1 Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, 2 Miguel Krassnoff Martchenko, 3 Marcelo Luis Moren Brito, 4 Basclay Humberto Zapata Reyes, 5 Gerardo Ernesto Godoy García y 6 Orlando José Manzo Durán




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68°) Que, a fin de resolver la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la defensa del Fisco de Chile, en lo principal de su contestación de la demanda de fojas 2982, como se ha razonado invariablemente por este sentenciador en casos semejantes, debe considerarse, en primer lugar, el tenor literal del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, antes de la modificación introducida por el N° 7 del artículo 1° de la Ley N° 18.857, de 6 de diciembre de 1989:

De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable; y puede nacer acción civil para obtener la restitución de la cosa o su valor y la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado”.

En razón de la referida modificación, el texto actual del precepto, como se ha recordado, consigna:

Se concede acción penal para impetrar la averiguación de todo hecho punible y sancionar, en su caso, el delito que resulte probado”.

“En el proceso penal podrán deducirse también, con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios causados.

“En consecuencia, podrán intentarse ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”...

69°) Que, de conformidad con el tenor actual del precepto, se puede colegir que las condiciones en que debe deducirse la acción civil, dentro del proceso penal, aparecen limitadas, en cuanto a su amplitud y extensión, si se comparan con la redacción, en términos genéricos y amplísimos, del texto anterior.

Es así como sólo podrá accionarse civilmente ante el Juez del Crimen en cuanto se fundamente la demanda en los perjuicios patrimoniales causados directa e inmediatamente por las conductas de los procesados o bien, que sean consecuencias próximas o directas de dichas conductas. Esto es, si la ley otorga, en forma excepcional, a un juez especial - cuya misión es juzgar ilícitos penales - la facultad de conocer las responsabilidades civiles que emanen de los mismos hechos punibles, la norma es de aplicación restrictiva.

Por ende, la acción civil no puede extenderse a extremos ajenos a “...las conductas que constituyen el hecho punible”, descritas, en este proceso, en los fundamentos pertinentes y que constituyen el enfoque procesal penal de la tipicidad de que se trata.

Ahora bien, tal tipicidad no es sino la materialización de las conductas dolosas de los partícipes en el ilícito.

70°) Que, de acuerdo con lo razonado, no procede sino concluir que el Juez del Crimen, cual es el caso del Ministro de Fuero que suscribe, está inhabilitado, por falta de competencia, para conocer de acciones civiles indemnizatorias o reparatorias que procedan de hechos distintos de aquellos que provocaron la tipicidad antes mencionada.

En el caso de estudio, se funda la acción deducida en la responsabilidad objetiva y directa del Estado, esto es, en circunstancias ajenas al comportamiento de los autores del ilícito que se persigue, excediendo, por ende, la limitación impuesta por el legislador en el texto del citado artículo 10.

71°) Que, como se ha razonado en casos similares, debe considerarse, además del tenor literal del citado artículo 10, las disposiciones del artículo 172 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto precisa que “El tribunal que conoce del proceso criminal es competente para resolver acerca de la responsabilidad civil que pueda afectar a terceros a consecuencia de un delito....” - que no ha sido modificado por la ley N° 19.665 (D.O.09.03.00)-y la del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, que señala ”La acción civil puede entablarse contra los responsables del hecho punible, contra los terceros civilmente responsables y contra los herederos de unos y otros”, normas que deben, para estos efectos, estimarse derogadas en forma tácita, en los términos del artículo 52 del Código Civil, por la referida modificación del artículo 10 del citado Estatuto de Enjuiciamiento Criminal.

72°) Que, tal derogación no puede, además, sino considerarse como adecuada y coherente si se pondera la doctrina de los autores procesalistas en cuanto estima que distorsiona la función primordial del Juez del Crimen, de establecer los hechos punibles y la responsabilidad de los partícipes, la de también conocer y resolver acciones civiles, sin limitación alguna.

73°) Que, corrobora este aserto la norma del artículo 59 del Código Procesal Penal en cuanto establece la facultad de la víctima de entablar en el proceso penal las acciones“...que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible...”,pero sólo respecto del imputado, excluyendo la intervención de terceros, sea como civilmente perjudicados sea como civilmente responsables, las que“...deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente...”.

74°) Que, en consecuencia, procede acoger la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal, opuesta por el Fisco de Chile, respecto de la demanda civil deducida en su contra en autos, la que deberá plantearse ante los tribunales de la jurisdicción civil que correspondan.

