Baja california: Pronunciamiento, Durante los días 4 a 7 de abril del 2011 se efectuó la clínica legal sobre litigio Interamericano para casos laborales y sociales




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Recomendaciones preliminares
Con base en las consideraciones anteriores, el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias quisiera realizar las siguientes recomendaciones preliminares al Estado mexicano:
• Reconocer la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.
• Generar datos estadísticos sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. La información debería estar desagregada por sexo, edad, lugar donde ocurrió la desaparición forzada y autoridades involucradas. También se debería incluir información, en caso de estar disponible, sobre la fecha y lugar de la exhumación y la información sobre los miembros de la familia.
• Aceptar la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas relativos a denuncias de particulares e interestatales.
• Publicar en el Diario Oficial de la Federación el registro de la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas a fin de garantizar la plena vigencia de este instrumento a nivel interno.

• Llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar que todos los instrumentos internacionales relevantes en materia de desaparición forzada se cumplan y apliquen en forma efectiva en todo el país sin ninguna limitación o excepción, incluyendo el retiro de todas las reservas o declaraciones interpretativas que pudieran socavar su efectividad.
• Aprobar la reforma constitucional en materia de derechos humanos a la brevedad y realizar los cambios legislativos necesarios para garantizar la efectiva implementación del nuevo marco constitucional.
• Asegurar la plena independencia y autonomía de todos los Organismos Públicos de Derechos Humanos.
• Garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una Ley General sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. La Ley General debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; y establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tengan pleno acceso a este registro. Dicha Ley General debería permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada. Finalmente, la Ley General debería ser una herramienta jurídica para la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos, así como para garantizar el derecho a la reparación integral.
• Garantizar la armonización de la definición de desaparición forzada en la legislación penal con la establecida en la Declaración y otros instrumentos internacionales relevantes en materia de derechos humanos.
• Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.
• Establecer protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y legalidad, como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.
• Garantizar la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar adecuadamente la desaparición forzada de personas.
• Garantizar la completa identificación de todas las autoridades competentes en la detención de personas.
• Fortalecer el registro de detención para garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con otras bases de datos a fin de monitorear la localización física de las personas detenidas, incluyendo controles estrictos sobre las autoridades responsables del registro de las detenciones y la imposición de sanciones adecuadas para aquellos que no lo hagan. El registro de detención debe indicar los motivos de la detención; la hora exacta de la llegada de la persona detenida al lugar de custodia; la duración de la privación de la libertad; la identidad de la autoridad que ordenó la detención de la persona, así como de los oficiales a cargo de llevarla a cabo; la cadena de custodia de las personas detenidas; información precisa sobre el lugar de custodia, y el momento en que la persona es presentada por primera vez ante una autoridad judicial o alguna otra autoridad competente.
• Eliminar la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal.
• Modificar el marco jurídico sobre la flagrancia a fin de restringir su uso al momento preciso de la comisión de un delito y eliminar los conceptos de cuasi-flagrancia y flagrancia equiparada.
• Utilizar la Plataforma México para esclarecer e investigar todos los casos de desapariciones forzadas.
• Garantizar la pronta entrada en vigor del nuevo marco constitucional y legal en materia de amparo para garantizar la existencia de un recurso judicial efectivo que permita combatir las desapariciones forzadas de personas. En particular, la nueva legislación de amparo debería responder adecuadamente a la peculiaridad del fenómeno de la desaparición forzada de personas, albergar una concepción amplia de víctima, garantizar un rol activo por parte del juzgador y no establecer exigencias gravosas para los quejosos, tales como la identificación del lugar de la detención, la determinación de la autoridad responsable y la ratificación de la demanda de amparo por la víctima directa.
• Garantizar la pronta entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio a efectos de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. El GTDFI alienta a México a fortalecer y aplicar completamente estos cambios constitucionales, destinando recursos adicionales a la mejor preparación de funcionarios en la investigación y enjuiciamiento de los casos de desapariciones forzadas. Esto incluye la capacitación y los recursos para la búsqueda de la persona desaparecida para preservar la escena del crimen, investigar estos casos con una visión sistémica a fin de comprender el patrón de las desapariciones forzadas, incluyendo la cadena de mando, entre otros factores.
• Garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas y las violaciones graves a los derechos humanos en general, independientemente de que el perpetrador sea o no personal militar. El Estado debería garantizar que Ministerios Públicos civiles realicen investigaciones serias y expeditas en todas las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas perpetradas por elementos militares. Se debería impedir legalmente a los Ministerios Públicos militares que inicien investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas.
• Desarrollar un marco legislativo adecuado y garantizar el suministro de recursos financieros y humanos además de equipo técnico para la investigación forense de las desapariciones forzadas.
• Establecer un mecanismo efectivo para la continuación de las investigaciones y juzgamiento de los delitos, incluidas las desapariciones forzadas cometidas durante el período de la llamada "Guerra Sucia".
• Garantizar el derecho a la justicia y el combate a la impunidad mediante la capacitación del personal ministerial y judicial, la adopción de protocolos de investigación y la protección de testigos y familiares.
• Fortalecer la figura de la coadyuvancia, garantizar el acceso pleno a las investigaciones ministeriales por parte de los familiares de las víctimas y sus representantes y asegurar que no recaiga en las víctimas y sus familiares la obligación de proporcionar los elementos de prueba sobre el delito cometido.
• Brindar apoyo a los integrantes de las familias y a las asociaciones de familiares para que puedan desempeñar un papel fundamental en el tratamiento de las desapariciones forzadas.
• Establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata. Este programa también debería contar con personal altamente capacitado en la exhumación e identificación de restos mortales y debería ser ejecutado con plena independencia presupuestaria y operativa.
• Crear una base de datos con la información personal disponible sobre víctimas de desapariciones forzadas a nivel nacional, incluyendo información como el ADN y muestras de tejido. El Estado debe proteger la información personal en estas bases de datos en todo momento.
• Difundir inmediatamente el informe elaborado por la FEMOSPP y colocarlo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República; esclarecer la ubicación de todos los documentos que recibió la FEMOSPP y garantizar su pleno acceso ya que se refieren a violaciones de derechos humanos y no pueden ser considerados como secretos de Estado ni obstáculos para las investigaciones penales.
• Transferir los archivos militares de la llamada "Guerra Sucia" de la Secretaría de la Defensa Nacional al Archivo General de la Nación a efecto de garantizar el acceso del público a los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Fiscalía Especial para que éstos también se encuentren plenamente disponibles en el Archivo General de la Nación.
• Develar los nombres de las personas que participaron en actos de desaparición forzada de acuerdo a la información que obra en la CNDH con motivo de la elaboración de la Recomendación 26/2001.
• Garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas de desaparición forzada. El marco legal debería establecer que la reparación sea proporcional a la gravedad de la violación a los derechos humanos y al sufrimiento de la víctima y su familia. Debería incluir la restitución siempre y cuando sea posible, así como la asistencia médica y psicosocial, la satisfacción, la indemnización y las garantías de no repetición.
• Adoptar, para los fines de reparación, una amplia definición de víctima que no esté ligada a la determinación de la responsabilidad y condena penal ni a aquellos casos de desaparición forzada plenamente acreditados por la CNDH.
• Desarrollar políticas de protección para aquellos grupos de personas especialmente vulnerables a la desaparición tales como las mujeres y los migrantes.

