PsicoJuris pj instituto de Psicología Legal y Forense




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PsicoJuris

PJ

Instituto de Psicología Legal y Forense


Pza. Independencia 18, 4º, 1ª
17001 – Girona Tel/Fax 972 483 065




Joaquín Morata Jarque
Director de PsicoJuris
Docente Posgrado. UdG.

PERITAJE DEL INCULPADO (I)


El “inculpado”. Delimitación del concepto.
El Diccionario la R.A.E, define inculpar como culpar, acusar a uno de una cosa
Sin embargo, el mismo diccionario, refiere que inculpado puede tener como significado: Inocente, sin culpa.
Por lo tanto, y aunque el término tiene una connotación más severa, es preferible utilizar desde este momento el termino de Acusado o, si se prefiere, el término Encausado.
Todos estos términos tienen en común el hecho de que se señala/considera a alguien como “presunto” autor de algún hecho susceptible de ser sometido a un proceso judicial que debe resolver sobre esa “presunción” y, en su caso, imponer algún tipo de sanción o pena.
Entendido así, todos podemos ser acusados o encausados. Basta con que se nos señale como autores de una conducta tipificada en la ley como delito o infracción.
Ya estamos encausados.
A partir de ahora se inicia un proceso en el que se ha de dirimir si somos culpables o no lo somos (porque inocentes no dejamos de serlo hasta que un tribunal se pronuncie en sentido contrario).
Y lo primero que, por mor de la lógica, se deberá discriminar es si hemos podido realizar la conducta (acción u omisión) que se nos imputa.
El concepto que nos interesa ahora es el de IMPUTABILIDAD.
La IMPUTABILIDAD se refiere a la capacidad de atribución de una culpa, delito o acción, según la R.A.E.
Lo siguiente es buscar el concepto en el campo legal pero este término no se define en el Código Penal.
En la Ciencia del Derecho Penal española solía definirse la imputabilidad como la capacidad de entender y de querer.
Pero esta noción es dogmáticamente insostenible, pues si en el sujeto falta la capacidad de entender y de querer, quedaría excluida la acción o la omisión como primer elemento del concepto delito. Parece más acertado el concepto de imputabilidad como la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y de obrar conforme a ese conocimiento. Por lo que respecta al elemento intelectual o la punibilidad de la acción o de la omisión, sino únicamente su ilicitud. No es preciso que el sujeto pueda conocer los preceptos legales, sino únicamente si su acción o su omisión son contrarias al orden de la comunidad.
Mir Puig rechaza el concepto de imputabilidad de la opinión dominante, como capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y de obrar conforme a ese conocimiento, por estimar que se basa en la concepción de la culpabilidad como capacidad de obrar de otro modo y considera que la imputabilidad es la normalidad psíquica que hace posible una motivación normal.
Para Muñoz Conde la imputabilidad es, simplemente, la capacidad de motivación por la norma.
Gómez de Liaño la define como «Aptitud de la persona para responder de los actos que realiza»
De estos párrafos extraídos de un libro de Derecho Penal y de un Diccionario Jurídico, parece apreciarse que la imputabilidad no se refería sólo al hecho de si estábamos allí en el momento en que se produjo el asesinato sino a algo más sutil (“capacidad de entender”, “capacidad de comprender”, “elemento intelectual”, “normalidad psíquica”, “motivación”…).
La necesidad que tiene el Derecho de ser preciso y delimitar de manera unívoca sus términos lleva, en muchas ocasiones, a definir un concepto por exclusión (“sensu contrario”).
En esa línea, el Código Penal en los artículos 19, 20 y 21 determina las causas que eximen y atenúan la responsabilidad criminal:
De las causas que eximen de la responsabilidad criminal

Artículo 19.

Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código.

Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.
Artículo 20.

Están exentos de responsabilidad criminal:

1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.

2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consuno de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:

Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.

Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.

Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

6.º El que obre impulsado por miedo insuperable.

7.º El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en este Código.

De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal

Artículo 21.

Son circunstancias atenuantes:

1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.

2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º del artículo anterior.

3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.

4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.

5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

6.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.