75°) Que, de conformidad con lo resuelto, resulta improcedente emitir pronunciamiento respecto de las restantes excepciones y alegaciones opuestas por el Fisco de Chile, al contestar la demanda civil, en lo principal de fojas 2522 y tampoco ponderar la prueba testimonial y documental rendida por las partes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 10 N°s. 9 y 10, 11 Nºs. 1, 6,8 y 9, 14, 15,17, 25, 28,50, 68 inciso 2º, 74, 93, 103 y 141 del Código Penal; 10, 108,109,110,111, 434, 450 bis, 457, 459, 473, 477, 478, 481, 488, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, y 533 del de Procedimiento Penal, 2332 y siguientes del Código Civil; artículo 1º del Decreto Ley Nº 2.191 y artículos 211, 214 y 334 del Código de Justicia Militar, SE DECLARA:

A.- EN CUANTO A A ACCION PENAL:

I.- Que, se condena a JUAN MANUEL GUILLERMO CONTRERAS SEPULVEDA en su calidad de autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Muriel Dockendorff Navarrete, a contar del 6 de agosto de 1974, a sufrir la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

II.- Que, se condena a MIGUEL KRASSNOFF MARTCHENKO en su calidad de autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Muriel Dockendorff Navarrete, a contar del 6 de agosto de 1974, a sufrir la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

III.- Que, se condena a MARCELO LUIS MOREN BRITO en su calidad de autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Muriel Dockendorff Navarrete, a contar del 6 de agosto de 1974, a sufrir la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

IV.- Que, se condena a BASCLAY HUMBERTO ZAPATA REYES en su calidad de autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Muriel Dockendorff Navarrete, a contar del 6 de agosto de 1974, a sufrir la pena de diez años presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

V.- Que, se condena a GERARDO GODOY GARCIA en su calidad de autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Muriel Dockendorff Navarrete, a contar del 6 de agosto, a sufrir la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

VI.- Que, se condena a ORLANDO MANZO DURAN en su calidad de autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Muriel Dockendorff Navarrete, a contar del 6 de agosto, a sufrir la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

VII.- Atendidas las cuantías de las penas a que han sido condenados, no se concederá a los sentenciados ningún beneficio de los que contempla la Ley Nº 18.216.

VIII.- Cabe señalar, para los efectos contemplados en el artículo 503 del Código de Procedimiento Penal, que a los sentenciados Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martckenko, Marcelo Luis Moren Brito y Basclay Humberto Zapata Reyes no les corresponderá atribuirles días de abono a sus respectivas penas puesto que, según consta del auto de procesamiento de fojas 2718 y siguientes (Tomo VIII), por encontrarse aquellos cumpliendo condenas en otros episodios de esta causa, no se les mantuvo privados de libertad.

IX.- Las penas impuestas a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martckenko, Marcelo Luis Moren Brito y Basclay Humberto Zapata Reyes se harán efectivas a contar desde la fecha en que cumplan las penas a que han sido sentenciados en otros procesos, tales como “Carlos Prats González”, “Miguel Angel Sandoval”, “Diana Arón”, “Manuel Cortés Joo”, “Luis Dagoberto San Martín Vergara” y otros.

X.- Las penas impuestas a Orlando Manzo Durán y a Gerardo Godoy García se harán efectivas desde que se presenten o sean habidos, sirviéndoles de abono el tiempo que permanecieron privados de libertad en esta causa, Manzo Duran: ocho (8) días, desde el 3 al 10 de diciembre de 2010, ambas fechas inclusive, según consta de fojas 2779 y 2803 y Godoy García: seis (6) días, desde el 2 al 7 de diciembre de 2010, ambas fechas inclusive, según consta de fojas 2776 y 2791.

Notifíquese personalmente a los sentenciados y, encontrándose cumpliendo condena en otros episodios de esta causa, constitúyase don Iván Pavez Flores, a quien se designa como secretario ad hoc, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera para notificar el presente fallo a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Moren Brito y a Miguel Krassnoff Martchenko y en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta de Peuco respecto de Basclay Humberto Zapata Reyes.

Cítese bajo apercibimiento de arresto a Orlando Manzo Durán y a Gerardo Godoy García.

B.-EN CUANTO A LA ACCION CIVIL:

Se acoge la excepción de incompetencia opuesta por el Consejo de Defensa del Estado.

Notifíquese a los apoderados de las partes querellantes, al del “Programa Continuación Ley 19.123”, a los apoderados de los condenados y al del Consejo de Defensa del Estado, por el señor Receptor de turno del presente mes de abril de 2012.

Regístrese, cúmplase, en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes tribunales en que se tramitaren procesos en contra de los sentenciados para informarles sobre las decisiones del presente fallo y, en su oportunidad, archívense.

Consúltese, si no se apelare.

Rol 2182-98

Londres 38”

(Muriel Dockendorff Navarrete)
Dictada por don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fuero.


En Santiago, a dos de abril de dos mil doce notifiqué por el estado diario la resolución precedente.
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