• Garantizar condiciones de seguridad para periodistas y todos los defensores de los derechos humanos, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas de personas y defienden los derechos de las víctimas. En particular, se recomienda adoptar un sistema nacional de protección para los defensores de los derechos humanos.
El Grupo de Trabajo reitera que estas son observaciones preliminares. El análisis de la información recibida durante y con posterioridad a la visita, así como la valoración relativa a los lugares visitados, serán considerados en la elaboración del informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2012.
El Grupo de Trabajo manifiesta su disposición para continuar el diálogo constructivo con el Estado mexicano y expresa su ofrecimiento para brindar su asistencia en la plena aplicación de la Declaración.
FIN
El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1980 para asistir a los familiares de personas desaparecidas en la averiguación de su paradero o la suerte que hubieren corrido.
El Grupo de Trabajo actúa como un canal de comunicación entre las familias y los Gobiernos involucrados a fin de asegurar que los casos individuales sean investigados, con el objetivo de esclarecer el paradero de las personas que, habiendo desaparecido, se encuentran fuera de la protección de la ley. El Grupo de Trabajo continúa tratando los casos de desapariciones hasta que son resueltos.
Asimismo, el Grupo de Trabajo presta asistencia a los Estados para la aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

(*) El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-Relator del Grupo de Trabajo es el Sr. Jeremy Sarkin (Sudáfrica). Los otros miembros del Grupo de Trabajo son el Sr. Ariel Dulitzky (Argentina), la Sra. Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), el Sr. Osman El-Hajjé (Líbano), y el Sr. Oliver de Frouville (Francia)

Visite: http://www.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm

¿Cómo presentar casos al Grupo de Trabajo?: http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/How_to_use_the_WGEID.pdf

ACNUDH, página por país - México: http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/MXIndex.aspx

BAJA CALIFORNIA: Pronunciamiento, Durante los días 4 a 7 de abril del 2011 se efectuó la clínica legal sobre litigio Interamericano para casos laborales y sociales

