Expedir la siguiente codificación y recopilación del régimen de derecho internacional privado




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Suplemento I del Registro Oficial Nº 153 Año I
Quito, Viernes 25 de Noviembre del 2005 
TOMO I
FUNCION LEGISLATIVA
CODIFICACION:
2005-012
Codificación y Recopilación del Régimen de Derecho Internacional Privado.
CONGRESO NACIONAL
COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION
Oficio N° 0118-CLC-CN-05 

Quito, 18 de mayo del 2005
Señor doctor

RUBEN ESPINOZA DIAZ 

Director del Registro Oficial 

Presente.
Señor Director:
De conformidad con la atribución que le otorga los números dos y tres del artículo 139 de la Constitución Política de la República a la Comisión de Legislación y Codificación, y una vez que se ha cumplido el trámite previsto en el artículo 160, adjunto al presente la Codificación y Recopilación del REGIMEN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, para su publicación en el Registro Oficial.
Muy atentamente,
f.) Dr. Carlos Duque Carrera, Presidente de la Comisión de Legislación y Codificación (E).
CODIFICACION 2005-012
H. CONGRESO NACIONAL
LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION
Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN Y RECOPILACIÓN DEL RÉGIMEN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO



PRIMER GRUPO
1. ACUERDO SOBRE CONSULES.
Datos Generales.
Lugar: Caracas, Venezuela.

Tipo: Multilateral.

Fecha de suscripción: 18/07/1911.

Fecha de publicación: Registro Oficial N° 69 de fecha 23 de noviembre de 1912.

Texto.
Los infrascritos Plenipotenciarios de las Repúblicas del Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, previo el canje de sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo sobre Cónsules.
Artículo I. Cada una de las Repúblicas contratantes podrá mantener Cónsules en las ciudades y plazas comerciales de las otras y en los puertos abiertos en ellas al comercio extranjero. Ese servicio consular no hará por Cónsules Generales, Cónsules y Vice-Cónsules o Agentes Consulares. Cada República podrá exceptuar aquellas ciudades, plazas o puertos en donde no estime conveniente la residencia de dichos empleados; pero esta excepción será común a todas las Naciones y previamente comunicada a éstas.
Artículo II. Para el ejercicio de sus funciones los Cónsules obtendrán el Exequátur del respectivo Gobierno del País a que han sido destinados, y lo presentarán a la autoridad para que les haga guardar las exenciones y prerrogativas a que por este Pacto tienen derecho.
Artículo III. Los Estados contratantes no reconocen en los Cónsules carácter diplomático, ni permitirán que ejerzan funciones diplomáticas conjuntamente con las consulares; esto respecto de los países cuya legislación así lo determine, pero le otorgan las siguientes prerrogativas:
1°. Los archivos, escudo y bandera de los Consulados serán inviolables. El Escudo y Bandera no hacen inviolables el domicilio del Cónsul cuando la autoridad se viere en el caso de allanarlo conforme a la ley.
2°. Los Cónsules, en todo lo que sea relativo al ejercicio de sus funciones, serán completamente independientes del Estado en cuyo territorio residen.
Los Cónsules estarán exentos de todo servicio personal o contribución extraordinaria que se imponga en el país de su residencia. Esta exención no comprende a los Cónsules que sean nacionales del país en que ejercen.

Artículo IV. Los Cónsules estarán sometidos a las leyes y autoridades del país en todo aquello en que no tengan una especial extensión por este Acuerdo o por Tratados Públicos.

