Primera parte




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2.2.1. El derecho al nombre.
El derecho al nombre es el elemento fundamental del derecho a la identidad. Podría denominarse como “el derecho base” de la identidad de una persona. El nombre es una forma externa por la cual podemos distinguir a una persona de la otra y por la cual los individuos conforman sus relaciones sociales con la individualidad necesaria. La doctrina es unánime al sostener que el nombre desempeña la función de servir de “medio de identificación e individualización de las personas”12. Es lo que hace que la persona que tiene un determinado nombre sea reconocida por los demás o por los órganos del Estado, como distinta a otra, lo que trae como consecuencia un sinnúmero de cargas y derechos que le conciernen por el sólo hecho de tener dicho medio de individualización. Es obvio que por el nombre que se tiene, se delimitan las funciones y la posición que una persona tiene en la sociedad.
El nombre también es un atributo de la personalidad: uno de los elementos innatos y permanentes que contribuyen a definir al individuo respecto de los demás y respecto de él mismo. Con esto último, queda clara la estrecha vinculación existente entre el derecho al nombre y el derecho a la identidad, puesto que con el primero se logra concretar el principal objetivo que busca la protección de este derecho: el ser uno mismo y no otro.
Este derecho de gran importancia tanto para el derecho privado como el público, está reconocido en la mayoría de las legislaciones nacionales (a pesar de que existen diferencias en cuanto a los cuerpos normativos que lo consagran, puesto que algunos países lo regulan en leyes y otros le dan el carácter de derecho constitucional). Estas señalan el deber de los Estados de dar, al momento del nacimiento de una persona un nombre que la individualice y distinga del resto. Muchos instrumentos internacionales consagran, además, este derecho dándole el carácter de parte esencial de los derechos humanos.13

La mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales, sin perjuicio de que puedan existir algunas características particulares en la legislación interna de cada país, concuerdan en que el nombre es inmutable, en el sentido de que no cambia por efectos de voluntad privada, a no ser de los casos en que expresamente la ley de un país permite el cambio de nombre. Es indisponible. No se puede comercializar ni donar. Es imprescriptible, porque no se pierde ni se adquiere con el transcurso del tiempo. Es extra-patrimonial, no susceptible de valoración económica. Es inherente a la persona; ella nace, vive y muere con su propio nombre, salvo en los casos en que éste haya sido cambiado legalmente. Es un derecho absoluto, erga omnes, oponible a todos, imponiendo la obligación a los demás de abstenerse de usar indebidamente el nombre de otra persona. Finalmente, este derecho también abarca la posibilidad de evitar que alguien utilice el nombre de una persona con fines comerciales, siempre y cuando se pueda probar la titularidad de ese derecho, evitando así la apropiación de pseudónimos con cualquier fin, ya sea comercial o artístico.
La forma de nombrar a los miembros de una sociedad está sujeta a múltiples variantes culturales. Por ejemplo, las culturas autóctonas de América Latina lo hacen de diversas maneras. Estas no siempre coinciden con la modalidad impuesta por la cultura mestiza dominante de matriz ibérica, y que es la fuente que nutre las legislaciones que regulan el ejercicio de este derecho en los cinco países estudiados. Situación que dificulta enormemente el disfrute pleno del derecho al nombre, como tendremos oportunidad de ver más adelante. Esto muestra en forma elocuente cómo la identidad personal se entrecruza siempre con el de la identidad colectiva, tema no siempre considerado como debiera hacerse en la normatividad de los países de la región.
Es evidente la importancia que posee el derecho al nombre como elemento integrante del derecho a la identidad. Adicionalmente, una de las funciones que tiene el nombre de las personas es, entre otras, que el Estado reconozca la existencia e individualidad de éstas. Pero para que los Estados tengan noticias acerca de la existencia de una persona, es menester contar con un mecanismo adecuado que permita a los organismos estatales saber que esa persona, con ese nombre, existe.
2.2.2 Derecho a ser inscrito al momento del nacimiento.
Muchas veces se hace mención al derecho al registro en la doctrina con ocasión del análisis del derecho al nombre y de los mecanismos para que éste tenga efectos jurídicos vinculantes ante la sociedad. La información sobre la materia puede encontrarse en diversos informes realizados por distintas organizaciones Inter.{gubernamentales dedicadas a los derechos humanos (por ejemplo Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, UNICEF, etcétera), o por informes que los países presentan ante estas organizaciones, los cuales tratan el tema a propósito de la adopción de diversas políticas públicas.
Para UNICEF14, el registro de nacimiento “es la constancia oficial del nacimiento de un niño que en un determinado nivel administrativo del Estado asienta en un archivo, bajo la coordinación de un particular ramo del gobierno”. Idealmente, la inscripción de los nacimientos forma parte de un sistema eficaz de registro civil que reconoce la existencia de la persona ante la ley, establece los vínculos familiares del niño y recorre la trayectoria de los acontecimientos fundamentales en el vivir de un individuo, desde su nacimiento hasta su muerte. Al cumplir los Estados con este deber de realizar el registro de los nacimientos que se producen en su territorio se estará garantizando un derecho base de la identidad personal, puesto que de este hecho queda de manifiesto la existencia legal de la persona y su calidad de titular de sujeto de derechos. Sin embargo, no todos los Estados poseen un sistema de registro civil acorde con las exigencias que implica el respeto al derecho a la identidad y el derecho a ser registrado. Esta deficiencia la razón fundamental por la cual el derecho a la identidad muchas veces se ve vulnerado, y es justamente el tema de estudio de esta investigación.
La mayoría de los países cuentan con disposiciones legales que regulan la inscripción de los nacimientos dentro de plazos preestablecidos. Sin embargo, en algunos casos estas leyes no son lo suficientemente amplias o no se respetan. En muchos países en desarrollo, los sistemas de inscripción de nacimientos han caído en desuso o simplemente, como en el caso de América Latina, no alcanzan a cubrir a toda la población. En algunos casos el letargo burocrático y la falta de control pueden ser la causa, aunque también puede deberse a una falta de fondos, dada las tarifas que se aplican para inscribir un nacimiento. Mucha gente no dispone de recursos suficientes para realizar los trámites legales que requiere el registro de nacimiento. También se dan problemas prácticos, cuando los nacimientos se producen lejos de los lugares de inscripción sobre todo los que se producen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso. Por todo esto, es de vital importancia que los Estados adopten las políticas públicas adecuadas para así, dar cumplimiento a este deber respecto de las personas, ya que la inscripción de ellas es el momento en el cual podemos hablar concretamente de un derecho a la identidad en todos los aspectos que éste encierra, tanto los estáticos como los dinámicos.
La protección del derecho a ser inscrito en el momento del nacimiento, es la pieza clave para el ejercicio de otros derechos que requieren que una persona esté registrada ante los órganos del Estado. Así cumpliendo con el registro de un niño al momento de su nacimiento se puede acceder, entre otras cosas, a los siguientes derechos:


    1. Posibilidad de que las personan conozcan sus orígenes por medio de las informaciones que proporcione el registro civil. (Filiación)

    2. Acceso a los servicios médicos (derecho a la salud)

    3. Garantía de que se matriculará a los niños y niñas en los establecimientos educacionales, en la edad apropiada (derecho a la educación)

    4. Aplicación de leyes relativas a la edad mínima para ejercer un trabajo. Además se logran concretar los esfuerzos desplegados destinados a impedir el trabajo infantil.

    5. Garantía de que niños y niñas en conflicto con la ley, se beneficien de una protección especial y no reciban un trato de adulto (física y jurídicamente)

    6. Protección de los jóvenes para impedir de que sean reclutados para el servicio militar entes de la edad legal.

    7. Protección de niños y niñas, víctimas de trata de blancas, que posteriormente pueden ser repatriados y reunidos con sus familias.

