1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán




descargar 0.49 Mb.
título1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán
página14/18
fecha de publicación15.02.2016
tamaño0.49 Mb.
tipoDocumentos
med.se-todo.com > Derecho > Documentos
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

59°) Que, las defensas de Basclay Zapata y Miguel Krassnoff han invocado la existencia de la circunstancia minorante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 211 del Código de Justicia Militar y, además, si se acoge, piden se le estime como “muy calificada”.

60°) Que, la norma citada expresa: “Fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214, será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico…”

Esta atenuante, denominada de “obediencia indebida”, siguiendo a Renato Astroza (“Código de Justicia Militar Comentado”. Editorial Jurídica de Chile. 3ª.Edición, página 340) tiene lugar, fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214”, cuando el inferior comete un delito militar o un delito común por dar cumplimiento a una orden de un superior jerárquico y siempre que ese cumplimiento no constituya un caso de obediencia debida de acuerdo con lo prescrito en el artículo 334. Acorde con este precepto las órdenes imponen la obligación de ser obedecidas por los inferiores cuando se reúnen los siguientes requisitos:

1. Orden de un superior; 2. Que la orden sea relativa al servicio y,según el artículo 421 del mismo Estatuto, se entiende por “acto de servicio todo “el que se refiera o tenga relación con las funciones que a cada militar corresponden por el hecho de pertenecer a las Instituciones Armadas”; 3. Que sea dada en uso de atribuciones legítimas y 4.Si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito se la ha representado por el inferior e insistida por el superior.

Si bien podría pensarse que si se comete un delito por cumplir la orden de un superior, faltando cualquiera de los cuatro requisitos señalados, operaría la atenuante del artículo 211”…Ello no es así, en razón de que no puede faltar el requisito en que descansa la circunstancia:la existencia de la orden del superior jerárquico” ( Astroza, ob.cit., página 340).

En la especie,ninguno de los acusados ha reconocido participación alguna en el delito materia de la acusación, por lo cual tampoco mencionan al superior jerárquico que les habría impartido la respectiva orden, que no describen, salvo en forma genérica, y menos aún han acreditado que fuere relativa a un “acto de servicio”.

En consecuencia, corresponde rechazar la minorante invocada, por no existir en el proceso los antecedentes básicos para considerarla.

61°) Que, por otra parte, el defensor de Contreras Sepúlveda invoca-numeral V del segundo otrosí de fojas 2287- la circunstancia atenuante de responsabilidad contemplada en el artículo 11°número 9° del Código punitivo, esto es, ”Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos”. porque” A fojas 481…hace un relato de lo sucedido con la víctima Reyes González, señalando que habría sido lanzado al mar, frente a Los Molles…”

Si bien en virtud del principio pro reo se estima adecuado ponderar la existencia de la aludida minorante de responsabilidad penal, por fundarse en la modificación contemplada en el artículo 1°de la ley N°19.806, de 31 de mayo de 2002, lo cierto es que el acusado no ha prestado colaboración alguna en el proceso, ya que niega en forma absoluta su participación en los hechos investigados y la individualización de organismos ajenos a la DINA que dirigía como posibles hechores del mismo no se condice con los antecedentes establecidos en el proceso, sin que haya aportado prueba alguna para acreditar sus aseveraciones, todo lo cual permite desechar esta minorante de responsabilidad penal.

8.-Penalidad.

62°) Que, procede considerar que, a la época del comienzo de la ocurrencia del ilícito investigado, el artículo 141 de Código Penal disponía:

El que, sin derecho encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad, será castigado con la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados.

En la misma pena incurrirá quien proporcionare lugar para la ejecución del delito.

Si el encierro o la detención se prolongare por más de noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados”.

63°) Que, fluye de los antecedentes que los acusados lo han sido en calidad de autores de manera que, en la sanción aplicable, debe considerarse la norma establecida en el artículo 50 del Código Penal.

64°) Que, en la imposición de las penas que corresponde a todos los imputados, por concurrir respecto de cada uno de ellos una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal(fundamento 57°precedente) sin que les afecten agravantes, se considerará la norma del artículo 68 inciso 2° del Código Penal, no aplicándoseles el grado máximo de la sanción que contemplaba, a la fecha de comienzo del ilícito, el citado artículo 141 del mencionado ordenamiento punitivo.

65°) Que, en cuanto a la aplicación de ley N° 18.216, las defensas se estarán a lo resolutivo de este fallo.
EN CUANTO A LA ACCION CIVIL.

66°) Que, en el primer otrosí de fojas 3051, el letrado Nelson Caucoto Pereira, en representación de los querellantes, demanda de indemnización de daños y al Fisco de Chile por la suma total de $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos), o la que el tribunal determine, con costas.

