PsicoJuris pj instituto de Psicología Legal y Forense




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De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal

Artículo 21.

Son circunstancias atenuantes:

1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.

2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º del artículo anterior.

3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.

4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.

5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

6.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.
Retomaremos, en primer lugar, el análisis jurídico de este artículo siguiendo de nuevo a José Cerezo Mir:
LA IMPUTABILIDAD DISMINUIDA.
Nuestro Código Penal prevé la aplicación de una pena atenuada para los semiimputables, bien mediante la apreciación de una eximente incompleta (de anomalía o alteración psíquica, de intoxicación por bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan análogos efectos o por hallarse bajo los efectos de un síndrome de abstinencia, o de alteraciones en la percepción), o de una atenuante (por actuar a causa de una grave adicción a las sustancias anteriormente mencionadas).
EXIMENTES INCOMPLETAS DE ANOMALÍA O ALTERACIÓN PSÍQUICA, DE INTOXICACIÓN POR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS U OTRAS QUE PRODUZCAN ANÁLOGOS EFECTOS O ACTUACIÓN BAJO UN SÍNDROME DE ABSTINENCIA Y DE ALTERACIONES EN LA PERCEPCIÓN.
En el número 1 del artículo 21 se regulan como atenuantes las eximentes incompletas, entre las que se encuentran las causas de inimputabilidad incompleta. Se aplican cuando se aprecia no una exclusión, sino una disminución de la capacidad de culpabilidad, de la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de obrar conforme a ese conocimiento.
Las eximentes incompletas dan lugar a una disminución de la pena en uno o dos grados.

Para apreciar la inimputabilidad incompleta como atenuante es preciso que concurran los elementos esenciales de la eximente respectiva.
En la eximente del número 1 del artículo 20 son elementos esenciales la concurrencia de una anomalía o alteración psíquica y cuando se trate de un trastorno mental transitorio, que éste no haya sido provocado pro el sujeto con el propósito de cometer el delito o habiendo previsto o debido prever su comisión. En los supuestos de actio libera in causa no cabe apreciar, por consiguiente, una eximente ni completa, ni incompleta de anomalía o alteración psíquica. En la eximente del número 2 del artículo 20 son elementos esenciales la presencia de una intoxicación por bebidas alcohólicas o drogas tóxicas, o de un síndrome de abstinencia y que el sujeto no haya buscado la intoxicación para cometer la infracción o no hubiera previsto o debido prever su comisión. En la eximente 3 del artículo 20 es un elemento esencial la presencia de alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia que hayan producido una alteración de la conciencia de la realidad.
El Tribunal Supremo exige para apreciar una de las mencionadas eximentes incompletas que la disminución de la capacidad de culpabilidad sea considerable.
Al haberse introducido en el nuevo Código la atenuante de grave adicción a las bebidas alcohólicas o a las drogas, el Tribunal Supremo considera que no cabe apreciar una atenuante por analogía a la eximente incompleta de intoxicación por bebidas alcohólicas o drogas tóxicas, ni cabe apreciar dicha atenuante como muy calificada.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera incluidos en la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica los trastornos mentales orgánicos, la esquizofrenia y los trastornos delirantes persistentes (paranoia), los trastornos del humor o afectivos. Se consideran incluidos en esta eximente incompleta los estados emotivos o pasionales de considerable intensidad que no hubieran privado al sujeto por completo de su capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta o de obrar conforme a ese conocimiento, así como los supuestos de sugestión hipnóticas en que se dieran las mismas circunstancias.
A los semiimputables, a quienes se aprecie una eximente incompleta se les puede imponer, además de la pena atenuada, una medida de seguridad. La razón se encuentra en la posible peligrosidad de estos delincuentes.
El Código condiciona la aplicación de la medida de internamiento a que la pena impuesta sea privativa de libertad y la duración de la medida no puede exceder, en ningún caso, del límite de la pena abstracta señalada en el Código al correspondiente delito. El criterio es rechazable, pues implica una grave confusión entre fundamento y los fines de las penas y de las medidas de seguridad. La pena tiene su fundamento en la gravedad del delito, en la medida de lo injusto culpable, en definitiva en la culpabilidad; la medida de seguridad, por el contrario, se basa en la peligrosidad del delincuente. Las medidas de seguridad persiguen los fines de la prevención especial; la pena los de la reafirmación del Ordenamiento jurídico, de la prevención general y de la prevención especial. La peligrosidad del delincuente puede persistir aun después de transcurrido el límite de duración de la pena privativa de libertad establecida para el delito correspondiente.
GRAVE ADICCIÓN A BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DROGAS TÓXICAS