    8. Derecho de acceso a la justicia.

    9. Obtención de documentos como cédula de identidad, pasaporte, cuenta bancaria, créditos, etcétera.

    10. Ejercicio de derechos políticos, como el derecho a voto.

    11. Garantía del derecho a una nacionalidad en el momento del nacimiento o en una etapa posterior.


De esta manera, los derechos y las necesidades básicas que se garantizan con el hecho del registro de nacimiento son innumerables, pues las enumeradas son sólo a base de ejemplificación. Como se ha mencionado, una de las organizaciones que más se preocupa por el cumplimiento de este derecho por parte de los Estados es UNICEF. Este organismo procura que la inscripción y la partida de nacimiento sean gratuitas para todos los niños y niñas en todos los países. Exhorta al establecimiento de sistemas de inscripción eficaces, obligatorios, universales, permanentes y que garanticen la confidencialidad de los datos relativos a los interesados.


      1. Derecho a la nacionalidad.


Otro de los derechos básicos que va de la mano con la inscripción del nacimiento de las personas y que, al igual que éste, es esencial para el ejercicio del derecho a la identidad es el derecho a la nacionalidad, el cual tiene importantes consecuencias para el desarrollo y futuro de las personas en relación con su desenvolvimiento en la sociedad y sobre todo en relación al ejercicio de la ciudadanía.
La nacionalidad tradicionalmente ha sido definida como “el vínculo jurídico y político que existe entre una persona y un Estado determinado”15. Es de tal importancia este derecho, que casi todos los países del orbe tienen una regulación al respecto, la mayoría de ellos en sus constituciones vigentes y con una detallada regulación en cuanto a la obtención, requisitos y pérdida de ésta. Existe un principio de derecho internacional que señala que todo Estado tiene competencia para dictar legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad, pero esta competencia está limitada por los tratados de que es parte y por el derecho internacional común (Artículo 1º de la Convención sobre Algunas cuestiones relativas a Conflictos de Leyes sobre Nacionalidad, suscrita en La Haya en 1930).
Esta ha sido la posición general que ha perdurado en el derecho internacional en cuanto a la regulación interna de la nacionalidad de las personas. No obstante, con el correr de los años y con diversos acontecimientos que han traído como consecuencia que muchas veces este derecho sea vulnerado y no respetado por los Estados16, se han creado instrumentos internacionales (de diversos sistemas de protección de derechos humanos) que de una u otra manera han limitado estas competencias del Estado, que en ocasiones resultaban excesivas y hacían la vista gorda respecto de la garantía de los derechos fundamentales.
El tema del derecho a la nacionalidad ha ido mas allá, pues diversos tribunales internacionales se han pronunciado al respecto. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló:
La nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que, no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución cumplida en esta materia nos demuestra que el Derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos17.
Y agregó:
“La nacionalidad puede ser considerada como el vínculo jurídico Político que liga a una persona con un Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección diplomática. Con distintas modalidades, la mayoría de los Estados ha establecido la posibilidad de que personas que no tenían originariamente su nacionalidad puedan adquirirla posteriormente, en general, mediante una declaración de voluntad manifestada previo cumplimiento de ciertas condiciones. La nacionalidad, en estos casos, no depende ya del hecho fortuito de haber nacido en un territorio determinado o de nacer de unos progenitores que la tenían, sino de un hecho voluntario que persigue vincular a quien lo exprese con una determinada sociedad política, su cultura, su manera de vivir y su sistema de valores”18.