CEDHAPI
PRONUNCIAMIENTO
Durante los días 4 a 7 de abril del 2011 se efectuó la 2a clínica legal sobre litigio Interamericano para casos laborales y sociales, en la que se discutieron y analizaron casos y situaciones de violaciones de derechos humanos colectivos y, en particular, en perjuicio de grupos en condiciones de vulnerabilidad (pueblos indígenas, personas migrantes, trabajadores y trabajadoras, víctimas de trata de personas). Esos casos, referidos a distintos Estados de México, permitieron identificar como problemas comunes, los siguientes:
La mayoría de violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas se refieren al tema de sus territorios y a la conflictividad que se genera debido a la omisión del Estado o al retardo en la resolución de las disputas intercomunales desde la jurisdicción agraria, la cual tarda una media de más de 10 años para emitir sentencia. Por otra parte, esas resoluciones judiciales no siempre toman en cuenta la aplicación de la costumbre indígena, según la cual, el principal criterio para establecer la legitimidad de propiedad de los pueblos indígenas es por medio de la determinación de la posesión ancestral por encima, incluso de títulos formales a grupos que no han gozado de esa posesión. Muchos de esos conflictos se han generado por el otorgamiento de ejidos a grupos que no gozaban de los elementos para legitimar ese derecho o bien, porque se otorgaron por clientelismo electoral. Otra fuente de conflicto por las tierras es por la incursión de personas particulares no indígenas que han adquirido o poseído esos terrenos al margen de la ley. Igualmente, se ha resaltado la preocupación del ingreso de iglesias de cualquier credo dentro de los territorios comunales que, si bien han tenido impacto positivo en el cambio de ciertas conductas violentas producto del consumo de alcohol u otras, también han repercutido negativamente en la imposición o el condicionamiento de credos ajenos a las prácticas y ritos espirituales tradicionales.
Algunas situaciones denunciadas se relacionan con la amenaza de criminalización, persecución y cancelación de permisos para emisoras comunitarias en todo el país –como fue ejemplificado en el Estado de Michoacán-, lo cual atenta contra la preservación de la cultura indígena y de la misma integridad física de esos pueblos, ya que es por medio de esas emisoras que se transmiten mensajes preventivos y programas culturales en las lenguas autóctonas. Se recomienda a los Estados adecuar la normativa sobre regulación del espectro radiofónico de manera que se aplique un estándar diferenciado y se remuevan los obstáculos para que puedan operar emisoras comunitarias dentro de sus territorios de manera amplia y con fines de proyección social y solidaria conforme a las prácticas indígenas.
La situación de los trabajadores y trabajadoras, en particular de labores del campo, es reflejo de un contexto generalizado de violaciones de sus derechos laborales y sociales establecidos en la normativa mexicana y en los Convenios de la OIT y en especial, de la ausencia de políticas de inspección que permitan fiscalizar su cumplimiento. La ausencia de fuentes de trabajo o de salarios dignos, es un detonante de migraciones ilegales hacia otros países, en particular hacia los Estados Unidos, lo cual genera familias desarticuladas y disfuncionales y una pérdida de recursos humanos que afectan el desarrollo de México a largo plazo. En ese sentido, desde esta Clínica se destaca la importancia de hacer una relectura de la Resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California No. 6/2003 que incide en el diseño de políticas públicas para promover y proteger los derechos económicos, sociales y culturales.
Muchos de los casos identificados de violaciones de los derechos de pueblos indígenas se vinculan con la implementación incorrecta o insuficiente del derecho de consulta previa establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, por lo cual se recomienda la instrumentación de ese derecho por medio de su reglamentación en el ámbito federal y estatal para que se encuentre ajustada a los estándares internacionales y que sea efectivamente, informada y participativa y no una mera formalidad.
Respecto a la Trata de Personas, los integrantes de esta Clínica nos pronunciamos porque el Estado Mexicano:


  • Cumpla los requerimientos institucionales para su adecuada prevención, investigación, procuración de justicia y sanción a los victimarios.

  • Se hagan las modificaciones necesarias para que la Ley prevenga y sancione la trata de personas y se adecue al contexto mexicano y regional, así como a los estándares del Protocolo de Palermo.

  • Realice un diagnóstico sobre la problemática en México, con especial atención a los estados fronterizos por ser estos puntos de tránsito, destino y origen de personas en riesgo de ser víctimas de trata.

  • Se implemente una adecuada atención, orientación y asistencia a víctimas de explotación laboral y trata de personas y en especial, para la no discriminación de los trabajadores y trabajadores del sexo ni de su revictimización.

  • Se procure la investigación y persecución del delito de trata de personas bajo esquemas de mejor cooperación interinstitucional e interestatal.

