Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\94040)




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títuloInstrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\94040)
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3) Si la difusión casual o accesoria de la imagen del menor se vincula a lugares, personas o actos con connotaciones negativas, habrán de utilizarse técnicas de distorsión de la imagen para evitar que el mismo pueda ser identificado (v. gr. reportaje sobre barriada en la que se vende droga, o sobre consumo de alcohol entre adolescentes, supuesto este último específicamente tratado en la STS núm. 677/2004, de 7 de julio [ RJ 2004, 5106] o sobre prostitución masculina, abordado por el ATC núm. 5/1992, de 13 de enero [ RTC 1992, 5 AUTO] ).
4) La difusión de noticias veraces y de interés público que afecten a menores de edad y que pueda generarles un daño a su reputación, intimidad o intereses, estará amparada por el ordenamiento siempre que no sean éstos identificados (mediante empleo de sistemas de distorsión de imagen o voz, utilización de iniciales, y mediante la exclusión de datos que directa o indirectamente lleven a la identificación del menor).
En el tratamiento informativo de menores víctimas de delitos debe partirse de que no hay ninguna duda en orden a la conveniencia de que la comunidad sea informada sobre sucesos de relevancia penal, y ello con independencia de la condición de sujeto privado de la persona o personas afectadas por la noticia ( SSTC núm. 178/1993, de 31 de mayo [ RTC 1993, 178] , núm. 320/1994, de 28 de noviembre [ RTC 1994, 320] ; núm. 154/1999, de 14 de septiembre [ RTC 1999, 154] , núm. 185/2002, de 14 de octubre [ RTC 2002, 185] ) y de que reviste relevancia o interés público la información sobre los resultados positivos o negativos que alcancen en sus investigaciones las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente si los delitos cometidos entrañan una cierta gravedad o han causado un impacto considerable en la opinión pública, extendiéndose aquella relevancia o interés a cuantos datos o hechos novedosos puedan ir descubriéndose, por las más diversas vías, en el curso de las investigaciones dirigidas al esclarecimiento de su autoría, causas y circunstancias del hecho delictivo ( SSTC núm. 219/1992, de 3 de diciembre [ RTC 1992, 219] ; núm. 232/1993, de 12 de julio [ RTC 1993, 232] , núm. 52/2002, de 25 de febrero [ RTC 2002, 52] , núm. 121/2002, de 20 de mayo [ RTC 2002, 121] , núm. 185/2002, de 14 de octubre).
Sin embargo, cuando la información revela datos sobre la víctima y permiten su completa identificación, exceden de cuanto puede tener trascendencia informativa y por ello ese contenido concreto de la información no merece la protección constitucional que otorga el art. 20.1 d) CE ( RCL 1978, 2836) ( SSTC núm. 185/2002, de 14 de octubre, núm. 127/2003, de 30 de junio [ RTC 2003, 127] ).
Pues bien, la necesidad de preservar la identidad de la víctima se intensifica cuando la misma es menor de edad.
Especialmente rigurosos en cuanto a la preservación de la identidad de la víctima habrán de ser los señores Fiscales cuando además de ser ésta menor de edad, los hechos investigados, enjuiciados o sentenciados se refieran a delitos contra la libertad sexual, por la misma índole de este tipo de informaciones y en tanto pueden originar devastadores efectos en la evolución de las víctimas, multiplicando los daños generados por los hechos en sí. En estos casos deben redoblarse las garantías. Habrá de evitarse no solo la identificación por nombre y apellidos de las víctimas menores y la captación de su imagen sino también la información sobre datos colaterales (identificación de su familia próxima, imágenes de su domicilio etc.) que sean aptos para facilitar la identificación de las víctimas (SSTC núm. 127/2003, de 30 de junio y núm. 185/2002, de 14 de octubre, SAP Madrid, sec. 25ª, núm. 90/2004, de 17 de febrero [ JUR 2004, 250227] y SAP Madrid, sec. 10ª núm. 1095/2004, de 30 de noviembre [ AC 2005, 105] , SAP Oviedo, sec. 1ª de 9 de febrero de 1995).