Así, la perspectiva doctrinaria clásica en que la nacionalidad se podía concebir como un atributo que el Estado otorgaba a sus súbditos, va evolucionando hacia un concepto de nacionalidad que además de ser competencia del Estado, reviste el carácter de un derecho de la persona humana. Así se reconoció finalmente en un instrumento de carácter regional como es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948, particularmente en su artículo 19 que establece:
"Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponde y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela".
La nacionalidad es un derecho que las personas tienen por el hecho de ser tales. Pero el goce de este derecho no es posible si no se respetan los derechos anteriormente mencionados, a saber, el derecho al nombre y el derecho a ser inscrito al momento del nacimiento. Por lo tanto, resulta indispensable hablar de una cadena de derechos que se van respetando progresivamente, aunque quizás su concreción en el tiempo no es muy distante; la persona que nace se inscribe con un nombre y el hecho de ser inscrita bajo un registro regulado por un Estado, nos hace entender que esa persona es nacional de dicho Estado. Así, las consecuencias de tener la nacionalidad de un país están en relación con la certeza del nacional de dicho país, en cuanto a que sabrá qué leyes lo gobiernan y el sistema de Estado al que está sujeto. La nacionalidad de una persona se torna imprescindible para ser titular del derecho a la identidad, no sólo de la identidad personal (en el sentido de ser uno mismo y no otro individuo), sino también de la identidad cultural o social, ya que al tener conocimiento del Estado al que se pertenece, se pueden conocer las costumbres y formas de vida que en él se desarrollan.
2.2.4. Derecho a la Personalidad Jurídica.
Finalmente, cabe referirse al derecho a la personalidad jurídica en cuanto componente del derecho a la identidad. Tradicionalmente, el tema de la personalidad jurídica ha sido tratado en relación con entidades, es decir agrupaciones de personas que se reúnen para la consecución de un determinado fin común (generalmente de carácter económico, cultural o benéfico). En esta área se señala que la personalidad es el estatus que le permite a estas colectividades independizarse de los miembros que las componen y actuar en la sociedad como si fueran una persona distinta de ellos. De esta manera, por ejemplo, en el caso de grupos que constituyen una minoría dentro de un Estado, como lo son los indígenas, diversos órganos internacionales han señalado que el Estado tiene el deber de respetar su personalidad jurídica y su condición de tales19. Esto significa que se debe reconocer el actuar de estas colectividades en su condición y carácter de pueblos “indígenas”. Esta posición se adopta tomando en consideración las características que posee el grupo en particular, su forma de vida, su auto identificación y todos aquellos elementos sociales y culturales que los diferencian del común de la sociedad.
En este sentido, la doctrina ha señalado: “Las comunidades indígenas, gentes y naciones son aquellas que, teniendo una continuidad histórica con sociedades pre invasiones y pre coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de la sociedad que ahora predominan en esos territorios, o partes de estos, forman, en la actualidad, sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus tierras ancestrales, y su identidad étnica, como la base de su continua existencia como gentes, de conformidad con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales20.
Adicionalmente, es posible tratar el derecho a la personalidad jurídica como un derecho que también concierne y del cual goza una persona natural de manera independiente. Incluso, este aspecto es fundamental para el desarrollo del derecho a la personalidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 3 dispone que toda persona tiene derecho a que se le reconozca y respete su personalidad jurídica, sin hacer distinción alguna, en cuanto a que sea una colectividad de personas o sólo un individuo considerado de manera individual. Así las cosas, podemos decir que el derecho a la personalidad jurídica permite que cada individuo tenga plena capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. El hecho de que al sujeto se le reconozca esta capacidad para exigir que se respeten y garanticen sus derechos tiene una clara vinculación con el derecho a la identidad personal, puesto que la persona actúa a nombre propio y con el carácter de único en la sociedad y para el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, el derecho a la personalidad jurídica implicará el reconocimiento a la capacidad o habilidad jurídica de las personas y/o entidades para que puedan actuar en su calidad de tales ante los órganos del Estado. Tal derecho es interdependiente de los que antes han sido revisados. No es posible el reconocimiento de la personalidad jurídica de una persona, es decir, no puede ella ser titular de derechos y obligaciones, si carece de las condiciones que el derecho al nombre, a su calidad de registrado y la nacionalidad, plantea.
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