Baja california: Pronunciamiento, Durante los días 4 a 7 de abril del 2011 se efectuó la clínica legal sobre litigio Interamericano para casos laborales y sociales




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El derecho a la verdad
Durante la llamada "Guerra Sucia" se cometieron numerosas desapariciones forzadas. El GTDFI observa que muchas de las familias de las personas desaparecidas durante este período aún demandan conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos.
La CNDH y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) se han ocupado de cuestiones relacionadas con la verdad sobre las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la denominada "Guerra Sucia".
La CNDH investigó las desapariciones forzadas que presuntamente ocurrieron durante finales de 1960s, 1970s e inicios de los 1980s.
En la Recomendación 26/2001, la CNDH documentó, por primera vez, casos de desapariciones forzadas y señaló la responsabilidad del Estado. La CNDH investigó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas durante este período y concluyó que en 275 casos se acreditó la existencia de una desaparición forzada.
En el resto de los casos, las pruebas no fueron suficientes para acreditar la existencia de una desaparición forzada, sin que por ello se pudiera descartar la investigación sobre esta hipótesis. Por su parte, la FEMOSPP investigó un total de 797 casos de desaparición forzada.
Otras fuentes estiman que durante este período se cometieron alrededor de 1,350 desapariciones forzadas, incluyendo 650 en el estado de Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la región del municipio de Atoyac de Álvarez.
La Recomendación 26/2001 de la CNDH propuso la creación de una Fiscalía Especial lo que dio lugar al establecimiento de la FEMOSPP a fin de investigar las desapariciones forzadas y sancionar a los perpetradores de estos crímenes. En 2006, el Procurador General anunció el cierre de la FEMOSPP, después de casi 5 años de trabajo.
En diciembre de 2005, la FEMOSPP elaboró un borrador de Informe titulado "Para que no vuelva a suceder" y, en febrero de 2006, una versión preliminar del mismo fue filtrada a la prensa y publicada por diversos medios nacionales e internacionales.
Este borrador estableció las bases para el reconocimiento de la responsabilidad estatal en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante los años 1960s, 1970s y 1980s.
En noviembre de 2006, la FEMOSPP hizo público su informe oficial. Sin embargo, esta versión nunca recibió la aprobación definitiva de la Procuraduría General de la República y, en la actualidad, no está disponible en ningún sitio oficial de internet. La Procuraduría General de la República indicó que este Informe podría obtenerse mediante una solicitud de acceso a la información pública.
La FEMOSPP fue la única vía abierta por el Estado para abordar la permanente demanda de verdad y justicia. Por esta razón, un número importante de víctimas, familiares y organizaciones apoyaron su trabajo y le suministraron información.
El GTDFI reconoce que la FEMOSPP enfrentó muchos retos y, a pesar de algunos avances positivos en su trabajo, no garantizó el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la llamada "Guerra Sucia".
El GTDFI fue informado que no se puede acceder a la documentación recolectada por el Área de Investigación Histórica de la FEMOSPP. A pesar de que el acuerdo que formalizó el cierre de la FEMOSPP en Noviembre de 2006 ordenó que dichos documentos se almacenaran en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, de acuerdo con las fuentes consultadas, esta institución no reconoce contar con tales expedientes en su archivo.
La Procuraduría General de la República informó al GTDFI que tiene una copia de todos los documentos y que los originales fueron devueltos al Archivo General de la Nación, en donde están abiertos al público.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil informaron que no tenían acceso a estos documentos pues desconocían el lugar donde actualmente se encuentran almacenados.
Si bien el artículo 6 de la Constitución garantiza la libertad de acceso a la información, en la práctica existen problemas respecto a su implementación que limitan significativamente las posibilidades de los familiares de obtener información pública y conocer la verdad, además de restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que promueven la transparencia y la rendición de cuentas.
Esto es especialmente evidente en la obtención de información sobre el estado de una averiguación ministerial.
Una reciente reforma al Código Federal de Procedimientos Penales restringe aún más el derecho de acceso a la información respecto de las averiguaciones previas estableciendo que únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución del no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, sin que pueda ser menor de 3 años ni mayor de 12 años.
México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas. Además de la falta de programas integrales para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas, el GTDFI desea resaltar los problemas respecto a la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente, la identificación de restos, la exhumación de cadáveres, la falta de una base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y la falta de acceso a la información relacionada con casos de desapariciones forzadas. El GTDFI no recibió información sobre los motivos por los cuales la Plataforma México no ha sido utilizada de forma más sistemática para determinar la suerte o el paradero de víctimas de desapariciones forzadas, ni para encontrar posibles fosas clandestinas.