Mención aparte merece el supuesto de la publicación, para ilustrar una información sobre hechos noticiosos, de la fotografía de un menor fallecido. En estos casos, aun manteniéndose un interés jurídico digno de protección, si la publicación ha contado con el consentimiento de los que en vida del menor eran sus representantes legales, no procederá el ejercicio de acciones por parte del Ministerio Fiscal.
7 Menores y progenitores con notoriedad pública
El art. 8.2 a) de la LO 1/82 ( RCL 1982, 1197) dispone que el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
La tutela de los derechos a la intimidad y a la propia imagen se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información cuando sus titulares son personas públicas o con notoriedad pública, estando obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos resulten afectados por opiniones sobre cuestiones de interés general ( SSTC núm. 99/2002, de 6 de mayo [ RTC 2002, 99] , núm. 112/2000, de 5 de mayo [ RTC 2000, 112] , núm. 49/2001, de 26 de febrero [ RTC 2001, 49] , núm. 115/2000, de 5 de mayo [ RTC 2000, 115] ; STEDH caso Tammen, del 6 de febrero de 2001 [ TEDH 2001, 81] ).
No obstante, las anteriores afirmaciones deben inmediatamente ser matizadas en el sentido de que si bien los personajes con notoriedad pública inevitablemente ven reducida su esfera de intimidad, no es menos cierto que, más allá de ese ámbito abierto al conocimiento de los demás su intimidad permanece y, por tanto, el derecho constitucional que la protege no se ve minorado en el ámbito que el sujeto se ha reservado y su eficacia como límite al derecho de información es igual a la de quien carece de toda notoriedad ( SSTC núm. 83/2002, de 22 de abril [ RTC 2002, 83] , núm. 134/1999, de 15 de julio [ RTC 1999, 134] , núm. 115/2000, de 5 de mayo [ RTC 2000, 115] . En el mismo sentido, STS núm. 674/2004, de 7 de julio [ RJ 2004, 5237] ).
También debe recordarse que aunque la noticia se refiera a un personaje público, cuando lo divulgado o la crítica vertida vengan acompañadas de expresiones formalmente injuriosas o se refieran a cuestiones cuya revelación o divulgación es innecesaria para la información y crítica relacionada con el desempeño del cargo público, la actividad profesional por la que el individuo es conocido o la información que previamente ha difundido, ese personaje es a todos los efectos, un particular como otro cualquiera que podrá hacer valer su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen frente a esas opiniones, críticas o informaciones lesivas del art. 18 CE ( RCL 1978, 2836) ( SSTC núm. 134/1999, de 15 de julio, núm. 171/1990, de 12 de noviembre [ RTC 1990, 171] y núm. 197/1991, de 17 de octubre [ RTC 1991, 197] , entre otras).
Pero además en este punto debe respetarse el principio general de que la notoriedad pública como factor modulador de la intensidad del derecho a la intimidad y a la propia imagen en cada caso solamente es aplicable a los progenitores que estén revestidos de tal nota, sin que quepa transferir tales efectos a sus hijos menores, como por lo demás han asumido tanto el TC (vid. STC núm. 134/1999, de 15 de julio) como el TS (vid. STS Sala 1ª, núm. 782/2004, de 12 de julio [ RJ 2004, 4343] ) como la jurisprudencia menor (vid. SSAP Madrid, sec. 9ª, núm. 210/2005, de 19 de abril [ AC 2005, 973] , Madrid, sec. 25ª núm. 94/2004, de 17 de febrero [ JUR 2004, 250224] y Barcelona, sec. 11ª, de 16 de octubre de 2002, rec. 46/2001 [ JUR 2003, 105156] ).
