2° eje: Del Estado intervencionista al Estado burocrático-autoritario




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Clase 4


En este cuarto encuentro comenzaremos con una Unidad temática que probablemente genere en todos ustedes interrogantes particulamente intensos: esto es entramos en el núcleo temático que tiene como eje al peronismo. Pero antes de empezar con el tema específico recordemos los temas centrales de la clase anterior:
El proceso de industrialización por sustitución de importaciones.

El bilateralismo y la crisis. El Tratado Roca-Runciman.

La Segunda Guerra Mundial, sus efectos en la Argentina y las previsiones del frustrado

Plan Pinedo de 1940.
Ahora si entrando directamente al tema, el triunfo de Juan Domingo Perón -líder programático de los golpistas de 1943- en las elecciones presidenciales de febrero de 1946, profundiza la propuesta de una economía volcada al mercado interno y puesta al servicio de amplios sectores populares, a quienes el propio Perón impulsara desde 1943 cuando estuviera al frente del Departamento Nacional de Trabajo, primero, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pocos meses después, y desde donde catapultara su candidatura a la Presidencia de la República.

Una política económica mercadointernista, conducida por un Estado nacionalista y popular, dirigista y planificador, capaz de concretar la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria que produce para ese mercado interno expandido, es la que se implementa entonces en la Argentina acreedora de la postguerra. La alianza entre los sectores más nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase obrera organizada, con la garantía estatal, definen la esencia del flamante gobierno populista de Juan Perón. El viraje supone un cambio en el sistema de intereses económicos dominantes y en la estructura de poder existente, para encarar las soluciones a las crisis de dependencia y distribución que en 1930 quedan al descubierto, en un país esencialmente agropecuario como el nuestro.

El Estado peronista afirmándose en la doctrinaria y pendular “tercera posición”, se orienta, en consecuencia, a consolidar la autonomía económica del país, como hilo conductor y motor de ese proceso que aspira a construir una Nación “socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.

Para superar la crisis de dependencia, el Poder Ejecutivo Nacional nacionaliza, a partir de 1947, los servicios públicos (ferrocarriles, teléfonos, gas, usinas eléctricas, flota fluvial, etc.), inicia la repatriación de la deuda externa -que concreta en 1952- y enuncia los principios de la ya mencionada “tercera posición”. Para remontar la crisis de distribución, acredita a su favor los beneficios de la reforma financiera de 1946 que estatiza la banca, considerando patrimonio nacional el capital del Banco Central de la República Argentina, y nacionaliza los depósitos para dar al Estado libertad de acción en materia de política monetaria y crediticia. Lleva a cabo un diagnóstico socioeconómico a través del Consejo Nacional de Postguerra, primer organismo argentino de planificación, y eleva al rango de entidad autárquica al Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (I.A.P.I.) que -creado en 1944- dos años después monopoliza el comercio exterior argentino y se convierte en eje del proceso de redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria nacional.

Estos instrumentos financieros, económicos y políticos, son los que permiten llevar adelante los objetivos del Primer Plan Quinquenal que entra en vigencia en 1947. En él resulta claro que los sectores agrarios productores y comercializadores, soportan el mayor peso del cambio que se opera desde entonces en la economía argentina.

Se inicia a partir de ese momento y hasta 1949, una etapa de expansión económica en la cual -y a pesar de las advertencias del discurso oficial- el sector rural juega un papel estratégico de gran significación. Discusiones, confrontaciones y acuerdos signan el diálogo entre el Estado -empeñado en tomar distancia de los rasgos más tradicionales de la Argentina agroexportadora sin prescindir de ella- y los diversificados actores sociales agrarios, dispuestos a responsabilizar al gobierno de los desfasajes por los que pasa el sector rural y sin renunciar a los beneficios que directa o indirectamente el cambio de política económica les puede brindar. Es por estas razones que la política agraria desplegada desde el Estado peronista, tanto antes como después de 1950, se nutre de controversias y acuerdos que -en cualquier caso- refuerzan el papel primordial jugado por este sector de la producción en la economía del país.

Las expectativas de los actores sociales rurales, arrendatarios y propietarios, frente al accionar del gobierno peronista se acrecientan. Ambos esperan definiciones. En tanto el Estado que comprende las posibilidades de la nueva coyuntura e intenta satisfacer las necesidades de un electorado rural importante en número (31 % del total de votantes), se esfuerza por orientar y dirigir ese proceso para mantener el control del mismo, en momentos en que se perfilan exigencias desde dentro y desde fuera de la estructura agraria.

