I antecedentes

Excelentísimo

Dr. Luis Moreno Ocampo

Fiscal ante la Corte Penal Internacional
Su Despacho.-

ASUNTO: DENUNCIA POR CRÍMENES DE

LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA

Causa: OTP-CR-1/04

Del diecinueve (19) de enero de dos mil cuatro (2004)

Nosotros, Alfredo Romero Mendoza, Gonzalo Himiob Santomé, de cédulas de identidad venezolanas números V-6.324.982, V-9.879.727, en nuestro carácter de abogados representantes de las Asociaciones Civiles Venezolanas de defensa de los derechos humanos Foro Penal Venezolano (FPV) y Víctimas Venezolanos de Violaciones de Derechos Humanos (VIVE); Diego Arria de cédula de identidad V-1.714.176; Leocenis García, titular de la cédula de identidad número V-16.016.218 y Dulce Bravo, cédula de identidad número V-9.485.374, venezolanos, residenciados a los efectos procesales en la Avenida Luis Roche con Tercera Transversal de Los Palos Grandes, Edificio Bronce, Piso 2, Oficina Única, Altamira, ciudad de Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela, teléfonos (58212) 2638586 y Fax 2634480; acudimos a esa honorable Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, de conformidad con los artículos 15, numerales 1 y 2, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con el objeto de ratificar la denuncia presentada el 19 de enero de 2004, y ampliar la misma en cuanto a la aparición de nuevas y contundentes evidencias que demuestran graves crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, así como denunciar formalmente al ciudadano competencia de la Corte Penal Internacional, en los términos que a continuación se describen:

I

Antecedentes

El esquema sistemático de persecución por motivos políticos ejecutado desde el gobierno nacional y desde instituciones estatales ha ocurrido en Venezuela desde hace más de una década. Particularmente, desde el 2 de julio de 2002, al momento de entrada en vigencia de esa Corte Penal Internacional, se ha mantenido un patrón de conducta en este sentido. Este esquema de persecución política sistemática ha conllevado a detenciones arbitrarias y a privaciones ilegítimas de libertad de sujetos integrantes de la población civil, identificados por motivos políticos, lo cual responde a una estructura diseñada y concebida por las personas que ejercen funciones públicas de alto nivel en el Estado venezolano, contra la disidencia política, como mecanismo de perpetuación en el poder e instauración de lo que se ha denominado “proceso revolucionario”.
Tal situación la hemos expuesto en la denuncia formulada el 19 de enero de 2004, la cual quedó registrada en el expediente OTP-CR-1/04 del 19 de enero de 2004, así como en subsecuentes escritos de ampliación, tales como el presentado el 31 de marzo de 2004, y otros, y más recientemente el presentado por el ciudadano Diego Arria el 21 de noviembre de 2011.
Vale hacer especial mención a la respuesta dada por esa honorable Fiscalía ante la Corte Penal Internacional en el año 2006, pues allí se decidió “no iniciar” la investigación en esa oportunidad conminando a quienes suscriben a presentar evidencias sobre la sistematicidad de los hechos ocurridos.
Es de notar que en la denuncia presentada en enero de 2004, se alegaron varios delitos que en esa oportunidad llevaban sólo dos años ejecutándose dentro de un patrón de conducta de persecución por motivos políticos. Hoy día, luego de 8 años de la presentación de la referida denuncia ante esa Fiscalía, dichos delitos han continuado en su ejecución, incluso en proporciones mucho más graves, y han venido ejecutándose sistemáticamente.
En esta oportunidad, mediante el presente escrito presentamos ante esa Honorable Fiscalía la confesión del ahora exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, y a la vez expresidente de la Sala Penal de dicha institución hasta hace dos meses, Eladio Aponte Aponte, la cual copiaremos más adelante.
Dicho ciudadano venezolano, como Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, es decir la máxima autoridad del sistema de justicia criminal del país, confesó y asumió la responsabilidad de haber participado en la sistemática persecución por motivos políticos, ordenada incluso desde la Presidencia de nuestra nación, contra la disidencia y la oposición política en Venezuela.
Por ello, procedemos a ratificar las denuncias ya expuestas ante esa Fiscalía y a su vez denunciar las nuevas actuaciones relacionadas con la utilización, por parte de funcionarios públicos, del poder y estructura del Estado, específicamente del Poder Judicial, para perseguir sistemáticamente a personas por motivos políticos, privarlas de su libertad y para encubrir mediante dicha estructura la perpetración de otros crímenes con motivación política a cargo de personas que integran el poder en Venezuela.
II