Profundizando en el Código Penal
El Artículo 19 se refiere expresamente al caso de que el encausado sea menor. El 20 detalla los casos de exención de la responsabilidad, mientras que el 21 está dedicado a circunstancias que atenúan la responsabilidad.
Vamos a dedicar unos párrafos al análisis del artículo 20 desde el punto de vista legal, siguiendo para ello a José Cerezo Mir:
Según el número 1 del artículo 20, está exento de responsabilidad criminal “el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión”.
Según lo establecido en el número 2 del artículo 20, está exento de responsabilidad criminal: “El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”.
En la regulación de las causas de inimputabilidad basadas en una enfermedad, anomalía o trastorno mental suelen adoptarse en los Códigos Penales tres tipos de fórmulas: psiquiátricas o biológicas, psicológicas y psiquiátricos-psicológicas (que más adelante veremos con las etiquetas de Psicopatológicas, Normativas y Psicopatológico-Normativas).
En las fórmulas psiquiátricas o biológicas se hace referencia únicamente a la enfermedad, la anomalía o trastorno mental, sin aludir a los efectos psicológicos en la conciencia o voluntad del sujeto, o en su capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta.
En las fórmulas psicológicas se hace referencia al estado de inconsciencia o anulación de la voluntad del sujeto.
En las fórmulas mixtas se hace referencia a una enfermedad, anomalía o trastorno mental, pero se exige que, como consecuencia de ello, el sujeto se hubiera visto privado de la capacidad de entender o de querer, o de comprender el carácter ilícito de su conducta o de obrar conforme a ese conocimiento.
En el nuevo Código Penal se ha adoptado una fórmula mixta psiquiátrica-psicológica o biopsicológica en la regulación de las eximentes de anomalía o alteración psíquica y en la de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos o de hallarse bajo los efectos de un síndrome de abstinencia.