O ESTUPEFACIENTES.
El nuevo Código Penal recoge como novedad esta atenuante específica en el punto 2 del artículo 21. Según este precepto, es circunstancia atenuante: “La de actuar el culpable a causa de su grave adición a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior”.
El fundamento de esta circunstancia atenuante es la disminución de la capacidad de culpabilidad, pues no basta para su aplicación con que se dé en el sujeto una grave adicción, sino que es necesario, además, que el sujeto actúe precisamente “a causa” de dicha adición. No es preciso, sin embargo, que el sujeto padezca en ese momento una intoxicación, ni un síndrome de abstinencia.
Cabrá concederles la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, cuando su duración, una vez aplicada la atenuante, sea inferior a tres años y se den los restantes requisitos previstos en el artículo 87, entre los que figura que el sujeto acredite que se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento con este fin.


EL ANÁLISIS DE LA IMPUTABILIDAD EN EL CASO DE MENORES.

Ya hemos analizado la imputabilidad en general. Ahora tendríamos que plantearnos si lo visto hasta ahora necesita matizarse para el caso de los menores.
Nos tenemos que remitir, en primer lugar, a un artículo del CP que ya hemos visto:
Artículo 19.

Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código.

Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.
Lo primero que destaca es que en el Código Penal vigente no se señalan otras causas específicas para decidir sobre la responsabilidad penal de un menor que la edad: 18 años, pero con la precisión de que no serán responsables criminalmente con arreglo a este código.
Siendo el siguiente párrafo el que nos remite a la legislación aplicable: la ley que regule la responsabilidad penal del menor. En este caso se trata de la Ley 5/2000.
Veamos qué podemos entresacar con respecto a lo que nos interesa:
En primer lugar, asentando firmemente el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable. En segundo término, la edad límite de dieciocho años establecida por el Código Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro límite mínimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los catorce años, con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado.

[…]

La presente Ley Orgánica tiene ciertamente la naturaleza de disposición sancionadora, pues desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica a los menores infractores

[…]

se establece, inequívocamente, el límite de los catorce años de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian, en el ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación de las consecuencias por los hechos cometidos, dos tramos, de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho años, por presentar uno y otro grupo diferencias características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas.

La aplicación de la presente Ley a los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, prevista en el artículo 69 del Código Penal vigente, podrá ser acordada por el Juez atendiendo a las circunstancias personales y al grado de madurez del autor, y a la naturaleza y gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los efectos de esta Ley, la denominación genérica de "jóvenes".

Se regulan expresamente, como situaciones que requieren una respuesta específica, los supuestos en los que el menor presente síntomas de enajenación mental o la concurrencia de otras circunstancias modificativas de su responsabilidad, debiendo promover el Ministerio Fiscal, tanto la adopción de las medidas más adecuadas al interés del menor que se encuentre en tales situaciones, como la constitución de los organismos tutelares previstos por las leyes. También se establece que las acciones u omisiones imprudentes no puedan ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado.
Hasta aquí, fragmentos entresacados de la Exposición de Motivos de la Ley en cuestión. Queda claro por ahora, que al referirnos a “menores” lo estamos haciendo a personas entre catorce y dieciocho años.
La cuestión fundamental que nos planteamos en este apartado es si existe alguna consideración especial a la hora de declarar la responsabilidad penal.
Ese punto está concretado en el Artículo 5 de la presente Ley:
Artículo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.