Artículo V. Los Cónsules podrán ejercer las atribuciones siguientes:
1°. Dirigirse a las autoridades del Distrito de su residencia, y ocurrir, en caso necesario, al Gobierno General por medio del Agente Diplomático de su Nación, si lo hubiere, y directamente en caso necesario, reclamando contra cualquiera infracción de los Tratados de Comercio que se cometa por las autoridades del País, con perjuicio del comercio de la Nación a que el Cónsul sirve; lo mismo que contra cualquier abuso que se cometa por autoridades o empleados contra individuos de la Nación cuyos intereses gestiona, y promoverán lo conveniente para que no se les niegue ni retarde la administración de justicia, ni sean juzgados y penados sino por los jueces competentes conforme a las leyes del país. 
2°. Presentarse por sus compatriotas, cuando éstos así lo solicitaren, ante las autoridades del país, en los negocios o asuntos que aquellos indiquen.
3°. Acompañar a los Capitanes, Contramaestres y Patrones de los buques de su Nación en lo que necesiten hacer para el despacho de sus mercancías y buques, y ante los Tribunales o Autoridades en las Declaraciones de los mismos o alguno de la tripulación tengan que hacer. 
4°. Recibir las declaraciones, protestas y relaciones de los Capitanes, Contramaestres y Patrones de los buques de su Nación, por razón de averías causadas en alta mar, y las protestas que cualesquiera individuos de su Nación tengan a bien hacer sobre asuntos mercantiles. Estos documentos, en copia auténtica expedida por el Cónsul, serán admitidos en los Tribunales, y tendrán el mismo valor que si hubieren sido otorgados en los mismos. 
5°. Arreglar todo lo relativo a las averías que hayan sufrido en alta mar los efectos y mercancías embarcados en buques de la Nación a que sirve el Cónsul, que lleguen al punto en que reside, siem pre que no haya estipulación contraria entre los armadores, los cargadores y aseguradores. Pero si se hallaren interesados en tales averías, habitantes del país en donde el Cónsul resida, que no sean de la Nación a que ésta sirva, toca a las autoridades locales el conocer y resolver sobre dichas averías.
6°. Componer amigable y extrajudicialmente las diferencias que se susciten entre sus compatriotas sobre asuntos mercantiles, siem pre que ellos, voluntariamente y por escrito, se sometan a su arbitraje, en cuyo caso el documento en que conste la decisión del Cónsul, tendrá toda la fuerza de un documento público otorgado con todos los requisitos necesarios para ser obligatorio a las partes interesadas.
7°. Hacer que se guarde el debido orden a bordo de los buques mer cantes de su Nación, y decidir en las diferencias que sobrevengan entre el Capitán, los oficiales y los individuos de la tripula ción, excepto cuando los desórdenes que sobrevengan a bordo, puedan turbar la tranquilidad pública, o cuando en las diferen cias estén mezclados individuos que no sean de la Nación a que pertenece el buque, pues en estos casos deberán intervenir las autoridades locales.
8°. Dirigir todas las operaciones relativas al salvamento de los bu ques de la Nación que sirve, cuando naufraguen en costas de su jurisdicción. En tal caso, las autoridades locales sólo interven drán para mantener el orden, dar seguridad a los intereses sal vados y hacer que se cumplan las disposiciones que deben observarse para hacerla efectiva. En ausencia y hasta la llegada del Cónsul, deberán también dichas autoridades tomar todas las me didas necesarias para la conservación de los intereses naufragados.
9°. Tomar posesión, formar inventario, nombrar peritos para hacer los avalúos, y proceder a la venta de los bienes muebles de los individuos que hayan muerto abintestato y sin herederos forzosos en el país de la residencia del Cónsul. En tales diligencias procederá el Cónsul, asociado a dos comerciantes nombrados por él mismo; y para la práctica de las mismas diligencias y la en trega de los bienes y su producto, observará las leyes respectivas y las instrucciones que tengan de su Gobierno. Cuando el Cón sul no se hallare en el lugar en que haya ocurrido la muerte del individuo, las autoridades locales tomarán las providencias de su resorte para dar seguridad a los bienes de éste.
10°. Pedir a las autoridades locales el arresto de los marineros que deserten de los buques de su Nación, exhibiendo, si fuere ne cesario, el registro del buque, el rol de la tripulación u otro documento oficial que justifique su demanda. Dichas autoridades dictarán las providencias de su competencia para la persecución, aprehensión y arresto de aquellos desertores, y los pondrán a la disposición del Cónsul; pero si el buque a que pertenece hu biere salido y no se presentare ocasión para hacerlo partir, se mantendrá en arresto a expensas del Cónsul hasta por tres me ses, y si cumplido este plazo no se hubiere remitido, serán pues tos en libertad por las respectivas autoridades, y no podrán ser nuevamente arrestados por la misma causa.