ANOMALÍA O ALTERACIÓN PSÍQUICA.
En la eximente del número 1 del artículo 20 se refunden las de enajenación mental y trastorno mental transitorio. Dicha refundición parece un acierto dada la dificultad de deslindar ambos conceptos. Únicamente se mantiene la diferencia entre los trastornos mentales de carácter permanente y duradero, de los de carácter transitorio. En el párrafo 2 del artículo 20.1 se establece que: “el trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión”.
La eximente del número 2 del artículo 20, de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, etc., o de hallarse bajo la influencia del síndrome de abstinencia de las mismas, podría considerarse superflua desde el punto de vista estrictamente dogmático, pero no lo es desde el punto de vista práctico, pues durante la vigencia del anterior Código Penal se exigía que la embriaguez no fuera sólo plena, sino además fortuita. En la nueva eximente del número 2 es indiferente que la embriaguez plena, o la intoxicación plena por el consumo de drogas, sea fortuita, imprudente o voluntaria, siempre que no se trate de uno de sus supuestos de actio libera in causa (acciones libres en causa).
En la eximente del número 1 del artículo 20 se ha prescindido del término enajenado que no se trata de un término psiquiátrico. La nueva fórmula “cualquier anomalía o alteración psíquica” permite comprender los supuestos de retraso mental y de psicopatía, pero adolece de una imprecisión mucho mayor que el término enajenación. No se determinan en absoluto los presupuestos psiquiátricos o psíquicos de aplicación de la eximente y ello supone un grave quebranto de la seguridad jurídica.
En esta eximente estarán comprendidas todas las enfermedades mentales incluidas en la clasificación de la OMS o de la Asociación Psiquiátrica Americana, con la excepción de los trastornos mentales y de conducta debidos al uso de sustancias psicoactivas, como el alcohol y las drogas, que estarán comprendidos en el número 2 del artículo 20, cuando se den los requisitos.
El límite de los casos comprendidos vendrá determinado, en cada caso, por la exclusión de la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de obrar conforme a ese conocimiento.
En la eximente estarán comprendidos también, en principio, los estados emotivos o pasionales, aunque no es fácil que priven por completo al sujeto de la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de obrar conforme a ese conocimiento. No cabe alegar en contra de esta inclusión la existencia en nuestro Código Penal de la atenuante de arrebato u obcecación (3ª del número 21) pues ello no impide que la emoción o la pasión puedan dar lugar a la aplicación de la eximente completa de anomalía o alteración psíquica.
En la eximente del número 1 del artículo 20 están comprendidos también los supuestos de sugestión hipnótica.
Para la aplicación de la eximente de anomalía o alteración psíquica, en los supuestos de trastorno mental transitorio, es preciso no sólo que el sujeto esté privado por completo de la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de obrar conforme a ese conocimiento, sino también que el trastorno mental transitorio no “hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión”. Este requisito negativo de la eximente alude a las llamadas acciones libres en la causa (actio liberae in causa). El sujeto es inimputable en el momento de realizar la acción u omisión típica y antijurídica, pero no lo era en el momento anterior, cuando se provocó el trastorno mental transitorio. Se establece una excepción al principio de que el sujeto ha de ser imputable en el momento de realizar la acción u omisión típica y antijurídica. El requisito es perfectamente compatible, sin embargo, con el principio de culpabilidad por el hecho, pues en el juicio de reproche se tiene en cuenta no sólo las circunstancias del mismo, sino también la conducta anterior del sujeto, en la medida en que sea relevante para determinar si la acción y omisión típica y antijurídica realizada le era o no, o en qué medida reprochable al sujeto.
Aunque la cuestión es dudosa, se entiende que la referencia se hace únicamente a los supuestos en que la provocación del trastorno mental transitorio, por el sujeto, es voluntaria, con el propósito de cometer el delito o habiendo previsto o debido prever que en esta situación podía cometerlo. La palabra “propósito” debe ser interpretada como sinónimo de dolo. El término delito está aquí utilizado en sentido amplio, comprensivo de los delitos y de las faltas.
No cabe ver en la conducta provocadora del trastorno mental transitorio un principio de ejecución del delito de acción doloso cometido durante dicho trastorno mental, pues el principio de ejecución viene marcado por el comienzo de la realización de la acción típica.
En el nuevo Código Penal quedan excluidos también de la eximente de anomalía o alteración psíquica los supuestos más graves de la actio libera in causa imprudente, es decir, aquellos casos en que la provocación del trastorno mental transitorio es voluntaria, habiendo previsto el sujeto o debido prever que en esta situación podía cometer el delito (que puede ser doloso o imprudente). En los restantes casos (cuando la provocación del trastorno mental transitorio fue por imprudencia o negligencia) será aplicable la eximente en relación con el hecho delictivo (doloso o imprudente) cometido durante el trastorno mental transitorio, pudiendo incurrir, no obstante, el sujeto en responsabilidad por delito imprudente de resultado, si la provocación del trastorno mental transitorio supone una infracción del cuidado objetivamente debido para evitar la producción del resultado delictivo, la conducta imprudente está sancionada expresamente por la ley y se dan los restantes elementos del tipo de lo injusto de los delitos imprudentes: que el resultado se hubiera producido precisamente como consecuencia de la inobservancia del cuidado objetivamente debido y fuera uno de los que trataba de evitar la norma.
Podemos pues apreciar que se está partiendo de la consideración de los actos humanos como formados por dos componentes: el cognitivo y el volitivo. Componentes que definen, desde el campo del Derecho el acto humano que puede ser objeto del derecho, pues únicamente los actos humanos voluntarios y libres pueden serlo (sólo hay que pensar en los actos involuntarios, pero indudablemente humanos, que nos sobrevienen durante el sueño y sobre los que el Derecho tiene poco que decir).

ANOMALÍA O ALTERACIÓN PSÍQUICA SOBREVENIDA DESPUÉS DE LA COMISIÓN DE UN DELITO.
La aplicación de la eximente de anomalía o alteración psíquica exige que la ausencia de la capacidad de culpabilidad se dé en el momento de la realización de la acción u omisión típica y antijurídica. No hace falta ser un lince para caer en ello, pero es conveniente recordarlo dado que nunca tendremos la oportunidad de realizar un peritaje del sujeto durante la comisión de la conducta delictiva.
Nos veremos ahora abocados a rastrear para detectar la cronología de la alteración, aspecto que veremos más adelante.
No obstante, si lo que se detecta es una anomalía o alteración psíquica de la que sólo se puede precisar que ha sobrevenido cronológicamente después de la comisión del delito, no hallamos ante una situación en la que habiendo considerado al sujeto imputable y habiendo sentencia firme (condenatoria), el Derecho ha decidido considerar.
A ese respecto, lo que el Código Penal contempla es: que si el juez o el tribunal hubieran pronunciado ya sentencia firme, y se apreciara en el penado “una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena”, se suspenderá el cumplimento de la pena privativa de libertad, garantizando el juez o tribunal que el penado reciba “la asistencia médica precisa”. “Reestablecida la salud mental del penado, éste cumplirá la sentencia si la pena no hubiere prescrito, sin perjuicio de que el juez o Tribunal, por razones de equidad, pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración”.