Nuevas evidencias
El exmagistrado ELADIO RAMÓN APONTE APONTE, titular de la cédula de identidad venezolana N° 3.581.104, fue recientemente removido del cargo que ejercía en el Tribunal Supremo de Justicia, según Acuerdo aprobado en la sesión del día 20 de marzo de 2012 de la Asamblea Nacional, por su supuesta vinculación con el presunto narcotraficante Walid Makled, hoy día procesado ante los tribunales nacionales¹.
En virtud de tal destitución, el exmagistrado salió del país, trasladándose a los Estados Unidos de Norteamérica. Al llegar a la ciudad de Miami, rindió unas declaraciones transmitidas por el canal de televisión SOITV y retransmitidas por varios canales nacionales e internacionales mediante las cuales confiesa libre y espontáneamente su responsabilidad en la comisión de graves crímenes de persecución por motivos políticos en Venezuela.
En tal sentido, procedemos a presentar las referidas declaraciones no sólo como evidencia de la existencia de una estructura sistemática de persecución política a través de las utilización de la alta jerarquía del Poder Judicial, e igualmente denunciamos formalmente en este acto por la comisión de delitos de Lesa Humanidad al ciudadano ELADIO APONTE APONTE y requerimos a dicha Fiscalía que inicie una investigación en virtud de las evidencias ciertas y graves derivadas de dicha confesión y/o interrogue urgentemente al ciudadano en referencia en virtud de sus declaraciones realizadas, sobre todo en cuanto a la utilización del Sistema Judicial venezolano en asociación con funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, para perseguir políticamente a personas, como parte de una política de Estado, en detrimento de sus derechos humanos.
El ciudadano ELADIO RAMÓN APONTE APONTE, fue designado por la mayoría simple oficialista de la Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de 2004, justo después de que fuera modificada la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para que con esa mayoría (y no la calificada, ¾ partes, que exige la Constitución venezolana) pudiera hacerse esa designación. También con esa modificación legislativa se aumentó el número de magistrados a integrar el Tribunal Supremo, para asegurar plenamente el control por parte del gobierno venezolano del Poder Judicial.
Ahora bien, incluso antes de ser designado Magistrado de la Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano Eladio Aponte Aponte ha venido ocupando altos cargos dentro del sistema de justicia penal, donde igualmente reconoció haber utilizado su cargo y potestades para perseguir políticamente a la disidencia privando de libertad a personas inocentes y protegiendo judicialmente actuaciones criminales de funcionarios o personas actuando con la aquiescencia del gobierno nacional. En tal sentido, Eladio Aponte Aponte se igualmente como Fiscal General Militar, período durante el cual realizaó actuaciones en perjuicio de la libertad de personas como Francisco Usón, Dulce Bravo, Vasco Da Costa y muchos otros, y otorgó, según el mismo indicó, gran cantidad de credenciales del ministerio público militar a amigos, conocidos y personas favorecidas, entre ellas, el hoy investigado y procesado como presunto narcotraficante, Walid Makled, a los efectos de otorgar ilegalmente potestades públicas a personas naturales.


