos, útiles (13) ] e «imputabilidad» a las partes [desde la consideración de que su abono recae sobre el sujeto condenado a su resarcimiento (14) ]. Desde la anterior reflexión, resulta menos relevante la terminología a último empleada por los tribunales, en cuya consideración se constata la utilización reiterada por parte de la jurisprudencia europea de la mención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto que los tribunales españoles, en el mismo ámbito conceptual, utilizan más asiduamente la expresión de adecuación. Lo esencial es destacar que, en definitiva, con carácter general se trata de evitar la consagración de actuaciones arbitrarias, de posibilitar mediante la revisión final realizada por el órgano judicial una eficaz interdicción de la arbitrariedad, en concreción de lo cual bien pueden considerarse de utilidad los subparámetros que vinculan como necesaria la actuación del tasador a «lo razonable» o a «lo proporcionado». Igualmente desde la antedicha consideración, el tribunal podrá acudir a dos diversas subespecies de razonabilidad, a los efectos de justificar la solución de su recurso de revisión. A saber: la supuesta razonabilidad por referencia y la eventual razonabilidad por justificación, ambas explicitadas ya por extenso en un apartado anterior del presente trabajo con precisa referencia a las previsiones contenidas en la jurisprudencia europea analizada en la parte introductoria del mismo y al que ahora procede remisión en aras de evitar innecesarias reiteraciones. Si bien, partiendo de la consideración apuntada, se nos hace preciso reincidir en la destacada importancia que, a los efectos de poder alcanzar una adecuada ponderación de los gastos resarcibles, tiene en este ámbito (jurisdiccional) —de la misma manera que lo tiene en el de la actuación propia del Secretario Judicial— la minuta justificada del profesional, hasta el punto de ser posible concluir categóricamente —al modo en que, según se explicó, lo hacen los tribunales comunitarios— que la única vía posible de aquilatar con incuestionable precisión el valor (cuantificado, finalmente, en términos económicos) del trabajo profesional realizado por la parte que se encuentra en situación procesal de poder exigir el abono de las costas es, precisamente, que dicha parte, acreedora de los gastos resarcibles que participan de la consideración de costas procesales, aporte con exquisita precisión y objetiva exactitud los elementos necesarios para la acreditación de las características propias del mismo, en especial su identificación y concreción y, desde la antedicha coyuntura, las atinentes a su naturaleza y justificación económica con ponderación exacta de todas y cada una de las circunstancias concurrentes a tener en cuenta, en primera línea de actuación por el tasador directo (el Secretario Judicial) y en ultima instancia por el órgano judicial al que se le encomienda la resolución del recurso de revisión planteado contra la tasación de costas practicada.

No obstante la descripción aparentemente lineal y sin obstáculos de la trayectoria recorrida (con todos sus hitos: 1.º. Minuta justificada —intervención del profesional, Letrado o Procurador—. 2.º. Tasación de costas proporcionada —intervención del Secretario Judicial—. 3.º. Revisión razonable —intervención del órgano judicial—), llegados al punto en el que nos encontramos el camino transitado encuentra un escollo de imposible soslayo por parte de los operadores jurídicos hasta ahora intervinientes y únicamente salvable por la actuación del legislador. En efecto, el origen del problema apuntado, que se localiza en el tramo final del trayecto, queda constreñido a la circunstancia de que la fundamentación de la reducción —o mejor, adecuación— de los gastos que, por ser razonables, integran las costas, adolece, en su última y definitiva concreción, de una regulación legal que posibilite finalmente su objetivación, no sólo facilitando la tarea valorativa a desarrollar de manera principal por parte del Secretario Judicial y también, en su etapa final, por parte del Juzgador que resuelve el recurso de revisión, sino muy señaladamente (y como aspecto más importante a los efectos de su relevancia por apreciación externa), despojando estas actuaciones de todo vestigio que pudiera inducir a la duda acerca de su objetividad. Este es, sin ningún género de vacilación, el principal escollo del sistema imperante pues, asumidos —por equitativos— en línea de principio los criterios tendentes a la eliminación de cualquier indicio arbitrario en la concreción de los gastos resarcibles (la razonabilidad y, como concreción de ésta, proporcionalidad), ningún criterio legal existe implantado por el que se justifique la definitiva concreción económica de las costas, siquiera mínimamente; ni tampoco —y, por más que cueste, hay que decirlo— resolución jurisprudencial citable en la que la cuantificación alcanzada como resultado definitivo aparezca siquiera mínimamente razonada en su concreta fijación (así, paradigmáticamente, en el tantas veces mencionado Auto del Tribunal Supremo, Sala 3.