  • Se monitoreen los resultados de dichas implementaciones por medio de mesas regionales y locales de trata de personas que puedan servir como instancias de veeduría.


Reconocemos como una oportunidad vital para la protección de los derechos humanos, la reciente reforma constitucional federal que ha equiparado los derechos humanos vigentes en el país al mismo nivel de la Constitución, incluidos los reconocidos en tratados internacionales.
En esa misma línea, aplaudimos la reciente reforma normativa en el Estado de Oaxaca que creó una Sala Constitucional para la defensa de los derechos humanos en ese Estado.
Instamos al resto de los 31 Estados mexicanos para que adopten buenas prácticas similares, reformen el marco normativo e implementen las medidas necesarias para que los derechos humanos puedan ser garantizados por vía de acciones DIRECTAS DE AMPARO conforme lo obliga el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (recurso sencillo y rápido).
Nosotros somos conscientes de que los problemas de nuestros pueblos indígenas no pueden ni deben ser resueltos únicamente por el Estado, por lo cual estamos en la disposición de participar en diálogos sociales que sean necesarios para buscar las soluciones integrales con la participación de todos los actores sociales involucrados, promoviendo y protegiendo los derechos humanos, incluido el sector empresarial, al cual invitamos para que se sume en esta tarea desde en enfoque de responsabilidad social empresarial.
Los anteriores hallazgos fueron identificados mediante el estudio de los siguientes casos y situaciones, los cuales serán objeto de la interposición de recursos legales ante el derecho interno y los sistemas internacionales de protección de derechos humanos vía peticiones individuales, audiencias temáticas o medidas cautelares de protección.


  • Caso de Santiago Tlazoyaltepetl: Reprobamos la violencia de que fueron víctimas el pueblo Mixteco de Santiago Tlazoyaltepetl, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca, respecto al conflicto agrario que tienen con Santa María Peñoles, San Mateo Tepantepec, San Pedro Cholula, Jalapa del Valle (Jalapilla) y San Pablo Cuatro Venados el pasado domingo 3 de abril del 2011 en el que murieron y fueron heridos y desaparecidos indígenas Mixtecos del Valle, originarios de Tlazoyaltepetl. Nos pronunciamos porque el Estado restablezca el orden y la paz social y garantice la seguridad de todas las comunidades en conflicto en el tanto, mientras no se resuelva la disputa agraria pendiente, seguirá habiendo riesgos de daños inminentes e irreparables a los miembros de las comunidades en conflicto.




  • Nos adherimos a la exigencia y al derecho del pueblo indígena Kumiai de la Comunidad de San José de la Zorra de que se respete la posesión de sus territorios ancestrales mediante el reconocimiento de sus mojoneras ancestrales y que se resuelva el proceso agrario pendiente conforme a la aplicación de los principios y normativa dispuesta en el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales para que prime la aplicación del derecho propio. La tierra es sustento y lugar de prácticas culturales necesarias para la perviviencia de su identidad como grupo y se vincula directamente con su derecho a un proyecto de vida digna. La restitución de sus tierras originarias afectadas por la invasión de grupos o personas ajenas a la comunidad Kumiai debe ser garantizada por medio del dictado de una sentencia agraria que tome en cuenta la tenencia o posesión originaria.




  • Pueblo Pai Pai: Nos solidarizamos con la lucha del pueblo Pai Pai por la búsqueda de la justicia y de la indemnización justa que les corresponde por la instalación de torres de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad en sus territorios y que todavía pende de la resolución judicial para determinar la compensación por el uso y efectos de esas instalaciones. Igualmente, mostramos nuestra preocupación de que tanto el pueblo Pai Pai, como otros pueblos originarios de Baja California, cada vez tienen más dificultades económicas para poder organizar sus fiestas tradicionales debido a las crisis y pérdida de recursos financieros por la disminución de ingresos colectivos por la baja productividad y oportunidades de desarrollo. Esa crisis les ha obligado a desplazarse fuera de sus territorios para buscar otras fuentes de trabajo, lo cual debe ser objeto de preocupación del Estado para diseñar políticas públicas –en consulta con el pueblo Pai Pai- para identificar respuestas y proyectos de manera conjunta.




  • Comunidad Indígena Kumiai del Pueblo Juntas de Nejí: Al igual que muchos de los casos antes descritos, este pueblo afronta problemas de incursión de grupos y personas ajenas a esa comunidad, lo cual les ha obligado a interponer acciones legales de restitución de esos territorios sin que a la fecha haya habido pronunciamiento oportuno de parte de las autoridades competentes. Se insta a todas las instituciones involucradas a que aligeren los procedimientos para evitar la generación de violencia en razón de la falta de acceso a la justicia y dictado de justicia pronta y cumplida.

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