Siendo el objeto del Plan Director Territorial de Residuos que se regula en el artículo 45 de la Ley 7/1994, de 8 de mayo, de Protección Ambiental, y en el




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ANEXO I

1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES


La recogida, transporte y tratamiento de los residuos constituyen un problema ambiental, económico y de gestión de primera índole, en el que todas las Administraciones Públicas implicadas deben hacer grandes esfuerzos para conseguir la correcta gestión de los desechos y están obligadas a promover medidas para fomentar la reducción, la reutilización, reciclado y valorización de los residuos (entendiéndose como tal el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan perjudicar al medio ambiente), dando como última posibilidad el vertido controlado.

En los últimos años se han conseguido grandes avances en el tratamiento de los residuos y en la recuperación de productos para su posterior reciclaje, tales como materia orgánica, vidrio, papel, y metales; sin embargo, el incremento en la generación, motivado en gran medida por el aumento de la capacidad de consumo, la aparición de nuevos materiales en los residuos y, sobre todo, la promulgación de nuevas normativas, emanadas de la Unión Europea y la implicación en su cumplimiento de las Administraciones competentes, impulsan a la Comunidad Autónoma de Andalucía a planificar la gestión de los residuos con objetivos renovados, en cumplimiento de las competencias que le son propias.

Ya en el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, en concreto, en el artículo 13 del mismo, se expone la necesidad de elaborar un Plan Director Territorial de Gestión de Residuos (en adelante PDTGR), cuyos contenidos definidos, igualmente, en el Decreto citado, son completados y mejorados de acuerdo a la más reciente normativa en la materia, que, aunque sigue encomendando la gestión de los residuos a los Entes Locales, realizada en la actualidad a través de Mancomunidades, Consorcios o directamente desde las propias Diputaciones Provinciales o Ayuntamientos, tiene en las Administraciones supramunicipales un imprescindible elemento de planificación, coordinación y adecuación legislativa.

Desde la aprobación de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, y del Decreto 283/95, se ha generado una amplia legislación, motivada y espoleada por la intensa evolución del problema de los residuos dentro de la Unión Europea, traducida en España en la Ley de Envases y Residuos de Envases (Ley 11/1997), desarrollada mediante Real Decreto 782/1998, y sobre todo la Ley de Residuos (Ley 10/1998), que debido al gran número de residuos que incluye y la variedad temática de la misma, es previsible un largo y complejo desarrollo reglamentario que conducirá finalmente a un gran aumento de los controles administrativos sobre la generación, tratamiento y eliminación de residuos por las Comunidades Autónomas, los Entes Locales y sobre todo incrementando la responsabilidad de los productores.

Este Plan es lo suficientemente amplio como para recoger todos los tipos de residuos que puedan generarse, excepto los especiales, y recomendar unas líneas mínimas para el tratamiento, reciclado, valorización (entendiéndose como tal el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan perjudicar al medio ambiente) y eliminación, y a la vez es lo suficientemente flexible como para poder admitir los lógicos cambios en ubicación de infraestructuras, que deben acomodarse a las necesidades del momento, y de la sectorización en el tratamiento y otras eventualidades menores y que en conjunto no repercutan de forma importante en la planificación general ni en los planteamientos de carácter ambiental y económico.

También pretende este Plan ser un documento técnico básico que, cumpliendo con la actual legislación e incluso llegando a sobrepasar las cotas mínimas de reciclado y valorización, exigidas por la normativa vigente, sea también un elemento de consenso entre todos los Entes públicos encargados de su ejecución y donde también está previsto en los trámites que conducen a su aprobación, la participación necesaria de los agentes económicos y sociales, asociaciones de consumidores y de los ciudadanos en general.

La Planificación de la gestión de los residuos en Andalucía no es nueva, ni las iniciativas políticas y sociales que han conducido a la elaboración del mismo escasas. Ya entre los años de 1985 a 1987 la Agencia de Medio Ambiente (actualmente Consejería de Medio Ambiente), mediante convenios con las respectivas Diputaciones Provinciales, redactó los primeros planes de gestión de residuos sólidos urbanos, que han servido de base para la planificación y ejecución posterior de todas las instalaciones de tratamiento de residuos en Andalucía, donde, debido al gran número de infraestructuras construidas, se ha pasado de eliminarse en vertidos incontrolados más del 80% en aquellas fechas a tan sólo el 16% en la actualidad. La inversión tanto en material para recogida y transporte de residuos, contenedores para recogida selectiva, clausura de vertederos incontrolados, construcción de nuevos vertederos, estaciones de transferencia y plantas de reciclaje-compostaje se estima en más de 100.000 millones de pesetas, financiada por Ayuntamientos, Diputaciones y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, principalmente, pero también Fondos Europeos y el Ministerio de Medio Ambiente. Estos primeros planes se redactaron de acuerdo a la problemática y perspectivas existentes en ese momento, y, aunque no fueron aprobados legalmente, constituyeron un documento de carácter técnico de gran valor, que sirvió de base para todas las actuaciones realizadas con posterioridad.

