Grupo de formacion e intervencion para el desarrollo sostenible




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Los Conflictos Mineros


El proceso de expansión minera está siendo últimamente más acentuado en la región del norte del país en cuyos departamentos las concesiones mineras llegan a ocupar más de la mitad del total de sus territorios, y en el caso de algunos distritos éstas llegan a ser más de las dos terceras partes o la totalidad de sus territorios.18 La falta de planificación y ordenamiento territorial, así como la ubicación de la mayor parte de los proyectos mineros en las cabeceras de cuencas con débiles mecanismos de fiscalización ambiental provoca las protestas de las comunidades aledañas a las actividades mineras que ven restringido su derecho al acceso al agua y un medio ambiente sano en donde poder vivir con seguridad.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, los conflictos ambientales, la mayoría de ellos asociados a las actividades mineras, constituyen la segunda fuente de conflictos a nivel nacional (en primer lugar están los conflictos con las autoridades). El 72% de los conflictos ocurre en zonas rurales y 91% de ellos en poblaciones que se hallan bajo la línea de pobreza.19
Entre otras causas de los conflictos mineros, es la situación de desprotección de los derechos que experimentan las comunidades la que les lleva a formas de movilización y de protesta que cada vez se han ido tornando más violentas. En los últimos años varios líderes de las organizaciones campesinas o ambientalistas han sido asesinados en Piura y Cajamarca, los dos últimos de ellos han sido Don Isidro Llanos Chevarría en Combayo-Cajamarca (02.08.2006) y Edmundo Becerra Cotrina en Yanacanchilla-Cajamarca (01.12.2006). Por otro lado, diversas empresas mineras han sufrido incendio o ataques de sus instalaciones o de su personal (Tintaya en Cusco, La Zanja y Tantahuatay en Cajamarca, Majaz en Piura).

Conclusiones
Diversos estudios han mostrado que “las zonas mineras deberían ser consideradas como sitios potencialmente peligrosos para la salud”20 sobre todo si se tiene en cuenta que la prevención de la contaminación y sus daños a la salud “es algo de lo que sólo se ha tomado conciencia en los últimos años, y que con anterioridad las precauciones del explotador se ceñían a la recuperación del mineral, sin atender o prestándole poca atención la contaminación misma.”21
La problemática de violaciones a los derechos humanos, la salud y el ambiente, en relación a las actividades mineras en el Perú, muestra que el Estado no está garantizando adecuadamente la protección de los derechos de las poblaciones aledañas a las zonas de operaciones mineras. Esto debido a:

  • El privilegio de la política económica gubernamental centrada en un modelo primario exportador que prioriza la promoción de las actividades mineras por encima de otras actividades económicas sostenibles y un Estado que se muestra aún débil para redistribuir más equitativamente la renta generada por las empresas mineras.

  • La falta de una institucionalidad estatal eficaz y eficiente que proteja los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y los derechos ambientales de las comunidades y sus ciudadanos. La protección de estos derechos está siendo relegada con respecto a la prioridad política que el gobierno concede a la promoción y el rápido crecimiento de las actividades mineras, la mayor parte de las cuales se están asentando en las regiones más pobres del país y por tanto más vulnerables.

  • La ausencia de mecanismos de consulta y participación ciudadana eficientes que ignoran la necesidad de la licencia social de las comunidades locales (campesinas, indígenas y urbanas) las cuales debieran ser adecuada y oportunamente informadas sobre los impactos positivos y negativos de la instalación de operaciones mineras en sus territorios.

  • El carácter ineficiente de los actuales mecanismos públicos de fiscalización y control ambiental que dejan en manos del órgano encargado de promover la minería (Ministerio de Energía y Minas) también la función de fiscalizar la actividad. No existe actualmente un mecanismo transparente de fiscalización ambiental que tenga carácter transectorial (agricultura, salud, minería, producción, educación).

  • Carencia de planes de ordenamiento territorial que regulen dónde hacer o no actividades mineras, lo que está dando origen a un proceso anárquico de expansión minera y a innumerables conflictos sociales en todo el país.

  • La abdicación de funciones que ha hecho el Estado en materia de seguridad permitiendo que las empresas mineras desarrollen aparatos de seguridad privada, muchas veces mejor equipados que la propia policía nacional, los cuales están siendo utilizados para intimidar o reprimir violentamente las protestas ciudadanas.