Artículo VI. Los Cónsules de cualquiera de las Repúblicas contratantes, resi dentes en otra de las mismas, podrán hacer uso de sus atribuciones en favor de los individuos de las otras Repúblicas contratantes que no tu vieren Cónsul en el mismo lugar.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 18 de julio de 1911.
2. PACTO SOBRE EJECUCION DE ACTOS EXTRANJEROS.

Datos Generales.-
Lugar: Caracas, Venezuela.

Tipo: Multilateral.

Fecha de suscripción: 18/07/1911.

Fecha de publicación: Registro Oficial N° 73 de fecha 28 de noviembre de 1912.
Texto.-
ACUERDO
Los infrascritos Plenipotenciarios de las Repúblicas del Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, previo el canje de los respectivos Plenos Poderes, adoptan, como Ley común de dichas Naciones, el Tratado sobre Derecho Procesal, sancionado por el Congreso de Montevideo, en 11 de Enero de 1889, con las modificaciones contenidas en el siguiente Pacto sobre EJECUCION DE ACTOS EXTRANJEROS.
Artículo 1°. Los juicios y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán con arreglo a la Ley de Procedimiento en la Nación en cuyo territorio se promuevan.
Artículo 2°. Las pruebas se admitirán y apreciarán según la Ley a que esté sujeto el acto jurídico materia del proceso.
Se exceptúa el género de pruebas que por su naturaleza no autorice la Ley del lugar en que se sigue el juicio.
Artículo 3°. Las sentencias o laudos homologados expedidos en asuntos civiles y comerciales, las escrituras públicas y demás documentos auténticos otorgados por los funcionarios de un Estado, y los exhortos y cartas rogatorias, surtirán sus efectos en los otros Estados signatarios, con arreglo a lo estipulado por este Tratado, siempre que estén debidamente legalizados.
Artículo 4°. La legalización se considera hecha en debida forma cuando se practica con arreglo a las Leyes del País de donde el documento procede y éste se halla autenticado por el Agente Diplomático o Consular que en dicho País o en la localidad tenga acreditado el Gobierno del Estado en cuyo territorio se pide la ejecución.
Artículo 5°. Las sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios tendrán en los territorios de los demás la misma fuerza que en el País en que se han pronunciado, si reúnen los requisitos siguientes:
a) Que la sentencia o fallo haya sido expedida por un Tribunal competente en la esfera internacional;
b) Que tenga el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha expedido;
c) Que la parte contra quien se ha expedido haya sido legalmente citada o representada o declarada rebelde, conforme a la Ley del País en donde se ha seguido el juicio; y,