Los mismos planes, por sucesivas modificaciones realizadas mayoritariamente por las propias Diputaciones Provinciales, se fueron adaptando a las necesidades y realidades más actuales. La tendencia general de las modificaciones se ha orientado hacia:

- Reducción del número de sectores, con el consiguiente aumento de las distancias de transporte. Esta circunstancia se ha completado con la construcción de estaciones de transferencia y se ha favorecido por la enorme mejora en las vías de comunicación, mayoritariamente carreteras.

- Construcción de grandes centros de tratamiento, principalmente plantas de reciclaje-compostaje, no previstas inicialmente en los planes, pero que han tenido una gran aceptación al cumplir con un objetivo esencial: La recuperación de componentes de los residuos, entre ellos la materia orgánica para su posterior reciclaje, además de contribuir a la creación de empleo y promocionar la creación de empresas de reciclaje y comercialización de productos recuperados.

- Implicación decisiva en la gestión de los residuos de los Entes Locales, principalmente de Diputaciones Provinciales, imprescindible para impulsar de forma definitiva una gestión adecuada en cada provincia.

- Aumento considerable en la selección en origen de materiales reciclables y con cierto mercado, como papel, cartón y vidrios.

- Nueva legislación: La Ley 7/1994, de Protección Ambiental, y sus Reglamentos; la Ley 10/1988, de 21 de abril, de Residuos; la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y la Directiva Europea 1999/31/CE del Consejo de 23 de abril, relativa al vertido de residuos.

- Aprobación de los Planes Directores Provinciales. En cumplimiento de lo establecido en la legislación autonómica, las Diputaciones Provinciales han aprobado recientemente sus respectivos Planes, que, aunque heterogéneos en su contenido y presentación, sí suponen un gran avance. Estos Planes se han integrado en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos y se irán completando con Programas para residuos específicos, como industriales no peligrosos, escombros, etc.

Además de la legislación citada, el Parlamento de Andalucía, mediante Proposiciones no de Ley y otras iniciativas, ha mostrado su interés indudable en la promoción de medidas destinadas a mejorar la gestión y el tratamiento de residuos. Por Resolución del Parlamento de Andalucía de 15 de septiembre de 1993, se crea un grupo parlamentario con el objetivo de obtener un consenso político frente al problema de los residuos. La Resolución reconoce:

- La alta producción de residuos.

- El distanciamiento entre producción e infraestructura para su tratamiento.

- Consumo no ecológico, y la responsabilidad individual y colectiva en la gestión de los recursos disponibles.

- Articulación insuficiente entre las diversas Administraciones.

Como objetivos generales se plantean:

- Apoyar la recogida selectiva, abarcando en principio la fracción orgánica, papel-cartón y vidrio.

- Recuperar al máximo la fracción orgánica y para su uso como enmienda de suelos.

- Estudio de la utilización de la fracción no reciclable o bien como combustible o su depósito en depósitos adecuados.

- Consolidar una estructura regional de centros de tratamiento y eliminación de residuos, evitando la presencia de vertidos clandestinos e incontrolados.

- Establecer mecanismos de identificación y gestión de otros residuos como escombros, neumáticos, pilas, etc.

No es menos importante, por lo que representa de documento de consenso, el Acuerdo General sobre Residuos Sólidos Urbanos, firmado por Organizaciones Ecologistas (CEPA y FAADN), Sindicatos (UGT y CC.OO.), la Confederación de Asociaciones de Vecinos (CAVA), la Unión de Consumidores de España (UCE), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, cuyos puntos siguen plenamente vigentes, y representa el interés mutuo y la importancia colectiva que el tratamiento adecuado de los residuos tiene en nuestra Comunidad Autónoma. Algunos de los principios generales del acuerdo son:

- Prevención. Desarrollo de políticas orientadas a la desaparición de productos que generen residuos de carácter nocivo y la reducción en general de todo tipo de residuos urbanos, así como la reutilización y reciclado.