Respecto de los hechos sostiene…”está acreditado en el proceso que Muriel Dockendorff Navarrete, el 6 de Agosto de 1974, en su domicilio de Marconi 280, Santiago, fue detenida por agentes del Estado, miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Así lo reconoce además Osvaldo Romo, difunto ex agente de la DINA a fojas 63. Posterior a su detención fue vista por varios testigos en las dependencias del centro de detención ubicado en el inmueble conocido como “Londres 38”, con visibles signos de tortura lugar en donde se pierde su rastro, tras lo cual no se tiene noticia de su paradero, situación que se extiende hasta hoy.

Ahora bien, este secuestro calificado, mirado desde la perspectiva del derecho internacional, asume la tipología de delito contra el derecho internacional. Y en este caso específico, como delito de Lesa Humanidad.

En efecto, en la medida que el ilícito cometido se da en el contexto histórico de atentados masivos, reiterados y sistemáticos en contra de la población, motivados por móviles políticos e ideológicos y ejecutados por agentes estatales, otorgan la configuración de un delito de Lesa Humanidad.

Para esa actividad criminal, desarrollada desde la más alta jerarquía estatal se prodigó a sus agentes la consigna de exterminio, se les entregó recursos humanos, materiales y se les aseguró un marco de absoluta impunidad en el cumplimiento de la tarea represiva.

Unido a ello y dentro del propio plan criminal, otros entes estatales adoptaron conductas que fueron en definitiva funcionales a ese marco de impunidad. Estamos hablando de una época en que la Policía y la Justicia se anularon en sus funciones, facilitando inconscientemente la actividad de los delincuentes, los que actuaron sin contrapesos de ninguna especie. Eran ciertamente otros tiempos, que han ido siendo superados.

Es así como la Justicia ordinaria, una vez iniciado el proceso de transición democrática y principalmente en el tiempo reciente, con el esfuerzos de Jueces con dedicación exclusiva o Ministros del Fuero o en Visita, han logrado revertir esa situación de completa impunidad, asumiendo la función principal de proteger, cautelar y garantizar el respeto de los derechos esenciales de toda persona.

Arribar a los resultados que esta investigación ha logrado obtener era completamente impensado para esos tiempos pasados. Nadie podría haberse imaginado que estos crímenes pudieran llegar a ser esclarecidos como se ha hecho en esta causa, imputando responsabilidades criminales concretas.

Lo que aconteció a esa fecha con la víctima de autos, acontecía de igual manera a lo largo y ancho del país, pudiendo sostener en consecuencia que estos delitos se corresponden con una política masiva, reiterada y sistemática de eliminación del adversario político asentada con el golpe militar y llevada a cabo por los agentes de la dictadura.

Ahora bien, ya lo hemos dicho en esta presentación, este tipo especial de crimen, el Derecho Internacional le asigna el carácter de delito de Lesa Humanidad, a los que no se le reconocen causales de exculpación.

Es ese Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto convencional como consuetudinario, el que tipifica y castiga esos crímenes internacionales, que vienen dados por el interés superior de la humanidad. Chile es parte de ese sistema normativo y lo ha sido desde siempre, de modo que se encuentra vinculado por sus disposiciones.

I. 1.- EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CHILE DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA.

Es importante considerar al respecto, que el 3 de Diciembre de 1973, Chile concurre con su voto a aprobar la Resolución 3.074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada “Principios de Cooperación Internacional para la identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad”, la que expresa en su párrafo dispositivo 1°: Los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas “ .

Por su parte el numerando 8º de la misma resolución establece que : Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad”.

Los fundamentos y criterios señalados por la Resolución ya referida se encuentran contenidos también en otras de la misma índole, pronunciadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo a Chile como país concurrente. Así por ejemplo, existen las Resoluciones Nro. 2391 del 2 de Noviembre de 1968; Resolución 2392 del 26 de Noviembre de 1968 ; Resolución 2583 del 15 de Diciembre de 1969; Resolución 2712 de 15 de Diciembre de 1970; Resolución 2840 del 18 de Diciembre de 1971 y Resolución 3020 del 18 de Diciembre de 1972, TODAS referidas a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, mediante las cuales los Estados suscriptores (entre ellos, Chile) asumen determinadas obligaciones internacionales que necesariamente deben acatadas y cumplidas de buena fe y sin excepción posible…la nomenclatura “crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, no son ajenos a nuestro Estado y sus autoridades. Es decir el Estado de Chile se encuentra sujeto a obligaciones internacionales que le son exigibles directamente…ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales cometidos por sus agentes, enjuiciar, sancionar a los culpables y REPARAR a las víctimas o a sus familiares, cuando se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra…Sea cual sea el parámetro que se utilice, resulta obvio, público y notorio que los delitos cometidos en perjuicio de Mario Samuel Olivares Pérez (SIC.), son delitos de carácter estatal, y como tal deben considerarse para los efectos de las acciones de reparación, que mediante esta demanda se reclaman.