El GTDFI observa la importancia de una adecuada determinación sobre la suerte y el paradero de personas desaparecidas como un medio para asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El GTDFI recibió información sobre un gran número de autoridades que se niegan a registrar casos de desapariciones dentro del período de 72 horas luego de que ocurrió la desaparición. Este período es fundamental para obtener información sobre la suerte o el paradero de la persona sujeta a desaparición forzada y evitar su asesinato.
Además, las exhumaciones y las adecuadas identificaciones son fundamentales. El GTDFI observó que no existen reglas claras para realizar procesos de exhumación e identificación de restos mortales así como tampoco para su almacenamiento.
Esto es particularmente importante para proteger la información genética de los desaparecidos y sus familiares.
En el caso de las personas desaparecidas durante la denominada "Guerra Sucia", esto cobra particular relevancia ya que algunos de los familiares han muerto debido a su avanzada edad.
La CNDH ha implementado el Programa de Presuntos Desaparecidos para tramitar las quejas de desaparición.
Este Programa tiene como objetivo crear y poner a disposición, dentro del ámbito de la CNDH, una base de datos nacional sobre personas extraviadas, desaparecidas o ausentes y de personas fallecidas no identificadas.
La información de diferentes instituciones estatales en relación con casos de desapariciones forzadas generalmente es recabada con total ausencia de un enfoque sistemático y, generalmente, de forma contradictoria. La dispersión de esta información no contribuye a evidenciar las dimensiones reales del problema de las desapariciones forzadas. Esto es particularmente cierto respecto al número de casos registrados, investigados y procesados; el número de cadáveres exhumados e identificados; las instituciones responsables; y el número de solicitudes de reparación presentadas. En suma, no hay una única base de datos con información sobre desapariciones forzadas recopilada a nivel federal, estatal y municipal.
El derecho a la reparación
El GTDFI reconoce que toda víctima de un acto de desaparición forzada y sus familiares tienen derecho a una reparación integral, que incluya indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición, según lo previsto por en artículo 19 de la Declaración.
Mediante un decreto del año 2001, el Gobierno creó el Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a Derechos Humanos de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos en la Década de los Sesenta y Setenta (Comité Interdisciplinario).
El GTDFI celebra que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión haya incluido en el presupuesto del año 2011, por primera vez, una partida de 30.000.000 de pesos destinada a la reparación de las víctimas de la llamada “Guerra Sucia” y dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El GTDFI toma nota de que el Comité Interdisciplinario no ha establecido criterios claros para otorgar reparaciones. De acuerdo con la información suministrada al GTDFI, el universo de casos de desapariciones forzadas se limitaría a los 275 casos corroborados por la CNDH en su Recomendación 26/2001. Además, no existe un programa para ampliar la reparación a otras víctimas. El GTDFI también fue informado sobre la ausencia de un debate para desarrollar un programa de reparación integral para las víctimas de desapariciones forzadas fuera del contexto de la llamada “Guerra Sucia”.
El GTDFI recibió información acerca de que las demandas civiles de reparación en casos de desapariciones forzadas son extremadamente raras, cuando no inexistentes. Asimismo, recibió información acerca de que el derecho a la reparación será incluido en la Constitución y que existe una Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y una Ley Federal sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado. En cada entidad federativa, también existe una legislación que regula la responsabilidad de los servidores públicos. Sin embargo, el GTDFI no conoció ningún ejemplo de una resolución en el ámbito civil que garantizara la reparación a los familiares de personas desaparecidas forzosamente.
En el ámbito penal también existe la posibilidad de recibir una compensación como complemento de una sentencia condenatoria. Si bien esta es una posibilidad contemplada legalmente, raramente es implementada en la práctica. Incluso si la víctima solicita la reparación del daño, el quántum de la prueba es elevado a los estándares penales. Por último, según la información recibida, incluso si se ordena la reparación del daño, además de una condena penal, las familias generalmente no la reciben dado que no existen parámetros para determinar su monto y el funcionario público declarado culpable en la mayoría de los casos no cuenta con los recursos financieros para pagar la indemnización.
Grupos en situación de especial vulnerabilidad
Los casos recientes de desapariciones forzadas indican que entre las víctimas de este crimen existen determinados grupos que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad tales como menores, mujeres, migrantes, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como activistas sociales y sindicales.