Como magistrado de la Sala de Casación Penal, Eladio Aponte Aponte tuvo una participación importante en todos los casos que se han venido denunciando por las ONGs de derechos humanos venezolanas como casos de utilización del sistema judicial para criminalizar y perseguir por motivaciones políticas a la disidencia y a la oposición política al gobierno de Hugo Chávez que llegaron a la Fiscalía Militar y a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, siendo ponente en casos de trascendencia como las investigaciones o juicios seguidos, que han conllevado a la privación de su libertad contra Dulce Bravo, los hermanos Juan y Otoniel Guevara, el diputado opositor José Sánchez (Mazuco), Felipe Rodríguez, Silvio Mérida Ortiz, Raúl Díaz Peña, Otto Gebauer, Francisco Usón, los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, María de Lourdes Afiuni, Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, entre otros. Todos estos casos han sido llevados a la Corte Penal Internacional, ya sea en la denuncia presentada en enero de 2004 por la Asociación Civil VIVE representada por los abogados Alfredo Romero Mendoza y Gonzalo Himiob Santomé, ante esa Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, o en la denuncia presentada el 21 de noviembre de 2011 por Diego Arria, como reseñábamos anteriormente.
En su declaración pública la que hemos hecho referencia, el ciudadano ELADIO RAMÓN APONTE APONTE, titular de la cédula de identidad venezolana N° 3.581.104, reconoció expresamente que manipuló el sistema de justicia y realizó actuaciones en perjuicio de personas por motivaciones políticas y por supuestas órdenes del Presidente de la República. Los casos que expresamente el ciudadano Eladio Ramón Aponte Aponte señaló directa o indirectamente y que sólo representan una mínima cantidad, fueron los siguientes: (i) Dulce Bravo, caso denunciado ante esa Fiscalía en la denuncia presentada en enero de 2004, y subsecuentes ampliaciones. Dulce Bravo era una ciudadana civil quien fue privada de su libertad, torturada, y luego ordenada su detención por dos meses, siendo el Fiscal General Militar a cargo de la investigación el ciudadano Aponte Aponte. Dicha arbitraria detención, se realizó en conexión con la detención de unos jóvenes inculpados como supuestos paramilitares, que recientemente Aponte Aponte confesó que fue un caso manipulado por supuestas órdenes del Presidente de la República. (ii) José Sánchez, alias “Mazuco”, donde el exmagistrado confesó que incluso se utilizó un testigo falso para inculparlo. Textualmente señaló “que buscaron un preso, lo encapucharon, y lo pusieron como testigo para que dijera que este señor había sido el que dio la orden para que mataran al otro… Y al hombre se le pago dándole la libertad”. Asimismo, delató a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Luisa Estela Morales, como quien habría solicitado que los tribunales, manejados por el referido exmagistrado, avalaran dicha situación. (iii) General Francisco Usón. En este caso, el exmagistrado Aponte Aponte afirmó, tal como se puede observar de la entrevista que posteriormente transcribimos, que el sistema judicial había sido “manipulado” a los efectos de privar de libertad a dicho General. Es de notar, que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al Estado responsable de violación al debido proceso y derecho a la defensa. (iv) Comisarios de la Policía Metropolitana, Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero. Igualmente en este caso el exmagistrado declaró que el mismo había sido manipulado para inculpar injustamente a dichos ciudadanos y condenarlos a treinta (30) años de prisión, la cual hoy día se encuentran rindiendo.
En los casos, señalados por el propio exmagistrado, así como en muchos otros casos, dicho ciudadano fue responsable de utilizar indebidamente el sistema judicial venezolano para perseguir con fines políticos a quienes se identifican con la disidencia o la oposición política en Venezuela, siendo él mismo quien confesó haber ejecutado tales actos, con la supuesta participación de otros altos funcionarios del Alto Gobierno, entre ellos, el propio Presidente Hugo Chávez Frías, la Fiscal General de la República, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Vicepresidente de la República, entre otros.


Es importante destacar que el valor de esta confesión, especialmente relevante, deriva de la condición de exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y de expresidente de la Sala Penal de dicho Máximo Tribunal venezolano, del ciudadano ELADIO RAMÓN APONTE APONTE. Éste, además ocupó igualmente el cargo de Presidente de Circuito Judicial Penal de Caracas, del Estado Zulia y del Estado Nueva Esparta, los cuales son importantes circunscripciones judiciales del país por razones geopolíticas. En virtud de esa posición, Aponte Aponte designó una gran cantidad de jueces que se encargarían de velar por el cumplimiento de las órdenes giradas por la línea jerárquica de su nombramiento, sobre lo cual volveremos en apartes posteriores.
El exmagistrado Aponte Aponte, quien fue señalado en un informe del Consejo Moral Republicano de entregar una credencial oficial al presunto narcotraficante Walid Makled, fue destituido el pasado 20 de marzo de 2012 por unanimidad en la Asamblea Nacional. Sin embargo éste no asistió a una audiencia convocada por la plenaria del Parlamento para presentar sus alegatos.
En su permanencia en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia fueron muchas las veces en las que Aponte Aponte se reservó y resultó encargado de redactar las sentencias de los casos en los que el Poder Ejecutivo podía tener algún interés. Esto, a pesar de que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que la asignación de las causas debe hacerse en estricto orden cronológico entre los magistrados, a menos que el presidente de la Sala (en este caso él mismo) decidiera reservarse para sí tal labor, lo cual debía motivar por escrito, y en casos excepcionales.


Ahora bien, luego de habernos contextualizado en el personaje, es preciso señalar en qué consistió exactamente la confesión y la delación del ciudadano ELADIO RAMÓN APONTE APONTE, titular de la cédula de identidad N° 3.581.104, pues con ella obtenemos la prueba fundamental del calibre de los delitos cometidos por él y por el grupo de poder del que formaba parte. Confesión y delación éstas que fueron recogidas en la entrevista grabada por el canal de televisión SOITV, en la ciudad de Miami, por parte de la periodista Verioska Velasco, la cual encontramos en la red social Youtube en http://www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s y que seguidamente transcribimos (Verioska: se refiere a la periodista Verioska Velazco; Magistrado: se refiere al exmagistrado Eladio Aponte Aponte):