- Gestión ambiental correcta. El máximo aprovechamiento de los componentes de la basura, reduciendo al mínimo, en consecuencia, el rechazo final. Se propone la construcción de centros de recuperación y reciclaje, fomentar la recogida selectiva en origen y fomentar el compostaje de residuos orgánicos.

- Aprobación y aplicación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos, que se pondrá en marcha en las etapas siguientes:

Construcción de infraestructura básica.

Clausura y recuperación de vertederos incontrolados.

Separación de residuos domésticos especiales.

Recogida selectiva de papel-cartón y vidrio.

Compostaje de la fracción orgánica.

Para el seguimiento y control de este Acuerdo General, prevé la constitución de una Comisión en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente.

También es importante citar el Plan de Medio Ambiente de Andalucía (1995-2000), elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con la participación en un amplio debate científico a nivel regional, en el que han participado en total 102 miembros del mundo académico, que ha concluido en unas medidas de carácter general, como son:

- Tramitación y aprobación del Reglamento de Residuos (ya elaborado).

- Idem del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos.

- Desarrollo del conjunto de actuaciones derivadas del Acuerdo General sobre Residuos.

Asimismo, las actuaciones se completan con dos Subprogramas:

- De minimización de residuos urbanos, con los objetivos de potenciar la recogida selectiva y dotar, por tanto, a los Municipios de equipamientos suficientes, y de

- Control y gestión de residuos urbanos, con los objetivos de completar las infraestructuras para la gestión y potenciar el aprovechamiento energético.

Para el cumplimiento de este último subprograma se proponen una serie amplia de acciones, como son:

- Construcción de plantas para recuperación y fabricación de abonos orgánicos para generación de más de 50.000 t/año de compost.

- Construcción de vertederos controlados en zonas de menor densidad de población, o como apoyo a otras instalaciones.

- Construcciones para el aprovechamiento de biogás.

- Promoción del reciclaje, del aprovechamiento de biomasa, de la recogida selectiva en origen, tratamiento de residuos inertes, etc.

El Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, en su artículo 13, dispone la necesidad de elaborar un Plan Director Territorial de Gestión de los Residuos Urbanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyos objetivos son reflejar la situación actual en cuanto a la gestión y proponer una serie de actuaciones básicas que den respuesta a las exigencias legales y ambientales más actuales, instrumentándolo a través de cuatro apartados:

- Integración en el Plan Director Territorial de los Planes Directores Provinciales, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Protección Ambiental. Según el mencionado artículo, el Plan se aprobará mediante Decreto.

- El PDTGR, como Plan con incidencia en la ordenación del territorio, seguirá las prescripciones de aplicación previstas en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Según lo prescrito en el artículo 43.5 de la Ley de Protección Ambiental, los Ayuntamientos y entidades gestoras facilitarán a la Agencia de Medio Ambiente (actualmente Consejería de Medio Ambiente) la información y datos necesarios para la elaboración del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos, así como para dar cumplimiento a las exigencias y deberes derivados de la legislación vigente. Los Ayuntamientos y entidades gestoras deberán atender las solicitudes que en este sentido les sean formuladas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

- Las previsiones y determinaciones del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos serán de obligado cumplimiento, dentro de su ámbito de aplicación, para las personas y entidades públicas y privadas (art. 45.3 de la LPA).

- El contenido mínimo del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos será el indicado en el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, en su artículo 14, abarcando íntegramente los apartados 1 y 2.

Estas son, pues, las razones y motivaciones que impulsan la elaboración del presente Plan, amparado por una amplia normativa y avalado por numerosas y decisivas manifestaciones de fuerzas políticas y sociales de nuestra Comunidad, siendo la finalidad del mismo el adaptar la gestión de los residuos que se generan en su ámbito territorial a las necesidades y exigencias legales actuales, impulsando las inversiones necesarias para su ejecución.

Esta iniciativa de organización, junto con la nueva legislación que en materia de residuos y envases se ha promulgado (Ley 11/1997 y Ley 10/1998), ha originado la necesidad de plantear actuaciones de forma que se adapte la gestión de los residuos a las nuevas realidades que la Ley establece, por lo que la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, asumiendo esta realidad, ha considerado las siguientes líneas preferentes de actuación:

- Análisis de la Situación Actual y sus Previsiones.

- Descripción de las principales instalaciones.

- Exigencias para la ubicación de instalaciones.

- Modelo de Gestión.

- Estudio Económico y Financiero.

- Organización Administrativa de la Gestión.

- Vigilancia y Control ambiental EIA.

- Prescripciones Técnicas y Procedimientos de aprobación de los proyectos.

- Plan de sellado y clausura.
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