La extensión e intensidad de los conflictos sociales vinculados a proyectos mineros se torna cada vez más violenta. Urgen mecanismos institucionalizados para la prevención y gestión pacífica de estos conflictos que involucre la acción eficaz y eficiente del Estado, la participación de las organizaciones sociales de base y la acción responsable de las empresas mineras.
Se precisa la reforma de los marcos jurídicos y de los instrumentos de gestión territorial y ambiental pública que garanticen el ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales, sociales y ambientales de las comunidades afectadas por actividades mineras.
Sería deseable promover y auspiciar una acción más informada, decidida y comprometida de las organizaciones de la sociedad civil en materia de protección de derechos que están siendo vulnerados por las actividades mineras en el Perú, para ello los medios de comunicación y la escuela tienen mucho que aportar.
Se requiere que existan mecanismos de evaluación y control del cumplimiento de los códigos de ética empresarial y de los compromisos asumidos en los estudios de impacto ambiental o mecanismos de diálogo y negociación que las empresas tienen con las comunidades de su entorno.


RECOMENDACIONES:22


  1. Reforma de los marcos jurídicos que permitan que las enormes riquezas generadas por las actividades mineras se redistribuyan equitativamente a las regiones más pobres, fortaleciendo las capacidades institucionales de los gobiernos regionales y locales para la planificación y el gasto público eficiente en salud, educación, vivienda y protección ambiental, especialmente de los recursos hídricos así como para la implementación de mecanismos de vigilancia pública que eviten o disminuyan los niveles de corrupción asociados a las grandes inversiones en países como el Perú que tienen débiles estructuras institucionales.

  2. Fortalecer la capacidad de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones de la sociedad civil interesada (grupos de interés) para sistematizar periódicamente y hacer accesible la información a la ciudadanía sobre la industria minera y sus impactos, económicos, sociales y ambientales, con especial énfasis en lo relacionado a los impactos en la salud, el acceso al agua y las violaciones de derechos humanos, lo que debería comprender también a la pequeña y mediana, así como a la minería artesanal.

  3. Obtener compromisos de inversión y logro de metas del gobierno y las empresas en materia de remediación de pasivos y cierre de minas, promoviendo desde el Estado y la sociedad civil el desarrollo de aptitudes administrativas y gerenciales locales y el diseño e implantación de regulaciones y fiscalización ambientales independientes, transparentes y auténticamente participativas.

  4. Creación de la autoridad ambiental autónoma de carácter intersectorial para la fiscalización ambiental de las industrias extractivas, de manera que se supere al actual enfoque de gestión ambiental sectorializada que permite actualmente que el Ministerio de Energía y Minas, órgano encargado de la promoción de las actividades mineras, sea a la vez el órgano de fiscalización ambiental.

  5. Fortalecimiento y donde sea necesario creación de mecanismos institucionalizados de prevención, gestión y manejo de conflictos sociales vinculados a actividades mineras con un compromiso decidido del Estado, la participación de las organizaciones de las sociedad civil y las propias empresas mineras.

  6. Fortalecimiento del proceso de regionalización y descentralización, otorgando mejores y mayores recursos y competencias a los gobiernos locales y regionales para la realización de sus planes de ordenamiento territorial, la zonificación ecológica económica de sus territorios, así como para la concesión de autorizaciones y fiscalización ambiental de las actividades mineras.

  7. Revisión de la política de seguridad ciudadana y del rol asignado a las empresas privadas de seguridad de manera que se prohíba y sanciones las acciones intimidatorias o represivas de los cuerpos de seguridad privada de las empresas mineras, recuperando el Estado su rol en la seguridad para todos sus ciudadanos.


Anexo 1:
Cuadro de Riesgos Identificados en Recursos Hídricos. Perú 2004




Anexo 3:
LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO ER 004 / 1106 / OBS 137

GRAVES AMENAZAS

PERU, 17 de noviembre de 2006

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Perú.

 

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) sobre graves actos de hostigamiento y amenazas contra los miembros de la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), una institución que defiende el medio ambiente y realiza acciones de capacitación y asesoría legal a las comunidades campesinas de la provincia de Cajamarca, y en particular contra el Padre Marco Arana, sacerdote, miembro de GRUFIDES, Premio Nacional de Derechos Humanos 2005, y mediador entre el Gobierno y las empresas mineras[1][1], y la Doctora Mirtha Vásquez Chuquilín, Directora de GRUFIDES.