El Estatuto del Peón Rural de 1944, dado para reglamentar las condiciones laborales de los asalariados agrarios permanentes, el Estatuto del Tambero-Mediero de 1946, la atención prestada al Centro de Oficios Varios que sindicaliza a los peones estacionales o transitorios, así como la propuesta de reforma agraria sustentada por el Consejo Agrario Nacional, a través de los planteos de Antonio Molinari y Mauricio Birabent, que incluye -en 1945- la entrega de títulos provisorios de propiedad, algunas expropiaciones y un gran despliegue propagandístico, son decisiones que aunque adoptadas -en muchos casos- antes de 1946, el peronismo hace suyas; pero que no se profundizan en toda su extensión después del ascenso de Juan Domingo Perón al gobierno de la República. Entonces, el flamante Presidente de los argentinos expone ante el Congreso Nacional que la política agraria podía resumirse en una advertencia; aquélla que en esta ocasión se empeña en recordar que: “la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo”.

Si el discurso suena amenazante, los hechos muestran confrontaciones pero también acuerdos, ya que por ejemplo los titulares de la cartera de Agricultura durante los inicios de la gestión peronista, quedan en manos miembros de la Sociedad Rural Argentina y de empresas agropecuarias. Además, las reformas sociales que se dirigen a beneficiar a los sectores más bajos del campo, son presentadas por el Ejecutivo Nacional como indispensables para la evolución de la empresa agraria, que debe amortiguar potenciales conflictos. La oscilación entre disensos y acuerdos permite -por ejemplo- al mismo Poder Ejecutivo de la Nación disponer el recorte de las atribuciones del Consejo Agrario Nacional cuando quienes lo conducen alientan una reforma agraria radical.

La planificación económica sustentada por el peronismo motiva la necesidad de sostener una producción agropecuaria creciente y minimizar el conflicto social, para hacer posible -sobre bases genuinas- la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria. Para lograr sus fines Perón cuenta con dos instrumentos de financiación de notable eficiencia: el I.A.P.I. y la reforma bancaria de 1946. El primero comercializa la producción agraria, comprando a precios mínimos al productor y vendiendo en un mercado mundial que por entonces paga precios altos por los cereales. La diferencia así generada constituye el capital para implantar una política crediticia que, a partir de esa reforma, se ajusta a los objetivos fijados por el Estado.

Las grandes fábricas radicadas en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, pero también los pequeños y medianos emprendimientos, se benefician con el apoyo financiero que les otorga el Banco de Crédito Industrial Argentino y -en menor medida- el Banco de la Nación Argentina y el de la Provincia de Buenos Aires. El crédito concedido es utilizado no sólo para la expansión de sus plantas, sino para la compra de materias primas, el pago de sus deudas y de los salarios, jornales, aguinaldos y vacaciones del personal que ocupan. Pero, más allá de las advertencias del discurso oficial y de los reales subsidios que la industria recibe, los sectores agrarios no quedan excluídos del otorgamiento de créditos en esta etapa de fomento industrial.

Los parámetros de la política agraria peronista combinan medidas económicas, política de tierras y concesiones laborales para dar respuesta a una creciente “presión nacional sobre la tierra” que pretende un aumento sostenido de la producción para beneficiar a los sectores priorizados por el Plan Quinquenal de 1947 y -a la vez- anticiparse a los posibles conflictos entre los diversos sectores rurales y entre ellos y el Estado nacional. El discurso oficial advierte, el de los sectores agrarios reniega de ese avance estatal sobre sus intereses, pero ni uno ni otro llevan el enfrentamiento al terreno financiero. El crédito no es un instrumento de confrontación.

Los bajos precios que el I.A.P.I. paga a los productores rurales, la prórroga de los contratos de arrendamiento, el congelamiento de los cánones pagados por el arriendo de campos y el aumento de los salarios rurales, distorsionan las relaciones agrarias y -sin duda- se reflejan en el decrecimiento del área sembrada. Al mismo tiempo, las posturas del sector agrario frente al proceder estatal se dividen y varían según el grado de diversificación inversora de la cúpula agraria, pero -de todos modos- parte de ese deterioro se repara con el apoyo oficial que llega a través del crédito concedido aun para que los patrones y propietarios puedan pagar las mejoras sociales acordadas por el oficialismo a los peones rurales.

Hacia 1949-50 las condiciones internacionales cambian, descienden los precios agrícolas mundiales ante las abundantes cosechas de Europa, el Canadá y los Estados Unidos de América del Norte y la inflación -después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (1949) que suprime la restricción en la emisión monetaria- comienza a jaquear a la economía argentina. El plan económico peronista muestra sus limitaciones. Los sectores agrarios aprovechan la coyuntura y endurecen sus reclamos frente al gobierno, al que obligan a definirse. El sistema financiero puesto al servicio del Estado es el que permite entonces alentar un rápido “cambio de rumbo” y con el “la vuelta al campo”. Se abre así otro ciclo económico para la “Nueva Argentina”.
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