El GTDFI toma nota de que no hay información pública disponible sobre desaparición forzada de mujeres.
Por ejemplo, la CNDH no cuenta con información acerca del número de víctimas mujeres denunciadas como desaparecidas.
Las desapariciones de mujeres son particularmente frecuentes en el Estado de Chihuahua. De acuerdo con la información que recibió el Grupo de Trabajo, las desapariciones que precedieron en muchos casos a asesinatos de niñas y mujeres, se habían reportado a las autoridades; sin embargo, las autoridades del Gobierno no adoptaron medidas efectivas para localizar a las mujeres desaparecidas.
La población migrante también resulta vulnerable a la desaparición forzada. La CNDH informó que, en el año 2009, se reportaron 9.578 secuestros de migrantes.
Asimismo, reportó que, entre abril y septiembre de 2010, al menos 11.333 migrantes fueron secuestrados principalmente por organizaciones criminales. De acuerdo con los informes de la CNDH así como de otras fuentes, funcionarios pertenecientes a diferentes organismos, incluyendo el Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía federal, estatal y municipal, en algunas ocasiones colaboran con las organizaciones criminales en los secuestros de migrantes, cometiendo de esta manera desapariciones forzadas strictu sensu.
De hecho, la CNDH informó que en el 8.9 % de los secuestros documentados durante esos seis meses del año 2010, hubo autoridades gubernamentales involucradas.
Como la mayoría de los secuestros en contra de los migrantes permanecen en la impunidad es muy difícil determinar si estos casos pudieran calificarse como desapariciones forzadas.
Hasta que se realice una adecuada y completa investigación, no es posible aceptar que todos los secuestros de migrantes sean realizados exclusivamente por grupos del crimen organizado o descartar que no exista participación directa o al menos tolerancia o aquiescencia de funcionarios públicos.
El Gobierno ha realizado algunos avances para hacer frente a la situación de secuestros de migrantes. Ahora existe la posibilidad de conceder a los migrantes una visa humanitaria a fin de permitirles permanecer en el país mientras se realiza la investigación penal por el secuestro.
Además, algunos estados han creado unidades de policía especializadas para abordar este asunto. Finalmente, el Gobierno Federal ha firmado acuerdos de cooperación con la CNDH y algunos países de Centroamérica. Los testimonios recibidos por el GTDFI indican que estos programas aún no han producido resultados positivos.
El GTDFI recibió información relacionada con amenazas en contra de defensores de los derechos humanos en general y, específicamente, en contra de aquellos que realizan la labor de defender y acompañar a familiares y víctimas de desaparición forzada así como a migrantes.

El GTDFI desea expresar una especial preocupación por la situación de aquellos defensores de los derechos humanos cuyo actual paradero se desconoce.
Los periodistas son otro grupo específico que se ha enfrentado muchos ataques, incluyendo desapariciones. De acuerdo a la CNDH, 12 periodistas han desaparecido desde 2000. El año pasado, la CNDH registró cuatro desapariciones.
El clima de impunidad que rodea las agresiones en contra de las mujeres, migrantes, defensores de los derechos humanos y periodistas ha permitido la continuidad de estos actos y ha inhibido una adecuada investigación y sanción de estos delitos.
Observaciones finales
El GTDFI aprecia la información sustantiva que diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas le brindaron con el fin de comprender mejor el fenómeno de las desapariciones forzadas en México.
Las desapariciones forzadas han ocurrido en el pasado y continúan ocurriendo en la actualidad. Inclusive, las desapariciones perpetradas en el pasado continúan siendo una asignatura en el presente toda vez que se trata de un delito de carácter continuado.
El GTDFI observa que no existe una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas.
Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales, así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel del Gobierno.
Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen organizado son reales y el GTDFI reconoce el derecho y el deber del Estado de perseguir la criminalidad.
Sin embargo, no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas.
Tampoco pueden adjudicarse, sin una adecuada y completa investigación penal, los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado.
El GTDFI considera que las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, ni en los Ministerios Públicos, la policía y las fuerzas armadas. La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se han realizado los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, para sancionar a los responsables, ni tampoco para brindar reparaciones.
El GTDFI reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Su constante sufrimiento es la viva evidencia de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación a los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima no se hayan esclarecido. El GTDFI también reconoce la labor de los numerosos defensores de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, abogados y todos aquellos que trabajan incansablemente, inclusive en condiciones adversas, para erradicar esta terrible práctica.
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