INTOXICACIÓN PLENA POR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS U OTRAS QUE PRODUZCAN ANÁLOGOS EFECTOS, O COMISIÓN DEL DELITO BAJO LA INFLUENCIA DE UN SÍNDROME DE ABSTINENCIA.
La eximente del número 2 del artículo 20 es una causa de inimputabilidad que no puede considerarse superflua, a pesar de que todos los supuestos en ella comprendidos lo están a su vez en la anomalía o alteración psíquica. En esta eximente están comprendidos todos los supuestos de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, tanto si la intoxicación es fortuita, imprudente o voluntaria (salvo en los supuestos de actio libera in causa previstos expresamente en ella). Están comprendidos en la eximente los supuestos en que el sujeto se halle bajo los efectos del síndrome de abstinencia. En todo caso es preciso que el sujeto se hubiera visto privado de la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de obrar conforme a ese conocimiento.
En los supuestos en que además de los dichos, se aprecie a ese conocimiento.
En los supuestos en que además de los dichos, se aprecie la existencia de una psicosis alcohólica se plantea el problema de si no debería aplicarse la eximente del número 1 del artículo 20. En teoría debería aplicarse en estos casos la eximente de anomalía o alteración psíquica, ya que la medida de seguridad de internamiento para tratamiento médico resulta más adecuada que la de deshabituación.
Llama la atención que queda excluido de la salvedad de la actio libera in causa el síndrome de abstinencia. Si el sujeto espera consciente y voluntariamente a que aparezca, sin acudir a un centro de deshabituación, con el propósito de cometer la infracción penal, o habiendo previsto o debido prever su comisión, podría invocar la eximente del número 2 del artículo 20, siempre que hubiera quedado excluida su capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de obrar conforme a ese conocimiento. La exclusión de la eximente en estos casos supondría analogía in malam partem.
Estamos ante un grave defecto de la regulación legal. Pero es lo que hay.

UNA PRIMERA REFLEXIÓN
Estamos viendo que, desde la legislación, se apela a términos de salud mental para discernir sobre un concepto jurídico como es la imputabilidad.
Podremos o no estar de acuerdo con el modo en que el mundo del derecho utiliza esos términos, incluso con lo que hace con ellos… pero, desde el punto de vista aplicado, desde la praxis pericial simplemente debemos tenerlos presente.
No deberíamos caer en el error de considerar que la regulación de la imputabilidad cae en el terreno de lo psicológico. Basta con ojear la Introducción del DSM-IV en que ya se señala que no existe una definición satisfactoria de “trastorno mental” y que no hay que olvidar que la clasificación que se ofrece en dicho manual no clasifica a personas sino los trastornos que las personas padecen.


Siguiendo con el CP. La imputabilidad disminuida.
El hecho, nada asombroso para los profesionales de la salud mental, de que no siempre una misma patología cursa con los mismos efectos, también es contemplado desde el Derecho Penal.
Algunos autores se sorprenden de que el Derecho tenga esta visión de la responsabilidad de tipo dimensional, aceptando un relativo continuo entre la responsabilidad plena y la ausencia total de responsabilidad. Aunque, una visión racional de la salud mental estaría de acuerdo con esa postura.
Si tenemos en cuenta, como ya se ha dicho, que el Derecho considera dos elementos fundamentales para la determinación de la responsabilidad penal: la comprensión y la volición, parece evidente que ya existe una clara posibilidad de que se de una y no otra, lo que obliga a considerar ese supuesto.
Aunque el Derecho no va exactamente por ahí sino por la consideración de que no siempre la misma patología implica el mismo grado de deterioro desde el punto de vista legal.
En esa dirección, la moderna ciencia del Derecho Penal admite la existencia de personas cuya capacidad de culpabilidad (imputabilidad) no se debe excluir de modo absoluto, sino que se encuentra disminuida.
En el mundo del Derecho, este supuesto es el que lleva a la figura de la “atenuante” o “eximente incompleta”, regulada en el art. 21 del vigente Código Penal:
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