ª, de 19 de julio de 2011 —rec. 3337/2007—, reducida la minuta del Procurador revisada a 25.000 euros —desde los 243.576 euros reclamados por el profesional minutante—, ninguna justificación razonada se contiene en orden a la decisión de concreción en ésa y no en otra cifra que, del mismo modo, podría haberse acordado como «manifiestamente proporcionada»). Desde esta consideración, de un lado, surge la reflexión acerca de la necesidad de una cierta objetivación —de necesaria genética legal— de los criterios de moderación (establecida siquiera a la manera de mínimo reclamable) y, de otro lado, vuelve a valorarse la ineficacia de los baremos profesionales existentes (por otra parte, ni siquiera establecidos de manera —unitariamente— uniforme sino diversos, en el ámbito de una misma actividad, en función del colegio —territorial— profesional emisor) a los efectos de la tasación de los gastos que participan de la caracterización de costas procesales, lo que no impide, en cualquier caso, la preservación de su validez como criterio valorativo de la actuación del profesional frente a su cliente (cfr., a este respecto, Auto del Tribunal Supremo, Sala 1.ª, de 11 de enero de 2011. Ponente: Excmo. Sr. D. Xavier O´Callaghan Muñoz, y las resoluciones que éste cita), desarrollada en el ámbito contractual ubicado en la órbita aplicativa del principio de autonomía privada (art. 1255 del CC), pero que en modo alguno justifica su pretendida consideración como criterio ponderativo de la cuantificación económica de la actividad del profesional en un ámbito diverso e imperativamente regido por una suerte de «orden público procesal» (las costas no son sino gastos resarcibles) que debe rechazar por principio esa pretendida monopolización que, prácticamente, resulta determinada del establecimiento de normas cuantificadores prefijadas por los Colegios Profesionales que, en última instancia, no defienden sino los intereses —ahora económicos— de los profesionales que los integran. Porque es precisamente esa naturaleza de cuestión de «ius cogens» la que determina la prohibición del pacto sobre costas, resultando de ello que la imposición de las costas procesales no constituye materia sometida ni al principio dispositivo ni al de rogación, de tal manera que queda vedada su modificación por intervención de la voluntad de las partes sin que tampoco el Juzgador pueda apartarse arbitraria o caprichosamente de lo dispuesto en la norma, puesta ésta en vinculación con el sentido de la propia resolución judicial en la que se integra el pronunciamiento sobre costas, sin incurrir por tal actuación en evidente incongruencia interna (15) .

Finalmente, y a modo de conclusión de la presente parte del trabajo, procede señalar que es, precisamente, la ofrecida por los principios esenciales previamente considerados y sintetizados en la máxima de la interdicción de la arbitrariedad, la perspectiva desde la que debe cumplirse por parte del órgano judicial con la revisión de las diversas circunstancias que conforman el panorama coyuntural a ponderar en el caso concreto sometido a la revisión del Juzgador. Desde esta última consideración debe asumirse en esta parte del trabajo las reflexiones previamente realizadas en torno a lo que los autores hemos convenido en denominar «el ecosistema procesal» (entendido como valor de contexto), con sus específicas peculiaridades señaladas en función de los respectivos procedimientos revisados, así como los criterios expresamente establecidos por la jurisprudencia (caracterizados como valor de referencia), a saber (y según nuestra jurisprudencia recientemente consolidada —Auto de la Sala 1.ª, de fecha 3 de mayo de 2011 (rec. 868/2004) y Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, de fecha 19 de julio de 2011 (rec. 337/2007)—, y como más relevantes, el grado de complejidad del asunto, los intereses económicos en juego, la actividad concretamente desarrollada por el profesional en relación con la actuación procesal de que se trate, y demás circunstancias concurrentes en el pleito, aspectos todos ellos ya analizados en otra sede del presente trabajo y cuya reiteración resulta ahora, por íntegramente asumida, a todas luces innecesaria.
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