 

De acuerdo con las informaciones, el 3 de agosto de 2006, el Padre Marco Arana recibió llamadas telefónicas con amenazas de muerte e insultos, luego de la ocurrencia de disturbios violentos[2][2] en contra de las obras de expansión de la Minera Yanacocha. Posteriormente, el 31 de agosto de 2006 la Sra. Mirtha Vásquez Chuquilín recibió una llamada anónima en la cual le dijeron: “Te vamos a violar y luego te vamos a matar”. Ese mismo día y el 1 de septiembre de 2006, centenares de trabajadores de la Minera Yanacocha se movilizaron bajo órdenes de la empresa en contra de GRUFIDES, profiriendo insultos y amenazas.

 

Según las informaciones, desde el 3 de septiembre de 2006, el personal de GRUFIDES es víctima de intimidaciones y hostigamiento (desconocidos toman fotografías, les filman y anotan los horarios de ingresos a las oficinas). El 20 de septiembre de 2006, el personal de GRUFIDES informó al Viceministro del Interior, a la Comisaría, a la Prefectura de Cajamarca y a la Comisionada de la Defensoría del Pueblo de esos actos de hostigamiento, sin ningún resultado.

 

El 27 de septiembre, una sobrina del Padre Arana recibió una llamada telefónica en la cual un desconocido le dijo: “Dile a tu tío que no se meta, le vamos a disparar un balazo en la cabeza”. Además, en un periódico regional, en El Correo de Lima, en la prensa radial y televisiva se han hecho ataques al Padre Arana, acusándole de haber promovido conflictos en Celedín, donde la Minera Yanacocha tiene planes de iniciar un nuevo proyecto. A finales de septiembre, el Padre Arana fue a Celedín para asistir a un taller de la Red Muqui, una red nacional de ONG de derechos humanos y defensores del medio ambiente, y debido a una invitación de la Asociación de Promotores de Salud de Celedín acerca de los impactos ambientales y la protección de derechos de las comunidades afectadas por la minería. Uno de los ingenieros de la empresa minera irrumpió en el taller y filmó todo, filtrando luego la información a la prensa local.

 

Además, el 14 de noviembre de 2006, el Padre Arana fue seguido por un hombre - identificado como el Sr. Miguel Angel Saldaña - que filmó e informó telefónicamente sobre la rutina del Padre Arana, desde la salida de su domicilio hasta la vivienda de su madre. Cuando el Padre Arana le preguntó sobre su identidad, el hombre se dio a la fuga en un auto. No obstante, un embotellamiento de tránsito detuvo el vehículo en fuga, y miembros de GRUFIDES, que estaban acompañando el Padre Arana, procedieron a detenerle y a llevarlo a la Comisaría de Cajamarca, donde se encuentra todavía.

El Observatorio recuerda que estos hechos han sucedido luego que el pasado 1° de noviembre, dos desconocidos asesinaron de 17 balazos al Sr. Esmundo Becerra Palomino, Presidente del Sistema de Agua Potable del caserío Ahijadero-Yanacanchilla, integrante de la organización campesina Rondas Campesinas y secretario del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Yanacanchilla. El Sr. Edmundo Becerra Palomino junto al Sr. Genaro López Celis y a otros dirigentes ambientalistas se encontraba amenazado por su permanente oposición a la explotación minera del cerro San Cirilo del proyecto El Solitario por parte de Minera Yanacocha (Ver llamado urgente PER 003/1106/OBS 132, emitido el 8 de noviembre de 2006).

El Observatorio teme que esas amenazas estén relacionadas con la labor de GRUFIDES en contra de los proyectos mineros. En particular, GRUFIDES defiende el medio ambiente y ha sido involucrado en negociaciones entre las comunidades campesinas y las empresas mineras.

El Observatorio destaca que esos hechos se suman a otros varios casos de amenazas a través de llamadas y acciones de hostigamiento que, según las denuncias, se han producido contra diferentes personas relacionadas con el medio ambiente y los derechos humanos. 

El Observatorio manifiesta su seria preocupación por las consecuencias que puedan tener estos ataques sobre las actividades de GRUFIDES y particularmente sobre la integridad personal de cada uno de los miembros de todas organizaciones no gubernamentales actuando en consecuencia de los proyectos mineros en Cajamarca.

 

Acción solicitada:

 

Favor escribir a las autoridades Peruanas urgiéndolas a:

i. tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Padre Marco Arana y la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilin, de todos los demás miembros y trabajadores de GRUFIDES, de sus familias, y en general de todos los defensores de derechos ambientales en la Provincia de Cajamarca y en general en Perú;

 

ii. garantizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas contre los miembros de GRUFIDES, en particular contra el Padre Marco Arana y la Dra. Mirtha Vásquez Chiquilín, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

 

iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y a “garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración” (Art. 12.2);

 

iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por Perú.

 
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