Los Sres. Fiscales habrán de partir, pues, de que los menores hijos de personajes famosos son, sin más, menores, y como tales con derecho al mismo grado de protección frente a la curiosidad ajena, sean cuales sean las actividades a que se dediquen sus progenitores o la dejación que éstos hayan hecho de sus derechos.
Los casos de personajes públicos que explotan el relato de sus intimidades, incluyendo en éstos las de sus hijos, habrán de ser tratados por el Fiscal, de acuerdo con el principio del superior interés del menor y de su legitimación autónoma, de modo y manera que, ponderando las circunstancias concurrentes, procederán en su caso a entablar la correspondiente demanda en interés del menor y contra sus progenitores y el medio.
Los supuestos de reproducción de imágenes de menores cuando van acompañados de sus progenitores -personajes públicos- deben contar para que sean ajustados a Derecho con el consentimiento de éstos o del menor maduro, siempre que no sean contrarias a sus intereses. En caso de difundirse tales imágenes sin ningún tipo de consentimiento y sin emplear mecanismos de distorsión de la imagen, podrán, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, ejercitarse las correspondientes acciones civiles.
En todo caso habrá de tenerse presente que la utilización de mecanismos de distorsión de la imagen no habrá de llevar a calificar automáticamente la inmisión como conforme a Derecho. Debe partirse de que en ocasiones, la previa operación de captación de la imagen del menor ya de por sí supone un antijurídico atentado a su intimidad, aunque la imagen captada no llegue a reproducirse o a publicarse y aunque consiguientemente no se produzca la consumación de la lesión al derecho a la propia imagen. El acoso, abordaje o seguimiento por reporteros, fotógrafos o cámaras del personaje famoso cuando el mismo está acompañado de sus hijos menores y en ámbitos de la vida privada (traslados al colegio, a actividades recreativas, paseos privados, asistencias a parques infantiles etc.) puede ser en sí gravemente lesivo para los mismos y por tanto, puede requerir del ejercicio de acciones por parte del Ministerio Fiscal en defensa de la intimidad del menor. Desde esta perspectiva adquiere toda nitidez la construcción de este derecho -distinto del derecho a la propia imagen- sobre lo que en los orígenes de su depuración dogmática el Juez CooLey llamó «the right to be let alone», «el derecho a que nos dejen en paz».
En este punto debemos hacer un recordatorio de algunos aspectos del derecho a la intimidad en la doctrina constitucional, que implica en cuanto derivación de la dignidad de la persona reconocida en el art. 10.1 CE ( RCL 1978, 2836) , la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana ( SSTC núm. 231/1988, de 2 de diciembre [ RTC 1988, 231] , 197/1991, de 17 de octubre [ RTC 1991, 197] ; 57/1994, de 28 de febrero [ RTC 1994, 57] ; 143/1994, de 9 de mayo; 207/1996, de 16 de diciembre; 156/2001, de 2 de julio [ RTC 2001, 156] ; 127/2003, de 30 de junio [ RTC 2003, 127] , núm. 196/2004, de 15 de noviembre [ RTC 2004, 196] , entre otras).
El art. 18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido ( SSTC núm. 73/1982, de 2 de diciembre [ RTC 1982, 73] ; 110/1984, de 26 de noviembre [ RTC 1984, 110] ; 231/1988, de 2 de diciembre [ RTC 1988, 231] ; 197/1991, de 17 de octubre, 115/2000, de 5 de mayo [ RTC 2000, 115] y núm. 196/2004, de 15 de noviembre [ RTC 2004, 196] , entre otras). De ello se deduce que el derecho fundamental a la intimidad personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada ( SSTC núm. 44/1999, de 5 de abril [ RTC 1999, 44] ; 207/1996, de 16 de diciembre [ RTC 1996, 207] ; 292/2000, de 30 de noviembre [ RTC 2000, 292] ; 70/2002, de 3 de abril [ RTC 2002, 70] ) o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno ( SSTC núm. 83/2002, de 22 de abril [ RTC 2002, 83] , núm. 196/2004, de 15 de noviembre, entre otras).