En cuanto al Derecho, se argumenta “…el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal concede acción penal para sancionar a los culpables de un delito, y al mismo tiempo concede acción civil para obtener la reparación de los daños que son consecuencia de ese ilícito. En este caso en cuestión, se persiguen las responsabilidades penales y también las responsabilidades civiles que de los hechos derivan. Para esta parte, esas acciones civiles de reparación del daño se dirigen directamente en contra del Estado de Chile, porque fueron agentes estatales al servicio de ese Estado, los que infirieron el daño cuya reparación se solicita. No se trata como erróneamente se ha estimado por algunos, de la persecución de una responsabilidad de un tercero civil ajeno a los hechos, o de la responsabilidad por hechos de un tercero, tan propias del derecho privado.Por el contrario, se trata de una nomenclatura nueva en el área de la responsabilidad estatal, que proviene de los derechos humanos y que ya ha hecho suya la doctrina administrativa y constitucional más reciente y que es mayoritaria en nuestro país, que tiene el Estado como responsable directo de las violaciones de los derechos esenciales inferidas por sus agentes, que actúan en cuanto Estado, bajo el mandato, orientación, planificación, anuencia y consentimiento de las autoridades estatales. Así entre otros instrumentos internacionales, lo establece el art. 63 N°. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en estrecha relación con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Estos agentes actúan en el marco de funciones estatales, con potestades, recursos materiales y humanos que esa misma organización jurídica pone a su disposición para el cumplimiento de sus tareas.Los términos de artículo 10 del Código de Procedimiento Penal permiten que se pueda intentar ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí misma hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible del proceso penal.
II. a).- LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL PARA CONOCER Y FALLAR LA DEMANDA CIVIL QUE SE INTERPONE EN JUICIO CRIMINAL.

Una de las tesis sostenidas por el Fisco de Chile para eximirse del pago de las reparaciones en este tipo de juicios, alude a una interpretación errónea del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que el Juez del Crimen, sería incompetente para conocer de estas demandas de reparación. Lo cierto es que tal argumentación ha sido mayoritariamente rechazada por los jueces llamados a resolver el conflicto. Así por ejemplo, mencionaremos algunos de esos fallos que rechazan la pretensión fiscal:

a) Fallo de la I. Corte de Apelaciones (en un caso de derechos humanos, igualmente atingente ) ha sostenido al respecto : “Habrá que entenderse que en las expresiones “de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible”, de la parte final del inciso tercero del citado artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, que permite conocer por el juez del crimen las acciones tendientes a reparar los efectos civiles del delito, se encuentra igualmente comprendida la responsabilidad civil del Estado- de naturaleza extra contractual- por la infracción a su deber de comportarse prudentemente, ya que su actividad relativa a “crear situaciones de riesgo”, considerada como un todo dentro del desarrollo del delito de secuestro, según se ha razonado reiteradamente en la presente decisión, hicieron propicia la desaparición de la víctima.Prosigue el fallo, pronunciándose sobre una excepción planteada por el Consejo de Defensa del Estado, de incompetencia del juez criminal para conocer de las acciones civiles : “Lo contrario, significa una carga adicional a la víctima que tendrá que probar los mismos hechos que han sido materia del proceso penal en una sede distinta, además de inhibirla con inusitada frecuencia en sus posibilidades de ser indemnizada, puesto que al no correr el proceso penal en sintonía con las normas de la prescripción civil, se ha dado el caso, que obtenida sentencia condenatoria, el plazo para hacer efectiva la responsabilidad civil se ha estimado vencido”.( Rol 1294-2005, “Secuestro y desaparición de Manuel Cortés Joo, 11 de Noviembre del 2005, 5ª. Sala Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros Brito, Valdovinos y Gajardo)

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

similar:

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán iconJuan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán icon5457 se acusó a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro...

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán iconCarátula: "Bártoli Guillermo, García Belsunce Horacio Carlos, Hurtig...

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán iconSeñores: Sr. Marqués de Roca Verde, D. Miguel Altube, D. Manuel Mª...

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán iconGrupo: C. I. Maj s. A. S. Juan José Murcia, Mario ortega, Andres barrios y miguel Ángel valencia

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán iconPor Orlando Valega de “Apícola Don Guillermo”

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán iconResumen curricular ing. Manuel V. Zapata E

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán iconMejor prevenir que curar por Orlando Valega Apicultor de Apícola Don Guillermo Mail

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán iconGuillermo Cano García 1º d bachillerato

1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán iconJose humberto bernal carvajal


Medicina



Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com