1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los números 1.o, 2.o y 3.o del artículo 20 del vigente Código Penal les serán aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.

Es decir, a efectos de declarar la responsabilidad penal de los menores, estamos a lo dispuesto en el Artículo 20 del Código Penal.
Señalar, por último, que en la Ley 5/2000 aparece continuamente la figura del equipo técnico.
No es el objeto de este apartado profundizar en ello pero queremos señalar algunas de sus funciones extraídas de la Ley que estamos comentando:
Artículo 27. Informe del equipo técnico.

1. Durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico, que a estos efectos dependerá funcionalmente de aquél sea cual fuere su dependencia orgánica, la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que deberá serle entregado en el plazo máximo de diez días, prorrogable por un período no superior a un mes en casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.

2. El equipo técnico podrá proponer, asimismo, una intervención socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto en tal caso aquellos aspectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervención.

3. De igual modo, el equipo técnico informará, si lo considera conveniente y en interés del menor, sobre la posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, con indicación expresa del contenido y la finalidad de la mencionada actividad. En este caso, no será preciso elaborar un informe de las características y contenidos del apartado 1 de este artículo.

4. Asimismo podrá el equipo técnico proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor, por haber sido expresado suficientemente el reproche al mismo a través de los trámites ya practicados, o por considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. En estos casos, si se reunieran los requisitos previstos en el artículo 19.1 de esta Ley, el Ministerio Fiscal podrá remitir el expediente al Juez con propuesta de sobreseimiento, remitiendo además, en su caso, testimonio de lo actuado a la entidad pública de protección de menores que corresponda, a los efectos de que actúe en protección del menor.

5. En todo caso, una vez elaborado el informe del equipo técnico, el Ministerio Fiscal lo remitirá inmediatamente al Juez de Menores y dará copia del mismo al letrado del menor.

6. El informe al que se refiere el presente artículo podrá ser elaborado o complementado por aquellas entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de menores y conozcan la situación del menor expedientado.


CONCRETANDO EL TEMA. LA VALORACIÓN DE LA ENFERMEDAD MENTAL DESDE EL DERECHO.

Lo primero que puede llamar la atención al profesional de la salud mental es la distinta concepción del ser humano que se adopta desde el campo del Derecho.
Considerar al ser humano como una amalgama de elementos químicos relacionados entre sí de un determinado modo no nos resulta tan chocante como la visión jurídica del ser humano, quizás porque los elementos que se utilizan para referirse al ser humano desde lo jurídico están mucho más próximos a la psicología: conducta, comprensión, motivación, voluntad…
Hay que evitar la tentación de “dar lecciones” al mundo jurídico sobre tales conceptos. La concepción del ser humano es distinta puesto que el Derecho cumple otra función distinta de la Psicología, aunque en algunos momentos puedan intersectar, complementarse o, incluso, enfrentarse.
En el caso de la pericial psicológica, como en el caso de cualquier pericial, es muy sano tener presente que estamos ofreciendo un análisis “objetivo” de una realidad pero con una funcionalidad jurídica.
El Tribunal no va a dictaminar sobre la existencia o no de una determinada alteración, sino sobre su aplicación al caso concreto en función de una legislación y unas circunstancias. Algo, como se ve, que escapa a la labor de la Psicología.
Reprimamos nuestra incomodidad de ver cómo el mundo jurídico utiliza términos de salud mental de un modo un tanto “arcaico” (según nuestra óptica) y tratemos de desplazar nuestra concepción psicológica del ser humano a la concepción social y, por ende, jurídica.
Así pues, desde esa perspectiva, deberíamos volver al mundo de lo jurídico para conocer algo más del modo en que se valora no la enfermedad mental sino la responsabilidad penal que puede estar afectada por la salud mental.
En Derecho Comparado se pueden encontrar tres modos de valoración de la responsabilidad penal en función de la enfermedad mental:
1. Método Psicopatológico Puro (antes descrito como criterio psiquiátrico-biológico). Le interesa detectar si las personas poseen o no ciertas enfermedades, poco importa que la enfermedad haya alterado su capacidad volitiva y/o cognitiva en el momento de los hechos, lo importante es la existencia del diagnóstico. Es el caso del CP Noruego en su párrafo 44.
2. Método Puramente Normativo (denominado psicológico más arriba). No le interesa el diagnóstico como tal. Lo importante es valorar la capacidad del sujeto en el momento de los hechos. Un ejemplo de este método sería la antigua formulación en el CP español de la eximente por Trastorno Mental Transitorio.
3. Método Psicopatológico-Normativo (señalado como mixto o psiquiátrico-psicológico). Clara fusión de los anteriores, valora la existencia de trastornos o enfermedades mentales y además se considera la incidencia de ese trastorno sobre la capacidad de control y discernimiento (volitivamente y cognitivamente). Es el caso del CP Alemán (Art. 20), CP Suizo (Art. 10), CP de los Países Bajos (Art. 37.1) y el de nuestro código actual.
En este método, pues, existe una combinación de criterios:

- Criterios Psicopatológicos: Existencia de trastorno en el momento del delito.

- Criterios Normativos: Criterios que relacionan el estado con el acto.
Dada la indefinición ya vista de lo que es imputabilidad en el CP, queda por acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para encontrar algún tipo de precisión al respecto.
Tradicionalmente se han considerado como criterios de valoración para determinar la imputabilidad los siguientes:
1.- Su cualidad (naturaleza de la perturbación)

2.- La cantidad (intensidad y grado de la misma)

3.- La cronología (duración y permanencia),

y últimamente se ha incorporado una cuarta:

4.- La relación causal con el acto.
Resumiendo: que la naturaleza de la perturbación sea tal que pueda alterar la comprensión y voluntad del sujeto, que la intensidad y el grado de la perturbación afecten la capacidad cognitiva y volitiva, que la duración sea la necesaria para afectar al sujeto en el momento en que realiza la conducta antijurídica y que la infracción penal sea causa de la anomalía o alteración psíquica (tal como apunta el art. 20 del CP).
Como vemos, todo el análisis del tema se resume, de forma simplificada, a lo siguiente:
El Derecho tiene como objeto las conductas humanas voluntarias y libres.
Si un hecho susceptible de ser contemplado por el Derecho no se puede atribuir a una conducta humana voluntaria y libre, no puede ser objeto del Derecho.
¿O alguien pretende llevar a los tribunales a una tormenta que ha destrozado su jardín?.


BIBLIOGRAFÍA


  • El criterio de causalidad en la valoración de la imputabilidad en los trastornos de personalidad. Villarejo Ramos, A. Cuadernos de Medicina Forense, 33. Julio 2003. *

  • Psiquiatría Legal. Calcedo Barba. A. I Congreso Virtual de Psiquiatría. 2000. *

  • Derecho Penal. Cerezo Mir, J. UNED. 2003.

  • Código Penal. 1995. *

  • La teoría del delito”: Ideas de este siglo. Parma, C. 2001. *

  • Ley Orgánica 15/03 de Reforma del Código Penal. *

  • Evolución del concepto jurídico penal de culpabilidad en Alemania y Austria. Jescheck, Hans-Heinrich. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2003. *

  • Aspectos problemáticos de la eximente de anomalía o alteración psíquica. Cerezo Mir, J. Ponencia homenaje al Prof. Torro. *

  • Tratamiento penal y penitenciario del enfermo mental. Cervelló Donderis, V. Universitat de Valencia. *

  • Ley 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. *

  • Proceso penal de menores: especialidades derivadas del interés de los menores y opciones de política criminal. Sala Donado, C. Tesis Doctoral. Girona. 2002 *


* Material disponible en el CD.
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