El art. 18.1 CE ( RCL 1978, 2836) impide, por tanto, las injerencias en la intimidad «arbitrarias o ilegales». De lo que se concluye que se vulnerará el derecho a la intimidad personal cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde con la Ley, no sea eficazmente consentida o, aun autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida ( SSTC núm. 110/1984, de 26 de noviembre [ RTC 1984, 110] , núm. 196/2004, de 15 de noviembre).
Si esta doctrina es aplicable a cualquier persona, tanto mas lo será si es menor y por tanto amparado por la hiperprotección que brinda nuestro ordenamiento, sea o no hijo de persona con dimensión pública.
En supuestos extremos cabrá entender que los menores que por sí puedan considerarse personas públicas o con notoriedad pública (artistas menores, por ejemplo) también pueden entrar dentro del ámbito de aplicación del art. 8.2 a), LO 1/82 ( RCL 1982, 1197) . Pero incluso en estos supuestos tal precepto habría de interpretarse de forma estricta en cuanto a la subordinación de las captaciones a que tengan lugar durante un acto público o en lugares abiertos al público. Incluso la captación en lugares abiertos al público habrá de tamizarse a través del principio del superior interés del menor, de modo que en ningún caso quedarían justificadas actividades de captación de la imagen que pudieran perturbar el decurso de la vida cotidiana del menor en ámbitos alejados de su dimensión pública o cuando vinieran acompañados de actos de acoso, o seguimiento desproporcionados. De nuevo en estos supuestos aunque no sufra el derecho a la propia imagen, puede ser gravemente dañado el derecho del menor a que se respete su intimidad.
8 Actuaciones preprocesales
El párrafo último del art. 5 EOMF ( RCL 1982, 66) , en su redacción dada por la Ley 14/2003 de 26 mayo ( RCL 2003, 1387) dispone que también podrá el Fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye.
Por tanto, quedan superadas las dudas que se planteaban por la anterior inexistencia de una disposición expresa que permitiera al Fiscal tener un soporte para realizar actuaciones preparatorias a la presentación de una demanda civil. Consiguientemente podrán los Sres. Fiscales utilizar estas diligencias para recabar los datos que consideren de interés para preparar la demanda civil o, incluso, para decidir si tal demanda debe o no presentarse.
Este cauce será también el adecuado para oír al menor y en su caso a los progenitores, cuando proceda, para valorar todas las circunstancias antes de decidir el ejercicio de acciones.
Debe también recordarse que conforme al art. 10 de la LO 1/1996 ( RCL 1996, 145) el menor puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que promueva las acciones oportunas. Estas puestas en conocimiento también habrán de dar lugar a la incoación de las correspondientes diligencias preprocesales.
9 Régimen procesal
Conforme al art. 249.4º LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) se decidirán en el juicio ordinario cualquiera que sea su cuantía las pretensiones sobre tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En estos procesos será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.
Contra la sentencia que se dicte en segunda instancia cabrá en todo caso recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el vigente art. 477.2.1º LECiv. De aprobarse el Anteproyecto de Ley en materia de casación actualmente en tramitación, el nuevo art. 478 exigirá en todo caso como presupuesto de la casación que el recurso presente interés casacional.
Por otra parte, debe recordarse que aunque el artículo 524.5 LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) establece que «la ejecución provisional de las sentencias en que se tutelen derechos fundamentales tendrán carácter preferente», la propia ordenanza procesal en su artículo 525, establece un elenco de sentencias que específicamente quedan excluidas de la ejecución provisional; entre otras los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, exclusión fruto de la reciente reforma legislativa operada por la Ley Orgánica 19/2003 ( RCL 2003, 3008) , de modificación de laLey Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578, 2635) .
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