d) Que no se oponga a las leyes de orden público del País de su ejecución.
Artículo 6°. Los documentos indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias y fallos arbitrales, son los siguientes:
a) Copia íntegra de la sentencia o fallo arbitral;
b) Copia de la demanda y de la contestación, o en caso de haberse seguido el juicio en rebeldía al demandado, copia de la pieza en que conste este particular;
c) Copias de las piezas necesarias para acreditar que las partes han sido citadas; y,
d) Copia auténtica del auto en que se declara que la sentencia o laudo tiene el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada, y de las leyes en que dicho auto se funda.
Artículo 7°. El carácter ejecutivo o de apremio de las sentencias o fallos arbitrales, y el juicio a que su cumplimiento de lugar, serán los que determine la Ley de Procedimiento del Estado en donde se pide la ejecución.
Artículo 8°. Los actos de jurisdicción voluntaria practicados en un Estado, tendrán en los demás Estados el mismo valor que si se hubiesen realizado en su propio territorio, con tal de que reúnan los requisitos establecidos en los artículos anteriores.
Artículo 9°. Los exhortos y cartas rogatorias que tengan por objeto hacer notificaciones, recibir declaraciones o practicar cualquiera otra diligencia de carácter judicial, se cumplirán en los Estados signatarios siempre que dichos exhortos o cartas rogatorias reúnan las condiciones establecidas en este Tratado.
Artículo 10°. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se refieran a embargos, tasaciones, inventarios o diligencias preventivas, el Juez exhortado proveerá lo que fuere necesario respecto al nombramiento de peritos, tasadores, depositarios y en general, a todo aquello que sea conducente al mejor cumplimiento de la comisión. En este caso procederá el Juez con arreglo a las leyes de su País.
Artículo 11°. Los exhortos y cartas rogatorias se diligenciarán con arreglo a las leyes del País en donde se pide la ejecución.
Artículo 12°. Los interesados en la ejecución de los exhortos y cartas rogatorias podrán constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos de estos apoderados y las diligencias que ocasionen.
Artículo 13°. Los gastos que originen los exhortos y cartas rogatorias serán pagados por el Gobierno que los solicita, el cual a su vez los cobrará de los interesados.
Artículo 14°. Los documentos comunicados por las respectivas Legaciones no necesitan del requisito de la Legalización.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 18 de julio de 1911. 
3. ACUERDO BOLIVARIANO SOBRE TITULOS ACADEMICOS.
Datos Generales.-
Lugar: Caracas, Venezuela.

Tipo: Multilateral.

Fecha de suscripción: 17/07/1911.

Fecha de publicación: Registro Oficial No. 93, de fecha 21 de diciembre de 1912.
Texto.-
Los infrascritos Plenipotenciarios de las Repúblicas del Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, previo el canje de sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente:

Acuerdo SOBRE TITULOS ACADEMICOS
Artículo 1°. Los Títulos o Diplomas que en cualquiera de los Estados signatarios se hubiesen expedido por la Autoridad Nacional competente para el ejercicio de profesiones liberales, se tendrán por válidos y autorizarán para ejercerlas en los otros Estados.

Cuando en un Estado se requiera uno o varios estudios más que los que se exigen en el que se hubiese expedido el Título o Diploma, el interesado estará obligado a prestar examen de dichos estudios para obtener la validez del Título.
Artículo 2°. Para que el Título o Diploma a que se refiere la primera parte del artículo anterior produzca los efectos expresados, se requiere:
1.- La exhibición del mismo debidamente legalizado; 
2.- La exhibición de un ejemplar de la Ley de Instrucción Pública vigente en la fecha del otorgamiento del Título, y que contenga la expresión de las materias cuyo examen se ha requerido para su otorgamiento; y,
3.- Que el interesado acredite su identidad personal.
Artículo 3°. Los Estados signatarios se comprometen a uniformar en lo posible sus respectivos planes de estudios universitarios.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor, en Caracas, a 17 de julio de 1911.
4. ADHESION DEL ECUADOR A LA CONVENCION SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES, FIRMADA EN MONTEVIDEO EL 4 DE FEBRERO DE 1889.
Datos Generales.-
Lugar: Montevideo.

Tipo: Multilateral.

Fecha de suscripción: 04/02/1889.

Fecha de publicación: Registro Oficial N° 26, de fecha 4 de enero de 1933.
Texto.-
J. D. Martínez Mera, Presidente, Presidente Constitucional de la República del Ecuador.
A todos los que la presente vieren, Salut!
Por cuanto el día 4 de febrero de 1889 se firmó, en la ciudad de Montevideo, la Convención sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales, cuyo tenor es el siguiente:
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